Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02799-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02799-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02799-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 12 de mayo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentó
demanda de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en busca de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso. Considera que este fue vulnerado por la autoridad
accionada al proferir la sentencia del 27 de febrero de 20252, al interior del medio de
control de reparación directa3 que promovió la señora Solanye Saidy Saravia
Rodríguez en su contra, cuyo fin era que se declarara la falla del servicio y obtener
la indemnización de los perjuicios causados por la anulación de su registro civil de
nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía mediante Resolución 14466
del 25 de noviembre de 2021, revocada por la 24760 del 8 de septiembre de 2022.
2.En la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B mediante sentencia de 27 de febrero de 2025 revocó la
decisión de primera instancia4 y accedió parcialmente a las pretensiones. Sostuvo
que el daño estaba acreditado con la expedición de la Resolución 14466 del 25 de
noviembre de 2021, la cual fue revocada mediante la Resolución 24760 de 8 de
septiembre de 2022. Frente a la imputabilidad, adujo que la relación de la actuación
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 6 de marzo de 2025.
3 Con número de radicado 11001-33-43-059-2023-00291-01.
4 En fallo del 6 de junio de 2024, el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección
Tercera negó las pretensiones.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de la demandada y el daño sufrido se encontraba satisfecho toda vez que fue la
Registraduría Nacional del Estado Civil la que expidió el mencionado acto
administrativo, y su proceder faltó a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución
Política, porque las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, lo cual se dio de forma contraria con la actuación de
anulación.
3.
Conforme a lo anterior, reconoció perjuicios morales, al estimar que en el caso se
presumían y, al no existir parámetros para el caso concreto en cuanto a la
cuantificación, conforme el principio de equidad y teniendo en cuenta las
circunstancias en que acontecieron los hechos, los fijó en 20 SMLMV para la
demandante por la afectación de la nacionalidad. Negó el daño inmaterial por
afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
4. La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
un defecto fáctico y desconoció el precedente judicial al reconocer los perjuicios
morales, en la medida en que el Consejo de Estado tiene una profusa línea
jurisprudencial sobre la materia, en la cual ha señalado que la institución de
presunción frente a la existencia de perjuicios morales se ha admitido bajo la
existencia de hechos o daños puntuales, tales como (i) el fallecimiento por hechos
imputables al Estado; (ii) víctimas de lesiones personales; (iii) privación injusta de la
libertad y; (iv) víctimas del delito de desaparición forzada. La cual está estructurada
principalmente en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.
5. Manifestó que la accionada señaló de manera expresa la jurisprudencia del
Consejo de Estado en relación con la presunción de los perjuicios morales de las
víctimas e incluso parientes de quien sufre un daño. Pero, a partir de ella, sin
percatarse de las diferencias sustanciales que se presentaban con el caso objeto de
estudio, que la hacían inaplicable, en la sentencia acusada asumió la existencia de
perjuicios morales. Es decir, decidió ampliar ese referente jurisprudencial a una
situación que la jurisprudencia no ha contemplado, configurando un cambio de
precedente, sin ningún tipo de justificación.
6. Arguyó que en la decisión cuestionada no se explicó cómo la jurisprudencia del
Consejo de Estado relacionada con la cuantificación de los perjuicios morales en
hechos que atentan contra la vida e integridad de las personas puede ser ampliado
o aplicado a casos como el estudiado.
7. Por otra parte, citó apartes de las sentencias T-147 de 2020, T- 212 de 2012, la
del 20 de abril de 2005 y los expedientes 27136 y 33504 (sin fecha) e, indicó que
tanto el precedente del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional han
señalado que la discrecionalidad del juez no implica arbitrariedad y, por lo tanto, su
decisión debe estar fundada en pruebas, el análisis de la gravedad de los hechos o
del daño, el estudio de casos similares y, las características puntuales del daño. Todo
lo anterior para que el juez entregue razones suficientes para la liquidación del
perjuicio moral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8. Expresó que el Tribunal accionado desconoció los criterios señalados por la
jurisprudencia, en tanto basta con revisar la providencia para darse cuenta de que la
liquidación de los perjuicios morales realizada no mencionó ningún elemento
probatorio, tampoco realizó un análisis exhaustivo frente a la supuesta gravedad del
daño o la extensión de este, ni mucho menos analizó situaciones similares para
establecer algún grado de razonabilidad frente a su decisión. Esto, por cuanto se
limitó a señalar que acudió al principio de equidad para establecer el monto de los
perjuicios morales señalados.
9. Manifestó que, con lo declarado en la sentencia para reconocer el mencionado
perjuicio, era evidente que no existía ningún medio probatorio siquiera sumario que
le permitiera al Tribunal sustentar su posición. Situación que no es menor, debido a
que en primera instancia no se encontraron pruebas que demostraran el daño y los
perjuicios alegados. Adicionó que el monto reconocido por perjuicios morales es
desproporcionado para el corto tiempo en el que estuvo vigente el daño.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10. Mediante auto de 14 de mayo de 20255 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la señora
Solanye Saidy Saravia Rodríguez como tercera con interés y, se requirió al abogado
José David Riveros Namén para que allegara en debida forma el poder que lo
habilitaba para ejercer la representación judicial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en el presente trámite. Se comunicó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para que, si lo consideraba pertinente, dentro del marco de las
competencias a ella asignadas, interviniera en el presente asunto.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B6.
11.
Consideró que el accionante busca hacer del proceso de tutela una tercera
instancia del asunto declarativo. Además, que la Corte Constitucional ha precisado
que el primer requisito de procedencia de esta acción es que el tema que se debata
tenga una clara y marcada importancia constitucional, de lo contrario estaría
emitiendo juicios en asuntos que no son de su competencia, como lo es en el caso
en concreto frente a la condena contra quien resultó vencido en el proceso.
12.
En razón de lo anterior, la tutela debe declararse improcedente o negarse, en la
medida en que la Sala en la decisión adoptada expuso las razones por las cuales
presumía la causación del perjuicio moral, por ende, no existió vulneración de
derecho fundamental alguno por parte de esa Corporación.
(ii) Solanye Saidy Saravia Rodríguez – tercera vinculada-7
5 Notificado el 16 de mayo de 2025.
6 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 7 folios.
7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 13 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.
Manifestó que no se cumple ninguno de los defectos alegados en el escrito de
tutela, toda vez que el fallo acusado estuvo sustentado en la jurisprudencia
relacionada con el tema y en los convenios internacionales suscritos por Colombia,
referentes con el daño moral causado por el actuar del Estado.
14.
Añadió que el daño demandado fue uno moral subjetivo, y este ocasionó los
sentimientos que el Consejo de Estado describe en la sentencia del 19 de febrero de
2021; en ese sentido, por presunción de hombre ese tipo de daño no se prueba.
15.
Adujo que ciertamente el Consejo de Estado no tiene una línea probatoria en
materia de daño moral por anulación del registro civil de nacimiento y cancelación de
cédula de ciudadanía, por cuanto nunca en la historia del país se había producido
una anulación masiva como lo hizo la Registraduría con más de 43 mil personas el
25 de noviembre de 2021. Agregó que concluir como lo hace la accionante en la
tutela que, porque previamente el Consejo de Estado no se ha pronunciado
específicamente en esa materia, no opera la presunción de daño moral, contraría la
obligación que tiene Colombia de cumplir el principio de convencionalidad cuando se
trata de violaciones de derechos humanos.
16.
Expresó que dentro del proceso ordinario la Registraduría no desvirtuó la
configuración de los perjuicios morales, carga que le correspondía; por lo que al no
hacerlo solo restaba darse por cierta esa presunción. Añadió que lo pretendido por
la parte actora es una tercera instancia al proceso ordinario.
17.
Afirmó que hay certeza del daño, no solo porque lo reconoció la Registraduría al
emitir la Resolución que dejó sin efectos la 14466 del 2021, sino porque también lo
había previamente determinado la Corte Constitucional en las sentencias T-183 y T-
419 de 2023, donde se estudió el tema de las nulidades y cancelaciones masivas de
documentos de identidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
cuyos efectos son inter comunis.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
18.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto la
discusión planteada carece de relevancia constitucional.
19. De la lectura del escrito de tutela, se extrae que los argumentos esgrimidos por la
parte actora, en suma, van dirigidos a la supuesta estructuración de un
desconocimiento del precedente por ampliar de manera injustificada la aplicación de
la presunción de existencia de los perjuicios morales a circunstancias no
contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Adicionalmente, que se
configuró el defecto fáctico y hubo desconocimiento del precedente, en tanto se
excluyeron los criterios generales establecidos por el Consejo de Estado y la Corte
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Constitucional que las autoridades judiciales deben tener en cuenta al momento de
realizar liquidación de perjuicios morales.
20. Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que si bien la entidad accionante
acude a la acción de tutela con el propósito de que el juez constitucional se
pronuncie respecto de la condena de los perjuicios morales que le impuso la
autoridad judicial demandada, lo cierto es que no resulta procedente que por
conducto de esta acción constitucional se discutan asuntos que no involucran la
vulneración o afectación de derechos fundamentales8.
21. La inconformidad tiene una esencia netamente probatoria y no guarda relación
con garantías constitucionales, lo que a juicio de la Sala desdibuja el cumplimiento
del requisito de la relevancia constitucional, proyectado en la vulneración de
derechos fundamentales.
22. Adicionalmente, la entidad no presenta razones para considerar que esté en
juego el principio de sostenibilidad fiscal, al que hace referencia en la demanda,
pues no expone cómo esa condena en concreto (que no es excesiva) puede implicar
un riesgo en ese sentido. Ahora, si bien de forma general aduce que hay varios
casos similares que están siendo tramitados en la jurisdicción contencioso-
administrativa, aquella afirmación no es suficiente para acreditar la relevancia
constitucional del caso estudiado, ni mucho menos para sustentar que la existencia
de varias demandas por una actuación masiva de la entidad que -al parecer- afectó
a varias personas, deba llevar a considerar que las eventuales condenas comporten
la necesidad de que el juez constitucional intervenga para limitar o impedir el
reconocimiento y liquidación de perjuicios morales.
23. Además de lo anterior, y para abundar en razones, la Sala observa que el asunto
también carece de relevancia constitucional, en cuanto la parte actora pretende
seguir de forma indefinida con un debate al haber obtenido una decisión adversa a
sus intereses, queriendo utilizar este mecanismo como una instancia adicional.
24. Al revisar el fallo acusado proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección B, es claro que el análisis allí
realizado estuvo debidamente sustentado. Se resalta que fue esa instancia judicial
la que tuvo a su cargo valorar los alegatos de derecho y hecho que se sometieron a
su consideración, así como analizar las pruebas allegadas al plenario, y confrontarlas
con la normativa aplicable al asunto, sin que ahora quepa prolongar el debate sobre
los mismos.
25. En dicho proveído, la autoridad judicial accionada indicó que el daño estaba
acreditado con la expedición de la Resolución 14466 del 25 de noviembre de 2021
“Por la cual se anulan unos registros civiles de nacimiento y se procede a la
consecuente cancelación de las cédulas de ciudadanía por falsa Identidad” y cuya
decisión fue revocada mediante la Resolución 24760 de 8 de septiembre de 2022.
8 Sentencias T-903 de 2014, T-260/18, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
26. Por otra parte, frente a la imputación, consideró que la relación de la actuación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el daño sufrido se encontraba satisfecho
toda vez que fue esa entidad la que expidió la Resolución 14466 del de 2021, por la
cual se ordenó la anulación del registro civil de nacimiento de la demandante y
cancelación de su cédula de ciudadanía. Proceder que faltó a lo dispuesto por el
artículo 2 de la Constitución Política. Por lo anterior, al hallar acreditada la violación
de los derechos fundamentales de la demandante, condenó a la Registraduría,
declaración respecto a la cual no se presenta ninguna objeción en la acción de tutela.
Es decir, como ya se indicó, para la entidad es claro que el razonamiento de la
autoridad judicial respecto a la configuración del daño y su imputación no merece
reproche constitucional.
27. En virtud de lo anterior, se reconoció una indemnización por perjuicios morales a
favor de la demandante. Para ello, el Tribunal expuso que “el perjuicio moral es el
detrimento del patrimonio interno del individuo ocasionado por los sentimientos de
angustia, dolor, congoja, aflicción e impotencia que produce el hecho dañoso”. Acto
seguido acudió a una cita jurisprudencial que, aunque no se referenció
expresamente, corresponde a la sentencia del 23 de agosto de 2012 proferida por el
pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco del proceso 18001-
23-31-000-1999-00454-01(24392). El tenor de la cita es el siguiente:
<<Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación
probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en
ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones
derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por
las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación
familiar en que se sustentan.
Ahora bien, no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta
Sala –y de la Corte Suprema de Justicia también-, ha soportado la procedencia de
reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no solamente con fundamento
en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que,
acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su
cuantificación la características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de
afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o
circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por
vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto
indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo
gracioso, nacido de la mera liberalidad del juez, y bajo esa concepción han de
entenderse los lineamientos que la jurisprudencia ha llegado a decantar que en ese
punto –el del quantum- obra como referente.
28. A continuación, señaló que “en el presente caso se presume la causación de
perjuicios morales, pero al no existir parámetros para el caso concreto en cuanto a
la cuantificación, conforme el principio de equidad y teniendo en cuenta las
circunstancias en que acontecieron los hechos se fijará la suma de 20 SMLMV para
la demandante por la afectación de la nacionalidad”. Además, resaltó que si bien la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Sala en una oportunidad anterior, en un caso similar9 reconoció los perjuicios en una
suma mayor; reevaluaba las circunstancias del caso y su posición jurídica frente a la
misma para establecer el monto reconocido. Sobre esta cita a una decisión previa
se volverá más adelante, por ser relevante en el análisis.
29. Si bien la Subsección del Tribunal que conoció del caso no fue explícita en el
razonamiento que le llevó a reconocer los mencionados perjuicios, el orden en que
estructura las premisas de su análisis y la línea argumentativa que presenta, llevan
a entender que la Registraduría causó un daño a la señora Saravia Rodríguez, con
la anulación de su Registro Civil de Nacimiento y la cancelación de su cédula de
ciudadanía entre el 25 de noviembre de 2021 al 8 de septiembre de 2022, que
merecía ser resarcido en tanto desconoció el mandato del artículo 2 constitucional,
así como sus derechos fundamentales, por la afectación de la nacionalidad. Para la
autoridad judicial, esa situación por sí misma, lleva a presumir que se generaron en
ella perjuicios de naturaleza moral y lo que correspondía era cuantificarlos. Esto
último, acudiendo al “arbitrium judicis” que se refiere en el precedente jurisprudencial
que cita.
30. Esa es una postura claramente definida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que adoptó la decisión censurada. La
Registraduría Nacional del Estado Civil la conoce (pues ya se ha indicado en, al
menos, un caso previo) y, a pesar de ello, pretende censurar en esta ocasión
apelando a lo puntual de los argumentos que se exponen en la providencia. En ese
sentido obvia que en la misma sentencia la referida Sala, al indicar que fija el monto
indemnizatorio en 20 SMMLV hace mención expresa a otra decisión que adoptó el
29 de noviembre de 2024 en el proceso 11001-33-36-031-2023-00093-01, en la cual
desarrolla de forma más extensa esa posición que ha sostenido en estos asuntos. Al
consultar la misma se advierte el siguiente razonamiento:
“Así las cosas, considera la Sala, que con la expedición de la Resolución No. 14757
del 25 de noviembre de 2021, se le causó una lesión cierta al derecho fundamental
a la nacionalidad del demandante, el cual no estaba en el deber jurídico de soportarlo
de conformidad con lo dispuesto tanto en los instrumentos internacionales, como en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Lo anterior toda vez que, al anularse el registro civil de nacimiento del demandante,
y cancelar su documento de identificación, se le privó de su nacionalidad colombiana,
privación que se tornó arbitraría con la revocatoria de oficio de dicha anulación,
mediante Resolución No. 11957 del 5 de mayo de 2022, la cual se fundamentó
principalmente en la violación de la Constitución por parte del acto administrativo que
anuló el registro civil del demandante.
De otro lado si bien es cierto que, con la demanda, no se acreditaron concretamente
los perjuicios indicados como la desatención de servicios en salud, imposibilidad de
trabajar en el país o la privación de derechos políticos entre otros indicados por el
demandante, como lo advirtió el Ad Quo, no es menos cierto que el solo hecho de
9 Sentencia del 29 de noviembre de 2024, proferida en el proceso 11001-33-36-031-2023-00093-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
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Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
privar de la nacionalidad a una persona, genera que se pierda la existencia jurídica
del individuo, ya que se recuerda la nacionalidad como derecho fundamental implica
el vínculo legal de la persona con el Estado.
Vinculo que per se, significa la existencia jurídica del individuo y el disfrute de sus
derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, así como la delimitación
de las responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado como de
la persona.
En consecuencia, se tiene probado el daño antijurídico consistente en la privación
arbitraria de la nacionalidad del señor Luis Enrique Terraza Guillen, entre el 4 de
enero de 2022 y el 5 de mayo de la misma anualidad, daño que le genero la pérdida
de su vínculo jurídico con el Estado Colombiano, lo cual no constituye cosa diferente
a una violación a los derechos fundamentales del demandante”.
31. Lo anterior pone de presente que para la Sala de decisión que adoptó la
providencia cuestionada, el simple hecho de privar a alguien de su nacionalidad, sin
justificación válida comporta la pérdida de un vínculo con el Estado que, sin perjuicio
de la acreditación de otro tipo de afectaciones, comporta un daño inmaterial que
merece una reparación.
32. Esa consideración no se antoja arbitraria o caprichosa y, por el contrario, coincide
con lo que ha expuesto la jurisprudencia constitucional sobre ese tipo de situaciones.
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias T-183 de 2023 y T-419 de 2023
analizó casos similares al ahora debatido y, concluyó que existe un contexto
generalizado de vulneración de derechos que involucra la garantía al debido proceso
administrativo, así como otras prerrogativas iusfundamentales al interior del trámite
de anulación de registros civiles y de cancelación de cédulas de ciudadanía
adelantado por la RNEC. El alto Tribunal afirmó que:
<<La falta de observancia del debido proceso trae consigo graves implicaciones
para el disfrute de los derechos fundamentales de la población migrante a la que
se le había reconocido previamente la nacionalidad colombiana. Esta situación ha
ocasionado que varias personas se vean expuestas a: (i) la posibilidad de incurrir
en el delito de falsedad en documento público y de ser expulsados del territorio
nacional; (ii) la pérdida de sus cuentas bancarias y de subsidios del gobierno; (iii)
las afectaciones en sus registros de propiedad; (iv) la pérdida del derecho al voto
y del historial crediticio; (v) los obstáculos para acceder a trabajos formales; (vi) la
exclusión de programas de estudio; (vii) pueden ingresar a una situación
migratoria irregular; (viii) han sido desafiliados del SGSSS y se les ha negado la
prestación del servicio de salud y (ix) se expuso al riesgo de apatridia para los
hijos e hijas de los afectados; entre otras.>>
33. Por otra parte, se destaca que es contrario a la verdad la afirmación de la parte
actora concerniente a que el Tribunal accionado, de manera injustificada, aplicó la
presunción de la existencia de los perjuicios morales a circunstancia no
contempladas por el Consejo de Estado principalmente en la sentencia de unificación
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02799-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
del 28 de agosto de 2014. De la simple lectura del fallo acusado, es visible que la
autoridad judicial no hizo uso de ese precedente al momento de reconocer los
perjuicios morales, al punto que en dicho acápite ni siquiera lo citó o relacionó.
34.
Por tal motivo, los aludidos defectos dentro de la presente acción carecen de
relevancia constitucional, en la medida en que únicamente se visualiza que la
entidad actora está inconforme con la decisión adversa que obtuvo; por lo que
pretende con este mecanismo constitucional que su postura, relativa con el perjuicio
moral, sea acogida sobre la del operador judicial; circunstancia que no deja espacio
para el juez constitucional.
35. En
los términos precedentes, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo.
36. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado José David Riveros Namén,
portador de la tarjeta profesional 208.986 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los términos y para
los efectos del poder que reposa en el expediente.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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