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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02801-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02801-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2020-02890-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02801-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02801-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02801-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el amparo.
Vulneración al debido proceso. Desconocimiento del precedente
jurisprudencial

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Tribunal Administrativo
de Boyacá y por el señor Juan Carlos Villamil Villamil contra el fallo de tutela
de 25 de julio de 2025, mediante el cual la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de
la entidad accionante.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. En el año 2017, el señor Juan Carlos Villamil Villamil junto a su núcleo
familiar, en ejercicio del medio de control de reparación directa
presentaron demanda contra la Nación - Rama Judicial y la Nación -
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por los daños y
perjuicios que les fueron causados, con ocasión de la privación injusta
de la libertad del procesado Villamil Villamil.

1.2. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, en sentencia del

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02801-01

29 de agosto de 2019, declaró administrativa y patrimonialmente
responsables a las demandadas por los perjuicios morales causados,
con ocasión de la privación injusta de la libertad que tuvo que soportar
el señor Villamil Villamil, desde el 22 de mayo de 2015 hasta el 18 de
septiembre de 2015 y, en consecuencia, las condenó a pagar la suma
de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de
los demandantes.

1.3. Inconforme con la anterior decisión, tanto el extremo demandante como
las dos entidades demandadas presentaron recurso de apelación.

1.4. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2024, la Sala de Decisión
Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia de
primera instancia.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto desatendió la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, mediante la cual la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptó reglas de
unificación relativas al reconocimiento y monto de los perjuicios morales en los
eventos en los que se condena al Estado por privación injusta de la libertad.

Precisó que, debido a lo anterior, el tribunal accionado estableció un monto
indemnizatorio por concepto de perjuicio moral superior al fijado por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 2021. Por tanto, en su criterio, se configuró
el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02801-01

“[…] TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO de LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN vulnerados con la actuación de la
autoridad judicial accionada. (DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE)

DEJAR sin efecto la sentencia del 25-09-2024 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ- Sala de Decisión Cuarta. Ponente MG.
Diego Mauricio Higuera Jiménez.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, proferir
nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa
No. 15-001-3333-011-2017-00209-01 Demandante JUAN CARLOS
VILLAMIL VILLAMIL Y OTROS- Demandados NACIÓN- RAMA
JUDICIAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN teniendo en cuenta las
pretensiones y hechos de la demanda y la sentencia de unificación de
perjuicios morales por privación de la libertad del Consejo de Estado de
fecha 29 de noviembre de 2021. […]”.

II. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto carece de relevancia
constitucional. En tal sentido, precisó que el argumento planteado por la parte
actora no fue ventilado en el proceso contencioso mediante el recurso de
apelación, por lo que no resulta admisible que se pretenda reabrir dicho debate
a través de este mecanismo.

Sumado a lo anterior, indicó que la vulneración alegada es inexistente por
cuanto no incurrió en el desconocimiento del precedente, toda vez que en la
sentencia objeto de tutela se identificó la providencia supuestamente
desconocida y “se explicaron en derecho las razones por las cuales no era
aplicable en el caso bajo examen, que no fueron otras que las reglas de su
aplicación en el tiempo, sentadas por la misma decisión unificada”.

A partir de dicho análisis, explicó que, como la demanda fue presentada en el
año 2017, “[…] al caso no le era aplicable el precedente alegado como
desconocido” y que, en la providencia censurada, la Sala de conocimiento
acudió a pronunciamientos posteriores en los que la Sección Tercera de esta
Corporación “interpretó” las reglas temporales sentadas en la decisión
unificadora, como, por ejemplo, la sentencia proferida el 28 de octubre de

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2022, en marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-23-31-
000-2011-01344- 01(55130).

2. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja rindió informe en el
que informó que en el proceso con radicado 15001-33-33-011-2017-00209-00
no obraba la dirección física ni electrónica de los demandantes; sin embargo,
en el acápite de notificaciones de la demanda se encontraba la dirección de
notificación de la profesional del derecho que representó sus intereses en el
referido trámite.

3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que la sentencia
cuestionada se profirió el 25 de septiembre de 2024, fecha para la cual ya se
encontraban vigentes los criterios adoptados en la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 2021, relacionados con los topes máximos a reconocer
por concepto de perjuicios morales en los eventos en los que se pretende la
declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
Por tanto, resultaba imperioso para la autoridad judicial aplicar dicho criterio al
proceso contencioso.

4. Los señores Sebastián Villamil Pulido, Yinneth Villamil Pulido y Claudia
Elizabeth Pulido solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela,
“[…] porque trata temas que no fueron planteados en el recurso de apelación,
resaltando que no se puede a través de este medio una tercera instancia para
reabrir el debate del proceso”.

5. El señor Juan Carlos Villamil Villamil, a través de apoderada judicial, indicó
que el juez de primera instancia en el proceso de reparación directa fijó los
perjuicios morales, de conformidad con la sentencia de unificación vigente
para la fecha en que adoptó la decisión (29 de agosto de 2019).

Asimismo, expuso que contra dicha providencia la Fiscalía General de la
Nación interpuso recurso de apelación, sin que en sus motivos de
inconformidad incluyera la tasación de perjuicios morales realizada por el a
quo, motivo por cual, “[…] en virtud del principio de justicia rogada”, el juez de

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segunda instancia debía limitarse, como en efecto lo hizo, a estudiar
únicamente los aspectos que fueron objeto del recurso de alzada.

Por último, advirtió que la presente acción constitucional no satisface el
requisito de inmediatez, dado que la sentencia objeto de tutela se notificó el 8
de noviembre de 2024, mientras que la solicitud de amparo se radicó el 12 de
mayo de 2025. Es decir, más de seis meses después de que se profiriera la
decisión a la que la entidad accionante atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.

III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo
de 25 de julio de 2025, amparó el derecho fundamental al debido proceso y,
en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 25 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y le ordenó proferir una
nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones allí expuestas.

Advirtió que la sentencia invocada como desconocida por la parte accionante
-sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021- constituye un
precedente vinculante para el caso de estudio, razón por la cual, en principio,
las reglas allí fijadas a modo de unificación de jurisprudencia debieron ser
aplicadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia aquí
cuestionada.

Precisó que el Tribunal Administrativo de Boyacá se abstuvo de aplicar las
reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 2021, sin cumplir con la estricta carga argumentativa que, como
lo determinó la Corte Constitucional, se le impone a los operadores judiciales
para apartarse de una decisión que constituye precedente.

Por tanto, concluyó que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho al
debido proceso, por haber incurrido en desconocimiento del precedente, ya
que condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a pagar,

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por concepto de daños morales, una suma de dinero que desborda los criterios
fijados en la providencia de unificación vigente.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá impugnó el fallo del a quo, al
considerar que la decisión adoptada se encuentra ajustada a derecho, en tanto
se fundamentó en la normativa vigente y en la jurisprudencia del Consejo de
Estado según la cual los perjuicios morales para la fecha en que se profirió la
sentencia de primera instancia (29 de agosto de 2019), correspondían a 50
SMLMV para la víctima y sus familiares en primer grado de consanguinidad,
de acuerdo a la sentencia de unificación de la Sección Tercera proferida el 28
de agosto de 2014, Exp. 68001-23- 31-000-2002-02548- 01 (36149).

Sostuvo que la sentencia objeto de tutela no puede considerarse como
constitutiva de un desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto que
se dio aplicación a una sentencia de unificación vigente al momento de la
decisión del juez de primera instancia.

En conclusión, afirmó que la decisión adoptada por el tribunal se encuentra
jurídicamente justificada, toda vez que se basó en la aplicación de un
precedente jurisprudencial vigente al momento en que se profirió la sentencia
de primera instancia, sin que existiera un mandato expreso de retroactividad
respecto de la posterior sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021;
además, la Fiscalía General de la Nación omitió controvertir de forma concreta
y técnica el monto reconocido por concepto de perjuicios morales en su
recurso de apelación, lo que imposibilitaba a esa Corporación modificar o
replantear un aspecto no impugnado conforme al principio de congruencia
procesal.

2. El señor Juan Carlos Villamil Villamil, a través de apoderada judicial,
impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que el a quo al adoptar
dicha decisión no tuvo en cuenta que los argumentos expuestos por la parte
actora no fueron ventilados dentro del recurso de apelación dentro del proceso

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de reparación directa, como tampoco en la etapa de alegatos de conclusión,
razón por la que no se debe conceder el amparo deprecado.

Adujo que aplicar retroactivamente las reglas de unificación contenidas en la
sentencia del 29 de noviembre de 2021 a su caso vulnera los artículos 29 y 58
de la Constitución Política.

Expuso que la Corte Constitucional, en sentencias SU-120 de 2003 y SU-442
de 2016, precisó que “[…] los cambios jurisprudenciales no pueden operar
regresivamente para afectar de forma negativa situaciones jurídicas
consolidadas, lo cual ocurre en el presente caso”, por cuanto que, para la fecha
en que se profirió la sentencia de primera instancia existía un precedente que
establecía los montos a indemnizar por concepto de perjuicio moral.

Advirtió que, en el proceso ordinario, “[…] ninguna de las partes recurrió la
tasación de perjuicios morales en primera instancia y por ello no era
susceptible de efectuarse modulación sobre este reconocimiento, dado que,
según los artículos 305 C.G.P. y 270 del CPACA, el juez de segunda instancia
solo puede pronunciarse sobre los puntos expresamente cuestionados en la
apelación”.

Igualmente, manifestó que “[…] la reducción de la indemnización de 200
SMLMV a 48,29 SMLMV supone una afectación sustancial a la reparación
integral garantizada por el artículo 90 de la C.P. y desarrollada en
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte IDH”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí controvertida vulneró el derecho
fundamental invocado por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en desconocimiento del precedente jurisprudencial.

3. Caso concreto

3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad,
en razón a que: i) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial3; ii) la acción de tutela
se presentó dentro de un término razonable; iii) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) no se alega la existencia de una
irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y v) la
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de tutela.

2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
El recurso extraordinario de unificación en este caso no resulta procedente, por cuanto la condena no supera la
cuantía mínima prevista en el numeral 4 del artículo 270 del CPACA.

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Respecto del requisito de relevancia constitucional, cabe mencionar que este
se tiene por cumplido siempre que se evidencie, a primera vista, la posible
afectación o vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial
de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces4.

En el presente asunto, se tiene por satisfecho este requisito, por cuanto la parte
actora identificó y explicó la garantía constitucional que alega vulnerada por
parte del tribunal, adicionalmente, argumentó la presunta vulneración desde la
óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a este bien jurídico
superior, motivo por el cual la inconformidad no gira respecto de un asunto de
mera legalidad de la decisión atacada, sino que involucra el derecho fundamental
presuntamente vulnerado a la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de
haberse desatendido la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021.

3.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

En el caso objeto de estudio, la Fiscalía General de la Nación solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, al
haber proferido la sentencia de 25 de septiembre de 2024 dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
15001-3333-011-2017-00209-01.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante
sentencia de 25 de julio de 2025 amparó el derecho fundamental al debido
proceso de la parte accionante, al considerar que el tribunal incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 2021.

4 Corte Constitucional, sentencia de tutela T-102 de 2006, Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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Inconforme con la anterior decisión, tanto el tribunal accionado como el señor
Juan Carlos Villamil Villamil impugnaron, en síntesis, al considerar que la
decisión objeto de tutela se encuentra debidamente fundamentada y que la
parte actora no planteó el argumento que aquí expone dentro del proceso de
reparación directa.

Ahora bien, el tribunal accionado resolvió confirmar la sentencia de primera
instancia, que declaró administrativa y patrimonialmente responsables a las
demandadas por los perjuicios morales causados a la parte demandante, con
ocasión de la privación injusta de la libertad que tuvo que soportar el señor
Juan Carlos Villamil Villamil, por el lapso de aproximado de 3 meses y 28 días,
desde el 22 de mayo de 2015 hasta el 18 de septiembre de 2015; y las condenó
a pagar la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada
uno de ellos, al circunscribir el análisis de segunda instancia a los argumentos
expuestos en los diferentes recursos de apelación, así:

i) Respecto de los argumentos planteados por las entidades
demandadas, la autoridad judicial accionada concluyó lo siguiente:

“[…] 96. La privación de la libertad del señor Villamil, basada en
pruebas insuficientes y no corroboradas, no solo fue una medida
desproporcionada, sino que también vulneró sus derechos
fundamentales. No se verificó el cumplimiento de las exigencias
legales necesarias para justificar dicha medida, lo que evidencia una
falla en el servicio por parte de la Fiscalía y los juzgados
involucrados.

97. En conclusión, la Sala encuentra que la privación de la libertad
del señor Juan Carlos Villamil no cumplió con los requisitos legales
y probatorios necesarios, vulnerando sus derechos fundamentales
y garantías procesales. La falta de una valoración adecuada de las
pruebas y la imposición de una medida de aseguramiento sin
fundamentos sólidos constituyen una conducta reprochable por
parte de las autoridades judiciales, lo que justifica la responsabilidad
del Estado por los daños causados al demandante. [...]”.

ii) Luego de lo anterior, el tribunal accionado se pronunció respecto del
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, así:

“[…] la Sala considera que no le asiste razón a la apoderada de la
parte demandante, dado que, si bien el abogado CETINA ACOSTA

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actuó como defensor de JUAN CARLOS VILLAMIL VILLAMIL
durante el desarrollo del proceso penal que culminó con la
preclusión de la acción penal en favor del demandante, no se probó
de manera indiscutible que este hubiera incurrido en el gasto de
OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) por concepto del pago
de honorarios profesionales a su defensor en dicho proceso penal.

109. En cuanto al lucro cesante, […]

110. La Sala concuerda con el análisis efectuado por el A quo en
esta pretensión, pues considera que, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Consejo de Estado, no se ha
aportado una prueba fehaciente que permita determinar la cuantía
solicitada por el accionante. […]”.

iii) Finalmente, en la sentencia objeto de tutela, la Sala de Decisión
Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá concluyó “[…] que debe
confirmarse la sentencia apelada, en cuanto a la condena impuesta y en
cuanto a que se denegó el pago de perjuicios materiales en la modalidad
de daño emergente y lucro cesante”. [Subrayas por fuera del texto
original]

Se advierte que, en la sentencia del 29 de noviembre de 2021 la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 270 del CPACA, sentó jurisprudencia en relación con el
reconocimiento y monto de los perjuicios morales en casos de responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad. En tal sentido, se fijaron las
siguientes reglas respecto de los topes máximos de indemnización:

“[…] a.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

b.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

• Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV).

• Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes (5 SMLMV) por 30 días.

• La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima

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directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada. […]”5. [Negrillas originales del texto]

En esa misma providencia, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación estableció la temporalidad de la aplicación de las reglas
jurisprudenciales asociadas a los topes indemnizatorios, en los siguientes
términos:

“[…] 69.- En relación con la determinación de los topes máximos por
perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia será
aplicada de inmediato. Aunque como quedó explicado anteriormente no
es posible dar un valor pecuniario a los perjuicios morales, es entonces
necesario que, mediante sentencia de unificación con carácter vinculante,
se determinen sus topes máximos, con base en criterios generales de
proporcionalidad.

70.- El hecho de que los demandantes no conocieran estos topes en
el momento en que interpusieron sus demandas no afecta la
<confianza legítima>. El derecho a la reparación de perjuicios sufridos
como consecuencia de la privación de la libertad no es un derecho
patrimonial que nazca de un acto jurídico (unilateral o bilateral) en el cual
la parte se acoge a determinada regla que no puede ser modificada
posteriormente. Tampoco puede considerarse que la demanda fue
presentada pensando en obtener determinado monto de perjuicios y que
la confianza en ese resultado se alteró al establecerse otro monto.

71.- El derecho a la igualdad en este caso se garantiza aplicando la
sentencia de manera similar a todos los casos que se fallen luego de
su ejecutoria. Suponer que tal derecho solo se garantiza si se le otorga
el mismo monto de perjuicios morales a todas las personas que
presentaron la demanda durante determinado periodo de tiempo
carece de fundamento; la fecha en la cual se presentó la demanda no
tiene en este caso ningún tipo de relevancia para estructurar tal derecho,
como sí puede tenerla frente a quienes en ese momento consideraban
que podían acogerse a la presunción jurisprudencial de perjuicios morales
para los hermanos.

72.- Esgrimir el derecho de igualdad para impedir la aplicación
inmediata de los topes de perjuicios morales implicaría considerar
que los mismos no pueden ser modificados por la jurisprudencia.
Implicaría también considerar que, con base en el mismo derecho de
igualdad, no existe justificación para que en relación con las demandas
presentadas con posterioridad a este fallo se apliquen los nuevos topes.
[…]”. [Negrillas de la Sala]

Para la Sala resulta claro que la sentencia de unificación del 29 de noviembre

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-000-2006-00178-01(46681).

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de 2021 fijó reglas jurisprudenciales respecto de los topes máximos
indemnizatorios por concepto de perjuicios morales en casos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, con efectos
retrospectivos, motivo por el cual se deben aplicar a todos los casos que se
encuentren pendiente de resolver.

Por tanto, la Sala encuentra que la sentencia del 29 de noviembre de 2021
constituye un precedente obligatorio y vinculante para todos los operadores
judiciales, la cual, valga mencionarlo, modificó6 el precedente fijado por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 28 de
agosto de 2014 (Exp. No. 36149).

De ahí que el tribunal accionado debía acudir a su aplicación para efectos de
establecer si la indemnización por perjuicios morales ordenada por el juez de
primera instancia debía ser confirmada, modificada o revocada.

Sin embargo, el tribunal accionado en la sentencia objeto de tutela no efectuó
un análisis respecto de los perjuicios morales, ni sobre su reconocimiento o
tasación y, mucho menos hizo referencia a la sentencia de unificación del 29
de noviembre de 2021. Por tanto, omitió el deber de exponer con claridad,
suficiencia, objetividad y precisión las razones de orden jurídico por las cuales
el criterio fijado en una sentencia de unificación por el Consejo de Estado no
era aplicable en el caso concreto.

Cabe destacar que, contrario a lo expuesto por los impugnantes, el tribunal
accionado se encontraba en el deber de pronunciarse sobre la liquidación de
perjuicios, aunque no haya sido controvertido expresamente en los recursos
de apelación, en tanto que la sentencia de primera instancia fue apelada por
todos los sujetos procesales, lo que facultaba al juez resolver sin limitaciones
en segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 del

6
Dicho cambio de precedente, tal como se precisó en la sentencia de 29 de noviembre de 2021, obedeció a que
aquella línea jurisprudencial (sentencia del 28 de agosto de 2014) presentaba dificultades asociadas a que; “[…] (i)
no precisa si los montos establecidos en la tabla corresponden a rangos o topes de indemnización y (ii) no establece
una indemnización progresiva, en función del tiempo de detención, dado que prevé una mayor cuantía para el primer
período establecido en la tabla (detenciones con una duración igual o inferior a un mes), que decrece en los periodos
posteriores, lo que arroja resultados que no resultan proporcionales”.

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Código General del Proceso7.

Sumado a lo anterior, esta Sala comparte a plenitud el raciocinio efectuado por
el a quo, que se reitera y acoge como propio, cuando sostuvo que no “[…]
resulta razonable exigir a la Fiscalía General de la Nación que formulara un
reproche por la falta de aplicación de los criterios de unificación en el recurso
de alzada. En primer lugar, porque, como ya se razonó anteriormente, la
observancia de los precedentes, con mayor razón si se trata de una
providencia que unifica criterios frente a un determinado asunto, como ocurre
en este caso, constituye una obligación del operador judicial. Y, en segundo
lugar, por la simple razón de que en el momento en que se dictó la sentencia
de primera instancia y se interpuso el recurso (septiembre de 2019), la decisión
de unificación del 29 de noviembre de 2021 todavía no se había proferido”.

En este contexto, debe resaltarse que, contrario a lo manifestado por los
impugnantes, la jurisprudencia aplicable al caso que es objeto de censura por
esta vía constitucional era aquella que se encontrara imperante para el
momento en que la autoridad resolviera la litis, y no el criterio jurisprudencial
que se encontraba vigente para la fecha la presentación de la demanda o de
la sentencia de primera instancia.

Ello, en razón a que, tal como lo explicó esta Sección en sentencia de 8 de
octubre de 2020, “[…] la aplicación del precedente jurisprudencial debe
hacerse retrospectivamente. Esto quiere decir que aquellos casos que se
encuentren pendientes de resolver deben ser resuelto de acuerdo con lo
dispuesto en el precedente jurisprudencial actualmente vigente”. En dicha
oportunidad, se agregó lo siguiente:

“[…] esta Sala estima que el derecho jurisprudencial es dinámico. Por lo
que, si bien el precedente es vinculante, no puede perderse de vista que
los jueces se encuentran facultados de apartarse de un precedente,

7
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones […]”. [Subrayas de la Sala]

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siempre y cuando, motiven razonadamente las razones por las cuales se
apartan del mismo.

41. Aunado a lo anterior, no puede ignorarse que la existencia de un
precedente jurisprudencial no genera un derecho adquirido por
parte de quien acude ante la administración de justicia. El derecho
adquirido, en estos eventos, proviene de una decisión judicial que hace
tránsito a cosa juzgada y, por ende, no es posible señalar que se haya
vulnerado una garantía constitucional asociada a la existencia de un
derecho adquirido, como consecuencia de un cambio jurisprudencial. En
este contexto, la Sala resalta que los cambios jurisprudenciales no
crean regímenes de transición.

(…)

52. En conclusión, la Sala estima que: i) la aplicación retrospectiva
del precedente judicial resulta acorde con lo señalado por esta
Corporación en su jurisprudencia; ii) el precedente jurisprudencial no
crea una situación de derecho adquirido, sino que, para que se configure
un derecho adquirido resulta indispensable que el asunto se encuentre
cobijado por la cosa juzgada; iii) la aplicación retrospectiva del
precedente en el caso concreto no lesiona el derecho de acceder a
la administración de justicia. […]”8 (Negrillas por fuera del texto original)

En conclusión, la Sala confirmará el fallo impugnado que concedió el amparo
deprecado por la entidad accionante, al haberse evidenciado que la autoridad
accionada desatendió las reglas de unificación relacionadas con los montos
máximos de indemnización por perjuicios morales y su forma de tasación en
los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad,
y no justificó los motivos por los cuales se apartaba del precedente, en
términos de transparencia y argumentación suficiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 25 de julio de 2025, proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de octubre de 2020.
Exp. 11001-03-15-000-2020-02890-01.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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