Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02806-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02806-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02806-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
18 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02806-01
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 18 de septiembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02806-01
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SÉPTIMA DE
DECISIÓN Y OTRO
Temas: Contra autos que impusieron sanción por desacato
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Jhonn Fredy Portancio Gómez contra la
providencia de 24 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta que
decidió:
«PRIMERO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez
Albarracín.
SEGUNDO: En consecuencia, déjanse sin efectos los autos de 13 de junio y 23 de octubre de 2024
proferidos por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, así como los autos del
20 de junio y 6 de noviembre de la misma anualidad dictados por Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y Sala Unitaria.
TERCERO: Ordenar al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de mayo de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, las señoras
Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín, pidieron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio.
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara y otra
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sanciones por
desacato que le fueron impuestas el 13 de junio y 23 de octubre de 2024, por el Juzgado
13 Administrativo de Medellín, confirmadas mediante autos de 20 de junio y 6 de
noviembre de 2024, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Unitaria, en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-013-2023-00293-00/02/04.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN, inaplicar las sanciones impuestas a las suscritas, a través de autos fechados del 13 de
junio de 2024 y 23 de octubre de 2024, confirmadas en autos de fechas 20 de junio de 2024 y 06 de
noviembre de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –SALA UNITARIA,
consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra las suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN,
proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción
presentada por parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro del
trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las consideraciones la
Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa impuesta en autos del 13
de junio de 2024 y 23 de octubre de 2024, que las mismas se han levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto
en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN Y SALA UNITARIA,
a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que
imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. La acción de tutela No. 05001-33-33-013-2023-00293-00
El señor Jhonn Fredy Portancio Gómez interpuso acción de tutela contra la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, al estimar vulnerado su derecho
fundamental de petición porque la entidad no le informó una fecha, plazo o turno para el
pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
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forzado que le había sido reconocida en la Resolución No. 04102019-860642 del 25 de
noviembre de 2020.
La tutela se adelantó bajo el radicado No. 05001-33-33-013-2023-00293-00 y
correspondió al Juzgado 13 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 10 de
octubre de 2023, amparó los derechos fundamentales del señor Jhonn Fredy Portancio
Gómez y ordenó a la UARIV que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
esa providencia, emitiera una respuesta de fondo a la petición radicada el 28 de junio de
2021, en la que le señalara un turno y una fecha cierta de entrega de la indemnización
que había sido conferida.
Inconforme, la UARIV impugnó y el 1° de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, la modificó en el sentido de que, en el evento de
que la aplicación del método de priorización arrojara que no era viable el pago, le indicara
un plazo razonable para el pago.
3.2. Primera sanción por desacato
El señor Jhonn Fredy Portancio Gómez promovió incidente de desacato y el Juzgado 13
Administrativo de Medellín mediante auto de 13 de junio de 2024 sancionó a la señora
Sandra Viviana Alfaro Yara en calidad de directora técnica de reparaciones de la UARIV,
con multa de un SMMLV por el incumplimiento de la orden judicial impartida a la entidad.
En grado jurisdiccional de consulta del 20 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Unitaria, confirmó la sanción impuesta.
El 14, 21 y 28 de junio de 2024, la UARIV solicitó la modulación e inaplicación de la
sanción respecto a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara. Reiteró que, si bien la entidad
reconoció al señor Portancio Gómez el derecho a recibir una indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, dicho reconocimiento
estaba sujeto a la aplicación del Método Técnico de Priorización. Que el accionante no
acreditó una situación de urgencia manifiesta ni de vulnerabilidad extrema, por lo que se
encontraba dentro de la regla general.
En oficio del 16 de julio de 2024, la UARIV reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción
respecto a la señora Alfaro Yara. Señaló nuevamente que a la entidad le resultaba
jurídicamente imposible establecer una fecha cierta y/o plazo de pago, porque la orden
de indemnización se encontraba sujeta a la aplicación del método técnico de priorización.
3.3. Segunda sanción por desacato
El 13 de septiembre de 2024, el señor Portancio Gómez promovió, nuevamente, incidente
de desacato. En esa misma fecha, el Juzgado 13 Administrativo de Medellín requirió a la
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UARIV previo a abrir el nuevo incidente de desacato, para que rindiera informe de
cumplimiento de la orden de tutela.
El 14 de septiembre de 2024, la UARIV dio respuesta al requerimiento previo e informó
que, mediante Comunicación No. 2024-1460031-1 del 14 de septiembre de 2024, le
comunicó al accionante que no había acreditado ninguna de las situaciones descritas en
los artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y 1° de la Resolución 582 de 2021,
consideradas como de urgencia manifiesta o de extrema vulnerabilidad para priorizar la
entrega. Agregó que el 8 de mayo de 2024 se aplicó el Método Técnico de Priorización
del año 2024, razón por la cual, antes de finalizar la vigencia fiscal del 2024, se le
informaría el resultado y se le indicaría si era posible la entrega de la indemnización
administrativa, de modo que no resultaba viable señalar un plazo en el que se
materializaría la medida.
El 19 de septiembre de 2024, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Medellín abrió
incidente de desacato contra la Lilia María Rodríguez Albarracín, porque no acreditó el
cumplimiento de la orden judicial del 10 de octubre de 2023, modificada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 1° de noviembre de 2023.
El 24 de septiembre de 2024, la UARIV informó que emitió nueva respuesta al señor
Portancio Gómez, mediante la Comunicación rad. 2024-1518613-1 de fecha 24 de
septiembre del 2024, en la que le indicó que, no acreditó ninguna de las situaciones de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad previstas en las Resoluciones 1049 de 2019
y 582 de 2021. Por ello, aplicó el «Método Técnico de Priorización» el 8 de mayo de 2024,
cuyo resultado fue no favorable, razón por la cual no procedía la entrega prioritaria de la
indemnización en la vigencia fiscal 2024. Señaló además que el método se aplicaría
nuevamente en 2025 y que la comunicación respectiva fue enviada al correo electrónico
registrado para notificaciones, con constancia del envío. Por último, solicitó la modulación
del fallo del 1° de noviembre de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión.
El Juzgado 13 Administrativo de Medellín el 25 de septiembre de 2024, sancionó a la
señora Lilia María Rodríguez Albarracín en calidad de directora técnica de reparaciones
de la UARIV con multa de un SMMLV, por el incumplimiento del fallo de tutela del 10 de
octubre de 2023, modificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión, el 1° de noviembre de 2023.
El 26 de septiembre de 2024, la UARIV reiteró al juzgado la imposibilidad de cumplir la
orden impartida por los mismos argumentos antes expuestos. Además, solicitó modular
el fallo de 1 de noviembre de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión, y que se revocara la apertura al incidente de desacato
respecto a la señora Rodríguez Albarracín. El proceso fue remitido a esta última
corporación.
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Mediante providencia del 4 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Unitaria, declaró la nulidad de todo lo actuado desde la notificación del auto del 19
de septiembre de 2024, por medio del cual el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Medellín dio apertura al incidente de desacato contra Lilia María Rodríguez Albarracín.
Advirtió las providencias que se dictaron con posterioridad al auto que abrió el incidente,
fueron notificadas a la señora Rodríguez Albarracín a una dirección electrónica
institucional y no a su correo personal por lo que en garantía de su debido proceso declaró
la nulidad de las actuaciones posteriores.
El 12 de octubre de 2024, la UARIV remitió nuevamente informe de cumplimiento al
Juzgado 13 Administrativo de Medellín y solicitó modular el fallo proferido el 1 de
noviembre de 2023, dada la imposibilidad jurídica en cuanto a indicar «el plazo razonable
en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización» y solicitó que se negará
la solicitud del incidente de desacato.
En providencia del 23 de octubre de 2024, el Juzgado 13 Administrativo de Medellín
declaró que la señora Lilia María Rodríguez había incurrido en desacato del fallo proferido
en las presentes diligencias el 10 de octubre de 2023 modificado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en sentencia del 1° de noviembre de 2023, y le impuso
sanción por un SMMLV.
El 24 de octubre de 2024, la UARIV rindió informe en grado jurisdiccional de consulta.
Reiteró las razones ya expuestas y nuevamente solicitó modular el fallo y revocar la
sanción impuesta a la señora Rodríguez Albarracín.
En grado de consulta, mediante providencia de 6 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria, confirmó la sanción impuesta.
El 7 de noviembre de 2024, la UARIV solicitó al juzgado modular el fallo del 1 de
noviembre de 2023, dada la imposibilidad jurídica en cuanto a indicar «el plazo razonable
en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización», inaplicar la sanción
impuesta el auto de 23 de octubre de 2024.
El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Medellín
requirió a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín para que en los tres días siguientes
a la recepción de ese oficio procediera al pago de la multa impuesta.
El 25 de noviembre de 2024, la UARIV rindió informe al juzgado sobre la imposibilidad de
indicar «el plazo razonable en el cual tendrá acceso efectivo a la medida de
indemnización», solicitó reconsiderar la inaplicación de la sanción respecto a la señora
Lilia María Rodríguez Albarracín, modular el fallo proferido el 1° de noviembre de 2023,
y desvincularla del trámite incidental.
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El 3, 10 y 24 de abril de 2025, la UARIV solicitó al Juzgado 13 Administrativo de Medellín,
pidió tener en cuenta las razones por las cuales no era procedente que diera
cumplimiento al fallo judicial, modular el fallo del 1° de noviembre de 2023 e inaplicar y/o
revocar las sanciones impuestas a las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María
Rodríguez Albarracín por autos de 13 de junio de 2024 y 23 de octubre de 2024,
respectivamente. Asimismo, pidió que fueran desvinculadas del trámite incidental.
Luego, el 2 y 15 de mayo de 2025, la UARIV reiteró su petición de inaplicar y/o revocar
las sanciones impuestas a las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez
Albarracín.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional porque la
multa continúa vigente aun cuando se acreditó la imposibilidad de cumplir el fallo. Que
fueron agotados todos los mecanismos judiciales, dado que solicitaron el levantamiento
de la sanción y modulación de la orden de amparo y no existe recurso adicional alguno.
Que también se cumple el requisito de inmediatez y que se presentaron con claridad los
hechos de los cuales se deriva la vulneración y no se ataca un fallo de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que las providencias objeto de tutela incurrieron en:
Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio dado que las autoridades
judiciales valoraron de manera arbitraria, irracional y caprichosa los escritos presentados
por la UARIV y la resolución que reconoció la medida indemnizatoria y del oficio de no
favorabilidad del actor, porque sin razón alguna dieron por probado el incumplimiento de
la sentencia. Que no tuvieron en cuenta las explicaciones sobre el procedimiento
establecido en la Resolución 01049 de 2019 para realizar la entrega de la indemnización
administrativa y el informe de cumplimiento no fue valorado de manera íntegra, en el cual
se manifestó el resultado del método técnico de priorización y la imposibilidad de precisar
plazos aproximados o el orden de entrega.
También, alegó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales porque, a pesar de que la UARIV informó sobre la imposibilidad de dar
cumplimiento al fallo de tutela, no lo valoraron de manera íntegra.
Desconocimiento del precedente establecido en la Sentencia SU- 034 de 2018 de la
Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas jurisprudenciales para que los
jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial los
que se relacionan con el pago de indemnización administrativa, máxime cuando la UARIV
realizó solicitud de modulación y la misma no fue analizada y resuelta.
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Violación directa de la Constitución, porque las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales demandadas afectaron los principios constitucionales al debido
proceso, la igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima en el sistema judicial y buena
fe, por desconocer lo previsto en Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el
procedimiento previsto en la Resolución 1049 de 2019.
Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales porque a pesar de que la UARIV presentó informes reiterados
sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela y de modulación de la orden
de tutela, no hubo pronunciamiento al respecto.
5. Intervenciones
El Juzgado 13 Administrativo de Medellín, ponente de la decisión en primera instancia,
solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela porque las providencias
cuestionadas fueron dictadas con apego a las disposiciones constitucionales y legales.
Además, remitió el enlace para consultar el expediente No. 05001-33-33-013-2023-
00293-00.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, señaló que el expediente No. 05001-33-33-
013-2023-00293-01, se encuentra cargado en el aplicativo Samai.
La UARIV y el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, no se pronunciaron, pese a que
fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, amparó los derechos fundamentales de las
accionantes al considerar que las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado 13 Administrativo de Medellín desconocieron lo expresado en la
sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que estableció los elementos que
debe considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela, ya que omitieron
valorar desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento y las
solicitudes de inaplicación de la sanción presentadas en el curso del proceso de tutela,
que tenían como fin demostrar que no podían establecer un límite temporal para el
reconocimiento de la reparación, ya que los plazos para liquidar la indemnización están
sujetos a los criterios de priorización adoptados por la UARIV, la disponibilidad
presupuestal de la entidad y los principios de progresividad y sostenibilidad.
7. Impugnación
El señor Jhonn Fredy Portancio Gómez, en calidad de tercero con interés, impugnó la
decisión de primera instancia y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia
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para que, en su lugar, se ordenara a la UARIV cumplir las decisiones judiciales que
tutelaron sus derechos en primera y segunda instancia. Reiteró su condición de víctima
del conflicto armado y sujeto de especial protección constitucional.
Alegó que la decisión impugnada desconoce la Constitución, el Decreto 2591 de 1991 y
precedentes de la Corte Constitucional1 que protegen a las víctimas del conflicto armado.
Que, pese a que en primera y segunda instancia fueron amparados sus derechos
fundamentales y se ordenó a la UARIV informar sobre los plazos aproximados para
acceder a la indemnización administrativa, las incidentadas incumplieron las órdenes
judiciales. Que la sentencia impugnada revictimiza a quienes han sufrido desplazamiento
forzado y legitima que la UARIV eluda el cumplimiento de los fallos de tutela.
Finamente, adujo que varios magistrados, en salvamentos de voto2, han advertido que el
método de priorización no puede convertirse en un obstáculo inconstitucional que impida
a las víctimas conocer fechas o plazos razonables para el reconocimiento de la
reparación.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de
primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que amparó los
derechos fundamentales de las demandantes.
La Sala anticipa que confirmará el amparo de los derechos fundamentales de las señoras
Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín, pero modificará las
órdenes.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato; (ii) la verificación de
los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias que resuelven
incidentes de desacato; (iii) el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato;
(iv) la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado y (v) análisis del
caso concreto.
1 Sentencias T-098 de 2002, T-327 de 2001, T-298 de 2003, T-1094 de 2004, T-517 de 2014, T-290 de 2016, T-417
de 2016, T-006 de 2014 y T-834 de 2014, T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-205 de 2021, T-450 de 2019 (ratificada
en el Auto 331 de 2019) y la T-066 de 2024.
2 Sentencia 05001-31-10-003-2023-00403-01 y 05001-31-10-012-2024-00675-01, del Tribunal Superior de Medellín,
Sala Primera de Decisión de Familia y 05001-31-10-011-2023-00636-01 del Tribunal Superior de Medellín-Sala Tercera
de Familia.
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2. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes
de desacato, que es lo que se discute en este caso:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para
enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir, que la
acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el
grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.”
A partir de lo anterior, la Sala procede a estudiar la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias judiciales que impusieron la sanción de multa por desacato.
3. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias que resuelven incidentes de desacato
A continuación, la Sala verifica si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que resuelven incidentes de desacato.
El trámite se encuentra finalizado porque a través de los autos del 20 de junio y 6 de
noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria resolvió en
grado jurisdiccional de consulta los incidentes de desacato de la acción de tutela 05001-
33-33-013-2023-00293-00/02/04, relacionado con el señor Jhonn Fredy Portacio Gómez.
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La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que no se
trata de una cuestión patrimonial, sino de la posible vulneración de los derechos al debido,
a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio de la parte actora, ante la
imposición de una sanción por desacato de una sentencia de tutela.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, de acuerdo con la
verificación del expediente de la tutela 05001-33-33-013-2023-00293-02, el auto del 6 de
noviembre de 2024, dictado por Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Unitaria que
confirmó la sanción impuesta a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín, se notificó en
esa misma fecha, y la demanda de tutela fue radicada el 12 de mayo de 2025, esto es,
cinco meses y 6 días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala
plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
Respecto de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, la última providencia cuestionada fue
proferida el 20 de junio de 2024 y notificada por estado al día siguiente, es decir, en
principio, supera el plazo razonable de seis meses.
Sin embargo, la Sala encuentra que dentro del trámite del incidente de desacato la
demandante formuló múltiples solicitudes3 de inaplicación de la sanción y de modulación
del fallo, relacionadas con las órdenes impartidas en la sentencia del 1° de noviembre de
2023, y que aún no han sido resueltas por la autoridad judicial.
Además, como lo advirtió el fallo de primera instancia, ha transcurrido más de un año
desde su radicación y, en lugar de decidirlas, la autoridad adelantó un nuevo incidente
de desacato por el presunto incumplimiento de la orden de tutela.
Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que se
resolvió el grado jurisdiccional de consulta, y los demandantes presentaron solicitudes de
inaplicación de la sanción4.
Así mismo, se advierte que la parte actora identificó de manera razonable los hechos
y los motivos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de los defectos por desconocimiento del precedente, fáctico y
violación directa de la Constitución, al proferir los autos de 13 de junio y 23 de octubre de
3 Memoriales del 14, 21 y 28 de junio y 16 de julio de 2024, así como el 3, 10 y 24 de abril y 2 y 15 mayo de 2025
4 La Sala advierte que, en otros casos con similitud fáctica no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la
parte demandante no presentó solicitud de modulación de las órdenes impartidas en el fallo de tutela. Ver sentencias:
del 26 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03121-01, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de
noviembre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03750-01, CP. Milton Chaves García; del 1 de febrero de 2024, Exp.
11001-03-15-000-2023-06860-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de mayo de 2024, Exp. 11001-03-15-
000-2024-01754-00, CP. Wilson Ramos Girón; y del 6 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02001-00, CP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Cosa distinta se observa en los casos en que las mismas demandantes ya han
solicitado la modulación de los efectos del fallo, pues esta Sala concluyó que se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad. Ver: sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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2024 proferidos por el Juzgado Trece Administrativo de Medellín, así como los autos del
20 de junio y 6 de noviembre del mismo año dictados por Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Unitaria, que confirmaron las decisiones, respectivamente.
Los argumentos de la acción de tutela son consistentes con lo planteado en el
incidente de desacato, pues se centran en pedir la inaplicación de una sanción
impuesta por el desacato de una orden judicial. Tampoco se solicitan nuevas pruebas.
4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por
parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley contempla
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para
sancionar a los responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de
cumplimiento del fallo5 y el desacato6. El juez constitucional deberá determinar si existe
o no incumplimiento de la orden de tutela7, y para ello, le corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de
acciones positivas orientadas al cumplimiento.
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional8 ha establecido una metodología
para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera
instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado de cumplimiento de
la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de
gestión diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para
garantizar su cumplimiento.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el
funcionario actuó de manera culposa o dolosa9. El desacato, por tener un fin
5 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
6 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción.
7 Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
9 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia».
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sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de
tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de 2018, que
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela
para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede presumirse
la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere
decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de
las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento.
Respecto a lo segundo, la jurisprudencia constitucional10 ha dispuesto que el juez puede
ajustar o modular de manera excepcional las órdenes de tutela, siempre que se cumplan
5 reglas: (i) que se reúnan las condiciones de hecho que impidan la efectiva protección
del derecho amparado11, (ii) que se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido
original de la orden impartida, (iii) que la modificación no genere un cambio absoluto en
la orden original, (iv) que la modificación busque la menor reducción de la protección
concedida, y (v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
Sobre las órdenes de naturaleza compleja, la Sala destaca que son aquellas que
conllevan «un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control
exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo
superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno»12. De ahí que, puede ocurrir
que las personas que deben acatar el fallo se encuentren temporalmente en
imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir el fallo, mientras que se adelantan los trámites
necesarios para ejecutar la orden del juez.
En el marco de esas órdenes complejas, la sentencia SU-034 de 2018 habilitó al juez
para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo
y lugar), con el propósito de hacer posible el cumplimiento, «contrastado con la
problemática estructural asociada al estado de cosas inconstitucional en materia de
víctimas de desplazamiento forzado».
10 Sentencia T-086 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 Estos son: (i) cuando la orden, en los términos en que fue proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento no es exigible
porque se trata de una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e
inminente el interés público; y (iii) cuando es evidente que será imposible cumplir la orden. Sentencia T-086 de 2003,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
12 Ibídem.
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A su vez, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 consagra que «el juez (…) adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del [fallo]», por lo que la Corte
Constitucional ha reiterado que, el juez no pierde la competencia y está facultado para
tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el
funcionario actuó de manera culposa o dolosa13. El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de
tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de 2018, que
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela
para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede
presumirse la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo
desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato».
Eso quiere decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la
imposición de las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento.
5. La indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado
La Ley 1448 de 2011 estableció una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales
y económicas, tanto individuales como colectivas, en favor de las víctimas del conflicto
armado interno, con el fin de hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. En el artículo 132 se fijó la indemnización individual a las víctimas por la vía
administrativa, y en el parágrafo 3 se definió que para la población en situación de
desplazamiento se entregaría por núcleo familiar.
Adicionalmente, la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 4800 de 2011, que
en el artículo 148 definió los criterios para estimar el monto de la indemnización, que son:
la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de
vulnerabilidad actual de la víctima desde un enfoque diferencial. A su vez, el artículo 151
señaló que la UARIV entregaría la indemnización en pagos parciales o en un solo pago
total, conforme a los principios de progresividad y gradualidad, por lo que no se sujetaría
al orden en que fue formulada la solicitud de entrega.
13 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia».
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Tras estudiar la constitucionalidad de los principios de progresividad y sostenibilidad,
consagrados en los artículos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011, la Corte Constitucional
estableció en el Auto 206 de 2017 que, «si bien los derechos de las víctimas se
reconocen de manera inmediata, su contenido se amplía progresivamente y su cobertura
se extiende gradualmente respecto de la totalidad de víctimas a las que se refiere la ley».
Por esa razón, la Corte encontró que era legítimo definir plazos razonables para otorgar
la indemnización administrativa y acoger determinados criterios para priorizar la entrega
de las medidas.
Por ende, en el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional ordenó al director de la UARIV,
en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento
Nacional de Planeación, que se reglamentara el procedimiento que deben agotar las
personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios
puntuales y objetivos.
Producto de lo anterior, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 2019, que adoptó el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa. En ella
se fijó que las solicitudes prioritarias eran aquellas en las que se acreditaba alguna
situación de extrema urgencia o vulnerabilidad, caso en el que el pago dependería de la
disponibilidad presupuestal. También se estableció que, para las otras solicitudes, las
generales, el orden de priorización se definiría a través del método técnico de
priorización, cuyo propósito es establecer el turno de pago para las personas no
priorizadas por vulnerabilidad. El estudio toma en cuenta variables demográficas y
socioeconómicas de las víctimas y se efectúa anualmente de forma proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
6. Análisis del caso concreto
La Sala observa que en providencia de 13 de junio de 2024 el Juzgado 13 Administrativo
de Medellín sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora
técnica de reparaciones de la UARIV, con multa de un SMMLV por el desacato de la
sentencia que había dictado el 10 de octubre de 2023.
Asimismo, con providencia del 23 de octubre de 2024 ese mismo juzgado sancionó a la
señora Lilia María Rodríguez Albarracín, en calidad de directora técnica de reparaciones
de la UARIV, con multa de un SMMLV por el desacato de las órdenes dictadas en la
misma sentencia de tutela.
Esas providencias explicaron que la UARIV vulneró los derechos fundamentales del
señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, pues los informes rendidos eran respuestas evasivas
que implicaban desacato de una orden judicial.
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Que se le había ordenado a la entidad señalar un turno y una fecha cierta de entrega de
la indemnización administrativa que le correspondía al señor Jhonn Fredy Portacio
Gómez, que, en consecuencia, la renuencia en el cumplimiento de la sentencia del 10 de
octubre de 2023 conllevaba la imposición de una sanción.
La Sala también advierte que, con autos del 20 de junio y 6 de noviembre de 2024, el
Tribunal Administrativo del Antioquia, Sala Unitaria, en grado jurisdiccional de consulta
confirmó las sanciones impuestas a las hoy tutelantes, básicamente, por las mismas
consideraciones del a quo.
La UARIV presentó ante el Juzgado 13 Administrativo de Medellín solicitudes (los días
14, 21 y 28 de junio y 16 de julio de 2024, así como, 3, 10 y 24 de abril y 2 y 15 de mayo
de 2025) de inaplicación de las sanciones y de modulación de los fallos. En dichas
peticiones reiteró que, tras la aplicación del método técnico de priorización
correspondiente al año 2024, respecto del señor Jhonn Fredy Portacio Gómez, no
resultaba procedente materializar la entrega de la indemnización por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado durante esa vigencia fiscal. En consecuencia,
solicitó la inaplicación de las sanciones y modulación de las órdenes impartidas en la
sentencia del 1° de noviembre de 2023, respecto de las señoras Sandra Viviana Alfaro
Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín.
De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que, tal como lo afirmó el a quo, el
Juzgado 13 Administrativo de Medellín pasó por alto analizar la configuración de la
responsabilidad subjetiva necesaria para la imposición de las sanciones y se limitó a
exponer las razones por las que, en su criterio, los argumentos presentados por la entidad
no eran válidos, pero no se pronunció sobre la existencia de dolo, culpa o negligencia por
parte de las accionantes.
En efecto, el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión, únicamente se refirieron al elemento objetivo, esto
es, a la existencia de un incumplimiento de la orden de tutela, pero no al subjetivo, el cual
necesariamente comprende el hecho de que las sancionadas estaban en la obligación
de aplicar el procedimiento dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, por determinación
de la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017.
Así las cosas, el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión, se apartaron de la sentencia SU-034 de 2018, pues
no todo incumplimiento conlleva un desacato y solo cuando se configura el elemento
subjetivo hay lugar a la imposición de sanciones. En esa medida, se insiste, debía
analizar si existía dolo, culpa o negligencia por parte de las tutelantes, y tener en cuenta
que su actuar se rige por la Resolución 1049 de 2019.
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Eso quiere decir que las autoridades judiciales demandadas no consideraron que se trata
de una orden compleja, y que para cumplirla se debe aplicar el método técnico de
priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019 y que la controversia se enmarca
en un estado de cosas inconstitucional. Además, la Sala observa que pese a las múltiples
solicitudes de inaplicación de las sanciones y la modulación de las órdenes emitidas en
la sentencia del 1° de noviembre de 2023, no se ha hecho ningún pronunciamiento sobre
ese punto.
En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado 13 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión incurrieron en
desconocimiento del precedente, pues se apartaron de la sentencia SU-034 de 2018, en
relación con el elemento subjetivo en el marco de los incidentes de desacato iniciados en
contra de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia María Rodríguez Albarracín y
han omitido resolver sobre las solicitudes de inaplicación de las sanciones y de
modulación de las órdenes de amparo.
Las anteriores razones son suficientes para confirmar el amparo de los derechos
fundamentales de la parte actora, por lo que se dejará sin efectos los autos del 13 de
junio de 2024 y 23 de octubre de 2024, dictados por el Juzgado 13 Administrativo de
Medellín. Sin embargo, la Sala precisa que la mejor forma de amparar los derechos de
las demandantes debe incluir, además, es que se resuelvan las diferentes solicitudes de
inaplicación de las sanciones y la modulación de la sentencia de 1° de noviembre de
2025, que elevaron en el curso de los trámites incidentales.
Adicionalmente, respecto a la afirmación del señor Jhonn Fredy Portancio Gómez, sobre
que «la sentencia impugnada revictimiza a quienes han sufrido desplazamiento forzado
y legitima que la UARIV eluda el cumplimiento de los fallos de tutela», se aclara que la
presente decisión no implica dejar sin efectos el amparo que le fue reconocido
previamente en sede de tutela, por el contrario, la modulación tiene como objetivo buscar
mejores formas para garantizar el amparo pretendido, de modo que sea realmente
efectiva.
Al respecto, si bien el señor Portancio Gómez identificó los salvamentos de voto de
magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia relacionados con que la aplicación
del método de priorización no puede convertirse en un obstáculo inconstitucional que
impida a las víctimas conocer fechas o plazos razonables para el reconocimiento de la
reparación, lo cierto es que, esas manifestaciones no tienen el carácter de vinculantes
porque solo son la legítima expresión de desacuerdo a una posición mayoritaria de las
salas de decisión que integran.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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III. FALLA
1. Adicionar el numeral tercero de la providencia impugnada, que quedará así:
TERCERO: Ordenar al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la
providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia y dentro del mismo plazo, se pronuncie sobre las solicitudes de inaplicación
y modulación relacionadas en la parte motiva de esta providencia.
2. Confirmar la sentencia de 24 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, conforme las razones expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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