Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02815-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02815-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Demandante: William Arturo Calle Ramírez
Demandado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Apartadó (Antioquia) y otro1
Tesis: Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado,
cuando durante el trámite de la acción de tutela la situación que
motivó la intervención del juez constitucional ha dejado de existir.
Es improcedente la acción de tutela cuando se pretende la creación
de despachos judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela
presentada por William Arturo Calle Ramírez en contra del Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Apartadó (Antioquia)2 y
el Consejo Superior de la Judicatura.
I. LA SOLICITUD
El señor William Arturo Calle Ramírez3, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado y el Consejo Superior de
la Judicatura, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental al
debido proceso que presuntamente ha sido vulnerado por los demandados.
Por esta razón, pretende:
“(...) Primero: Que el juzgado primero de ejecución de penas y medidas
de seguridad Acepte mi recurso de apelación y le de traslado al juzgado
promiscuo municipal de Cañas Gordas -Antioquia y al juzgado Tercero
del Circuito Especializado de Medellín -Antioquia, para que me resuelvan
la aplicación.
Segundo: para Invitar al consejo Superior de la Judicatura para que
voltee sus ojos para el municipio de Apartado Antioquia y cree un
segundo Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ya que
el único que hay es el Juzgado primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Apartado y hasta el momento tiene demasiada carga
laboral y eso con lleva a que se vulneren los Derechos al debido proceso
de todos los presos que tiene a su cargo toda vez que hay demora entre
el tiempo de respuesta a todas las Solicitudes elevadas por parte de los
1 Consejo Superior de la Judicatura.
2 En adelante el Juzgado.
3 Manifestó estar recluido en las instalaciones del C.P.M.S APARTADÓ - ANTIOQUIA
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
internos del C.P.M.S APARTADO -ANTIOQUIA, y los que ya están por
fuera pagando sus procesos bajo beneficios y este sólo juzgado no le
está alcanzando el personal y el talento humano que tiene para resolver
el alza de tantas solicitudes y por eso para descongestionar le
solicitamos no solo yo, William Arturo Calle Ramírez, si no también los
demás presos que tenemos nuestros procesos aquí en este despacho
único el cual requiere una ayuda urgente por parte del Consejo Superior
de la Judicatura. (...)”
La parte actora manifiesta en el escrito de la tutela que actualmente se
encuentra privado de la libertad en las instalaciones de la Cárcel y
Penitenciaria de Media Seguridad de Apartadó-Antioquia.
Indica que solicitó al Juzgado que acepte su recurso de apelación y lo remita
al Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas y al Juzgado Tercero del
Circuito Especializado de Medellín, para que resuelvan el recurso de alzada.
Solicita al Consejo Superior de la Judicatura considerar la creación de un
segundo Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el
municipio de Apartadó (Antioquia), debido a la alta carga laboral que
enfrenta el único juzgado actual (el Juzgado Primero), lo cual está
generando demoras en la respuesta a las solicitudes de los internos y
afectando el derecho al debido proceso. Esta petición, según menciona en
su escrito, no solo es respaldada por el accionante, sino también por otros
privados de la libertad cuyos procesos se encuentran radicados en dicho
despacho.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto del 16 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela; ordenó la notificación a los demandados y;
vinculó al proceso al Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas y al
Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Medellín.
2.2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas4 presentó
informe en el que asegura que en ningún momento ha vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, por lo que solicita su
desvinculación.
Señaló que conoce del proceso penal en etapa de juicio seguido contra el
accionante, entre otros. Precisó que, en virtud de un preacuerdo celebrado
entre la Fiscalía y el procesado, con la asistencia de su defensor, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Cañasgordas profirió sentencia condenatoria el 30
de marzo de 2022, imponiéndole una pena principal de 28 meses de prisión
por el delito de hurto calificado y agravado, junto con la inhabilitación para
ejercer derechos y funciones públicas por igual término. Resaltó que se le
negaron los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución
de la pena y prisión domiciliaria, conforme al artículo 68A del Código Penal.
4 Ver índice SAMAI nro. 10.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
Sostuvo que el 16 de junio de 2022 el proceso fue remitido a reparto de los
Juzgados de Ejecución de Penas de Antioquia para la vigilancia del
cumplimiento de la sanción.
Manifestó que, frente a las inconformidades presentadas por el accionante
en la demanda de tutela, no tiene conocimiento ni intervención en trámites
relacionados con un recurso de apelación o con una solicitud de permiso de
72 horas presuntamente radicados ante el Juzgado accionado.
2.2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Apartadó- Antioquia5 presentó informe en el que señala
no haber vulnerado derecho fundamental alguno del accionante. Así mismo,
destacó lo siguiente:
“(...) 2. Me permito informar que el 25/04/2025, este Despacho,
mediante autos interlocutorios N°1625 y 1626 niega libertad condicional
—por estarse a lo resuelto en la providencia interlocutoria No. 379 del
13 de febrero de 2025, misma que fue confirmada en segunda instancia
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín -
Antioquia, el pasado 11 de marzo—, y decretó situación jurídica al
sentenciado CALLE RAMÍREZ, decisiones que fueron debidamente
notificadas y frente a las cuales interpuso recurso de apelación dentro
del término legal.
3. Culminados los traslados de ley, pasa el proceso a Despacho hoy 23
de mayo, donde se expidieron los autos interlocutorios N°2022, 2023,
2024 y 2025, mediante los cuales, i) se declaró desierto el recurso de
apelación frente al auto interlocutorio N°1626 del 25 de abril de 2025
por no atacar los fundamentos que determinaron al negativa —falta de
corroboración de arraigo y gravedad de la conducta—, ii) se redimió
pena, iii) se decretó la situación jurídica actual y, iv) negó el permiso
administrativo de hasta por 72 horas.(...)”
2.3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con
Funciones de Conocimiento de Medellín6 presentó informe en el que
indicó que el 10 de marzo de 2025 recibió por correo electrónico el
expediente identificado con radicado interno 2023A1-00026, con el
propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto y sustentado por
accionante contra el auto No. 379 del 13 de febrero de 2025, mediante el
cual el Juzgado le negó la libertad condicional.
Sostuvo que, mediante providencia de 11 de marzo de 2025, confirmó la
negativa del juez de primera instancia frente a la solicitud de libertad
condicional y procedió a devolver el expediente al Juzgado de origen. Esta
decisión fue notificada al accionante el 18 de marzo de 2025, según
constancia remitida por el Centro de Servicios Judiciales de Apartadó.
Por lo anterior, la autoridad judicial solicitó ser desvinculada de la acción de
tutela, al considerar que no ha incurrido en vulneración alguna de derechos
fundamentales.
5 Ver índice SAMAI nro. 13.
6 Ver índice SAMAI nro. 14.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
2.4. El Consejo Superior de la Judicatura7 presentó informe en el que
manifestó que no ostenta legitimación en la causa por pasiva en la presente
solicitud de amparo, dada la inexistencia de nexo causal entre los hechos
que fundamentan el líbelo introductorio, la presunta vulneración de
derechos, las acciones u omisiones endilgadas y las competencias de la
Corporación.
Indicó que dicha autoridad no es competente para resolver las solicitudes
elevadas por el accionante ante el juez, por tal razón, solicita se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que esa Corporación en ejercicio de sus funciones realiza seguimiento
a la gestión de los despachos judiciales con base en la información
estadística que estos reportan trimestralmente y que con fundamento en
dicho análisis, ha adoptado medidas de apoyo para mejorar el acceso a la
justicia.
Destacó que para fortalecer la gestión del Juzgado 001 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Apartadó, se han implementado medidas
transitorias, como la creación temporal de cargos de oficial mayor o
sustanciador de circuito. Resaltó que las anteriores medidas se formalizaron
mediante los Acuerdos PCSJA24-12194 (vigente del 8 de julio al 31 de
diciembre de 2024) y PCSJA24-12258 (vigente del 3 de febrero al 31 de
diciembre de 2025) y que estas acciones buscan apoyar y reforzar la planta
de personal del Juzgado en mención.
Indicó que el amparo constitucional no es el mecanismo para solicitar la
creación de despachos adicionales en la Rama Judicial, ni para invadir la
órbita de competencias asignadas al Consejo Superior de la Judicatura, por
la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, por tal motivo, considera que
la acción de tutela es improcedente.
Anotó que, la acción de tutela se fundamenta en una supuesta mora del
Juzgado al no pronunciarse sobre ciertas solicitudes del accionante. Sin
embargo, del contenido de la demanda no se deriva ningún asunto que
comprometa la competencia de dicha autoridad.
Sostuvo que, según la Sentencia C-265 de 1993 de la Corte Constitucional,
el Consejo Superior de la Judicatura cumple funciones exclusivamente
administrativas, conforme a los artículos 256 y 257 de la Constitución. Estas
funciones incluyen, entre otras, la reglamentación administrativa de la
Rama Judicial, la gestión del presupuesto, la administración del talento
humano, el control del rendimiento de los despachos y la organización
territorial judicial.
Concluyó que no es responsabilidad del Consejo Superior realizar
seguimiento a solicitudes presentadas ante jueces ni emitir decisiones
jurisdiccionales. En consecuencia, no se le puede atribuir responsabilidad
alguna por la presunta vulneración de derechos alegada en el presente caso,
ya que esta escapa al ámbito de sus competencias.
7 Ver índices SAMAI nros. 15 y 16.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
3.2. Cuestión previa
De la revisión del expediente se observa que tanto Juzgado Promiscuo
Municipal de Cañasgordas, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín y el Consejo
Superior de la Judicatura, solicitaron su desvinculación en sus respectivos
informes.
Para resolver las anteriores solicitudes, es preciso indicar que el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 establece respecto a la legitimación en la causa
por pasiva lo siguiente:
“(...)Articulo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e
Intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. (...)”
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20061, se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:
“(…) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación
en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo
siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
(…).
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un
instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde
la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para
desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez
debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios
de legalidad y contradicción.
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas
esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se
deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los
derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna
circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por
pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño (…)”. (Destaca el Sala)
En el caso concreto, no se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva alegada por el Consejo Superior de la Judicatura, en razón a que una
de las pretensiones de la solicitud de amparo va dirigida directamente a
dicha autoridad, por lo que su vinculación al presente trámite se realizó en
calidad de autoridad accionada.
En la misma vía no procede la solicitud de desvinculación respecto del
Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas y el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, toda
vez que de la lectura y alcance del escrito de tutela se advierte que dichas
autoridades han participado en los procesos judiciales en los cuales
presuntamente se han vulnerado los derechos alegados por el accionante,
por lo que les asiste interés en las resultas del presente trámite.
3.3. Hechos relevantes
3.3.1. El accionante cumple una pena de 80 meses de prisión, derivada de
condenas impuestas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas y
el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, por los
delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y
desplazamiento forzado. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario de Apartadó.
3.3.2. Durante la ejecución de la condena, el accionante ha presentado
reiteradas solicitudes ante el Juzgado para obtener la libertad condicional.
3.3.3. El mencionado Juzgado, mediante providencia de 25 de abril de 2025,
negó la libertad condicional al accionante, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
“(...) Interlocutorio 1625
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Accionante: William Arturo Calle Ramírez
En la solicitud impetrada, se requiere una vez más por parte del
sentenciado se conceda en su favor la libertad condicional, pese a
haberse ya negado solicitud similar dentro de las presentes diligencias,
mediante providencia interlocutoria No. 379 del 13 de febrero de 2025
por este Juzgado, en razón a la valoración de la conducta intramuros del
penado, ponderándola con el proceso de resocialización.
La providencia fue apelada por el sentenciado, por lo cual, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín -Antioquia, el 11 de
marzo de 2025 confirmó la decisión.
Quiere decir pues lo anotado que, no obstante, al pronunciamiento de
este Despacho y de la confirmación en segunda instancia, la cual no
lleva más de un mes y medio, solicita nuevamente el señor WILLIAM
ARTURO CALLE RAMÍREZ, la concesión de dicho beneficio. Empero,
se reitera, improcedente resulta para la judicatura emitir un nuevo
pronunciamiento, tan pronta mente, puesto que ya fueron esgrimidas
las razones por las cuales no era viable la concesión de dicho beneficio;
razones que por demás a la fecha continúan vigentes, por ahora. (...)”
“(...) Corolario, este despacho dispone, estarse a lo resuelto en
providencia interlocutoria N° 379 del 13 de febrero de 2025 por este
Juzgado, no sin antes instar al sentenciado para que, continue
manteniendo un ejemplar comportamiento y pasado un tiempo de
mínimo seis meses presente nueva solicitud para revisar su situación y
si las condiciones han variado (...)”
Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de apelación.
3.3.4. La presente acción de tutela se radicó el 12 de mayo de 2025.
3.3.5. En providencia de fecha 23 de mayo de 2025, el Juzgado remitió el
recurso de apelación presentado por el accionante contra el anterior auto
que negó la libertad condicional, en los siguientes términos:
“De conformidad con el artículo 478 del Código de procedimiento Penal,
se concede el recurso (sic) en efecto devolutivo.
En consecuencia, remítase de manera inmediata el expediente al
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Antioquia
(jpces03med@cendoj.ramajudicial.gov.co), quien profirió la sentencia
de primera instancia, para que resuelva el recurso de apelación
interpuesto y sustentado por el sentenciado WILLIAM ARTURO CALLE
RAMÍREZ, contra el auto N° 1625, mediante el cual se le negó el
beneficio de libertad condicional. (...)”
4.1. Análisis de la Sala
4.1.1. De la carencia actual de objeto
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados
por las autoridades o por los particulares, en los casos expresamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
indicados. Así mismo, procede a falta de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio
irremediable, lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del juez
constitucional.
Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido
superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido un
pronunciamiento, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua y, por tanto,
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción como es
la protección inmediata y actual de derechos fundamentales8, situación que
la jurisprudencia ha denominado “carencia actual de objeto”.
El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se configura la carencia
actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii) por
daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.
El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen
por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo
que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de
ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo 9. Por su parte,
estamos ante el daño consumado cuando se ha producido la violación o
amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir
que se concrete el peligro10. Por último, el hecho sobreviniente constituye11,
una nueva categoría diseñada para cubrir escenarios que no encajan en los
conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado, por lo que
remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la
orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”12.
4.1.2. Caso concreto
En el anterior contexto, se debe determinar si se vulnera el derecho
fundamental al debido proceso del accionante, por la presunta mora en el
trámite del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó la
solicitud de libertad condicional.
Pues bien, de la revisión del expediente, se advierte que la presente
solicitud de amparo carece actualmente de objeto, en la medida en que la
pretensión principal del accionante ha acaecido durante el trámite de la
presente acción constitucional. En efecto, la pretensión de la parte actora
consistía en dar trámite a un recurso interpuesto dentro del proceso penal:
“(...) Primero: Que el juzgado primero de ejecución de penas y medidas
de seguridad Acepte mi recurso de apelación y le de traslado al juzgado
8 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003.
9 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2016.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-665 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
promiscuo municipal de Cañas Gordas -Antioquia y al juzgado Tercero
del Circuito Especializado de Medellín -Antioquia, para que me resuelvan
la aplicación.(...)”
Ahora bien, del análisis del expediente se advierte que, durante el trámite
de la presente acción de tutela, el Juzgado accionado adoptó una decisión
que va en la misma vía de la pretensión, ya que, mediante auto del 23 de
mayo de 2025, resolvió:
“(...) En consecuencia, remítase de manera inmediata el expediente
al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín,
Antioquia (jpces03med@cendoj.ramajudicial.gov.co), quien profirió la
sentencia de primera instancia, para que resuelva el recurso de
apelación interpuesto y sustentado por el sentenciado WILLIAM ARTURO
CALLE RAMÍREZ, contra el auto N° 1625, mediante el cual se le negó el
beneficio de libertad condicional. (...)” (Destaca la Sala)
En ese orden de ideas, la presunta mora que alega el actor en el traslado
del recurso de apelación, se superó con la actuación de la propia autoridad
judicial accionada al proferir el auto ordenando remitir de manera inmediata
el recurso de apelación al competente para continuar con su trámite, por lo
que ha desaparecido el motivo que justificaba la presente acción y, por
tanto, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, lo
que torna improcedente continuar con el análisis de fondo.
En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, respecto del derecho fundamental al debido proceso invocado por
el accionante.
4.1.3. De la solicitud de creación de despachos judiciales
El accionante, en su escrito de tutela, manifestó en su segunda pretensión
lo siguiente:
“(...)Segundo: para Invitar al consejo Superior de la Judicatura para que
voltee sus ojos para el municipio de Apartado Antioquia y cree un
segundo Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ya que
el único que hay es el Juzgado primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Apartado y hasta el momento tiene demasiada carga
laboral y eso con lleva a que se vulneren los Derechos al debido proceso
de todos los presos que tiene a su cargo toda vez que hay demora entre
el tiempo de respuesta a todas las Solicitudes elevadas por parte de los
internos del C.P.M.S APARTADO -ANTIOQUIA, y los que ya están por
fuera pagando sus procesos bajo beneficios y este sólo juzgado no le
está alcanzando el personal y el talento humano que tiene para resolver
el alza de tantas solicitudes y por eso para descongestionar le
solicitamos no solo yo, William Arturo Calle Ramírez, si no también los
demás presos que tenemos nuestros procesos aquí en este despacho
único el cual requiere una ayuda urgente por parte del Consejo Superior
de la Judicatura. (...)”
Sobre la solicitud de creación de Despachos judiciales, esta Corporación ha
señalado:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
“(...) Al respecto, la Sala debe anotar que el juez constitucional carece
de facultades para resolver pretensiones relativas a la implementación
de la infraestructura judicial, pues, no es factible ejecutar medidas
como, la creación de un juzgado de descongestión, únicamente con base
a la petición de un demandante, pues, debe estar apoyado en estudios
estadísticos, presupuestales y técnicos por autoridad competente, que
corroboren la necesidad de la implementación de una medida de esta
naturaleza, y que a su vez, garantice la disponibilidad presupuestal13”.
“(…) El Consejo Superior de la Judicatura cuenta con programas para
consolidar la carga de procesos que se encuentran en los diferentes
despachos judiciales del territorio nacional, razón por la cual, con la
información que se recaude, se encuentra facultada para adelantar
diferentes actuaciones, entre estas, la adopción de medidas de
descongestión.14 (...)”
En la misma vía, en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela
respecto de la creación de Despachos Judiciales, esta Corporación ha
indicado:
“(...) 41. En otras palabras, frente a esta pretensión, la presente acción
constitucional es improcedente, por cuanto la tutela es un mecanismo
residual que no puede ser utilizado para suplantar la competencia del
legislador y, porque además, ya existen reglas de competencias para la
distribución de estos asuntos.
42. No obstante lo anterior, la Sala puede inferir que en realidad lo que
los actores pretenden es que el Consejo Superior de la Judicatura cree
un despacho judicial ad hoc que asuma el conocimiento de todos los
proceso judiciales de carácter laboral promovidos por los funcionarios
de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación en el circuito de
Mocoa. Esta pretensión es improcedente porque, de conformidad con la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, es al Consejo Superior
de la Judicatura a quien le corresponde realizar este tipo de actuaciones
de conformidad con las necesidades de la Rama Judicial15(...)”
En consecuencia, la segunda pretensión elevada por el accionante en el
marco de la presente acción de tutela resulta improcedente, toda vez que
la solicitud de creación de un nuevo despacho judicial excede el ámbito de
competencia del juez constitucional. La implementación de nuevas
estructuras judiciales debe estar precedida por estudios técnicos,
estadísticos y presupuestales que justifiquen su viabilidad, y dicha facultad
está atribuida de manera exclusiva al Consejo Superior de la Judicatura,
conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia.
13
Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda.
Sentencia de tutela del 14 de marzo de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2023-06796-01. M.P.
Juan Enrique Bedoya.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de tutela de 15 de abril
de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-00583-00. M.P. Jorge Portocarrero Banguera.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de tutela del 18 de julio de 2024. Exp.
11001-03-15-000-2024-03286-01. M.P. Pedro Pablo Venegas Gil.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
Así las cosas, dado que no se evidencia la existencia de una omisión
manifiestamente arbitraria o irrazonable por parte de dicha entidad, y que
el accionante cuenta con otras vías institucionales para elevar su petición
ante la autoridad competente, no se configura en este caso una amenaza
cierta e inminente a un derecho fundamental que habilite la procedencia
excepcional de la tutela.
Con fundamento en las consideraciones jurídicas expuestas, la Sala
declarará, por una parte, la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del derecho fundamental al debido proceso; y, por otra, la
improcedencia de la acción de tutela en lo que se refiere a la pretensión
relacionada con la creación de nuevos despachos judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Cañasgordas, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín y el
Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del derecho fundamental al debido proceso, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela respecto de
la segunda pretensión del escrito de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02815-00
Accionante: William Arturo Calle Ramírez
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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