Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02789-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02789-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02789-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2025-02789-00
ACCIONANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP
ACCIONADOS: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B Y OTRO
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-Su
desconocimiento desvirtúa el carácter de la acción. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa
procedentes.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A y el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 19 de mayo de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP, a través de su representante
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la seguridad
social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala A y el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B, por haber proferido los autos del 25 de septiembre de
2023 y 19 de septiembre de 2024, respectivamente, así como los del 7 de octubre de
2024, 18 de noviembre de 2024 y 10 de marzo de 2025, proferidos por el Tribunal, en el
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Accionante: UAE UGPP
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marco del proceso ejecutivo que adelanta José de Jesús Mercado Herrera en su contra1.
Mediante esas providencias se decretó el embargo de los productos financieros de los
cuales es titular la UGPP en diecinueve entidades bancarias.
En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados. En
consecuencia, solicita (se transcriben las pretensiones, incluso con errores):
«a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 25 de septiembre de 2023, 19 de
septiembre de 2024, 07 de octubre de 2024, 18 de noviembre de 2024 y 10 de
marzo de 2025 dictados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SALA “A” y el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B que decretaron
medida de embargo sobre todas las cuentas que la UGPP tiene en el Banco
Popular y del Banco Agrario sin importar su denominación o naturaleza, dictados
dentro del proceso ejecutivo rad. 08-001-23-33-000-2013-00621-00 y, en
consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación destinados para el
funcionamiento interno de la UGPP, así como de aquellos que se recaudan por la
UGPP por concepto de contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que se
administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Agrario y
en el Banco Popular.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco
Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP».
2. Hechos relevantes
El 12 de junio de 2013, el señor José de Jesús Mercado Herrera demandó la nulidad y
restablecimiento del derecho de las resoluciones 47002 del 14 de septiembre de 2006 y
04185 del 7 de febrero de 2008, proferidas por CAJANAL EICE En Liquidación por no
haberle reconocido la pensión de vejez conforme al régimen de transición dispuesto en
la Ley 100 de 1993. El 7 de noviembre de 2019, el Consejo de Estado revocó la sentencia
de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar
declaró la nulidad de esos actos administrativos y condenó a la UGPP a pagar al
demandante la pensión conforme al régimen de transición aplicable, desde el 12 de junio
de 2010.
El 5 de abril de 2021, el señor Mercado Herrera solicitó al Tribunal Administrativo del
Atlántico que librara mandamiento de pago, teniendo en cuenta que la UGPP no había
cumplido con la sentencia condenatoria. En esa misma oportunidad, solicitó que se
decretaran las medidas cautelares de «embargo y secuestro» de los dineros que reposen
1 Identificado con el Rad. No. 08001-23-33-000-2013-00621-00/01/02.
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en productos financieros pertenecientes a la UGPP en 19 entidades financieras,
incluyendo el Banco Popular y el Banco Agrario.
Mediante auto del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal remitió el expediente al contador
adscrito a esa autoridad judicial, para que liquidara el valor de la obligación contenida en
la sentencia del 7 de noviembre de 2019. Dicho servidor remitió la liquidación efectuada
el 3 de diciembre siguiente. Allí calculó que la obligación asciende, contando las mesadas
adeudadas y los intereses moratorios que corren desde la ejecutoria de la sentencia hasta
el 30 de noviembre de 2021, a la suma de $1.024.371.902,32.
En esa medida, el Tribunal libró mandamiento de pago por las sumas liquidadas mediante
auto del 18 de abril de 2022, el cual fue objeto de recurso de reposición. La UGPP
interpuso excepciones y, además, solicitó la nulidad de lo actuado.
Una vez se negó el incidente de nulidad, la ponente, mediante auto del 25 de septiembre
de 2023, decretó las medidas cautelares de «embargo y retención de los dineros que se
encuentren depositadas en las cuentas de ahorro, corrientes, CDT, bonos o títulos de
capitalización, cuyo titular sea la […] UGPP, cuando reciba recursos del Presupuesto
General de la Nación» en 19 entidades financieras del país. Ahora bien, el a quo limitó el
embargo a la suma de $239.431.927. Ordenó también que las sumas que llegaren a
retenerse se consignaran como depósitos judiciales a órdenes del Tribunal.
La entidad accionante apeló dicho auto, argumentando que (i) todas las cuentas gozan
de la protección de inembargabilidad del artículo 564 del CGP; (ii) algunas de esas
cuentas2 reciben recursos para el pago de impuestos y para el pago de la seguridad
social de los empleados de la entidad; (iii) que la cuenta corriente No. 110-026-001685
fue creada para recibir los recursos del cobro coactivo sobre contribuciones parafiscales,
por lo que son «recursos de terceros» que deben ser dispersados a través de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes-PILA y, por tanto, no pueden ser embargados; (iv)
que, en consecuencia, esta orden afecta notoriamente derechos de terceros. Reiteró
también que había cumplido con la obligación a ejecutar, por lo cual el embargo era
irrazonable.
2 «Cuentas Corrientes bancarias autorizadas a nombre de la UGPP Número 110-026-00137-0 Gastos Personal, 110-
026-00138-8 Gastos Generales y 110-026-00140-4 Caja Menor (…)»
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Concedida la apelación en efecto devolutivo, el asunto correspondió a la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación, que, mediante auto del 19 de septiembre
de 2024, confirmó la decisión. Consideró que la jurisprudencia constitucional había fijado
como excepciones a la regla general de inembargabilidad tanto el pago de acreencias
laborales como el pago de sentencias judiciales. Lo anterior, reiterado en la jurisprudencia
de la Sección Segunda de esta Corporación3.
Sobre el reparo acerca de que se están embargando recursos de terceros, el ad quem
expuso que la orden estaba dirigida a los productos de los cuales fuera titular la UGPP,
cuando la entidad recibiera recursos del Presupuesto General de la Nación. En esa
medida, advirtió que las entidades bancarias deben cumplir la orden de embargo
atendiendo a la naturaleza de los recursos, «evitando embargos de dineros de terceros
o que pongan en riesgo el interés general sobre el particular». Afirmó que, en caso de
que las entidades procedieran en forma contraria, el CGP ofrece mecanismos «para
proteger la sostenibilidad financiera o presupuestal de la entidad ejecutada».
Para cuando la Sección Segunda-Subsección B profirió la providencia del 19 de
septiembre de 2024, las entidades financieras oficiadas no se habían pronunciado sobre
las medidas cautelares de embargo y retención decretadas. En consecuencia, el
ejecutante solicitó la reiteración de la medida y su ampliación a la cuenta corriente No. 3-
0230-000446-2 del Banco Agrario. Mediante auto del 7 de octubre de 2024, el Tribunal
accedió a dichas solicitudes.
Además, el 18 de noviembre siguiente, dicha autoridad profirió auto de obedézcase y
cúmplase, de cara a la confirmación del auto que decretó las medidas cautelares.
Con ocasión de la reiteración de las medidas cautelares, el Banco Popular allegó un
requerimiento al Tribunal, para que confirmara «en cuál de las siguientes cuentas
relacionadas debe quedar aplicada la medida de embargo, dado que esta se encuentra
afectando todas las cuentas» de la UGPP. En consecuencia, el Tribunal emitió auto del
10 de marzo de 2025, en el que aclaró que, de conformidad con los autos que decretaron
las medidas y el confirmatorio, la medida se extiende a todas las cuentas de las que es
titular la UGPP, salvo la destinada al pago de sentencias y depósitos por expresa
disposición del artículo 195 del CPACA.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 21 de julio de 2017. Rad. No. 08001-23-31-000-2007-
00112-02. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Accionante: UAE UGPP
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3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera, al proferir las
providencias enjuiciadas. Aduce que en estas se incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y de desconocimiento del precedente.
Respecto del primero afirma que:
«este defecto se configura por la errada orden de embargo sobre los dineros que
reposan en las cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el Banco Popular y del
Banco Agrario, sin importar su denominación o naturaleza.
Pues si bien la legislación colombiana faculta al juez para decretar medidas de
embargo en el desarrollo del proceso ejecutivo, este tiene que ser cauteloso de no
emitir órdenes de este tipo en contra de recursos sobre los que la ley de manera
expresa prohíbe la inscripción de una medida de embargo, de acuerdo con la
naturaleza de los recursos».
Para fundamentar la ocurrencia del defecto, la entidad accionante trae la extensa
regulación legal sobre la inembargabilidad de los recursos de la seguridad social y sobre
la administración de los recursos de las contribuciones parafiscales. Con base en dicho
marco normativo concluye que (i) las acreencias pensionales no son objeto de pago por
la UGPP, sino por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional-FOPEP, conforme
al diseño institucional que está planteado, por lo que no hay lugar a embargar las cuentas
de funcionamiento de la entidad y (ii) los recursos de las contribuciones parafiscales que
se hayan recuperado por la Unidad en los procesos de determinación y cobro a omisos
están destinados al FOSYGA, al fondo de pensiones donde esté afiliado el omiso, al
Fondo de Riesgos Laborales, a las Cajas de Compensación Familiar donde estén
afiliados los omisos, al SENA y al ICBF, dependiendo de la obligación omitida, por lo cual
no hacen parte de su patrimonio.
En el mismo sentido, la accionante trae el precedente constitucional aplicable al asunto
para fundamentar que debe primar el principio de inembargabilidad sobre estos recursos,
destinados al funcionamiento de la entidad y a terceros, que no pueden ser destinados al
pago de pensiones. Aduce que su destinación para esos fines pondría el interés particular
del ejecutante sobre el interés general, que se manifiesta en el cumplimiento cabal de los
fines de la Unidad y en la afectación a recursos parafiscales destinados a otras entidades.
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Afinca el defecto sustantivo en que la aplicación de las excepciones al principio de
inembargabilidad está sujeta a un juicio de ponderación por parte de la autoridad judicial,
que las accionadas no efectuaron.
Sobre la configuración del defecto fáctico, la accionante consideró que «los despachos
judiciales omitieron tener presente las pruebas aportadas por la UGPP que daban fe de
que las cuentas corrientes en los Bancos Popular y Agrario eran inembargables».
Concretamente, menciona que se desconocieron la Resolución 25 del 14 de enero de
2015, expedida por la UGPP, y la certificación de inembargabilidad de los recursos que
reposan en las cuentas del Banco Popular y el Banco Agrario, que fue allegada desde el
recurso de apelación contra la medida cautelar.
Finalmente, la entidad accionante aduce que la entidad accionada desconoció las
sentencias C-546 de 1992, C-308 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, C-793 de
2002, T-057 de 2022 y T-172 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional, que analizan
la ponderación necesaria entre la inembargabilidad y el reconocimiento de derechos y la
naturaleza de los recursos parafiscales. Ese precedente indica que los recursos
destinados al Sistema General de la Seguridad Social en Salud -incluyendo las
cotizaciones parafiscales- gozan de una protección especial de cara a la aplicación del
principio de inembargabilidad. Además, la accionante, trae una providencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá donde se determinó que las cuentas con recursos parafiscales
no pertenecen a la entidad sino a terceros.
4. Trámite procesal
El 3 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela4 y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, así como a José de Jesús Mercado Herrera, al Banco
Agrario de Colombia y al Banco Popular, en calidad de terceros con interés. Se vinculó a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se publicó la providencia en la
página del Consejo de Estado, para quienes tengan interés en el asunto. Asimismo, se
solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico que remitiera copia digital del proceso
ejecutivo.
4 SAMAI, índice 5.
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El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la magistrada ponente de las
decisiones enjuiciadas, contestó la acción de tutela 5 y solicitó que se declare
improcedente la medida o se niegue el amparo, toda vez que no existe «vía de hecho»
en sus actuaciones. Además, evidencia que se utiliza el «mecanismo constitucional para
reactivar una discusión ya resuelta por esta judicatura», por lo cual afirma que la acción
es improcedente. Asimismo, la secretaría del Tribunal envió copia digital del expediente6.
Por su parte, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, mediante el
magistrado ponente del auto confirmatorio, aseveró, en su escrito de contestación7, que
la tutela resulta improcedente, pues considera que «la discusión planteada contra el fallo
se limita a un claro desacuerdo con el resultado del mismo, constituyéndose así en una
instancia adicional a las surtidas en el proceso ordinario». A su vez, considera que se
brindaron razones legales y jurisprudenciales que justificaron la decisión tomada.
El Banco Popular8 solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que debe acatar las órdenes judiciales o de autoridades competentes, de
conformidad con el ordenamiento jurídico, por lo que en cualquier caso el banco no
estaría llamado a responder.
Finalmente, el Banco Agrario de Colombia 9 también solicitó su desvinculación por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener responsabilidad
alguna sobre las entidades accionadas. También advirtió que sus acciones responden al
cumplimiento de decisiones judiciales, cuya inobservancia puede acarrear consecuencias
patrimoniales y penales para la institución y sus directivos.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la tutela contra los autos enjuiciados, proferidos por
el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
5 SAMAI, índice 14.
6 SAMAI, índice 16.
7 SAMAI, índice 18.
8 SAMAI Índice 13.
9 SAMAI Índice 15.
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
providencias judiciales y, de ser el caso, si se vulneró el derecho al debido proceso del
accionante mediante dichos autos.
6. Análisis de la sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental10. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela11.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Inmediatez
La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de derechos
10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Ibidem.
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige contra una
providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los seis meses siguientes
a la ejecutoria de la providencia que se impugna en tutela12.
Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la prohibición de caducidad y la
naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente 13. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al
juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso
concreto, lo que constituye un término razonable. Esto implica que la acción de tutela no
puede ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez
estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para
interponerla14.
La jurisprudencia15 ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar, en
cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con:
(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve. A modo
enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que tal exigencia podría ser
desproporcionada cuando el peticionario se encuentre en “estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad [o] incapacidad física”16.
(ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de
vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales17. En estos casos, para
analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento
en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la
tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó.
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados18. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
12 Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
15 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario.
(iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha
señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la
actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha
sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los
casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su
cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza
de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”19.
(v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener
en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que se proteja
su seguridad jurídica20.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que cuando la tutela se dirige contra
una providencia judicial, existe una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez,
el cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al
respecto, indicó que:
«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la
acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha
aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar
la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la
seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de
aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los
derechos invocados.
Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye
un término razonable.
La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales
19 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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criterios se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el
momento en el que se produce la vulneración, (iii)la naturaleza de la
vulneración, (iv) los efectos de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige
la tutela».
Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneradora
de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al
respecto, ha sostenido que el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular
en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación
de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente […]21 (Negrilla fuera de texto).
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.1 del Decreto
2591 de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta
regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa no
sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados22.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude
a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede
desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni
pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe
conocer dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado
asunto radicado bajo su competencia23.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el objeto
de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los recursos judiciales
21 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías legítimas de defensa y
reconocimiento de derechos fundamentales24. La Corte Constitucional, en sentencia SU-
062 de 2018, estableció las razones principales que refuerzan el requisito de
subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:
«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia (…). [L]a acción de tutela que no es presentada con apego
estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de
acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su juez natural.
En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman
un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales
de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del
debido proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para
corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para
advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada
y contra la seguridad jurídica».
Caso concreto
El accionante considera que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera, al proferir los
autos del 25 de septiembre de 2023 -que decretó las medidas cautelares-, 19 de
septiembre de 2024 -que confirmó el decreto de las medidas-, 7 de octubre de 2024 -que
reiteró la orden dada en auto del 25 de septiembre de 2023-, 18 de noviembre de 2024 -
obedeciendo la decisión del superior- y 10 de marzo de 2025 -que aclara la medida al
Banco Popular-. Aduce que en estas se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y de
desconocimiento del precedente.
Esto, por haber decretado la medida cautelar de embargo sobre cuentas (i) de
funcionamiento de la entidad accionada y (ii) donde se giran los recursos recuperados de
24 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018,
M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionante: UAE UGPP
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las contribuciones parafiscales, que pertenecen a terceros. Las últimas dos providencias
se encaminan a acatar y aclarar, respectivamente, los efectos de esa medida, conforme
a los autos que la decretaron.
Pues bien, la Sala observa que la acción de tutela es abiertamente improcedente. Por un
lado, no cumple con el requisito de inmediatez frente a las providencias proferidas en el
año 2024. Por otro lado, la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad respecto
del auto del 10 de marzo de 2025.
Sobre lo primero, se observa que el auto del 19 de septiembre de 2024 fue notificado a
la UGPP el 18 de octubre siguiente, por lo cual quedó ejecutoriada el 23 de ese mes. En
esa medida, los seis meses que ha dispuesto la jurisprudencia constitucional como plazo
razonable para la interposición de la acción de tutela se cumplían el 24 de abril de este
año. Por su parte, el auto proferido el 7 de octubre de 2024, que reiteró y amplió las
medidas cautelares, fue notificado por estado fijado al día siguiente y, por ende, quedó
ejecutoriado el 11 de ese mes, por lo que el 12 de abril se cumplió dicho plazo de cara a
esa providencia.
Como la demanda de tutela se interpuso el 12 de mayo de 2025, considera la Sala que
no se satisface el requisito de inmediatez que, como se expresó en las consideraciones
anteriores de esta providencia, es de estricta aplicación cuando se pretende enjuiciar
providencias judiciales mediante la acción de tutela. Además, la entidad accionante no
justificó la demora en la interposición de la acción de tutela ni del contexto se derivan
condiciones especiales que impidieran solicitar el amparo dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de las providencias.
Así pues, la Sala considera que el plazo en el cual la accionante interpuso la tutela no se
enmarca en los límites de razonabilidad a los que invita el principio de inmediatez. El juez
constitucional, en esta oportunidad, está llamado a privilegiar el principio de seguridad
jurídica sobre los eventuales reclamos del accionante. Además, con su demora,
desnaturaliza la acción de tutela como un mecanismo de protección urgente de derechos
fundamentales. Por esta razón, la tutela es improcedente respecto de las providencias
arriba listadas.
No obstante lo anterior, este requisito se satisface en los autos del 18 de noviembre de
2024, que obedece y cumple lo decidido por el superior respecto de las medidas
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cautelares, y el auto del 10 de marzo de 2025, que aclaró lo dispuesto en el auto que
decretó las medidas cautelares al Banco Popular. Esto, por cuanto la acción fue
interpuesta dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de las providencias.
Frente a ello, de la revisión exhaustiva del expediente, la Sala concluye que la parte
accionante no hizo uso del recurso de reposición, dispuesto en el artículo 318 del Código
General del Proceso –CGP–, para controvertir dichos autos. Este recurso estaba
disponible, al proceder contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
Fuente: SAMAI del proceso 08001-23-33-000-2013-00621-00. Accesible mediante SAMAI, índice 16.
Así pues, queda claro que no se hizo uso de los mecanismos de defensa que le asisten,
por lo que el juez constitucional está vedado para actuar, dada la inobservancia del
requisito de subsidiariedad establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de
1991.
Dicho esto, se concluye que la accionante no puede subsanar sus errores bajo reproches
que no fueron planteados en las respectivas instancias durante el proceso ejecutivo, pues
esto desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como mecanismo supletivo de
protección de los derechos fundamentales y permitiría que la parte accionante se
beneficiara de sus propias omisiones al no haber presentado oportunamente el recurso
que permitía controvertir la legalidad del auto que aclaró el asunto al Banco Popular o, al
menos, contrastar la aclaración con la orden de medida cautelar.
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Adicionalmente, el proceso ejecutivo en el cual se profirieron las providencias enjuiciadas
se encuentra en curso y pendiente de ser resuelto por el juez competente para conocer
del asunto y ordenar lo que estime pertinente frente al caso.
En este sentido, no es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta
se encuentra vigente y bajo la dirección del juez del proceso ejecutivo. El pronunciamiento
del juez de tutela, en este caso, configuraría un desplazamiento del Tribunal y emitiría un
juzgamiento paralelo sobre asuntos sobre los que aún puede pronunciarse, toda vez que,
estando en curso el proceso, conserva su competencia para pronunciarse sobre las
medidas cautelares. De modo que la solicitud de tutela, en este sentido, también resulta
abiertamente improcedente.
Por todo lo anterior, resulta improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Unidad
de Gestión Personal y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP
contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B y el Tribunal Administrativo
del Atlántico-Sala A, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf
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