Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02806-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de julio de 2025
Demandantes: Sandra Viviana Alfaro Yara y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02806-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02806-00
Demandantes: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín,
en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión y Sala Unitaria, así
como contra el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, con el fin de que les sean protegidos sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
Consideraron vulneradas dichas garantías con los autos de 13 de junio y 23
de octubre de 2024, proferidos por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, confirmados mediante autos de 20 de junio y 6
de noviembre de la misma anualidad por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión y Sala Unitaria, en los que se les
impuso a las accionantes multa equivalente a un (1) SMLMV, por el
incumplimiento del fallo proferido dentro del radicado 05001-33-33-013-2023-
00293-00/01, correspondiente al proceso de tutela promovido por el señor
Jhonn Fredy Portacio Gómez en contra de la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).
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Sala Séptima de Decisión y otro
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TRECE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar las sanciones
impuestas a las suscritas, a través de autos fechados del 13 de junio de
2024 y 23 de octubre de 2024, confirmadas en autos de fechas 20 de junio
de 2024 y 06 de noviembre de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA –SALA UNITARIA, consistente en multa equivalente a un
(01) SMLMV, contra las suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo
las solicitudes de inaplicación de la sanción presentada por parte de la
Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro del
trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de multa impuesta en autos del 13 de junio de 2024
y 23 de octubre de 2024, que las mismas se han levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de
tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la
jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la
orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con
base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato»1.
1.3. Hechos
La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, originaron la acción de
tutela y el incidente de desacato, los cuales, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Jhonn Fredy Portacio Gómez interpuso acción de tutela contra la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante -
UARIV) por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
Por reparto, la acción de amparo correspondió al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín el cual, mediante fallo de 10
de octubre de 2023, tuteló el derecho fundamental deprecado por el
accionante y ordenó:
1 Transcripción original
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«(…) SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS UARIV, que en el término de
cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a informar al accionante el resultado que arrojo la aplicación del
método técnico de priorización efectuado el 25 de agosto de 2023 o, en caso de
no tener aun su consolidado, en ese mismo termino le hará saber la fecha
exacta en la cual se obtendrá y lo comunicará al accionante, de tal forma que se
pueda establecer si la medida de indemnización administrativa será entregada
en la presente vigencia fiscal (…)».
La Unidad para las Víctimas impugnó la decisión de tutela del 10 de octubre
de 2023. Por su parte, el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez solicitó ante el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín iniciar
incidente de desacato por no cumplir con el fallo de tutela.
El juzgado accionado, mediante providencia del 20 de octubre de 2023,
requirió a la UARIV para que informara sobre las actuaciones desplegadas
con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida en el fallo del 10 de
octubre de 2023.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, mediante
sentencia del 1° de noviembre de 2023, modificó el fallo de tutela del 10 de
octubre de 2023 y ordenó a la UARIV que, en el término de cuarenta y ocho
(48) contadas a partir de la notificación de esa providencia, procediera a
informar al accionante si en el resultado que arrojó la aplicación del método
técnico de priorización se le incluyó en el pago a la indemnización y si no,
indicara el plazo razonable en el cual tendría acceso efectivo a la medida de
indemnización administrativa que le fue reconocida.
A su vez, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
mediante auto de 18 de diciembre de 2023, dio apertura del incidente de
desacato y en auto de 13 de junio de 2024 declaró que la funcionaria Sandra
Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora técnica de la UAIRV, incurrió en
desacato a la orden contenida en el fallo del 10 de octubre de 2023,
modificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 1 de
noviembre de 2023, y le impuso una sanción de un (1) salario mínimo
mensual legal vigente.
Por lo anterior, consultó lo decidido ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el cual, en Sala Unitaria, mediante providencia del 20 de junio de
2024, confirmó la sanción impuesta.
La UARIV, en fecha 17 de junio de 2024, presentó memorial en el que reiteró
la imposibilidad de dar fecha cierta para pagar la indemnización o entregar
turnos para la entrega de la misma y además solicitó la revocatoria de la
sanción impuesta.
Mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2024 el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, notificó del requerimiento
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previo a otro incidente de desacato interpuesto por el accionante, a través del
cual solicitó el informe de cumplimiento al fallo de referencia.
Posteriormente, en auto del 19 de septiembre del 2024, el despacho
accionado a solicitud de la parte accionante admitió el nuevo incidente de
desacato y mediante auto de 23 de octubre de 2024, resolvió imponer una
segunda sanción, esta vez a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín e
imponerle una multa de un (1) SMLMV. En grado de consulta, mediante
providencia de 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Unitaria confirmó la sanción impuesta.
La UARIV presentó ante el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín solicitudes de inaplicación de las sanciones y modulación a los
fallos los días 14 de septiembre, 7 de noviembre y 7 de diciembre de 2024 y
2 de abril de 2025, reiterando que de acuerdo con el acto administrativo de
reconocimiento Resolución No. 04102019-860642 del 25 de noviembre de
2020 y el resultado del método técnico de priorización del año 2024, se
concluyó que, para el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, no era procedente
materializar la entrega de la indemnización por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, en la respectiva vigencia fiscal correspondiente al
año 2024.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte accionante sostuvo que con los autos reprochados las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
Expresaron que, con las providencias controvertidas, se incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las
reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia,
modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el
pago de indemnización administrativa, máxime cuando la UARIV realizó
solicitud de modulación y la misma no fue analizada y resuelta por el a quo.
Así mismo, alegó la configuración de un defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio allegado al proceso, como fueron los
informes emitidos por la entidad, la resolución que resolvió el reconocimiento
a la medida indemnizatoria y el oficio de no favorabilidad del actor.
Consideró que tampoco se tuvieron en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso
administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es
el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las
demás víctimas.
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Expresó que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento dado
tanto al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín como
al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Decisión y Sala
Unitaria, en los que se manifestó el resultado de la aplicación del Método
Técnico de Priorización y la imposibilidad de indicar el plazo razonable en el
cual el actor tendría acceso efectivo a la medida de indemnización
administrativa que le fue reconocida, vislumbrando un hecho superado
respecto del objeto de la litis propuesta en la acción constitucional.
Señaló que, además, se presentó una violación directa de la Constitución por
cuanto con las decisiones de las autoridades accionadas se evidenció
abiertamente la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima en el sistema judicial y buena
fe, por desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución
01049 de 2019.
Indicó que existía una imposibilidad material para el cumplimiento del fallo
por parte de la UARIV, pues no era factible indicar un plazo razonable en el
cual tendría acceso efectivo el señor Portacio Gómez a la medida de
indemnización administrativa que le fue reconocida. Lo anterior, comoquiera
que la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia, deben
cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por
cuanto no es viable jurídica ni materialmente indemnizar a todas las víctimas
al mismo tiempo, como en efecto lo reconoce la Corte Constitucional en la
sentencia C-753 de 2013.
Adujo que el Método Técnico de Priorización es la herramienta que
determina el orden de pago de las personas que no se enmarcan en las
situaciones del artículo 4° de la resolución 1049 de 2019, pero que según la
evaluación de otros factores sí era necesario apremiar el pago de la
indemnización administrativa.
Explicó que la entidad depende de un presupuesto anual que se deberá
distribuir en las personas que sean priorizadas por el artículo 4° de la
resolución 1049 y las que resulten favorables luego de la aplicación del
Método Técnico de Priorización.
Alegó que a la UARIV no le es posible presupuestalmente indemnizar a más
de 9.237.05 víctimas al tiempo, máxime cuando se encuentra en una crisis
presupuestal reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 206 del 28 de
abril de 2017.
Indicó que, si bien el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez ostenta la calidad
de persona víctima del conflicto armado, no presenta alguna otra situación
que lo ponga en un evidente entorno de vulnerabilidad o urgencia manifiesta,
por lo que resulta absolutamente lógico dar prelación a otras personas que sí
presenten circunstancias de priorización.
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1.5. Trámite
Mediante auto de 14 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y
al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en calidad
de accionados; así mismo se dispuso comunicar al señor Jhonn Fredy
Portacio Gómez y a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - UARIV como terceros con interés en las resultas del
proceso.
De igual forma se negó la solicitud de medida provisional, pues de la sola
lectura de la demanda y las pruebas allegadas por las accionantes no se
podía inferir una duda razonable acerca de que las entidades incurrieran en
una actuación ilegal que evidenciara, en ese momento, la vulneración de
derechos que sustentaba la petición de amparo.
Encontrándose el expediente para resolver la acción de tutela, se observó
que no se vinculó formalmente a la Sala Séptima de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia y que pese haberse ordenado la notificación a los
magistrados que integran la Sala Unitaria de esa corporación, esta no se
realizó a la sala mencionada, sino que se efectuó a la Secretaría General de
ese Tribunal.
Razón por la cual se ordenó vincular a la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia y notificar correctamente a la Sala
Unitaria de esa corporación judicial.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
La titular del despacho remitió el enlace correspondiente al expediente
05001-33-33-013-2023-00293-00 con todas las actuaciones desplegadas.
Así mismo, manifestó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y
que todo el trámite cumplido se efectuó con apego a las disposiciones
constitucionales y legales que regulan este tipo de procesos, razón por la
cual pidió negar las pretensiones solicitadas.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia
Mediante oficio de 20 de mayo de 2025, manifestó que el expediente
requerido se encuentra cargado en el aplicativo de gestión judicial SAMAI,
remitiendo el enlace del mismo.
1.6.3. Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Antioquia
El magistrado ponente de la providencia del 20 de junio de 2024 que
confirmó la sanción impuesta, expresó atenerse a la decisión que se adoptó
a partir de su posesión en el cargo, sin perjuicio de señalar estar presto y
atento a acatar lo que se disponga.
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La Sala Séptima De Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la
UARIV y el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, pese a ser notificados en
debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio de las accionantes con ocasión de los autos
proferidos dentro del incidente de desacato con radicado 05001-33-33-013-
2023-00293-00/01 instaurado por el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez en
contra de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de
Víctimas (UARIV).
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) procedencia de la acción de tutela contra autos
que resuelven incidente de desacato; iii) cumplimiento de las órdenes de
tutela y el incidente de desacato; iv) requisitos adjetivos de procedibilidad; v)
generalidades de los defectos alegados y, vi) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.» (Negrilla fuera de texto)
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Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra autos que resuelven
incidente de desacato
Al respecto, la Corte Constitucional a manifestado lo siguiente:
La acción de tutela procede excepcionalmente, siempre que logre verificarse
la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
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medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones
que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe
tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán
ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en
ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para
promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela
interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a
la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería
revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.
Por lo tanto, la acción de tutela sí es procedente en contra de decisiones que
se profieran dentro del trámite de un incidente de desacato, lo que no está
permitido es que el juez se pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió
para promover el incidente.
2.5. Cumplimiento de las órdenes de tutela y el incidente de desacato
Con el objetivo de evitar que las órdenes de tutela resulten inocuas, el
Decreto 2591 de 1991 dotó al juez constitucional de una serie de
mecanismos y facultades que le permiten compeler su cumplimiento de parte
de la autoridad o particular obligados a acatar las medidas de protección. De
allí se derivan poderes de coacción y sanción para lograr el efectivo
acatamiento de las decisiones de amparo.
Las potestades sancionatorias se encuentran previstas en el artículo 52 ibid.
y las ejerce el juez por medio del incidente de desacato, que tiene como
finalidad sancionar al funcionario o particular renuente a acatar las
determinadas órdenes de tutela. El referido artículo, a la letra, establece:
«ARTICULO 52.-Desacato. La persona que incumpliere una orden de una juez
proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con
arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales,
salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica
distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción
será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada
al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse».
El desacato apunta a una responsabilidad de tipo subjetivo, esto es, impone
analizar el grado de culpabilidad en que haya incurrido el funcionario o
particular renuente, y las circunstancias que hayan rodeado su conducta, de
modo que el incidente es una herramienta de carácter disciplinario con la que
cuenta el juez de tutela para imponer sanción de arresto o multa a quien de
manera negligente e injustificada incumpla la orden judicial.
Dado que el carácter de una de las sanciones que procede por desacato es
de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la persona natural
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(funcionario o particular) encargada de acatar la decisión, y no la persona
jurídica.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que la
sanción por desacato no se puede imponer a la entidad sino al servidor
público que, vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta
responsable del incumplimiento de la orden de tutela. En concreto, se ha
dicho:
«Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien
ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí
que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría
tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme
el auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como
autoridad, cumplir la orden»2
De esta manera, es evidente que durante el trámite incidental debe
garantizarse en su mayor expresión el derecho al debido proceso y a la
defensa de la persona natural contra quien se dirige el incidente.
Para tal resultado, el juez de primera instancia que conozca debe actuar de
la siguiente manera: 1) identificar el funcionario o particular en quien recayó
la orden u órdenes judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al que se
le impuso la obligación de cumplirlas; 2) darle traslado al incidentado para
que presente sus argumentos de defensa; 3) si es necesario, practicar las
pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para emitir decisión;
4) resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si la orden judicial
fue desacatada y, segundo, si la persona obligada a cumplirla actuó con
negligencia u omisión injustificada, para en caso afirmativo, imponer la
respectiva sanción y 5) siempre que haya sancionado, enviar el incidente al
superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
2.6. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
Esta Sala de decisión encuentra que no existe cuestionamiento en relación
con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales
controvertidas se profirieron en el marco del incidente de desacato dentro de
la acción de tutela radicado 05001-33-33-013-2023-00293-00/01, el cual fue
promovido por el señor el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez contra la
UARIV.
2.6.2. Relevancia Constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Álvaro
González Murcia. Expediente 2000-90021-01(AC-9514). Actor: Departamento de
Cundinamarca, Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.
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Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico3 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite4, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario 5”, so pena de involucrarse en
cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
En tales condiciones, se advierte que este requisito se encuentra superado,
en razón a que la parte actora explicó de manera diáfana por qué le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio, por haber incurrido las autoridades
judiciales accionadas en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de
la Constitución.
Lo anterior, al imponerles sanciones por el incumplimiento de una orden de
tutela, a pesar de que durante el trámite incidental y en las diversas
solicitudes de inaplicación de dichas sanciones se les explicó de la
imposibilidad jurídica para informarle al señor Jhonn Fredy Portacio Gómez,
una vez aplicado el método técnico de priorización, el plazo razonable en el
cual tendría acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa que
le fue reconocida.
Por lo tanto, se puede establecer que se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, por cuanto el asunto a tratar no se trata de
cuestiones económicas ni de interpretación de tipo legal, sino que la
discrepancia versa sobre la posible vulneración de principios constitucionales
3 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso
a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
4 Sentencia T-606 de 2000
5 Ibidem
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como son el debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio.
Por ello, se puede establecer que se acreditan los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ante la posible transgresión de las
garantías constitucionales de las accionantes.
2.6.3. Inmediatez
Frente a este requisito, en lo que tiene que ver con la señora Lilia María
Rodríguez Albarracín, se advierte que la última providencia cuestionada
corresponde al auto del 6 de noviembre de 2024, cuya notificación personal
por medios electrónicos se realizó mediante correo electrónico enviado en la
misma fecha, quedando así ejecutoriada el 14 del mismo mes y año.
En tal sentido, comoquiera que la acción de tutela fue radicada el 12 de
mayo de 2025, es evidente que fue presentada dentro del término razonable
de seis meses, que constituye el plazo prudencial previsto
jurisprudencialmente para solicitar el amparo constitucional.
Respecto de la señora Sandra Viviano Alfaro Yara, se tiene que la última
providencia cuestionada fue proferida el 20 de junio de 2024 y notificada por
estado al día siguiente, por lo que cobró ejecutoria el 26 de junio del mismo
año.
En este caso, aunque la solicitud de amparo se presentó fuera del plazo
prudencial de 6 meses, la Sala considera necesario flexibilizar la aplicación
de este requisito en el caso concreto, como ya se ha hecho en otras
oportunidades por la Sala, en la medida en que la accionante ha presentado
múltiples solicitudes de inaplicación de la sanción y de modulación del fallo
que concedió el amparo, las cuales hasta el momento no han sido resueltas
por la autoridad judicial, pese a que ha transcurrido más de un año de su
radicación y que, por el contrario, adelantó un nuevo incidente de desacato
por el presunto incumplimiento de la orden de tutela.
Así pues, bajo la precisión anterior, también se entiende cumplido el requisito
de inmediatez en lo relativo a la señora Sandra Viviano Alfaro Yara.
2.6.4. Subsidiariedad
En consideración a que no existen otros medios de defensa judicial
disponibles, por tratarse de decisiones que interpusieron sanciones por
desacato, y a que las solicitudes e inaplicación aun no se han resuelto los
cuales no son susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el
Decreto 2591 de 1991.
Superados los requisitos de procedibilidad se analizarán los defectos
alegados y el fondo del asunto.
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2.7. Generalidades de los defectos invocados
2.7.1 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para
solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada
como tal. Esta decisión es vinculante para los demás operadores del sistema
jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás asuntos
que se basen en los mismos supuestos de hecho.
Para la Corte Constitucional, dicho precedente puede llegar a desconocerse
cuando: «(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es
la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte
resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela. El desconocimiento del precedente
constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al
debido proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía
constitucional, lo que constituye una razón de más que hace procedente la
acción de tutela contra la providencia atacada».6
Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al
definir directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de
la Constitución.
2.7.2. Defecto fáctico
El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción tutela contra
providencias judiciales se presenta cuando el juez no tiene el apoyo
probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la
decisión porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los
cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
6 Sentencia T-309/15
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Este se da cuando la autoridad judicial omite el decreto de pruebas, efectúa
una valoración caprichosa y arbitraria de las mismas, se separa de los
hechos probados dentro del proceso o no las valora en su integridad.
Por consiguiente, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo
que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial y la exigencia de una carga
argumentativa razonable.
2.7.3. Violación directa de la Constitución
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto puede
originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la
autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de
inconstitucionalidad.
Esto porque:
«La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo
y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca
del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso,
reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y
también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría
preceptos constitucionales…´.
(…)
El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su
cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la
Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico
colombiano.
Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría
principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las
autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En
estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun
cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso
particular. […]»7
2.8. Caso concreto
Las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín
alegaron vulneradas sus garantías fundamentales con ocasión de los autos
de 13 de junio y 23 de octubre de 2024 proferidos por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, confirmados mediante autos
de fecha 20 de junio y 6 de noviembre de la misma anualidad por el Tribunal
7 SentenciaT-689/2013
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Administrativo de Antioquia, en los que se les impuso a las accionantes multa
equivalente a un (1) SMLMV por el incumplimiento del fallo proferido dentro
del radicado 05001-33-33-013-2023-00293-00/01, correspondiente al
proceso de tutela promovido por el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez en
contra de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de
Víctimas (UARIV).
Consideraron las accionantes que los autos recurridos incurrieron en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente, fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, y violación
directa de la Constitución.
En lo que respecta al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
alegaron que no se tuvo en cuenta lo establecido en la Sentencia SU- 034 de
2018 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera instancia, modulen
el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa, máxime cuando la UARIV realizó solicitud de
modulación y la misma no fue analizada y resuelta por el a quo, por cuanto
debía evaluar que la falta de pago inmediato de la indemnización, no
obedecía a una actitud negligente del funcionario público sino al contexto de
un estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos en
el marco del conflicto armado.
Frente al defecto fáctico, consideraron que las autoridades accionadas, al
momento de estudiar los escritos emitidos por la UARIV, la resolución que
resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el oficio de no
favorabilidad del actor de la acción de amparo, dan por no probados el hecho
del incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso
administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto de como
es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado dentro del marco de igualdad entre las demás
víctimas.
En lo que atañe a la violación directa de la Constitución, manifestaron que se
evidenció la afectación de principios de constitucionales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima en el sistema judicial y buena
fe, por desconocer lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución
01049 de 2019.
La Sala observa que las autoridades judiciales accionadas, en las
providencias mediante las cuales impusieron las sanciones, acreditaron el
elemento objetivo del incumplimiento de la sentencia, pero no realizaron el
estudio correspondiente al elemento subjetivo, toda vez que el fundamento
de la decisión fue que: «la accionada UARIV ha incumplido con su obligación
de acatar la decisión contenida en el fallo de tutela, lo que implica que la
situación de vulneración que se pretendía cesar continúa vigente y la
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constante referencia a la aplicación indefinida del método técnico de
priorización como fundamento para no pronunciarse de fondo en los términos
de la orden constitucional».
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013
concluyó que las disposiciones normativas que establecen plazos y límites
en términos del presupuesto nacional no suponían una extralimitación del
principio de responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas
a la indemnización, por cuanto dicho principio «es un criterio orientador de
las ramas del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la
virtualidad de socavar derechos fundamentales».
Por lo tanto, son viables los criterios de priorización, así como el agotamiento
del procedimiento previsto por la Ley para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras
a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas, conforme a los
principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben
tomar en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo con la
finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad
financiera de hacerlo al mismo tiempo.
Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, en la
cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y
creó el método técnico de priorización para su desembolso.
El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método que se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago: «tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional
a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de
conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector».
Cabe indicar que el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 establece:
«Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a
este grupo poblacional.
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b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o
de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud.»
A partir de lo anterior, la UARIV en reiteradas oportunidades expuso en sus
informes que adoptó las diligencias pertinentes para dar cumplimiento a la
sentencia de tutela y aplicar el método técnico de priorización que dispuso la
Resolución 1049 de 2019, brindando respuesta de fondo al accionante
mediante comunicación LEX 7690632 del 20 de noviembre de 2023.
Si bien la UARIV le reconoció al señor Jhonn Fredy Portacio Gómez el
derecho a la entrega de la indemnización por medio de la Resolución
04102019-860642 del 25 de noviembre de 2020, le indicó que se aplicaría el
método técnico de priorización con el fin de determinar el momento de
entrega reconocida de conformidad con los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal, el cual arrojó que «NO es procedente materializar
la entrega de la medida indemnizatoria respecto de (de los) integrante(s)
relacionado(s) en la solicitud con radicado 3624989-15821939, por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO».
En la comunicación enviada el 17 de noviembre de 2023, la UARIV le
manifestó al señor Portacio Gómez que no se evidenciaba una situación de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, para su eventual priorización y
que su resultado había sido inferior al puntaje mínimo para acceder a dicha
medida indemnizatoria en esta vigencia.
En este orden de ideas, para la Sala, es evidente que se configuraron los
defectos alegados por los accionantes, toda vez que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín no podían pasar por alto y dejar de analizar los informes,
soportes y las solicitudes de inaplicación de las sanciones que fueron
aportados durante el trámite del incidente de desacato por parte de la
UARIV.
Dichos informes estaban encaminados a demostrar que, si bien, no se podía
señalar una fecha exacta para el desembolso de la indemnización
reconocida al señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, ello no se debió a un
desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al
derecho que le asiste, sino a la (i) la imposibilidad jurídica en aplicación de la
Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, (ii) la capacidad financiera con la
que cuenta la UARIV, así como (iii) la complejidad del trámite que se
mencionó en líneas precedentes y (iv) el resultado no favorable para la
entrega de la indemnización por aplicación del Método Técnico de
Priorización.
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Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín desconocieron lo expresado
en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, por medio de la
cual se establecieron los elementos que debe considerar el juez al resolver el
incidente de desacato en tutela, pues como se evidenció, omitieron valorar
desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento
y las solicitudes de inaplicación presentadas, que demostraban que el juez
no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de dicha
reparación.
Ello, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago están
sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados
por la UARIV, a la disponibilidad presupuestal y a los principios de
progresividad y sostenibilidad.
Por consiguiente, la Sala concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre
y al patrimonio de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María
Rodríguez Albarracín, quienes fueron sancionadas en el trámite incidental de
desacato dentro de la acción de tutela bajo radicado 05001-33-33-013-2023-
00293-00/01, ambas en calidad de directoras técnica de reparaciones de la
UARIV.
En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos del 13 de junio y 23 de
octubre de 2024 proferidos por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y 20 de junio y 6 de noviembre de la misma anualidad
dictados por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
y Sala Unitaria, en los que se les impuso sanción por desacato a
accionantes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará al Juzgado Trece Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, que en el término de diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una
providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
Sin perjuicio de esto, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método
técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el
respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al
señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela proferida el 10 de octubre de 2023 por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, modificada por la sentencia
del 1° de noviembre de la misma anualidad proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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III.FALLA:
PRIMERO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio de las señoras Sandra
Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín.
SEGUNDO: En consecuencia, déjanse sin efectos los autos de 13 de junio y
23 de octubre de 2024 proferidos por el Juzgado Trece Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, así como los autos del 20 de junio y 6 de
noviembre de la misma anualidad dictados por Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión y Sala Unitaria.
TERCERO: Ordenar al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
19
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