Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02833-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02833-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02833-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 9 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02833-00
Accionante: Dora Isabel Portilla Pino
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia mediante la
cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Dora Isabel Portilla
Pino contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 13 de mayo de 2025, Dora Isabel Portilla Pino, por medio de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Nariño, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, vida, salud y mínimo vital, con
ocasión de la Sentencia de 18 de octubre de 2022, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-33-33-003-
2017-00314-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“6.1. Declarar que con la sentencia del 18 de octubre de 2022 del Tribunal
Administrativo de Nariño, que revocó el fallo dictado por el Juzgado 3°
Administrativo del Circuito de Pasto, por medio de Sentencia del 22 de enero
de 2020 dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la señora
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02833-00
Accionante: Dora Isabel Portilla Pino
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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DORA ISABEL PORTILLO PINO contra la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-, EJERCITO NACIONAL se desconocen los derechos fundamentales
del actor a la seguridad social, igualdad, debido proceso, vida en condiciones
dignas y humanas, salud, mínimo vital y el principio de estabilidad económica y
social para los allegados del causante.
6.2. Dejar sin efectos y validez jurídica la Providencia Judicial del 18 de octubre
de 2022 del Tribunal Administrativo de Nariño, que revocó el fallo dictado por el
Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Pasto, por medio de Sentencia del 22
de enero de 2020 dentro del proceso contencioso administrativo promovido por
la señora DORA ISABEL PORTILLO PINO contra la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL.
6.3. En consecuencia le solicitó respetuosamente, como forma de protección
de los derechos y principios fundamentales invocados, y en la forma en que la
Corporación lo disponga, esto es devolviendo el expediente a la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Nariño para que emita una nueva sentencia en
la cual se observe el precedente de la Corte Constitucional o de manera
directa, se ordene a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO
NACIONAL, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes favor de
la señora DORA ISABEL PORTILLO PINO, con ocasión del fallecimiento de hijo
JHONNY ALEJANDRO ALARCÓN PORTILLA (Q.E.P.P), como beneficiaria, a partir
del 25 de diciembre de 2011, junto con el retroactivo correspondiente e
intereses moratorios a que haya lugar.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 18 de octubre de 2017, Dora Isabel Portilla Pino presentó una
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en
la que ssolicitó la nulidad de la Resolución No. 9178 de 28 de diciembre de
2012, mediante la cual la entidad demandada negó la pensión de
sobrevivientes a su favor, como madre de Johnny Alejandro Alarcón Portilla,
quien falleció cuando prestaba el servicio militar obligatorio. A título de
restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento de dicha pensión a
partir de 25 de diciembre de 2011.
5. 2) El 22 de enero de 2020, el Juzgado 3 Administrativo de Pasto
accedió a las pretensiones. Determinó que la norma aplicable al caso era
la Ley 100 de 1993, ya que su aplicación resultaba más favorable conforme
con la jurisprudencia vigente. Verificó el cumplimiento de los requisitos
exigidos en los artículos 46 y 47 de dicha ley para acceder a la pensión de
sobrevivientes debido a que Johnny Alejandro Alarcón Portilla prestó 67.78
semanas de servicio y su madre, la señora Portilla Pino, dependía
económicamente de él. En consecuencia, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y reconoció el derecho de la accionante a
percibir la pensión de sobreviviente en calidad de madre del soldado
regular fallecido, a partir de25 de diciembre de 2011, pero con efectos
fiscales desde el 18 de septiembre de 2017.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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6. 3) Inconforme con dicha decisión, la parte demandada presentó
recurso de apelación, en el cual sostuvo que la muerte de Johnny Alejandro
Alarcón Portilla no daba lugar al reconocimiento de dicha pensión, ya que
el Decreto 2728 de 1968, norma vigente para el momento de los hechos, no
consagró este derecho a favor de los soldados conscriptos, limitándose a
reconocer una compensación por muerte a sus beneficiarios. Sostuvo que
no se demostró la dependencia económica de la madre del fallecido, ya
que, para el momento de los hechos, ella tenía 39 años, se encontraba en
edad productiva, y no se probó que careciera de ingresos o que padeciera
alguna condición de salud que le impidiera trabajar.
7. 4) Mediante Sentencia de 18 de octubre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda. Determinó que, para el 25 de
diciembre de 2011, fecha de la muerte de Johnny Alejandro Alarcón Portilla,
quien se incorporó a las fuerzas militares como soldado regular y murió en
simple actividad, no existía una norma que estableciera el reconocimiento
de una pensión de sobrevivientes.
8. Señaló que, en principio, la norma aplicable al caso era el Decreto
2728 de 1968, la cual únicamente contemplaba como prestación la
compensación por muerte equivalente a 24 meses de sueldo básico de un
cabo segundo o marinero. No obstante, conforme con la Sentencia de
Unificación de 12 de abril de 20182, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, y con fundamento en el principio de favorabilidad, los
beneficiarios de quien falleció en simple actividad con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 se podían beneficiar de la pensión de
sobrevivientes.
9. Sin embargo, sostuvo que, en el presente caso, no se tenía derecho a
la aludida pensión porque, de conformidad con los testimonios del proceso,
la accionante no dependía económicamente de los ingresos de su hijo
fallecido, pues la ayuda que él le brindaba era esporádica y no se demostró
que, durante el lapso en el que prestó el servicio militar, le hubiera destinado
algún recurso. En esa medida, indicó que existía certeza de que Dora Isabel
Portilla Pino no dependía económicamente de su hijo y que el aporte de
Johnny Alejandro Alarcón Portilla no era la base principal de sustento de la
familia, ya que en las declaraciones no hubo alusión a una suma cierta ni
fija, además estaba demostrado que la señora Portilla Pino estaba en edad
productiva y se dedicaba al arreglo de casas y oficinas.
2 Radicación No. 81001-23-33-000-2014-00012-01 (132-15). CE-SUJ-SII-010-2018.
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10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que el
Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente constitucional.
11. Sostuvo que el análisis realizado fue inadecuado, debido a que se hizo
una apreciación irrazonable de la declaración extrajuicio rendida por
Mariela Sánchez Sánchez, el 19 de junio de 2014, así como del Formato de
Seguro de Vida Subsidiado de las Fuerzas Militares de Colombia, en el cual
Johnny Alejandro Alarcón Portilla manifestó que su única beneficiaria era su
madre. Igualmente, cuestionó la valoración de la declaración de los testigos
Aydee Arias Zamora y Bernardo Emilso Portilla Pino, quienes dieron cuenta
de la dependencia económica de la señora Portilla Pino y del monto
mensual de lo que le aportaba su hijo. Por ende, indicó que los testimonios
evidenciaban la ayuda constante y permanente del causante hacia ella,
motivada por sus múltiples patologías.
12. Añadió que el tribunal se apartó del precedente constitucional3 según
el cual no se requiere de una dependencia económica absoluta para
obtener la pensión de sobrevivientes. Adujo que la accionada opto por
aplicar una interpretación contraria a la sostenida por la Corte
Constitucional, lo que conllevó a la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Asimismo, afirmó que se
apartó de la Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018 del Consejo de Estado, que
refuerza y precisa los criterios bajos los cuales debe analizarse el acceso a la
pensión de sobrevivientes en el caso de personas que prestan el servicio
militar obligatorio y mueren mientras se encontraban activamente
vinculadas a la fuerza pública.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
13. El Tribunal Administrativo de Nariño5 sostuvo que la Sentencia de 18 de
octubre de 2022 fue proferida de conformidad con el estudio de la
demanda, las pruebas aportadas al proceso, las alegaciones de las partes,
el precedente jurisprudencial y la normativa constitucional y legal
relacionada con el tema, lo que conllevó a revocar la decisión de primera
instancia.
14. Recalcó que el acceso a la administración de justicia no implicaba
una declaración total y positiva de las pretensiones de los actores en
detrimento de la normatividad. Manifestó que no era posible que, vía tutela,
la accionante pretendiera deducir consecuencias favorables, sobre la base
3 Corte Constitucional, Sentencias C-111 de 2006, C-1035 de 2008 y T-076 de 2003 y T-619 de 2010.
4 Mediante Auto de 19 de mayo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandado al Tribunal Administrativo de Nariño y (3) vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Pasto y al Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como terceros con interés en el asunto.
5 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
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de un supuesto desconocimiento del orden jurídico que nunca ocurrió.
Adicionalmente, precisó que desde la emisión de la providencia
cuestionada trascurrieron 2 años y 7 meses, por lo que no se cumplía con el
requisito de inmediatez y resultaba improcedente la acción de tutela.
15. El Juzgado 3 Administrativo de Pasto6 afirmó que las actuaciones que
adelantó se surtieron en su integridad con observancia de la ley procesal y
que la sentencia que resolvió de fondo el asunto fue dictada conforme con
el acervo probatorio obrante en el plenario, por lo que no se configuraba la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En
consecuencia, solicitó que se negara el amparo solicitado.
16. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio, pese a
haber sido debidamente notificado7.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
17. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse:
18. La Corte Constitucional8 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.
19. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.
20. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20149, estableció, como regla general, que
6 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
8 Sentencia SU-018 de 2018.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.
21. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la
acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.
22. En el presente caso, resulta claro que la solicitud de amparo está
orientada a que se deje sin efectos la Sentencia de 18 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-33-33-003-2017-00314-01,
por lo que, al revisar el expediente de dicho proceso, la Sala logró acreditar
que la providencia enjuiciada fue notificada el 26 de octubre de 202210.
23. Así las cosas, se tiene que, entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (26 de octubre de 2022) y la presentación de la
acción de tutela (13 de mayo de 2025) transcurrieron más de 2 años y 6
meses, por lo que el plazo que dejó pasar la parte actora para acudir ante
el juez de tutela con el propósito de solicitar el amparo de su derecho
fundamental, de cara a la decisión de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Nariño, no resultó ser razonable.
24. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que, en el escrito de
tutela, la parte actora refirió que el mencionado requisito sí se cumplía, ya
que (se trascribe):
“En el caso sub-examine se encuentra acreditado el requisito de la inmediatez,
teniendo en cuenta que mediante Auto de Sustanciación del 14 de marzo de
2024, el Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto
aprobó la liquidación de costas, es decir habría trascurrido sólo (1) año desde
que la decisión quedo en firme o si se tuviera en cuenta la fecha de la sentencia
del Tribunal Administrativo de Pasto, habrían transcurrido alrededor de (2) años,
por lo que se considera que se está ante un periodo razonable y oportuno de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional.
10 El mensaje de datos fue enviado el 24 de octubre de 2022. Tal y como consta en la página web de la Rama
Judicial – Consulta de Procesos Nacional Unificada.
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Ahora bien, si en gracia de discusión el juez constitucional considera que no se
encuentra acreditado el requisito de inmediatez, es pertinente destacar lo
señalado por la Corte a través de su jurisprudencia, en particular mediante la
sentencia T-246 de 2015, la cual señaló que el Juez de tutela debe realizar una
valoración de los hechos que configuran el caso concreto cuando la acción
no se presenta en un término prudencial y razonable:
“La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”.
Bajo el anterior panorama, es pertinente señalar que la vulneración de los
derechos fundamentales de la señora DORA ISABEL PORTILLA PINO sigue
latente, pues con la negativa en el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, mi poderdante vive en condiciones de vulnerabilidad y están en
peligro sus derechos al MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, IGUALDAD, VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS Y HUMANAS y SALUD.
Por lo anterior, resulta improcedente que el paso del tiempo sea invocado
como un obstáculo insalvable para siquiera permitir un análisis de fondo sobre
los hechos que motivan esta solicitud de amparo, de manera que, acoger una
interpretación estrictamente literal del principio de inmediatez, sin considerar el
contexto específico del caso, no solo desconoce el acceso a la justicia, sino
que además perpetúa la vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección se reclama.
En virtud de lo expuesto, se ruega S.S analizar las circunstancias del caso en
concreto de la señora DORA ISABEL PORTILLA PINO con la finalidad de que los
derechos fundamentales de mi poderdante no sean menoscabados.”,
25. En atención a lo trascrito, la Sala considera que, aunque la
accionante sostuvo que el requisito de inmediatez se acreditaba desde el
auto de liquidación de costas, la Sala ha de precisar que aquel no incide en
el cómputo del término de inmediatez y, en todo caso, fue proferido el 14
de marzo de 2024, es decir, más de 1 año antes de la presentación de la
tutela, como bien lo reconoció la parte actora
26. Además, frente al argumento de que la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales “sigue latente” o, en otros términos, genera un
daño continuado, la Sala estima que no puede ser de recibo, comoquiera
que, de aceptar esa hipótesis, dado que todas las sentencias generan
determinados efectos que perduran en el tiempo, se estaría en todos los
casos, ante daños continuados, razón por la cual, el plazo de inmediatez no
tendría razón de existir.
27. En esa medida, lo invocado por la parte actora no se encuadra en
ninguno de los supuestos especiales o circunstancias relacionadas en el
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párrafo 21 de esta providencia, que permitan aceptar una interposición
después de ese plazo, pues, con la emisión de la Sentencia de 18 de octubre
de 2022, la parte actora debió actuar en un plazo razonable, pues, permitir
que entre el momento en que se profirió la providencia cuestionada y la
presentación de la acción de tutela transcurra un lapso excesivo,
compromete la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada11.
2.2. Conclusión
28. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad y
declarará la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Dora Isabel Portilla Pino, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud y/o recurso contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTINEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 Corte Constitucional, T-001 de 2022.
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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