Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02823-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02823-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02823-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2025-02823-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
TESIS: SE RECHAZA EL AMPARO SOLICITADO POR CONFIGURARSE LA
COSA JUZGADA Y LA TEMERIDAD. IDENTIDAD DE PARTES, HECHOS Y
PRETENSIONES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER1.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 110010315000-2025-02823-00
Actor: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
I.1.- La solicitud
La señora MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y reparación integral, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la
providencia de 11 de agosto de 2022, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2017-00223-01.
I.2.- Hechos
Señaló que su hijo el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ
ingresó a prestar el servicio militar obligatorio el 13 de diciembre de
2011, como soldado bachiller en el Ejército Nacional.
Aseguró que el 25 de junio de 2012 el señor FLÓREZ DÍAZ sufrió un
trauma craneoencefálico que le derivó un trastorno neurocognitivo,
amnesia parcial, cefalea y trastorno del comportamiento secundario
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Actor: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
a lesión cerebral que lo catalogó como no apto para el servicio por
enfermedad mental.
Arguyó que el 21 de noviembre de 2016 la Junta Médica Laboral de
dicha institución le determinó al señor FLÓREZ DÍAZ una pérdida de
la capacidad laboral de 11.5%.
Manifestó que junto con los señores ORLANDO CEFERINO,
ROBERTO ALEXIS, JENNIFER KARINA, FERNEY SAÚL, ANGIE
ALEXANDRA y DEISY MARLLELY FLÓREZ DÍAZ, EVELYN
SHARITH FLÓREZ ROPERO, CEFERINO ROBERTO FLÓREZ
BASTO, JHON JAIRO, EDISON BLADIMIR y NÉSTOR MARTÍNEZ
DÍAZ, ELVER, MARGY YADIRA y FRANCISCO ASDRÚBAL
FLÓREZ RODRÍGUEZ presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL2, con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y
materiales con ocasión de las lesiones que sufrió el señor
ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ, mientras prestaba su servicio
militar obligatorio.
2
En adelante el Ministerio.
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Actor: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
Indicó que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2017-00223-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA3
que, mediante sentencia de 2 de julio de 2021, accedió a las
pretensiones y, en consecuencia, ordenó al MINISTERIO reconocer
y pagar los perjuicios reclamados.
Aseveró que inconforme con la anterior decisión, el MINISTERIO
formuló recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia
de 11 de agosto de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró la caducidad del medio de control.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente establecido en las sentencias4
proferidas por la Corte Constitucional y por esta Corporación, en las
que, a su juicio, se reconoce la responsabilidad del Estado en los
asuntos en los que los soldados que se encuentran prestando el
3
En adelante el Juzgado.
4
La actora hizo referencia a la sentencias: T-334 de 2018 y sentencia de 1 de julio de 2015, radicado
interno núm. 30385 Magistrado Ponente, Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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servicio militar obligatorio.
Aseguró que la autoridad judicial accionada desconoció que en el
asunto no había lugar a declarar la caducidad del medio de control,
comoquiera que el conocimiento pleno del daño y su estructuración
debe contabilizarse desde el 21 de noviembre de 2016, fecha en la
que el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ fue calificado
definitivamente por la Junta Médica Laboral por parte de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, pues, a su juicio, es a partir de este
momento en el que se determinó la incapacidad permanente parcial
y se evidenció de manera definitivita las secuelas del primer
diagnóstico.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1) CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y la igualdad del Señor ORLANDO CEFERINO
FLÓREZ DÍAZ y OTROS.
2) En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de fecha 11 de
agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander debidamente notificada a través de correo
electrónico el 12 de Diciembre de 2022, que revocó la sentencia de
Primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral
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del Circuito de Cúcuta de fecha 02 de julio de 2021, y en su lugar,
se declaró la caducidad del medio de control, lo que implicaba la
terminación del proceso de la demanda de reparación directa
interpuesta por ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ Y OTROS
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL.
3) Ordenar que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de
tutela, para que proteja los derechos de la parte actora, y profiera
una nueva sentencia en la cual tenga en cuenta el precedente
jurisprudencial del H. Consejo de Estado, en punto de conscriptos,
la cual fue expuesta en este escrito de tutela, y en su lugar
confirme la sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta de fecha 02 de
Julio de 2021. […]” (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO manifestó que no puede evidenciarse alguna
vulneración o amenaza con relación a los derechos fundamentales
deprecados por la actora, comoquiera que la solicitud de amparo y
los hechos que se narran en la petición, ya fueron objeto de análisis
por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en una acción de
tutela5 que promovió la actora el pasado 13 de abril de 2023.
Señaló que las pretensiones formuladas en la presente acción de
tutela carecen de todo fundamento y vigencia, toda vez que el
5
Acción de tutela identificada con el numero único de radicación 11001-03-15-000-2023-01836-00,
actora: Martha Cecilia Díaz Mantilla, accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
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TRIBUNAL en cumplimiento de un fallo proferido en sede de revisión
por parte de la Corte Constitucional, profirió la providencia de
reemplazo de 12 de septiembre de 2024, dentro del medio de control
objeto de controversia, en la que se accedió a lo pretendido por la
parte actora en esta acción constitucional.
Recalcó que “[…] no puede evidenciarse ninguna vulneración o
amenaza en relación con los derechos fundamentales que se alegan
en esa solicitud de amparo, pues se advierte que las razones ya
fueron discutidas y no habría motivo para pronunciarse nuevamente
al respecto […]”.
I.5.2.- El EJÉRCITO NACIONAL aseguró que la solicitud de amparo
debe ser denegada, toda vez que la decisión cuestionada ya fue
objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en sede de
revisión, en la que se ordenó el cambio del sentido de la providencia
proferida por el TRIBUNAL el pasado 11 de agosto de 2022.
Indicó que la actora actúa de manera temeraria por cuanto en los
hechos y fundamentos de la presente acción, no hizo alusión a la
acción de tutela que promovió con anterioridad por la misma
situación fáctica y jurídica.
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Mencionó que la actora “[…] trae a colación discusiones probatorias
que ya fueron dilucidadas dentro del proceso de Reparación directa
y que no se pueden tener en cuenta en esta etapa, porque se
desdibuja el objeto del amparo constitucional. Aunado que la
situación fáctica ya fue amparada por la Honorable Corte
Constitucional y acatada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER; que profirió fallo de fecha 22 de agosto de
2024 […]”.
I.5.3.- El TRIBUNAL y los señores ORLANDO CEFERINO,
ROBERTO ALEXIS, JENNIFER KARINA, FERNEY SAÚL, ANGIE
ALEXANDRA y DEISY MARLLELY FLÓREZ DÍAZ, EVELYN
SHARITH FLÓREZ ROPERO, CEFERINO ROBERTO FLÓREZ
BASTO, JHON JAIRO, EDISON BLADIMIR y NÉSTOR MARTÍNEZ
DÍAZ, ELVER, MARGY YADIRA y FRANCISCO ASDRÚBAL
FLÓREZ RODRÍGUEZ, pese a ser notificados del presente trámite,
guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
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inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
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de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 11 de agosto de 2022 proferida
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por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2017-00223-01.
A la citada providencia la actora se le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y reparación integral.
Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en desconocimiento del precedente
establecido en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y
por esta Corporación, en las que, a su juicio, se reconoce la
responsabilidad del Estado en los asuntos en los que los soldados que
se encuentran prestando el servicio militar obligatorio.
Aseguró que la autoridad judicial accionada desconoció que en el
asunto no había lugar a declarar la caducidad del medio de control,
comoquiera que el conocimiento pleno del daño y su estructuración
debe contabilizarse desde el 21 de noviembre de 2016, fecha en la
que el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ fue calificado
definitivamente por la Junta Médica Laboral por parte de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, pues, a su juicio, es a partir de este
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momento en el que se determinó la incapacidad permanente parcial
y se evidenció de manera definitivita las secuelas del primer
diagnóstico.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
Sea lo primero advertir que la señora MARTHA CECILIA DÍAZ
MANTILLA actuó como accionante dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2023-01836-006, en la que se controvirtió la sentencia de 11 de
agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de
control de reparación directa radicado bajo el número de radicación
2017-00223-01.
La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” de esta Corporación
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202301
836011100103
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Actor: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
profirió fallo de primer grado el 2 de junio de 20237 que, declaró
improcedente la solicitud por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
Inconforme con la anterior decisión, la parte actora formuló
impugnación, la cual conoció la SECCIÓN QUINTA de esta
Corporación que, en providencia de 24 de agosto de 2023, confirmó
la decisión del a quo.
En ese sentido, la presentación sucesiva8 o simultánea9 de varias
acciones de tutela sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis
de manera reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual
ha estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y
la temeridad.
Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del
magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional
precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos
eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela
7
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/110010315000
20230183600/EAB13F54A56CD4B9C1499CA9AF558F8EB66BC0835B348F3814DBFD5771987810/2
8
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
9
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
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que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre
que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e
inmutable por parte del juez constitucional.
Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia
emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta
realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 199110; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide
no seleccionar para revisión el asunto11.
Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de
tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,
con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que
considere que dicha actuación:
“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.12
10
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
11
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.
12
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
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Actor: MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse
que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró13 los
eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:
“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).
De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la
temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma
que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una
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Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.
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acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que
la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe.
Por lo anterior, la Sala analizará si en el presente caso se observa
identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con la acción
de tutela identificada con el número único de radicación 2023-
01836-00 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la existencia
de la cosa juzgada y/o temeridad.
• Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos
eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda
en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para
revisión.
La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 2023-01836-00, la SALA OCTAVA DE
REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL a través de sentencia
T-269 de 2024 de 10 de julio de 202414, revocó la providencia de
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500
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020230183601/47DB9C60AF47BF316CEEE089C6ECDEC7376FEB7082B4B0B9FAF597232865D1E7/2
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24 de agosto de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA de esta
Corporación y, en su lugar, amparó los derechos de la actora y, dejó
sin efectos la sentencia del 11 de agosto de 2022 expedida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual
revocó la sentencia del 21 de junio de 2021 del Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Cúcuta y declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa promovido por la MARTHA CECILIA
DÍAZ MANTILLA y OTROS contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional.
• Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por la señora MARTHA CECILIA DÍAZ MANTILLA
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER.
Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2023-
01836-00 también fue incoada por la señora MARTHA CECILIA
DÍAZ MANTILLA contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER, razón por la cual la Sala considera que
hay identidad de partes en las solicitudes de amparo referidas.
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• Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y
persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir la sentencia
de 11 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2017-00223-01, por medio de la cual se revocó la
providencia proferida por el a quo y, en su lugar, se declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
• Identidad de hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la
acción de tutela radicada bajo el número 2023-01836-00, así como
en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la
misma situación, esto es, la declaratoria de responsabilidad del
Estado por el daño antijuridico causado al señor ORLANDO
CEFERINO FLÓREZ DÍAZ quien sufrió graves lesiones mientras
prestó el servicio militar obligatorio.
Igualmente, en ambas solicitudes de amparo la señora MARTHA
CECILIA DÍAZ MANTILLA afirmó que el propósito de incoar la
acción constitucional es obtener la protección de los derechos
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fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a los principios de reparación integral y
a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada
la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 2023-
01836-00.
Ahora la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno
de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.
Precisado lo anterior, la Sala advierte la existencia de la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante
sentencia T-269 de 2024 de 10 de julio de 2024, revocó la sentencia
de 24 de agosto de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA de
esta Corporación y, en su lugar, amparó los derechos de la actora y,
dejó sin efectos la sentencia del 11 de agosto de 2022, dictada por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER,
providencia objeto de estudio en la presente acción constitucional.
Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar
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en su conjunto la intervención de la señora MARTHA CECILIA DÍAZ
MANTILLA, encuentra que no puso de presente la existencia de la
duplicidad de acciones de tutela en las que se solicitan las mismas
pretensiones, por lo que en atención a lo dispuesto por la Corte
Constitucional, resulta evidente su propósito desleal, pues pretende
jugar con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre
varias, pudiese resultar favorable.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación de la señora MARTHA
CECILIA DÍAZ MANTILLA resulta temeraria, si se tiene en cuenta
que no se configura ninguna de las circunstancias excepcionales a
que hace referencia la Corte Constitucional en la sentencia analizada
en precedencia para enervar la actuación temeraria ante el ejercicio
simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.
Así las cosas, en atención a que la actora ya había presentado una
acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la figura de la cosa juzgada y la
temeridad, por lo que en atención al artículo 38 del Decreto Ley
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2591 de 199115, la solicitud de amparo de la referencia será
rechazada.
En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera
innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento de mala fe
por parte de la actora, por lo que aun cuando se configuran los
elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como
temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una
sanción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el amparo solicitado por
la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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