Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02790-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02790-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02790-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
31 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02790-01
Accionante: Enrique Vargas Lleras
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02790-01
Accionante: Enrique Vargas Lleras
Accionado: Presidente de la República
Tesis: Se confirma la sentencia impugnada, al concluir que las expresiones
del presidente de la República no afectan de manera cierta los
derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad del
accionante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de tutela de 30 de mayo de 2025 proferida por la Subsección “A”
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.
I. LA SOLICITUD
El señor Enrique Vargas Lleras, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al buen nombre, la honra y la intimidad, así como los de su
familia, que estima vulnerados por el presidente de la República a raíz de
una publicación realizada en la red social “X” el 22 de marzo de 2025, y de
afirmaciones proferidas durante la sesión del Consejo de ministros del 25 de
marzo del mismo año.
Como pretensiones formuló las siguientes:
“[...] 1. Solicito se proteja el derecho fundamental al buen nombre del
suscrito y de mi familia, consagrado en el artículo 15 de la Constitución
Política, conforme a los argumentos expuestos en el cuerpo de este
documento.
2. Solicito se proteja el derecho a la honra del suscrito y de mi familia,
consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política, conforme los
argumentos esgrimidos en el presente documento.
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Accionante: Enrique Vargas Lleras
3. Como consecuencia de la prosperidad de alguna de las anteriores
pretensiones, solicito se ordene al señor Gustavo Petro Urrego
retractarse de las afirmaciones efectuadas en contra del suscrito y de
mi familia, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios
en las que las efectuó. [...]”
En el escrito de tutela señaló que el presidente de la República, haciendo
uso de la red social “X”, realizó la siguiente publicación el día 22 de marzo
de 2025:
“Le informo a la persona que gusta hacer noticias con la sangre humana,
que la nueva EPS no la creó este gobierno, una periodista no debe mentir
ante su público. Imagine que pasaría si dirigiera el país
La Nueva Eps la creo Vargas Lleras para que su familia la
dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando
son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en
facturas y que no pagaron a clínicas y hospitales, que es los que
si atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos
las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola,
que vendan sus clínica privadas para pagar sus deudas
De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas
qué también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño
oligopolio privado y que tienen el poder de la vida y la muerte de
los colombianos; solo a gente como a usted se le ocurre poner en
riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer
negocios; cobran el doble que valen los medicamentos, es una carrera
de vampiros por quedarse con los dineros de la salud de los
colombianos.
Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las
quejas y está en pleno proceso de transformación. Una es bajar el costo
de los medicamentos para que se compren a su precio real de mercado
y no al doble que es lo que quiere el oligopolio, ordeñar como han hecho
las hidroeléctricas al pueblo colombiano.
La nueva EPS fue manejada por presuntos delincuentes, eso
supongo, lo investigará bien la fiscalía, pero los ladrones no solo
roban, sino también los roban otros ladrones”. (Destaca el
accionante)
Sostuvo que el 25 de marzo de 2025, durante una transmisión pública del
Consejo de Ministros, el presidente de la República dijo que el accionante y
su familia eran accionistas o controlaban la Nueva EPS.
Adujo que el 26 de marzo de 2025 solicitó al presidente de la República una
retractación de las afirmaciones realizadas, especialmente aquellas
difundidas a través de su cuenta en la red social “X”.
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Señaló que el 7 de mayo de 2025 la Presidencia respondió a través de un
asesor, señalando que las expresiones empleadas fueron malinterpretadas
y que se trataba de referencias indirectas o de hechos actualmente
investigados por la Fiscalía General de la Nación, sin que ello implicara una
acusación directa frente a la comisión de un ilícito.
Alegó que tales manifestaciones han afectado gravemente su imagen y la
de su familia, y que la acción de tutela es necesaria como mecanismo
transitorio para evitar la ampliación de los efectos de las supuestas
difamaciones.
Invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que admite la restricción del derecho
a la libertad de expresión en casos en que se vulneren derechos
fundamentales como la honra y el buen nombre.
Finalmente, hizo referencia a dos fallos previos del Consejo de Estado, en
los que se le concedió la protección de sus derechos fundamentales frente
a afirmaciones similares realizadas por el presidente de la República.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 15 de mayo de 20251, el magistrado sustanciador de
primera instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar y se pronunció
sobre las pruebas.
2.2. El presidente de la República, actuando por conducto de su
apoderada judicial, presentó escrito de intervención2 en el que, luego de
hacer un recuento de los hechos de la acción de tutela, solicitó que se
declarara su improcedencia, al considerar que el accionante carece de
legitimación por activa, toda vez que pretende la protección de derechos
fundamentales en nombre de los miembros de su familia.
En cuanto al fondo del asunto, solicitó que se niegue el amparo, al estimar
que los mensajes cuestionados no vulneran los derechos fundamentales a
la honra ni al buen nombre del actor. Indicó que las declaraciones del
presidente de la República no tenían como propósito atribuirle al accionante
la calidad de fundador o creador de la Nueva EPS.
Reiteró que el amparo debe negarse, en la medida en que la solicitud de
protección se fundamenta en una interpretación subjetiva, personal e
inexacta de las expresiones proferidas por el primer mandatario en las
publicaciones del 22 y 25 de marzo de 2025. Afirmó que tales
manifestaciones fueron descontextualizadas por el actor, desconociéndose
1 Ver índice SAMAI nro. 5 del expediente de primera instancia.
2 Ver índice SAMAI nro. 9 del expediente de primera instancia.
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la intención real del emisor y atribuyéndoles consecuencias lesivas que no
se derivan objetivamente del contenido ni del propósito de los mensajes
emitidos.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera, Subsección “A”, del Consejo de Estado, mediante
sentencia de tutela de 30 de mayo de 2025, negó la solicitud de amparo,
con fundamento en las siguientes consideraciones:
Previo a decidir de fondo, indicó que el actor no cuenta con legitimación en
la causa por activa para solicitar la protección de los derechos al buen
nombre y honra de los miembros de su núcleo familiar, toda vez que no los
identificó, no aportó poder especial para actuar en nombre de ellos y no se
puede tener como agente oficioso, en tanto no indicó que algún integrante
de su círculo familiar se encuentre imposibilitado para ejercer la defensa de
sus derechos. Señaló que, respecto de sus propios derechos, se cumple el
requisito de legitimación en la causa por activa; no obstante, en relación
con los demás miembros de su familia dicho presupuesto no se encuentra
satisfecho.
Posteriormente, verificó el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, tales como la legitimación en la causa
por pasiva, la inmediatez, la subsidiariedad y la relevancia constitucional del
asunto, razón por la cual procedió con el análisis de fondo.
Señaló que, examinado el mensaje publicado en la red social “X” el 22 de
marzo de 2025, se trata de una deliberación entre dos actores políticos
respecto a la crisis de la Nueva EPS. Específicamente, el mensaje de
“@petrogustavo” es una respuesta a la cuenta “@VickyDavilaH”, por lo que
se descarta que el mensaje se dirija hacia el tutelante.
Precisó que el mensaje está conformado por 5 párrafos, de los cuales, en
dos (el segundo y el tercero) se hace alusión a los apellidos “Vargas Lleras”,
pero sin utilizar un nombre propio de una persona de esa familia, por lo que
no es inequívoco a quién se refiere, pues existen dos opciones plausibles, a
saber: Germán Vargas Lleras, quien, entre otras responsabilidades públicas,
ejerció la vicepresidencia de la República, o Enrique Vargas Lleras, tutelante
dentro del proceso de la referencia, y que fue miembro de la junta directiva
de la Nueva EPS, entre septiembre de 2013 y noviembre de 2023.
Indicó que no se vulnera el derecho fundamental a la intimidad, en la medida
en que la afirmación del mensaje de la red social “x” no divulga información
de la esfera interna familiar del actor que deba permanecer fuera de la
discusión pública, como su domicilio o similares.
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Señaló, respecto del derecho al buen nombre y honra, que las
manifestaciones realizadas por el presidente en el mensaje publicado en la
red social “X” el 22 de marzo de 2025 se ubican dentro de una discusión de
relevancia pública pues hace referencia a la ejecución de recursos públicos
y la garantía de derechos fundamentales, por lo que se trata de un discurso
especialmente protegido. Agrega que se refiere a un discurso en defensa de
su gestión, que no señala tajantemente ni con certeza la ejecución de
conductas punibles, y que, aunque, tiene afirmaciones altisonantes y
chocantes, parten de una apreciación personal del jefe de Estado que tiene
respaldo en que Enrique Vargas Lleras fue miembro de la junta directiva de
la Nueva EPS desde septiembre de 2013 hasta noviembre de 2023.
Manifestó respecto del pronunciamiento realizado en la tutela 2024-03889
que, si bien en dicha oportunidad no se reparó en la legitimación en la causa
por activa y se amparó el derecho, existen diferencias, ya que en el citado
caso sí se hicieron referencias directas e inequívocas que dieron lugar a la
protección de los derechos invocados. Por su parte, respecto del expediente
de tutela 2024-06199, aunque se trata de las mismas partes que en este
proceso, el mensaje publicado se refiere a un asunto diferente en relación
con la conformación de una cámara arbitral y no a asuntos relacionados con
la Nueva EPS, por lo que corresponde a un antecedente y no un precedente.
Afirmó, respecto de la manifestación realizada en el Consejo de Ministros
del 25 de marzo del mismo año, que en esta ocasión el presidente de la
República fue directo en señalar al tutelante. Indicó que en este caso el
mensaje que se difundió se refería a la situación del sistema de salud, asunto
que reviste de protección constitucional reforzada. Adujo que es relevante
que el tutelante fue miembro de la junta directiva de la Nueva EPS durante
un poco más de diez años y ejerció la presidencia de dicha autoridad – la
junta directiva de la Nueva EPS-, en varias ocasiones, razón por la cual,
resulta plausible que, en una perspectiva estrictamente constitucional, se
haga una valoración de la gestión que desarrolló. Agregó que es de especial
importancia la regla conforme a la cual una persona que voluntariamente
asume responsabilidades públicas, como la gestión de recursos del erario,
ve reducir su umbral de protección de los derechos al buen nombre y honra.
Concluyó que tanto el mensaje publicado en la red social “X” el 22 de marzo
de 2025 como la manifestación realizada en el Consejo de Ministros del 25
de marzo del mismo año, si bien son expresiones atribuidas al presidente
que pueden considerarse altisonantes o incómodas, se ubican dentro del
campo especialmente protegido del debate público y del poder-deber
comunicativo de los altos funcionarios del Estado; tratándose de un asunto
de alto interés general —la gestión de una EPS intervenida por el Gobierno—
y un exdirectivo con responsabilidades relevantes en el manejo de recursos
públicos, el umbral de protección de sus derechos a la honra y buen nombre
se reduce, conforme a los estándares constitucionales e interamericanos.
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Precisó que, en el presente caso, debía prevalecer el derecho a la libertad
de expresión, al no haberse desvirtuado su presunción de amparo
constitucional ni acreditado una vulneración efectiva de los derechos
fundamentales invocados por el actor.
IV. LA IMPUGNACIÓN
El accionante presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se amparen sus
derechos, con fundamento en los siguientes argumentos:
Señaló que la decisión de primera instancia desconoce elementos
probatorios que demuestran que los mensajes cuestionados sí se dirigían en
contra del accionante, lo cual se puede corroborar tanto en la respuesta a
la solicitud de rectificación como en la contestación de la acción de tutela.
Agregó que el fallo omitió valorar que fue el único miembro de su familia
que tuvo participación en la Nueva EPS, lo cual hace evidente que los
señalamientos lo aludían directamente.
Argumentó que no comparte la apreciación según la cual no se accede a la
protección de sus derechos porque aparentemente está sometido a un
escrutinio mayor por haber aceptado el cargo de miembro de Junta Directiva
y, en consecuencia, haber asumido la gestión de asuntos públicos, toda vez
que, a pesar de la protección que goza el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión en asuntos de interés público -y que justificaría ese mayor
escrutinio-, las afirmaciones que realizó el primer mandatario le imputan de
forma directa responsabilidad por la comisión de conductas punibles,
además de no estar soportadas en una gestión mínima de verificación.
Resaltó que los mensajes difundidos formulan imputaciones graves que
podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción privada,
concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada, sin que
existiera verificación previa de los hechos ni sustento probatorio, lo que
vulnera sus derechos.
Asegura que no creó la Nueva EPS, ni desarrolló gestores farmacéuticos
para que a través de ellas se alterara el precio de los medicamentos de los
colombianos, por lo que el presidente efectuó imputaciones directas de
responsabilidad en su contra, sin agotar el deber de verificación e
imparcialidad.
Citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para
respaldar su argumento, según el cual la libertad de expresión no es un
derecho absoluto y encuentra límites en los derechos fundamentales de
otros, especialmente cuando se emiten juicios de responsabilidad no
verificados.
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Finalmente, señaló que el uso de expresiones ambiguas en una parte del
mensaje no desvirtúa los apartes iniciales, donde se hicieron imputaciones
directas de responsabilidad en contra del actor. Por lo anterior, solicitó que
se revoque la sentencia impugnada y se conceda el amparo solicitado,
ordenando la rectificación de las afirmaciones hechas por el presidente de
la República.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
5.2. Cuestión Previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el consejero
de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, mediante escrito visible en el
índice 4 del expediente digital en SAMAI, manifestó su impedimento para
actuar en el proceso de la referencia, por cuanto afirma mantener una
amistad íntima con el señor Enrique Vargas Lleras, quien es parte actora en
la acción constitucional de la referencia.
Por lo anterior, considera que se encuentra incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 5º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal (CPP), la cual tiene lugar cuando “exista amistad íntima
o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial”.
Sobre esta causal en reciente oportunidad esta Sala3 señaló que dicha causal
hace referencia a un criterio subjetivo en el que el fallador debe evaluar de
forma particular la relación de correspondencia de los hechos referidos por
parte de quien se declara impedido, la relación existente entre el funcionario
y alguna de las partes del proceso y la posibilidad de que ésta afecte la
imparcialidad de la decisión.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes manifestó que desde hace varios años conoce al
señor Enrique Vargas Lleras, parte accionante en el proceso de la referencia,
y que ha compartido espacios académicos, profesionales y personales,
3
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 3 de abril de 2025, exp. 1101-03-15-000-
2024-06199-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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existiendo una amistad íntima, debe declararse fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
5.3. Hechos relevantes
5.3.1. El 22 de marzo de 2025 el presidente de la República, a través de su
cuenta personal en la red social “X”, publicó un mensaje que, en criterio del
accionante, hacía alusión directa a su persona y a su núcleo familiar, en
términos que podrían afectar su reputación y generar una percepción
negativa ante la opinión pública.
5.3.2. El 25 de marzo del mismo año, durante la transmisión oficial de una
sesión del Consejo de Ministros, el presidente de la República, según el
accionante, realizó nuevamente expresiones que comprometerían su honra,
buen nombre e intimidad, al vincularlo con presuntos manejos irregulares
en la administración de la Nueva EPS.
5.3.3. En vista de lo anterior, el accionante solicitó rectificación de las
afirmaciones mediante derecho de petición dirigido al presidente de la
República el 26 de marzo de 2025. Esta solicitud fue respondida de manera
negativa el 7 de mayo de 2025, lo que motivó la interposición de la presente
acción de tutela.
5.4. Análisis de la Sala
Corresponde a esta Sala determinar si la decisión del juez de primera
instancia, que negó el amparo solicitado por el accionante, se ajusta a
derecho, en tanto consideró que las expresiones del presidente de la
República no vulneraron sus derechos fundamentales a la honra, buen
nombre e intimidad.
5.4.1. El derecho a la intimidad, al buen nombre y la honra.
El artículo 15 de la Constitución Política establece que todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, los
cuales deben ser respetados y protegidos por el Estado.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la intimidad personal
y familiar “busca no dejar que trascienda al conocimiento del público,
aquellos actos de su existencia que legal y moralmente quiere conservar
bajo la absoluta reserva y completo silencio. (…) La intimidad hace parte de
la órbita restringida familiar que por el hecho de que sólo interesa a quienes
integran esta célula social, su conocimiento no importa o está vedado a los
demás miembros de la sociedad. La privacidad así concebida está
relacionada con la privacidad íntima y por lo tanto no puede ser objeto de
la curiosidad ajena, sino que como un verdadero secreto familiar o personal,
se debe cuidar para que no traspase la barrera de la órbita que por seguridad
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individual o familiar se ha asignado”4.
Por su parte, el derecho al buen nombre se ha definido5 como aquel asociado
a la idea de reputación, buena fama u opinión que de una persona tienen
los miembros de la sociedad, por lo que ha sido vinculado a las actividades
desplegadas de forma pública, el cual resulta vulnerado, por ejemplo,
cuando particulares o autoridades públicas difunden información falsa o
inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de
causar una afrenta contra el prestigio público de una persona. Así mismo,
se ha indicado que constituye “uno de los más valiosos elementos del
patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que
a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la
sociedad”6.
La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se
propagan entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a través
de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas
que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se
manipula la opinión general para desdibujar su imagen”7.
De otro lado, la honra se establece en el artículo 21 superior como un
derecho fundamental. La jurisprudencia constitucional se ha referido a la
honra “como la estimación o deferencia con que cada persona debe ser
tenida por los demás miembros de la colectividad, en razón a su dignidad
humana”8. Así mismo, ha indicado que es “un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos
frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad” 9.
Sobre su alcance, se ha señalado que10 “[…] resulta vulnerado tanto por
información errónea como por opiniones tendenciosas que producen daño
moral tangible a su titular11. Sin embargo, la Corte ha sostenido que “no
todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser
considerada como imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que
se expresen deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio
moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión
personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su
4
Sentencia T-603 de 1992.
5
Sentencia T-028 de 2022.
6
Sentencia T-977 de 1999. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
7
Sentencia T-471 de 1994.
8
Sentencia T-007 de 2020.
9
Sentencia T-411 de 1995.
10
Sentencia T-007 de 2020.
11
Sentencia T-022 de 2017.
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contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la
interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de
objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho12”.
5.4.2. El derecho a la libertad de expresión
El artículo 20 de la Carta dispone el derecho de toda persona a expresar y
difundir libremente su pensamiento y opiniones, a informar y recibir
información veraz e imparcial, y a fundar medios de comunicación masiva.
La libertad de expresión cumple un papel esencial en la consolidación de una
sociedad democrática, dado que garantiza el debate público, el pluralismo,
el control ciudadano y la libre circulación de ideas, especialmente cuando se
trata de asuntos de interés general13.
La jurisprudencia constitucional14 ha reconocido que la libertad de expresión
en sentido amplio comprende otros derechos y libertades fundamentales,
como son: (i) libertad de expresión stricto sensu o libertad de opinión,
entendida como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente
el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio
y la forma escogidos por quien expresa”15; y (ii) libertad de información,
que incluye la “libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de
informar”16, el derecho a recibir “información veraz e imparcial sobre hechos
ideas y opiniones de toda índole”17, así como “buscar información, e
investigar en las fuentes donde pueda estar la información, procesar la
información (…) y trasmitirla a través de un medio determinado”18.
Adicionalmente, “en principio todo tipo de discursos o expresiones están
protegidas por la libertad de expresión con independencia de su contenido
y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. No
obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protección más
reforzada que otros, como lo son el discurso político, el debate sobre
asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes
públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés público hacen
referencia no sólo a aquellos de contenido electoral sino a todas las
expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los
asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia
el Estado y los funcionarios públicos […]19.
Específicamente, esta Corporación se pronunció sobre la tensión entre el
derecho a la libertad de expresión del presidente de la República y el derecho
12
Sentencia T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002.
13 Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2019.
14
Sentencia SU – 141 de 2020
15
Sentencia C-442 de 2011.
16
Sentencia T-155 de 2019.
17
Sentencia T-155 de 2019.
18
Sentencia T-391 de 2007.
19
Sentencia T-155 de 2019.
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al buen nombre de personas de reconocimiento público, señalando lo
siguiente20:
“2.4.1. Derecho a la libertad de expresión del presidente de la República
El presidente de la República ostenta las calidades de jefe de Estado, jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conforme a lo dispuesto en el
artículo 189 de la Constitución Política21. La Corte Constitucional ha indicado
que estas calidades imponen el “poder-deber” de mantener un contacto
permanente con los ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones
públicas22. Lo anterior, con las siguientes finalidades, entre otras:
“(i) suministrarles información sobre los asuntos de orden nacional e
internacional en el ámbito económico, político, social, etc., que sean de
interés para el país; (ii) fijar la posición oficial del Gobierno frente a los
mismos asuntos; (iii) informar sobre las políticas gubernamentales; (iv)
analizar, comentar, y, en general, defender la política gubernamental
que desarrolla; (v) fomentar el ejercicio de una participación ciudadana
responsable, etc”23.
La jurisprudencia constitucional24 ha precisado que ese “poder-deber” del
presidente de la República difiere de manera sustancial de la simple libertad
de expresión reconocida en general a los ciudadanos, en el sentido de que no
se reduce a difundir un pensamiento, información y una opinión, como así lo
dispone el artículo 20 de la Carta Política, sino que se constituye como un
mecanismo que facilita la conformación de una opinión pública libre e
informada; presupuesto esencial para contribuir a la participación democrática
de los ciudadanos y en el control del poder público.
Ahora bien, en ejercicio de ese “poder-deber” que tiene el presidente de la
República, es posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones que
pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más allá de la transmisión
objetiva de información, se indican cuestiones acerca de la política oficial,
defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca
de algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales25.
En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República tiene
la intención de presentar una información como autentica, son exigibles las
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 6 de diciembre de
2024, rad. 11001 03 15 000 2024 05899 00, C.P. Nicolás Yepes Corrales (E).
21
Cita original. “Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”.
22
Cita original. Corte Constitucional. Sentencia T-1191 de 2004.
23
Cita original. Ibid.
24
Cita original. Ibid.
25
Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
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cargas de veracidad e imparcialidad26, conforme al artículo 20 Superior27, para
así evitar cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión
pública. En el segundo, no existe el propósito de trasmitir una información,
sino de exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado
asunto; por lo que no es exigible “la estricta objetividad”28. Sin embargo, en
este último evento, las opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo
de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, aspecto que, en
criterio de la Corte Constitucional, conduce a la “verificación del sustento de
las mismas para evaluar si resultan totalmente infundadas o si, por el
contrario, ofrecen un sustento razonable que las haga dignas de la protección
a la libre expresión establecida en la Constitución”29.
2.4.2. Derecho al buen nombre, a la honra y a la protesta social
2.4.2.1. La Corte Constitucional define el derecho al buen nombre, previsto
en el artículo 15 de la Carta Política30, como “la buena opinión o fama
adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como
consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”31, es decir,
alude a la reputación de una persona derivada de la exteriorización de sus
conductas32. También ha indicado que aquella garantía guarda relación con la
dignidad humana, ya que protege al individuo contra ataques que restrinjan
su proyección en el ámbito público o colectivo33. El ámbito de protección de
ese derecho reside en el “detrimento que [se] pueda sufrir como producto de
expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”34.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que no es posible reclamar la
afectación de este derecho “cuando el comportamiento de la persona misma
(sic) es el que impide a los asociados considerarla digna o acreedora de un
buen concepto o estimación”35.
2.4.2.2. El derecho a la honra, por su parte, se encuentra regulado en el
artículo 21 de la Constitución Política36. La jurisprudencia ha precisado que “la
honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición
26
Cita original. Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007.
27
Cita original. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación”. [Negrilla fuera del texto].
28
Cita original. Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
29
Cita original. Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
30
Cita original. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. […]”.[Negrilla
fuera del texto].
31
Cita original. Sentencia T-411 de 1995.
32
Cita original. Cfr. Sentencias C-442 de 2011 y T-015 de 2015. Ver también, sentencia
del 29 de noviembre de 2001 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso Fontevecchia y D´Amico vs Argentina.
33
Cita original. Sentencia C-442 de 2011.
34
Cita original. Sentencia C-489 de 2002
35
Cita original. Sentencia T-260 de 2010.
36
Cita original. “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su
protección”.
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de tal”37, y, por ende, es un derecho de que debe ser protegido para no
menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y a sí
mismos, es decir, para asegurar la adecuada valoración de las personas en
una colectividad38. De igual manera, ha establecido que la honra resulta
afectada “por la información errónea, [y] las opiniones manifiestamente
tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona
en sí misma”39.
Para resolver el problema jurídico planteado, de la tensión entre el derecho a
la libertad de expresión del accionado y los derechos fundamentales al buen
nombre y la honra de la accionante, la Sala acoge los siguientes criterios y
parámetros constitucionales, que también corresponden a los
pronunciamientos de las Cortes y organismos internacionales de derechos
humanos: (i) presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros
principios constitucionales; (ii) diferencias entre derecho de opinión y derecho
de información, así como reconocimiento de las zonas de penumbra o
borrosas entre uno y otro; (iii) asimetría / simetría entre el accionante y el
accionado.
Lo anterior debe reflejarse en: (i) el margen más o menos amplio en el
ejercicio de la libertad de expresión -y margen más o menos reducido de
protección de los demás derechos en tensión-; (ii) la carga argumentativa y
la carga probatoria, mayor o menor, que debe soportar quien busca la
rectificación o ejerce la acción de tutela; (ii) el equilibrio entre los derechos
en conflicto variará, dependiendo del tipo de discurso del que se trate, y del
contexto en el cual se ejerza40.
Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión
en sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político
y al debate sobre asuntos de interés público, así, “el discurso político está
sujeto a menores limitaciones y quienes se vean afectados por él,
concretamente las figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el
ámbito de sus derechos a la honra, intimidad y buen nombre”41[…]”.
De lo anterior se deduce que, en relación con las manifestaciones realizadas
por el presidente de la República, deben distinguirse dos tipos de
expresiones: primero, aquellas relacionadas con la entrega de información
de interés general a la ciudadanía, por ejemplo, en temas de política pública
o decisiones de gobierno; esa clase de comunicaciones debe estar basada
en hechos verificables e imparciales, ya que se espera que esté dirigida a
proporcionar datos objetivos que puedan influir en la toma de decisiones o
en la percepción pública; y, en segundo lugar, aquellas en las que el jefe de
Estado expresa sus opiniones, como ocurre en los discursos, en los que se
reconoce un margen más amplio en cuanto al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, incluso se admite que sus manifestaciones puedan
37
Cita original. Sentencia T-411 de 1995. Reiterada en la sentencia C-442 de 2011.
38
Cita original. Sentencia T-914 de 2014.
39
Cita original. Ibíd.
40
Cita original. Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007.
41
Cita original. Ibíd.
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ser subjetivas o controversiales, siempre que cumplan con un mínimo de
justificación real y que respondan a criterios de razonabilidad.
Ahora, si bien la libertad de expresión tiene un amplio margen de protección
constitucional y, en casos de tensión con otros derechos, debe darse una
interpretación en su favor42, existen eventos en que se justifica su
limitación, pues “[…] se encuentran prohibidas las apologías al racismo, al
odio, a la guerra, y la pornografía infantil […]”43.
5.4.3. Caso concreto
5.4.3.1. Con el fin de establecer si las declaraciones públicas realizadas por
el presidente de la República vulneraron los derechos fundamentales al buen
nombre, la honra o la intimidad del accionante, es preciso citar los mensajes
que estima la parte actora trasgredieron sus derechos.
• El mensaje del presidente de la República en su cuenta de red social “X”
el día 22 de marzo de 2025, el cual es del siguiente tenor:
“(...) Le informo a la persona que gusta hacer noticias con la sangre
humana, que la nueva EPS no la creó este gobierno, una periodista no
debe mentir ante su público. Imagine que pasaría si dirigiera el país
La Nueva Eps la creo Vargas Lleras para que su familia la
dirigiera y sus recursos fueran manejados privadamente cuando
son públicos. Se endeudó en 5 billones que no pagaron en
facturas y que no pagaron a clínicas y hospitales, que es los que
si atienden a los pacientes. Esperan que nosotros les paguemos
las deudas que dejaron con los dineros del pueblo, pero mamola,
que vendan sus clínica privadas para pagar sus deudas
De ahí su crisis, porque no le pueden pagar a las gestoras farmacéuticas
qué también se desarrollaron con Vargas Lleras, que son un pequeño
oligopolio privado y que tienen el poder de la vida y la muerte de
los colombianos; solo a gente como a usted se le ocurre poner en
riesgo la vida en manos de un monopolio privado interesado en hacer
negocios; cobran el doble que valen los medicamentos, es una carrera
de vampiros por quedarse con los dineros de la salud de los
colombianos.
Nosotros intervenimos la nueva EPS y ya hemos logrado disminuir las
quejas y esta en pleno proceso de transformación. Una es bajar el costo
de los medicamentos para que se compren a su precio real de mercado
y no al doble que es lo que quiere el oligopolio, ordeñar como han hecho
las hidroeléctricas al pueblo colombiano.
La nueva EPS fue manejada por presuntos delincuentes, eso
42
SU-396 de 2017
43
SU-274 de 2019.
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supongo, lo investigará bien la fiscalía, pero los ladrones no solo
roban, sino también los roban otros ladrones (...)” (Destaca el
actor)
• El mensaje difundido en el Consejo de Ministros del día 25 de marzo de
2025, fue del siguiente:
“(…) el desastre, 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos del
hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le
pagó, pero si sabemos que mientras había anticipos de pago a empresas
farmacéuticas y a clínicas privadas, entonces unas eran castigadas y
otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas?, ¿a quién
pertenecían? (...)”
5.4.3.2. El Juez de primera instancia consideró que, de un lado, el mensaje
no es claro sobre a quién se refiere, ya que existe la posibilidad de que se
refiera a Germán Vargas Lleras o al tutelante; y, de otro, “[...] las
manifestaciones realizadas por el Presidente, aunque altisonantes y
potencialmente incómodas, se ubican dentro del campo especialmente
protegido del debate público y del poder-deber comunicativo de los altos
funcionarios del Estado. Tratándose de un asunto de alto interés general —
la gestión de una EPS intervenida por el Gobierno—, y de un exdirectivo con
responsabilidades relevantes en el manejo de recursos públicos, el umbral
de protección de sus derechos a la honra y buen nombre se reduce,
conforme a los estándares constitucionales e interamericanos [...]”
Por su parte, en la impugnación se señaló que, contrario a lo afirmado por
el juez de primera instancia, no existe duda que los mensajes del presidente
se referían directamente al accionante y que se hicieron imputaciones
graves, como eventuales delitos, sin verificación previa ni respaldo
probatorio, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
5.3.3.3. Pues bien, tal como lo indicó el juez de primera instancia, es
necesario precisar el contexto en el cual se publicó el mensaje del 22 de
marzo de 2025, el cual fue respuesta al siguiente mensaje publicado en la
red social “X”:
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En el anterior contexto, es claro que, tanto el mensaje publicado en la red
social “X”, como el difundido en el Consejo de Ministros, son realizados por
el presidente de la República dentro de un escenario de discusión pública
sobre el sistema de salud, respecto del cual actores políticos realizan críticas
a su gestión en dicha materia.
En ese sentido, nos encontramos en el segundo escenario, donde las
declaraciones que realiza el presidente, más allá de la transmisión objetiva
de información, pretenden defender su gestión y responder a sus críticos en
un asunto de política pública que ha sido un pilar fundamental en el
programa de gobierno que desarrolla, como es el sistema de salud de los
colombianos.
Mencionado lo anterior, lo primero que se debe señalar es que, si bien en el
mensaje publicado en la red social “x” no se indica expresamente el nombre
del tutelante, sino únicamente los apellidos “Vargas Lleras”, de la lectura de
la respuesta a la solicitud de retractación formulada por el accionante y de
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la contestación de la tutela se advierte que el mensaje sí hacía referencia al
actor.
En efecto, en el OFI25-00084802 / GFPU 13000000 del 7 de mayo de 2025
emitido como respuesta a la solicitud de retractación presentado por el
accionante se señaló:
“[…] Respecto de su primer cuestionamiento, sobre la referencia a la creación
de la Nueva EPS, este no indicó que usted hubiese constituido la
aseguradora, lo que señaló fue que durante el periodo en el que usted
hizo parte de la Junta Directiva de dicha entidad la misma
experimentó un crecimiento exponencial en su número de afiliados,
lo que se tradujo en un aumento en la recepción de recursos públicos por
concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC). En ese periodo la entidad
quedó con compromisos financieros que, junto a otras variables, finalizaron
en la intervención de la misma. En dicho contexto, la expresión “La Nueva Eps
la creo Vargas Lleras”, indicó que el imaginario que tiene la opinión
pública sobre dicha EPS se generó mientras usted hizo parte de sus
órganos directivos, evidenciando que se empleó un recurso lingüístico.
[…]
En consecuencia, el mensaje no indicó que usted hubiese constituido la Nueva
EPS, dicha expresión, amparada en el empleó de herramientas
discursivas, buscó señalar que mientras que usted perteneció a la
Junta Directiva esta adquirió la connotación que hoy tiene para la realidad
de los colombianos. […]” (Destacado de la Sala)
En la misma vía, en el informe presentado por la autoridad demandada
dentro de la presente acción constitucional se indicó:
“Al verificar las declaraciones y/o comportamientos cuestionados por el
accionante, se debe señalar, como se hizo expresamente en la respuesta a la
solicitud de retractación, que la referencia realizada por el presidente de la
República no hizo mención al acto de constitución de la Nueva EPS. Contrario
a lo indicado por el actor, las expresiones cuestionadas no sostuvieron que
Enrique Vargas Lleras hubiera sido el fundador o creador de dicha entidad. El
propósito de las mismas, se insiste, era el de destacar la incidencia
del actor en el manejo de dicha entidad durante el tiempo en que
fungió como miembro y presidente de su Junta Directiva. […]”
(Destacado de la Sala)
En ese orden de ideas, le asiste razón al impugnante cuando señala que,
aunque no se indique expresamente su nombre en los mensajes
cuestionados, es posible llegar a la conclusión que las manifestaciones del
presidente se referían a él, en razón a que i) se indican expresamente sus
apellidos; ii) en el escrito que niega la solicitud de retractación y en la
contestación de la tutela se reconoce por la autoridad demandada, y iii) es
el actor quien ha participado en el gobierno corporativo de la Nueva EPS,
entidad cuestionada por el presidente.
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Aclarado lo anterior, se reitera que las manifestaciones del presidente de la
República objeto de controversia fueron realizadas en el marco de un
discurso político, a efectos de defender su programa de gobierno y
controvertir las críticas a las medidas adoptadas en desarrollo de su política
de salud, intervenciones que por tanto tienen la finalidad de exponer su
visión ideológica y política sobre el modelo de salud.
En ese sentido, las citadas expresiones constituyen apreciaciones subjetivas
del Jefe de Estado, que exteriorizan su perspectiva personal, que están
amparadas por un margen más amplio de protección dentro del derecho a
la libertad de expresión, ya que no están sujetas a estrictas exigencias de
veracidad y objetividad, como cuando se pretende trasmitir información
objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; no obstante, se
debe recordar que deben contar con un mínimo de justificación fáctica y
ajustarse a criterios de razonabilidad, según lo ha establecido la
jurisprudencia constitucional.
En este punto, para verificar si existe un mínimo de justificación en las
opiniones exteriorizadas por el presidente de la República, cabe traer a
colación lo expuesto en el escrito que da respuesta a la solicitud de
rectificación, en el cual se lee:
“(i) Tal como se indicó, las expresiones del presidente de la República deben
entenderse bajo el empleo de un recurso lingüístico, que no buscó indicar que
usted hubiese constituido la Nueva EPS, sino que la misma alcanzó su
desarrollo y expansión mientras usted fue miembro de su Junta Directiva, lo
cual ocurrió en 11 ocasiones entre el 2013 y el 2023.
(ii) Las afirmaciones cuestionadas hicieron referencia a un tema de
conocimiento público, y es las presuntas irregularidades en el aval de estados
financieros de la Nueva EPS que hoy analiza la FGN dentro del NUC
110016000050202468114, las cuales ascienden a un valor cercano a los cinco
billones de pesos. En este sentido, no se trató de una acusación concreta ni
personal contra usted, sino a investigaciones en curso.
(iii) No se indicó que usted hubiese ordenado pagos o que tuviese relación
con alguna gestora farmacéutica, si no que estas tuvieron un desarrollo
importante mientras usted fue miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS,
lo que contrasta con el deterioro que tuvieron IPS y hospitales que atendieron
a los afiliados de la misma. […]”
De igual forma, en la contestación de tutela se señaló:
“[…] Al verificar las declaraciones y/o comportamientos cuestionados por el
accionante, se debe señalar, como se hizo expresamente en la respuesta a la
solicitud de retractación, que la referencia realizada por el presidente de la
República no hizo mención al acto de constitución de la Nueva EPS. Contrario
a lo indicado por el actor, las expresiones cuestionadas no sostuvieron que
Enrique Vargas Lleras hubiera sido el fundador o creador de dicha entidad. El
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propósito de las mismas, se insiste, era el de destacar la incidencia
del actor en el manejo de dicha entidad durante el tiempo en que
fungió como miembro y presidente de su Junta Directiva.
En ese sentido, el señalamiento aludió, concretamente, a que los
tiempos en los cuales formó parte de la Junta Directiva de dicha
entidad durante 11 periodos, en 5 de los cuales fue el presidente de
dicho cuerpo, evidencian que el mismo sí ha tenido una clara
influencia en el gobierno corporativo de la Nueva EPS y que fue
durante esos periodos que se generó una acumulación de
compromisos financieros críticos que, sumados a otros factores
estructurales, eventualmente condujeron a la necesidad de una
intervención forzosa por parte de las autoridades.
Con ello se deja en evidencia que las expresiones cuestionadas fueron
empleadas por el presidente de la República como un recurso lingüístico para
expresar una crítica a una entidad sobre un asunto de interés público y general
como el relacionado con el funcionamiento del sistema de salud de los
colombianos; entidad en cuyo manejo y dirección tuvo incidencia el actor por
largo tiempo al formar parte de su junta directiva y fungir como su presidente.
[…]
La respuesta proporcionada por la Nueva EPS evidencia de manera
contundente la incidencia del actor al interior de la entidad, derivado
de su rol como miembro de uno de los órganos de gobierno
corporativo más importante que tiene cualquier empresa, lo que deja
claro que su gestión fue estratégica y determinante para los
resultados tanto positivos como negativos. Los registros oficiales
revelan que de los 11 períodos en los que formó parte de este órgano,
en 5 ocasiones asumió la presidencia del mismo, lo que justifica la
percepción del primer mandatario de que el mismo ejerció un
liderazgo directo en la toma de decisiones al interior de dicha EPS.
[…]”
De la lectura en conjunto de los mensajes cuestionados y lo expresado por
la autoridad demandada tanto en el escrito que niega la retractación como
en el informe de tutela, se advierte que las afirmaciones realizadas en los
mensajes emitidos por el presidente van dirigidas a cuestionar el manejo
administrativo que se le dio a la Nueva EPS dentro del sistema de salud,
enfocando su crítica en el accionante quien, en efecto, por un tiempo
prolongado (11 periodos) hizo parte de la junta directiva, órgano colegiado
de gran importancia en cualquier organización, en el que se adoptan
decisiones estratégicas de la compañía y se supervisa su gestión, decisiones
que precisamente son las que no se comparten por el Jefe de Estado y que
llevan a expresar sus críticas, por ser las que fundamentan la política de
salud que pretende modificar con su programa de gobierno.
En ese sentido, se advierte que hay un mínimo de razonabilidad en sus
expresiones, en la medida en que el accionante participó de la Junta
directiva de la Nueva EPS y lo que se busca es generar la discusión sobre la
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gestión que realizó el citado órgano de dirección sobre los recursos públicos
que tenía a su cargo, pues, en criterio del presidente de la República, las
medidas adoptadas en dicha gestión son las que han llevado a que la
mencionada entidad de salud se encuentre en problemas financieros y que,
por tanto, se haya tenido que intervenir en su gobierno.
En este punto, se debe precisar que no es acertado asegurar que el primer
mandatario realizó afirmaciones en las que imputan de forma directa
responsabilidad por la comisión de conductas punibles como
enriquecimiento ilícito, corrupción privada, concierto para delinquir y uso
indebido de información privilegiada, ya que, si bien cuestiona la gestión de
los recursos públicos de la Nueva EPS, dichas afirmaciones no tienen el
alcance para asegurar que se realizó una imputación directa y concreta al
actor de los citados hechos punibles.
Adicionalmente, aunque el accionante goza de la protección de sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre, al haber ocupado un cargo en
el cual se define la destinación de recursos públicos que son de interés
general por ejecutar políticas públicas relacionadas con el derecho a la salud,
debe tolerar un margen más amplio en el escrutinio y crítica debido a las
funciones desempeñadas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 30 de mayo de 2025,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en el sentido de denegar el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARA FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes para intervenir en el
proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de mayo de 2025, proferida
por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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