Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02808-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02808-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02808-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
12 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02808-01
Accionante: ISMAEL CARDOZO VERA
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCION TERCERA-
SUBSECCION A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA
CONTRA SENTENCIAS DE TUTELA-La acción de tutela es improcedente contra providencias de acción de
tutela. FENÓMENO JURÍDICO DE LA COSA JUZGADA-Opera por ministerio de la ley.
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ismael Cardozo Vera contra el
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Cuarta-.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 12 de mayo de 2025, el accionante Ismael Cardozo Vera, a través de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección a los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, al declarar esta última improcedente la
acción de tutela, incurriendo en defecto fáctico, trato desigual y discriminatorio
respecto de un caso con idénticas condiciones fácticas y jurídicas, violando la
Constitución y desconociendo el precedente judicial.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud de la acción de tutela, solicita:
«1.Amparar los derechos fundamentales del señor ISMAEL CARDOZO a la
igualdad material y a la administración de justicia desde el punto de vista sustancial,
frente a los pronunciamientos efectuados el 27 de marzo de 2014 y 4 de junio 2021,
por la Sección Tercera, Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Sección Tercera Subsección A, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, respectivamente, que evidencian un trato
desigual y discriminatorio al accionante, en relación con el fallo proferido en segunda
instancia por la Subsección B de la Sala Tercera de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, dentro del radicado 25000-23-26-000-2008-
00459-01, frente al señor NELSON LOZANO ROJAS.
2.Como consecuencia de lo anterior, con el fin de restablecer el derecho a la
igualdad del accionante, se ORDENE a la Superintendencia Nacional de Salud
pagar en favor del señor ISMAEL CARDOZO VERA, el valor de 1 fracción del
premio mayor del billete de lotería del sorteo extraordinario Nacional, número 5155,
serie 207, sorteo 29 del 04 de agosto del 2007, correspondiente a la suma de
$1.733.333.333,33, debidamente actualizado (indexado) a la fecha de la sentencia;
a título de perjuicios materiales (daño emergente) indexados.
3.Como consecuencia de la afectación causada por violación del derecho a la
administración de justicia desde el punto de vista material, con el fin de restablecerlo
tras 12 años de controversia judicial (lo que en sí mismo da cuenta de una
importante mora), pese a haberse dado la oportunidad de enmendar, por vía de
tutela contra providencia judicial, la omisión y/o el error de la Subsección A frente al
estudio completo de la imputación de la Superintendencia de Salud, según
aclaración de voto de la H. Magistrada Marín; se ORDENE a la Rama Judicial el
pago de cinco (5) SMLMV a título de perjuicio extrapatrimonial autónomo.
4.Solicito igualmente se vincule a la presente acción de tutela, en su calidad de
interviniente interesado a la Superintendencia Nacional de Salud.
5.En virtud de las facultades ultra y extra petita propias de la acción de tutela, se
adopten las demás determinaciones que se evidencien procedentes en el caso».
2. Hechos relevantes
La Empresa Nacional de Loterías Departamentales realizó el Sorteo Extraordinario
Nacional número 29 del 4 de agosto de 2007 en el que resultó ganador del premio
mayor el billete identificado con el número 5155 de la serie 207.
El accionante adquirió una de las tres fracciones del billete ganador, razón por la
cual, el 13 de agosto de 2007, se la entregó a dicha empresa para que verificara su
originalidad y autenticidad, siendo ratificada el 3 de octubre del mismo año.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
El 21 de septiembre de 2007, mediante Resolución 1561, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la liquidación de la Empresa Nacional de Loterías
Departamentales Ltda. y dispuso la toma de posesión y la intervención forzada,
designando para este efecto a la Sociedad la Fiduprevisora S.A como agente
liquidador la que profirió la Resolución 000003 del 16 de enero de 2008, por la cual
aceptó la acreencia a favor del demandante en la quinta clase de prelación
(quirografarios) y ordenó pagar los créditos a cargo de la masa de liquidación.
Con la Resolución 035 del 29 de agosto de 2008, se declaró terminada la existencia
legal de la Empresa Nacional de Loterías Departamentales Ltda. en Liquidación; no
obstante, en las cuentas finales del proceso liquidatorio, tan solo se pagaron las
obligaciones laborales, por ello, quedaron pendientes de pago los restantes
compromisos.
En ejercicio del medio de control de reparación directa el accionante acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en proceso contra la Superintendencia
Nacional de Salud y los departamentos del Caquetá, Meta, Sucre, Cesar, La Guajira,
Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Archipiélago San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés, Vichada, Chocó y Magdalena, en
calidad de garantes de la Empresa Nacional de Loterías Departamentales Ltda,
pretendiendo que se declarara patrimonialmente responsables por los daños
generados a raíz de la negativa en pagar el premio mayor del sorteo No. 29 del 4 de
agosto de 2007, correspondiente a $1.733’333.333,33, el lucro cesante y los
intereses comerciales moratorios generados a partir de la fecha del sorteo hasta la
ejecutoria de la sentencia.
En el proceso que le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C en Descongestión, despacho que mediante
providencia de 27 de marzo de 2014, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control, la decisión fue revocada el 4 de junio de 2021 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
Este último fallo fue objeto de acción de tutela con radicado
11001031500020210727300, correspondiéndole conocer al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, autoridad que, mediante sentencia de 2 de
diciembre de 2021, negó el amparo solicitado por el accionante, al considerar que no
se configuraban los defectos alegados.
El mencionado fallo fue impugnado, correspondiéndole conocer a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que, el 10 de marzo de 2022 revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, amparó parcialmente los derechos invocados, al encontrar
que existió defecto sustantivo. Por lo tanto, el 5 de abril de 2022, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió fallo complementario en el que
atendió lo ordenado en cuanto al estudio de imposición de costas.
3. Fundamentos de la solicitud
Ante el inconformismo con la decisión adoptada, acude nuevamente ante el juez de
tutela con el fin de cuestionarla, al considerar que se vulneró su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia al incurrir en error judicial, toda vez que se
omitió estudiar de fondo y de forma completa, la imputación jurídica que se realizó
en la demanda de reparación directa en relación con la Superintendencia Nacional
de Salud por la inobservancia de sus obligaciones de inspección, vigilancia y control.
Sostiene que, las conclusiones, tanto de la ad quem en la apelación del fallo de
reparación directa, como del ad quem en la impugnación de la tutela, son
abiertamente contradictorias con la conclusión lógica y razonada de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el caso de idénticas condiciones
fácticas y jurídicas del señor NELSON LOZANO ROJAS (sentencia del 10 de octubre
de 2024); conclusión que evidenció que la Superintendencia sí tenía a su cargo las
funciones y obligaciones endilgadas por el apoderado del señor ISMAEL CARDOZO
y, por tanto, sí había lugar a la falla en el servicio..
Manifiesta que la “conclusión” de que la Superintendencia Nacional de Salud no tenía
a cargo las funciones y obligaciones de vigilar el margen de solvencia, evitar la
defraudación al público y efectuar procedimientos de evaluación sobre la reserva
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
técnica para el pago de los premios, desconoce en sí misma y de forma directa las
disposiciones legales llamadas a regular el caso; siendo ciertamente anecdótico que
no se sepa qué es peor, sí que se haya omitido el estudio de la imputación a la
Superintendencia en el marco de estas normas legales, o que se haya concluido que
dichas normas no imponían las señaladas obligaciones.
4. Trámite de primera instancia
El 19 de mayo de 2025 la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela, ordenó vincular a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a
Superintendencia Nacional de Salud, a la Fiduciaria la Previsora S.A. y a los
Departamentos de Caquetá, Meta, Sucre, Cesar, La Guajira, Amazonas, Arauca,
Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, Vaupés, Vichada, Chocó y Magdalena y a la Secretaría de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como terceros con
interés en el proceso.
El 21 de mayo de 2025, la Gobernación de la Guajira, a través del Jefe de la Oficina
Asesora del Departamento presenta informe, solicitando declarar la improcedencia
de la acción de tutela, por cuanto los actores previamente impetraron un amparo
constitucional de la misma naturaleza en la que pretendieron dejar sin efectos las
sentencias dictadas en el marco del proceso ordinario de reparación directa, la cual
se falló en 1ª instancia el 2 de diciembre de 2021 y en 2ª instancia, el 10 de marzo
de 2022, luego, los accionantes agotaron el proceso ordinario e incluso el proceso
extraordinario, con la finalidad de revocar las decisiones que en derecho adoptó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en su sección tercera.
Adujo que, al elevar la presente acción constitucional se estaría desconociendo que
ya en sede de tutela conoció el Consejo de Estado sobre la materia, y que, para
acceder a lo solicitado se tendría que revocar los fallos dictados en sede tutelar, lo
que implica que esta tutela cuestiona los mismos aspectos de las anteriores, sin que
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
reúna los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para su
procedencia.
Esgrimió que, si se declarara su procedencia se estaría omitiendo que anteriormente
cuatro jueces colegiados han conocido el asunto, y que la acción no constituye una
tercera instancia -en este caso sería la quinta (5ª) instancia, dada su subsidiariedad
y el respeto que debe guardarse a las decisiones de los jueces naturales de cada
causa.
La Gobernación del Departamento del Putumayo pidió se declare improcedente la
acción de tutela, ya que no atiende los presupuestos constitucionales y
jurisprudenciales requeridos para tal fin. Expuso que, la sentencia objetada, se
profirió el 4 de junio de 2021 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, de conformidad con la normatividad vigente y con fundamento en la sana
crítica judicial, sin evidenciarse vulneración de derechos fundamentales.
El 22 de mayo de 2025, la Gobernación del Guaviare, mediante su Secretaria
Jurídica del Departamento presenta informe, solicitando declarar, de una parte, la
falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del ente territorial que representa;
y de otra parte, declarar cosa juzgada, toda vez que dichos hechos ya fueron
estudiados y resueltos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 4 de junio de 2021.
La Gobernación del Departamento del Cesar solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva del ente territorial, puesto que no vulneró los
derechos fundamentales señalados por el accionante.
La Gobernación del Departamento de Arauca pidió la declaración de
improcedencia de la solicitud de acción de tutela, puesto que no acredita el
requisito de subsidiariedad. A su vez, solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Expuso que, el accionante ya había interpuesto una acción de tutela por los
mismos hechos con radicado No. 11001-03-15-000-2021-07273-00, la cual se
decidió con la providencia del 2 de diciembre de 2021.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
Planteó que, los hechos mencionados en la tutela habían sido objeto de un
proceso contencioso administrativo de reparación directa adelantado contra la
Superintendencia Nacional de Salud y algunos entes territoriales, en el marco del
expediente 25000-23-26-000-2010-00527-01, que concluyó con sentencia del 4
de junio de 2021 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se negaron las pretensiones del accionante.
La Gobernación del Departamento del Meta solicitó la declaración de la falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que la acción está dirigida contra la
autoridad judicial que dictó la sentencia judicial controvertida, y no contra el ente
territorial.
La Gobernación del Departamento del Guainía, pidió se desvinculara al ente
territorial, pues carece de interés legítimo en el proceso; y, además, no vulneró
derechos fundamentales del accionante.
La Gobernación del Departamento del Caquetá pidió que se le desvincule del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Gobernación del Departamento del Vaupés solicitó su desvinculación por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, al no haber vulnerado derechos
fundamentales del solicitante.
Adujo que, la acción de tutela es improcedente para reclamar acreencias de
contenido económico, pues hay mecanismos judiciales ordinarios para tal efecto.
Expresó que, la acción de tutela resulta temeraria, puesto que el accionante con
anterioridad presentó una acción de tutela con idénticos hechos, partes y
pretensiones, por lo cual vulnera los principios de lealtad y buena fe procesal.
La Gobernación del Departamento de Casanare solicitó se declare la
improcedencia de la acción, al considerar que no se configuran vulneraciones de
derechos fundamentales generados por el ente territorial y que no se cumplen los
requisitos jurisprudenciales para la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
Sostuvo que, la inconformidad del actor se basa en una discrepancia subjetiva
frente a una sentencia en firme dictada dentro del proceso de reparación directa
con radicado 25000-23-26-000-2010-00527-01, en la cual se descartó cualquier
responsabilidad del departamento, y se concluyó que no tenía calidad de socio ni
de garante frente al pago del premio de la lotería.
Subrayó que, la providencia fue consecuencia de un juicio adelantado con plenas
garantías procesales, y que el accionante ya había ejercido tutela contra dicha
decisión, la cual fue resuelta en su contra, configurándose cosa juzgada
constitucional.
La Gobernación del Departamento del Choco y la Lotería del Choco en Liquidación
pidieron su desvinculación, porque consideran que carecen de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no han realizado acciones u omisiones que vulneraran
derechos fundamentales del solicitante, ni tiene responsabilidad alguna con los
hechos narrados.
La Superintendencia Nacional de Salud, solicitó declarar su falta de legitimación
en la causa por pasiva, así como desvincularla de toda responsabilidad dentro de
este proceso, toda vez que la vulneración de los derechos fundamentales
reclamados por la accionante no deviene de una acción u omisión de esta entidad
de inspección, control y vigilancia.
Mediante sentencia de 12 de junio de 2025 la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el accionante contra la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por la configuración de la
cosa juzgada.
El 25 de junio de 2025 el accionante presenta impugnación, al considerar que existen
elementos para declarar procedente la acción de tutela. El 3 de julio de 2025 se
CONCEDIO la impugnación.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
Trámite impedimento en segunda instancia
Previo al trámite de votación del proyecto de fallo, el 29 de agosto de 2025 el Consejero
de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento para conocer de este
amparo al considerar que se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral
6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, relativa a que el funcionario que
vaya a firmar el fallo haya participado en el proceso ordinario.
El Doctor Yepes Corrales sustentó el impedimento en que podría tener interés en
la actuación procesal, pues en los fundamentos que rodean la acción sugieren el
conocimiento del trámite del proceso de reparación directa, ya que como
consecuencia de haberse desempeñado en el cargo de procurador 11 judicial para
asuntos administrativos II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre
mayo de 2009 y septiembre de 2016, conoció el asunto, pues el 29 de enero de 2010
adelantó la conciliación extrajudicial entre Ismael Cardozo Vera y la Empresa
Nacional de Loterías Departamentales Ltda. y otras.
El despacho aceptó el impedimento por cuanto el Consejero Yepes realizó y
suscribió el acta de conciliación extrajudicial del 29 de enero de 2010, entre Ismael
Cardozo Vera y la Empresa Nacional de Loterías Departamentales Ltda., con la
finalidad de que el demandante lo aportara a la demanda de reparación directa para
acreditar el cumplimiento del prerrequisito procesal la que posteriormente se
identificó con el número de radicado 25000-23-26-000-2010-00527-00/01,
fundamentos que coinciden con los esgrimidos en la presente acción constitucional.
En consecuencia, se declaró fundado el impedimento y ordenó apartarlo del
conocimiento del caso.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 12 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta
que declaró improcedente la acción de tutela.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo N°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 1. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 2.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
1
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
2
Ibidem.
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
La Cosa Juzgada Constitucional
La Corte Constitucional ha determinado la cosa juzgada como “una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica” 3; en otras palabras, el objeto de la cosa
juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan
ser debatidos nuevamente en un proceso posterior, ya que lo decidido por el juez
adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, inmutable.
En ese sentido, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable a esta
jurisdicción por remisión directa del 306 de la Ley 1437 de 2011, respecto de la cosa
juzgada dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la cosa juzgada son: i) identidad de
objeto, ii) identidad de causa y, iii) identidad jurídica de las partes y, respecto de los
cuales esta Corporación ha establecido lo siguiente:
3
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
“Existe identidad de objeto cuando la demanda versa sobre la misma
pretensión material o inmaterial que el proceso decidido mediante
sentencia ejecutoriada. Por otra parte, la identidad de causa se presenta
cuando el caso en estudio y el que se encuentra decidido mediante una
providencia ejecutoriada, comparten los mismos fundamentos de hecho y
de derecho. Por último, existe identidad de partes cuando en ambos
procesos concurren los mismos sujetos procesales”.4
De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001 manifestó que
para que una decisión alcance el valor de la cosa juzgada se requiere “Identidad de
objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso
en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa. Identidad de partes, es decir, al proceso
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (…).” – negrillas del original.
Caso concreto
En el caso objeto de estudio la parte accionante solicita mediante acción de tutela
que se le protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que en su opinión fueron vulnerados con la
sentencia de segunda instancia y que le generó un trato desigual y discriminatorio
respecto de un caso con idénticas condiciones fácticas y jurídicas, violando la
Constitución y desconociendo el precedente judicial.
Ahora bien, es preciso remontarse a las precedentes actuaciones del accionante
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025
expediente no. 5115-2022 MP Elizebeth Becerra Cornejo.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
como aquella del 30 de julio de 2010, l a q u e en ejercicio de la acción de
reparación directa, el señor Ismael Cardozo Vera presentó demanda contra la
Superintendencia Nacional de Salud y los departamentos del Caquetá, Meta, Sucre,
Cesar, La Guajira, Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo,
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés, Vichada, Chocó
y Magdalena, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de
los daños causados como consecuencia del impago del premio mayor del sorteo
número 29 del 4 de agosto de 2007.
Con las mismas pretensiones el accionante había entablado demanda de tutela
contra el fallo proferido el 4 de junio de 2021 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa No. 25000-
23-26-000-2010-00527-01 (51.202), por considerar que se vulneraron sus derechos
fundamentales, en cuanto a que se ignoró la normativa y las pruebas que daban
cuenta de la responsabilidad patrimonial de las demandadas.
La Sala subraya que, en el contexto probatorio de la presente acción de tutela, así
como en la demanda promovida en el proceso identificado con el radicado 2021-
07273-01, se pudo determinar luego del cotejo de las partes, los hechos y la causa
petendi de cada uno de los dos procesos que se configuran los requisitos para
confirmar la cosa juzgada.
En efecto, del mencionado cotejo entre ambos contenciosos, 2021-07273-01 y 2012-
02808-01, se advierte que concurren los requisitos para la configuración de la cosa
juzgada, en los términos señalados por la jurisprudencia, con base en los elementos
de identidad de objeto, identidad de causa e identidad jurídica de las partes.
En lo concerniente al objeto, en las dos acciones de tutela los fundamentos fácticos
son corolario del mismo proceso contencioso administrativo de reparación directa,
identificado con el número de expediente 2010-00527-01, referente al premio de la
lotería producto de la liquidación de la Empresa Nacional de Loterías
Departamentales Ltda. que no fue pagado y la presunta responsabilidad de la
Superintendencia Nacional de Salud.
14
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
En lo referente a la identidad de la causa, porque en las dos ocasiones el actor
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, con los mismos argumentos, desconocimiento del
precedente judicial, omisión de análisis probatorio y defectos en la imputación de
responsabilidad a la Superintendencia Nacional de Salud.
En cuanto a la identidad de las partes, existe una plena coincidencia, las dos
acciones fueron impulsadas por Ismael Cardozo Vera contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A autoridad judicial que expidió el fallo que se debate.
De otra parte, el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, opera por ministerio de la ley,
de modo que el hecho de que se aluda a decisiones judiciales dictadas con
posterioridad a los hechos en nada afecta que se configure dicha excepción.
Por último, esta Sala pone de presente que, si bien la parte accionante fundamentó
la interposición de esta nueva acción de tutela en la decisión del 10 de octubre de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del expediente 2008-00459-01, en la que se accedió a pretensiones de otro
beneficiario del mismo billete de lotería, lo cierto es que esta no corresponde a una
sentencia unificación, aunado al hecho de fue emitida con posterioridad al fallo
cuestionado, por lo que la entidad accionada no podía conocerla, ni mucho menos
tenerla en cuenta.
Así las cosas, puesto que operó el fenómeno de la cosa juzgada, la Sala habrá de
confirmar la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
15
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02808-01
Solicitante: Ismael Cardozo Vera
Acción de tutela – Segunda instancia
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por Ismael Cardozo Vera.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADOELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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