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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02846-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02846-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo Morales Trujillo y en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Segundo: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data y dignidad humana del señor Ronald Olier Lugo, transgredidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco Davivienda, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación del fallo, levante la medida cautelar que recae sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 060 296474, tal y como lo ordenó la Resolución núm. DEAJGCC21-13962 del 31 de diciembre de 2021 y demás oficios expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Cuarto: ORDENAR al Banco Davivienda que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación del fallo, levante la medida cautelar que recae sobre la cuenta de ahorros número 488414819513 de la que es titular el señor Ronald Olier Lugo. Quinto: NEGAR el amparo invocado en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Superintendencia de Notariado y Registro conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Sexto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Séptimo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02846-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02846-00
Accionante: Ronald Olier Lugo
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Derechos debido proceso, habeas data y vida digna. Tutela contra
entidades que no han dado cumplimiento a actos que ordenaron levantar
medidas cautelares decretadas en procesos de cobro coactivo.
CONCEDE AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ronald Olier Lugo, en
nombre propio, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco Davivienda
S.A.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al habeas data y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por las
entidades accionadas.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que ejerce la profesión de abogado hace aproximadamente 20 años y que en el
desarrollo de la profesión fue multado en dos oportunidades por la Corte Suprema
de Justicia, Sala Laboral.

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó dar apertura a dos
procesos de cobro coactivo en su contra, con los radicados «110010790000-
20150019800 y 110010790000-20150053100».

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Que a través de las resoluciones núm. DEAJGCC21-13842 del 27 y DEAJGCC21-
13962 del 31 de diciembre de 2021 se terminaron los procesos antes referenciados
y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

Que pese a que se ordenó levantar las medidas cautelares aún tiene embargada su
cuenta de ahorros en el Banco Davivienda y el bien inmueble identificado con el
«FMI No. 060 – 266256» ubicado en Cartagena.

Que el 11 de abril de 2025 con su esposa suscribió promesa de compraventa de un
inmueble ubicado en Cartagena y se fijó como fecha de celebración del contrato de
compraventa el 25 de julio de 2025 en la Notaría Séptima de Cartagena.

Que acudió al Banco Bancolombia a solicitar un crédito hipotecario para cancelar el
bien antes citado; sin embargo, le rechazaron el crédito porque su cuenta de ahorros
y el bien identificado con el FMI núm. 060 – 266256 están embargados.

Considera que las entidades accionadas le transgreden sus derechos
fundamentales al debido proceso, al habeas data y a la vida digna por no dar
cumplimiento a las órdenes de desembargo que se emitieron dentro de los procesos
coactivos y los cuales ya finalizaron.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene 1) al Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dar cumplimiento a las resoluciones núm. DEAJGCC21-
13842 del 27 y DEAJGCC21-13962 del 31 de diciembre de 2021 y 2) a la
Superintendencia de Notariado y Registro y al Banco Davivienda acatar las órdenes
de desembargo de la cuenta de ahorros y del bien inmueble identificado con el FMI
No. 060 – 266256 ubicado en Cartagena.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 15 de mayo de 2025 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación de
las accionadas.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues lo pretendido por el actor no guarda
relación con las funciones y competencias asignadas a la entidad. Además,
manifestó que es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena la
encargada de pronunciarse sobre los hechos que narra el actor.

Adujo que mediante Oficio SNR2025EE-084185-1 del 21 de mayo de 2025 requirió

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al registrador de Instrumentos Públicos de Cartagena para que se pronuncie sobre
la presunta violación del derecho al debido proceso, por no dar cumplimiento a las
órdenes de desembargo emanadas de los actos DEAJGCC21-13842 de 27 y
DEAJGCC21-13962 de 31 de diciembre de 2021.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no rindió informe
pronunciándose sobre el asunto, pero sí remitió documentos relacionados con el
caso particular.

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco
Davivienda S.A. fueron debidamente notificados de la acción de tutela; sin
embargo, decidieron guardar silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión Previa - Impedimento

El señor doctor, Juan Camilo Morales Trujillo, Magistrado integrante de la Sala
manifestó impedimento para conocer de la presente acción con fundamento en las
causales 1 y 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que es
parte la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de la que dice haber sido
apoderado en diferentes procesos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los periodos comprendidos entre 2018 a 2021 y 2023 a 2024.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual establece:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de
impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
[…]
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna
de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o
haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del
proceso.

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Según lo manifestado por el señor Magistrado en el sentido de que fue apoderado
de la entidad hasta el año 2024, Observa la Sala dual que la situación encaja en la
causal 4ª invocada, por lo que se declarará fundado el impedimento y se le separará
del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad
y transparencia.

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) derecho fundamental al habeas data y III)
análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Derecho fundamental al habeas data

El artículo 15 de la Constitución Política permite identificar la existencia de tres
derechos fundamentales: la intimidad, el buen nombre y el habeas data, los cuales
gozan de autonomía.

El derecho al habeas data «busca proteger el dato personal, en tanto información
que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural
en concreto»1. La jurisprudencia ha considerado que este derecho está compuesto
por las siguientes dimensiones: a) conocer o acceder a la información que está
recogida en las bases de datos sobre el titular; b) incluir nuevos datos con el fin de
que se provea una imagen completa del titular; c) actualizar la información; d) que
la información contenida en las bases de datos sea corregida, y e) el excluir o
suprimir información de una base de datos2.

Este derecho busca proteger a las personas contra información que se causa o se
propaga de manera falsa o errónea, pero también excediendo los límites del
tratamiento de la información, y que consiga distorsionar el concepto que la
sociedad se pueda formar de la persona3.

1 Corte Constitucional, Sentencia SU-139 de 2021.
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-458 de 2012.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 2020.

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Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Ronald Olier Lugo solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al habeas data y a la vida digna, los cuales
considera vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco Davivienda
S.A, por no dar cumplimiento a órdenes de desembargo.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente, observa la Sala lo siguiente:

• La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelantó en contra del actor los
siguientes procesos de cobro coactivo:

Radicado Medida de embargo Termina proceso
110010790000- Resolución núm. DEAJGCC20- Resolución núm. DEAJGCC21-13962
20150019800 9514 del 25 de noviembre de 2020 del 31 de diciembre de 2021 terminó
decretó el embargo y secuestro de el proceso por pago total de la
los bienes inmuebles con matrícula obligación y ordenó levantar las
inmobiliaria 060 296474 y medidas cautelares.
060266256 ubicados en la avenida
34C # 28 20 36 LT A Apto 703 y en
la diagonal 32 # 82- 104, ambos en
la ciudad de Cartagena.
110010790000- Resolución núm. DEAJGCC21- Resolución núm. DEAJGCC21-13842
20150053100 11621 del 25 de octubre de 2021 del 27 de diciembre de 2021 terminó el
que decretó el embargo de los proceso por pago total de la obligación
dineros y demás productos y ordenó levantar las medidas
bancarios que posea el cautelares.
sancionado.

• La Dirección ha adelantado las siguientes actuaciones:

Radicado Actuación
110010790000- - Mediante Oficio núm. DEAJGCC22-37 del 11 de enero de 2022 la
20150019800 Dirección le ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cartagena «el desembargo de los bienes inmuebles identificados con las
Matrículas Inmobiliarias 060 296474 y 060 266256, ubicados en la Avenida
3A C No. 28 20 36 LT A Apartamento 703 Edificio "Bambú 320" R.P.H.
Barrio Manga; y el otro en la Diagonal 32 No. 82-104 Casa N°6 Conjunto
Toscana R.P.H. Urbanización El Edén, ambos de la Ciudad de Cartagena».
• Oficio núm. DEAJGCC22-4207 del 28 de junio de 2022 ordena el
desembargo del bien inmueble antes citado.
• El 20 de mayo de 2025, la dirección le remitió a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena el oficio núm. DEAJGCC25-3962 del
19 de igual mes y año, donde:

«(…) en aras de evitar más desgaste administrativo, con todo respeto me
permito adjuntar nuevamente dos ejemplares de la Resolución n° (sic)
DEAJGCC21-13962 del 31 de diciembre de 2021, para que se levanten las
medidas cautelares ordenadas por esta División, mediante la Resolución
n°. (sic) DEAJGCC20-9514 del 25 de noviembre de 2020 y comunicada
mediante el oficio n°. (sic) DEAJGCC20-9515 del 25 de noviembre de 2020,
sobre el inmueble ubicado en la # CONJUNTO TOSCANA R.P.H.
DIAGONAL 32 NO. 82-104 EN LA URBANIZACION EL EDEN CASA N°6

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02846-00
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Radicado Actuación
del Departamento de Bolívar, Municipio de Cartagena de Indias, (dirección
catastral), identificado con matrícula inmobiliaria n°. 060- 266256,
materializada en la anotación n°. 6 del 20 de enero de 2021.

En consecuencia, comedidamente solicito registrar en el certificado de
tradición y libertad del inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria n° 060-266256, el levantamiento de la medida cautelar
mencionada».
110010790000- - El 30 de diciembre de 2021 mediante DEAJGCC21-13937 la Dirección le
20150053100 solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena que
levantara la medida cautelar decretada sobre el bien identificado con
matrícula inmobiliaria 060- 266256 de propiedad del señor Ronald Olier
Lugo.

• El 26 de diciembre de 2024 la Dirección remitió al Banco Davivienda Oficio
DEAJGCC24-15716 al correo «notificacionesjudiciales@davivienda.com»
solicitando que «se libere y cancele las ordenes (sic) de embargo sobre los
productos bancarios que se tengan a nombre del señor RONALD OLIER
LUGO».
• Resolución núm. DEAJGCC24-14766 del 3 de diciembre de 2024 que
decretó el desembargo de las sumas de dinero y productos bancarios del
actor especialmente de la cuenta de ahorros que tiene en el Banco
Davivienda.

Por su parte la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena mediante
nota devolutiva del 5 de abril de 2022 señaló que:

«(…) FALTA CITAR DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA MEDIDA
CAUTELAR QUE SE PRETENDE CANCELAR

SEÑOR USUARIO: NO ES PROCEDENTE LA INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE
DOCUMENTO POR CUANTO SE EVIDENCIA QUE NO COINCIDE EL
NUMERO (sic) DEL EXPEDIENTE

EXPEDIENTE INSCRITO: 110010790000-20150053100- DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL»

Dentro de los documentos compartidos por la Dirección se encuentra el Certificado
de Tradición y Libertad núm. 2504088724112013244 del 8 de abril de 2025 del bien
inmueble con número de matrícula 060-266256 con la siguiente anotación:

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para la Sala que los procesos de cobro
coactivo en contra del señor Ronald Olier Lugo, con los radicados 110010790000-

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02846-00
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20150019800 y 110010790000-20150053100, finalizaron por pago total de la
obligación mediante las resoluciones núm. DEAJGCC21-13842 del 27 y
DEAJGCC21-13962 del 31 de diciembre de 2021.

Al respecto, no encuentra la Sala que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial le transgreda al actor los derechos invocados, pues ha enviado varios oficios
tanto al Banco Davivienda como a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cartagena solicitando el desembargo de los bienes inmuebles con las matrículas
inmobiliarias núm. 060 296474 y 060 266256 y de la cuenta de ahorros número
488414819513 que el actor tiene en dicha entidad bancaria.

Por su parte, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena solo ha
cancelado la medida de embargo que recaía en el bien inmueble con matrícula
inmobiliaria núm. 060 266256; tal y como se logró establecer en el Certificado de
Tradición y Libertad núm. 2504088724112013244 del 8 de abril de 2025, sin
embargo, continúa vigente la medida de embargo sobre el bien identificado con el
número de matrícula inmobiliaria 060 296474, pese a los diferentes requerimientos
que le ha realizado la Dirección; motivo por el cual se ampararán los derechos
fundamentales al debido proceso y al habeas data del actor.

Los anteriores derechos también están siendo transgredidos por el Banco
Davivienda, ya que no ha desembargado la cuenta de ahorros a nombre del
accionante, omitiendo los diferentes requerimientos que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial le ha realizado.

No se observa vulneración de los derechos fundamentales del actor por parte de la
Superintendencia de Notariado y Registro; no obstante, tratándose de la protección
de derechos fundamentales no se declarará la falta de legitimación en la causa por
pasiva, teniendo en cuenta las funciones de vigilancia y control que ejerce respecto
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Es importante señalar que ante la situación que aquí se presenta el actor no cuenta
con otros medios para la defensa de sus derechos y en ese sentido también se
vulnera su derecho a la dignidad humana; de manera que se es procedente la acción
de tutela para su protección.

En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso,
habeas data y dignidad humana del actor transgredidos por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco Davivienda y se negará el
amparo invocado en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Superintendencia de Notariado y Registro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02846-00
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FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo
Morales Trujillo y en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto.

Segundo: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas
data y dignidad humana del señor Ronald Olier Lugo, transgredidos por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena y el Banco Davivienda,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Cartagena que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir
de la notificación del fallo, levante la medida cautelar que recae sobre el bien
inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 060 296474, tal y como lo ordenó la
Resolución núm. DEAJGCC21-13962 del 31 de diciembre de 2021 y demás oficios
expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Cuarto: ORDENAR al Banco Davivienda que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes contadas a partir de la notificación del fallo, levante la medida
cautelar que recae sobre la cuenta de ahorros número 488414819513 de la que es
titular el señor Ronald Olier Lugo.

Quinto: NEGAR el amparo invocado en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Superintendencia de Notariado y Registro conforme a las
consideraciones plasmadas en esta providencia.

Sexto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Séptimo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

HAPC

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