Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02833-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02833-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02833-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho para reclamar la pensión de sobrevivientes /
inmediatez
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Dora Isabel Portilla Pino, en contra
de la sentencia proferida el 9 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Dora Isabel Portilla Pino promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad, vida, salud y mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 52001-33-33-003- 2017-00314-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales
se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, como madre
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_AcciondetutelaDoraIs(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
de Johnny Alejandro Alarcón Portilla, quien falleció el 25 de diciembre de 2011
durante la prestación del servicio.
2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto, en sentencia del 22
de enero de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que
acreditó que su hijo cumplió con las cotizaciones mínimas exigidas y se probó que
dependía económicamente de él. En contra de esta decisión la parte demandada
interpuso recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 18 de octubre de 2022
revocó la decisión del a quo, al considerar que, pese a que Johnny Alejandro
Alarcón Portilla al momento de su fallecimiento había cotizado 67,78 semanas, lo
cierto es que no se acreditó el requisito de la dependencia económica, comoquiera
que los propios testigos señalaron que la ayuda que este le brindaba era esporádica
y que, si bien trabajó en construcción antes de ingresar a la institución militar, no se
demostró que durante el servicio militar hubiera enviado dinero a su madre.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por indebida valoración probatoria debido de los
elementos aportados con la demanda y del expediente administrativo del causante.
2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional2
donde se ha precisado que la dependencia no debía ser de forma total y absoluta,
pues esta exigencia desconocía el deber de solidaridad y los principios
constitucionales de dignidad humana, protección integral de la familia y
proporcionalidad, al condicionar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a situaciones extremas como el abandono, la indigencia o la miseria absoluta. Así
como los pronunciamientos del Consejo de Estado3 donde se han establecido los
criterios para el acceso a la pensión de sobrevivientes en los casos de personas
que prestaban el servicio militar obligatorio y fallecieron mientras se encontraban
activamente vinculadas a la fuerza pública.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 6.1. Declarar que con la sentencia del 18 de octubre de 2022 del Tribunal
Administrativo de Nariño, que revocó el fallo dictado por el Juzgado 3° Administrativo
del Circuito de Pasto, por medio de Sentencia del 22 de enero de 2020 dentro del
proceso contencioso administrativo promovido por la señora DORA ISABEL PORTILLO
PINO contra la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-, EJERCITO
NACIONAL se desconocen los derechos fundamentales del actor a la seguridad social,
igualdad, debido proceso, vida en condiciones dignas y humanas, salud, mínimo vital y
el principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante.
2 Al respecto citó las sentencias C-111 de 2006, C1035 de 2008 y T-076 de 2003 y T-619 de 2010.
3 Al respecto citó la Sentencia CE-SUJ-SII-010-2018.
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Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
6.2. Dejar sin efectos y validez jurídica la Providencia Judicial del 18 de octubre de 2022
del Tribunal Administrativo de Nariño, que revocó el fallo dictado por el Juzgado 3°
Administrativo del Circuito de Pasto, por medio de Sentencia del 22 de enero de 2020
dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la señora DORA ISABEL
PORTILLO PINO contra la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
EJERCITO NACIONAL.
6.3. En consecuencia le solicitó respetuosamente, como forma de protección de los
derechos y principios fundamentales invocados, y en la forma en que la Corporación lo
disponga, esto es devolviendo el expediente a la Sala de lo Contencioso Administrativo
de Nariño para que emita una nueva sentencia en la cual se observe el precedente de
la Corte Constitucional o de manera directa, se ordene a la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL, el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes favor de la señora DORA ISABEL PORTILLO PINO, con ocasión del
fallecimiento de hijo JHONNY ALEJANDRO ALARCÓN PORTILLA (Q.E.P.P), como
beneficiaria, a partir del 25 de diciembre de 2011, junto con el retroactivo
correspondiente e intereses moratorios a que haya lugar […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo del Nariño4 solicitó que se negara la petición de
amparo, toda vez que la decisión se tomó con fundamento en el material probatorio
allegado, el cual no solo evidenció la ausencia de dependencia económica, sino
que permitió concluir que los aportes del causante no constituían el sustento
principal del hogar. Además, estaba acreditado que la demandante se encontraba
en edad productiva y ejercía actividades relacionadas con el arreglo de casas y
oficinas, por lo cual su situación no encuadró en el concepto de dependencia
económica precaria desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-111
de 2006.
4.1. Así mismo, que se declarara su improcedencia por cuanto no acreditó el
requisito general de la inmediatez, pues desde la emisión de la providencia
enjuiciada han transcurrido 2 años y 7 meses.
5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pasto5
solicitó que se negara lo pretendido ante la inexistencia de vulneración de los
derechos fundamentales de la demandante, comoquiera que las actuaciones
adelantadas por este despacho se surtieron con estricto apego a la normativa
procesal vigente, y la sentencia que resolvió de fondo el asunto se dictó con base
en el acervo probatorio obrante en el expediente.
6. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional guardó silencio.
4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado
«13RECIBEMEMORIAL_2017003149996DoraPor(.pdf) NroActua 10».
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «17RECIBEPRUEBAS_GetFileAttachmentpdf(.pdf)
NroActua 12».
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Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
1.3 . Sentencia de primera instancia6
7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 9
de junio de 2025 declaró improcedente la petición de amparo por no acreditar el
requisito general de la inmediatez, por cuanto la sentencia enjuiciada fue notificada
el 26 de octubre de 2022, lo que evidenció que transcurrieron más de 2 años y 6
meses hasta el momento en que se radicó la tutela.
7.1. Si bien la accionante alegó que el requisito de inmediatez se cumplía desde
la providencia de liquidación de costas, lo cierto es que dicho auto no incide en el
cómputo de ese término, y si así fuera el caso, dicho proveído fue emitido el 14 de
marzo de 2024, es decir, más de un año antes de la presentación de la solicitud de
tutela.
1.4. El escrito de impugnación7
8. Dora Isabel Portilla Pino impugnó la decisión de primera instancia y refirió
que, si acreditó el requisito general de la inmediatez, pues si bien la Sala
fundamentó su decisión en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en
la cual se estableció la regla general para la procedencia del amparo constitucional,
lo cierto es que no analizó el caso concreto, como lo ha exigido de forma reiterada
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
8.1. No valoró adecuadamente las circunstancias particulares del caso, esto es,
su condición de persona en situación de vulnerabilidad con pérdida de capacidad
laboral superior al 50% y la naturaleza del derecho reclamado, una pensión de
sobrevivientes, razones que exigían un análisis flexible del requisito de inmediatez;
además del hecho que, la demora en la interposición de la tutela se justificó en su
estado de salud, lo cual debía ser tenido en cuenta para garantizar una tutela
judicial efectiva y evitar un perjuicio irremediable.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a
las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a
consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
6 Ver índice 18 de Samai. Archivo denominado «22Sentencia_Tutela20250283300TCP(.pdf)
NroActua 18».
7 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado «24_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONTUTELAC(.pdf) NroActua 22».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 11. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]».
12. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos14, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir; ¿si la
solicitud de tutela presentada por Dora Isabel Portilla Pino satisface el requisito de
procedencia general de la inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
18. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez,
como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, « se
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»16.
19. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de
2016 estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno
de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la
interposición de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál
ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos
similares al que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses
podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya
que todo dependerá de las particularidades del caso»17
20. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, respecto al término razonable
para presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que
el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]».
2.4.2. Sobre el caso concreto
21. Dora Isabel Portilla Pino acude al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 18 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente reclamada,
al considerar que no acreditó la dependencia económica respecto del causante.
22. Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, se
tiene que la providencia acusada del 18 de octubre de 2022, que puso fin al
proceso, fue notificada mediante correo electrónico del 24 de octubre siguiente18 y
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
18
Ver índice 10 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 52001333300320170031401.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
la solicitud de tutela radicada el 13 de mayo de 202519, lo cual permite concluir, que
la demandante acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido
más de dos (2) años y seis (6) meses de encontrarse ejecutoriada la providencia
que consideró vulneradora de sus derechos fundamentales.
23. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.
24. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar
cada caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto
bajo estudio no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza
acreditada estuvo supeditada a un hecho de especial consideración que permita
desconocer la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera
excepcional, pues, se insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»20.
25. En este punto, advierte la Sala que si bien la demandante en el escrito de
impugnación afirmó que acudió de manera tardía ante el juez constitucional con
ocasión de los quebrantamientos de salud que ha padecido desde el año 2008; lo
cierto es que dicha situación no podría tener injerencia para flexibilizar el análisis
del requisito de la inmediatez, pues, según precisó «dichas afecciones se remontan al
año 2008, cuando fue sometida a un trasplante renal el día 9 de noviembre del referido
año, procedimiento que marcó el inicio de un conjunto de patologías asociadas que han
comprometido de manera severa su calidad de vida», por lo que se trató de un episodio
de salud de más de 14 años atrás a la fecha en que se notificó la sentencia que hoy
cuestiona.
3. Conclusión
26. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la solicitud de amparo
presentada por Dora Isabel Portilla Pino en contra del Tribunal Administrativo de
Nariño.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
19 Visible en índice 1 del expediente de tutela.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02833-01
Demandante: Dora Isabel Portilla Pino
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de junio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente,
por no superar el requisito de inmediatez, la solicitud de tutela presentada por Dora
Isabel Portilla Pino en contra del Tribunal Administrativo del Nariño, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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