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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02840-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02840-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación del Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno -Tolima, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: Niégase el amparo presentado por la señora Estefanía Barrios Gómez por lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02840-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de junio de 2025

Demandante: Estefanía Barrios Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02840-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02840-00
Demandante: ESTEFANÍA BARRIOS GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Tema: Mora Judicial. Niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Estefanía Barrios Gómez, en nombre propio, interpuso acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales a la vida digna, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la presunta mora
judicial injustificada en la que incurrió la autoridad accionada, al no resolver
el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 26 de junio
de 2023, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Ibagué en el trámite del proceso de reparación directa que
instauró2 en contra del Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno-
Tolima y el señor Álvaro Arbeláez Castañeda, identificado con radicado
73001-33-33-007-2015-00284-00/02.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Comedidamente me permito solicitar el amparo de mis derechos
fundamentales a la vida digna, debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima;

1 Presentada el 13 de mayo de 2025 mediante envío al correo electrónico de la secretaría

general del Consejo de Estado.
2 Además de la accionante fueron demandantes los señores Juan Camilo Barrios Gómez y

Fanny Ruth Gómez Orjuela.
1

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Demandante: Estefanía Barrios Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02840-00

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene al Tribunal Administrativo del
Tolima resolver, en un plazo razonable, el cual debe atender mis circunstancias
médicas y las que han rodeado el proceso judicial de marras, la apelación
presentada en contra de la sentencia del 26 de junio de 2023, proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué.

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La accionante, en su calidad de médica rural al servicio del Hospital San
Vicente de Paul E.S.E. del municipio de Fresno – Tolima-, sufrió un accidente
de tránsito el 20 de noviembre de 2012 que la dejó gravemente herida.

En atención a las lesiones sufridas, la señora Estefanía Barrios Gómez y su
familia instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra del Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno - Tolima
y del señor Álvaro Arbeláez Castañeda, con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad por el accidente de tránsito sufrido y, en consecuencia, se
le condenara al pago de los perjuicios ocasionados.

Informó que el proceso correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Ibagué, despacho que en sentencia del 26 de junio de
2023 declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada y la
condenó al pago de las indemnizaciones fijadas en la providencia.

Ante la tardanza por parte del Tribunal Administrativo del Tolima en admitir el
recurso de apelación interpuesto por la demandada, la accionante presentó
el 15 de octubre de 2024 una solicitud de impulso procesal, en la que indicó
que durante el tiempo que ha permanecido el expediente al despacho para
tal fin, ha presentado padecimientos adicionales que han puesto en riesgo su
vida.

Manifestó que desde el 22 de agosto de 2023, fecha en la que se radicó el
expediente en el Tribunal accionado, ha transcurrido 1 año y 8 meses sin que
se haya resuelto la apelación interpuesta en contra de la sentencia de
primera instancia.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante expresó que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus
derechos fundamentales, no solo al no dar respuesta a la solicitud del 15 de
octubre de 2024, sino al no tramitar en un plazo razonable el recurso de
apelación, muy a pesar que desde el 22 de agosto de 2023 se radicó para
ser resuelta la segunda instancia, por lo que se incurrió en mora injustificada.

De igual manera indicó que dada la discapacidad que padece, de
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política, goza de especial
protección, condición que obliga al Estado “a establecer ventajas o beneficios a
fin de proteger a quienes por su condición económica, física o mental se encuentren
2

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en circunstancias de debilidad manifiesta”3, así que al no recibir ese trato
especial se está generando una discriminación por omisión.

Expuso que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, “desde el precitado
artículo constitucional, se desprende la obligación de observar las exigencias del
denominado plazo razonable, el cual conlleva el deber, a cargo de los funcionarios
de la administración de justicia, de definir los derechos u obligaciones de una
persona con circunstancias subjetivas que demanden una pronta decisión, con la
finalidad de evitar dilaciones injustificadas que puedan afectar los derechos
fundamentales”.4

Afirmó que de los artículos 2 y 4 de la Ley 270 de 1996 se extrae el deber del
Estado de garantizar el acceso de todos los asociados a la administración de
justicia, así como el de dar de manera pronta, cumplida y eficaz, una decisión
en los asuntos sometidos a su conocimiento.

Reiteró que el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al no resolver, dada su condición médica
particular, la apelación presentada contra el fallo del Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué en un plazo razonable.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 30 de mayo de 2025, el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.

De igual manera, vinculó como terceros con interés al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, al Hospital San Vicente de
Paul E.S.E. de Fresno – Tolima, al municipio de Fresno y al señor Álvaro
Arbeláez Castañeda.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas5, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué

La titular del despacho judicial informó que en el proceso objeto de acción de
tutela dictó sentencia el 23 de junio de 2023 declarando patrimonialmente
responsable al Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno –Tolima
conforme a la parte considerativa de la providencia.

3 Trascripción de la accionante de fragmento de sentencia de la Corte Constitucional sin

identificarla.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-309 de 2003, magistrado ponente José Fernando Reyes

Cuartas.
5 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 3 y 9 de junio de 2025. Índices 13 y 20

Samai.
3

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Destacó que el proceso fue remitido el 17 de agosto del mismo año al
Tribunal Administrativo del Tolima con ocasión al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima

El magistrado sustanciador de la segunda instancia en su escrito de
intervención manifestó que el día 9 de octubre de 2024 fue designado por el
Consejo de Estado en provisionalidad, y que desde años anteriores se han
presentado inconvenientes con la oficial mayor adscrita al despacho, que han
impedido la proyección oportuna de las providencias en los asuntos a su
cargo.

Indicó que, en aplicación del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, actualmente
el despacho proyecta las decisiones de fondo de los procesos que ingresaron
para sentencia en el año 2023, otorgando prelación a las acciones populares
y reconocimientos pensionales.

En ese orden afirmó que, dada la condición de salud de la demandante,
incluirá el asunto para someterlo a discusión de la sala de decisión a finales
del mes de julio del presente año, por lo que de ser aceptado, se proferirá la
sentencia de segunda instancia en esa fecha.

1.6.3. Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno – Tolima

Por intermedio de su representante legal manifestó que el hospital no ha
participado ni tiene competencia en la decisión del tribunal demandado, por
lo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la demandante.

De igual manera, expuso que la acción de amparo es improcedente por
cuanto la tutela no puede usarse como sustituto de los procedimientos
ordinarios, ni tampoco para dar impulso procesal o saltar términos de turno y
de instancia de cada proceso, como se pretende.

En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la acción
constitucional por subsidiariedad, como también se le desvincule por no
haber vulnerado derecho fundamental alguno a la actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora Estefanía Barrios Gómez contra el Tribunal
Administrativo del Tolima. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como

4

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en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión Previa

El Hospital San Vicente de Paul E.S.E. de Fresno – Tolima, solicitó la
desvinculación de la acción de amparo por no haber vulnerado los derechos
fundamentales de la actora, petición que la Sala denegará por cuanto fue
convocada como tercera con interés a quien podría afectarle la sentencia, ya
que conformó la parte demandada dentro del proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, al
incurrir en presunta mora judicial por no resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada dentro del medio de control de
reparación directa instaurado en contra del Hospital San Vicente de Paul
E.S.E. de Fresno -Tolima y del señor Álvaro Arbeláez Castañeda, identificado
con el radicado 73001-33-33-007-2015-00284-00/02.

Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, (iii) mora judicial, y
(iv) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa,
salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable6.

2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución7, del derecho fundamental al

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La

ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5

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debido proceso8 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia9.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y
en la ley […]»10.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…]
no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad
formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura
judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia
reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos
los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la
suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»11.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte,
que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías”12, y de otro lado, “la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a
dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto
que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»13.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996

8 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
9 Sentencia T-006 de 1992.
10 Sentencia T-476 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
12 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
13 Ibídem.

6

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Estatuaria de la Administración de Justicia14 y con sustento en los principios
de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución
del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un
proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por
vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío
funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el
funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas,
para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad
como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado
con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de
la justicia material […]»15.

2.6. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino
en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.16

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los
funcionarios judiciales»17.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de
un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para
su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la
tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto
de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente

14 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública

que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio

Palacio.
16 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
17 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan
un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de
la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial18, según la cual solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.

2.7. Caso concreto

Como viene de explicarse, la parte actora cuestionó la mora judicial
injustificada en la que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada,
al no resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en
el proceso que en ejercicio del medio de control de reparación directa
instauró la actora y otros19 en contra del Hospital San Vicente de Paul E.S.E.
de Fresno y del señor Álvaro Arbeláez Castañeda, identificado con el
radicado 73001-33-33-007-2015-00284-00/02.

La Sala, al consultar el sistema de información judicial20, estableció que el
magistrado encargado del trámite en segunda instancia del proceso de
reparación de directa21 objeto del amparo, mediante auto del 26 de
septiembre de 2024 admitió el recurso de apelación, providencia notificada a
las partes a través de estado electrónico del 27 de septiembre de 2024 y al
Ministerio Público el 7 de octubre del mismo año, por lo que el 25 de octubre
de 2024 entró al despacho para proferir sentencia.

En escrito radicado el 15 de octubre siguiente a través de la ventanilla virtual,
el apoderado de la demandante presentó una solicitud de impulso procesal,
por cuanto Estefanía Barrios Gómez se encontraba en una condición de
especial protección dada la magnitud de las lesiones padecidas debido a los
hechos señalados en la demanda, para lo cual anexó la historia clínica del 7
de septiembre de 2024.22

La autoridad accionada, por intermedio del magistrado ponente del proceso
de reparación directa, manifestó en su escrito de intervención que, a pesar
de que en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 se proyectan

18 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-

000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19
de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal
Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
19 Juan Camilo Barrios Gómez y Fanny Ruth Gómez Orjuela.
20 Radicado 25000-23-26-000-1999-02008-02. Índices 35,37 y 38 Samai.
21 A pesar de indicar erróneamente el medio de control, corresponde al de reparación

directa.
22 Radicado730013333007201500284-00/02. Índice 12. Samai.

8

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las decisiones de fondo de los procesos que entraron para sentencia en el
año 2023, dada la condición de salud de la demandante se sometería el
proyecto a discusión de la sala de decisión a finales del mes de julio del
presente año y que, de ser aprobado, se dictaría la sentencia de segunda
instancia.

De lo anterior, se establece que para el 15 de octubre de 2024 fecha de
presentación de la solicitud de impulso procesal, la accionada en el trámite
de la segunda instancia ya había dictado y notificado el auto mediante el cual
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, e
ingresó el expediente al despacho para fallo de segunda instancia.

Ahora, el tiempo que ha transcurrido entre el ingreso del proceso para fallo y
la formulación de la acción de amparo, descontado la vacancia judicial de fin
de año y de la semana santa, es de seis meses, que no resulta
desproporcionado ni configura una mora judicial injustificada para proferir
sentencia de segunda instancia, a pesar de lo cual, el magistrado ponente de
la decisión consideró la situación clínica de la accionante, para anunciar
someter a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, el
proyecto de fallo a finales del mes de julio del presente año.

En consecuencia, con fundamento en la gestión diligente de la accionada en
el trámite de la segunda instancia y lo manifestado en el informe rendido en
la acción constitucional de someter a estudio el proyecto de fallo en julio del
presente año, se comprueba que no se presentó mora judicial injustificada,
motivo por el cual se negará el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación del Hospital San Vicente
de Paul E.S.E. de Fresno -Tolima, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: Niégase el amparo presentado por la señora Estefanía Barrios
Gómez por lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

9

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CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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