Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02853-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02853-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02853-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 13 de mayo de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó
demanda de tutela contra la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en busca de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso. Considera que este fue vulnerado por la autoridad
accionada al proferir la sentencia del 27 de febrero de 20252, al interior del medio de
control de reparación directa3 que promovió la señora Erika Yoselin Ramírez
Gutiérrez en su contra; cuyo fin era que se declarara la falla del servicio y obtener la
indemnización de los perjuicios causados por la anulación de su registro civil de
nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía mediante Resolución 15025
del 25 de noviembre de 2021, revocada por la 6084 del 4 de marzo de 2022.
2. En la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B revocó la decisión de primera instancia. Sostuvo que el daño
estaba acreditado con la anulación del registro civil de nacimiento y la consecuente
cancelación de la cédula de ciudadanía de la demandante, mediante el acto acusado;
quien por tres meses y nueve días vio truncado su derecho a la personalidad jurídica
(artículo 14 Constitucional), el cual conlleva el ser identificado y ser sujeto de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificada el 6 de marzo de 2025.
3 Con número de radicado 11001-33-43-062-2023-00186-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
derechos y obligaciones en una sociedad, daño que no estaba en la obligación de
soportar.
3. Frente a la imputabilidad, adujo que la imposibilidad de la señora Erika de ejercer
derechos y obligaciones, ser identificada como persona, acreditar su condición de
ciudadana, tener acceso a la salud, participar de sus derechos políticos, tener un
estado civil, entre otros, era imputable a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
ya que de conformidad con lo señalado en la Constitución Política de 1991 en el título
IX y lo establecido por la Corte Constitucional, es el Registrador Nacional quien tiene
a su cargo, entre otras cosas, lo relativo a la identidad de las personas desde en
nacimiento hasta su muerte.
4.
Conforme a lo anterior, reconoció como perjuicios morales 20 SMLMV, al estimar
que en el caso era claro que Erika pudo presentar sentimientos de angustia y zozobra
con la cancelación errónea de su documento de identificación por presunta falsedad
de identidad. Negó la indemnización de perjuicios por daños al buen nombre y la
honra.
5. La parte actora afirmó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico y
desconoció el precedente judicial al reconocer los perjuicios morales, en la medida
en que el Consejo de Estado tiene una profusa línea jurisprudencial sobre la materia,
en la cual ha señalado que la institución de presunción frente a la existencia de
perjuicios morales se ha admitido bajo la existencia de hechos o daños puntuales,
tales como (i) el fallecimiento por hechos imputables al Estado; (ii) víctimas de
lesiones personales; (iii) privación injusta de la libertad y; (iv) víctimas del delito de
desaparición forzada. La cual está estructurada principalmente en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014.
6. Manifestó que la autoridad accionada, en la sentencia objeto de reproche, se limitó
a presumir la existencia de unos perjuicios morales. Afirmó que en el caso se
presentaron diferencias sustanciales con los asuntos estudiados por el Consejo de
Estado relacionados con el mencionado perjuicio, pero, aun así, el Tribunal asumió
la existencia de aquellos.
7. Adujo que la anterior situación configuró una ampliación del referente
jurisprudencial a una situación que no se ha contemplado, configurando un cambio
de precedente, sin ningún tipo de justificación. Pues en la decisión cuestionada no
se explicó cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la
cuantificación de los perjuicios morales en hechos que atentan contra la vida e
integridad de las personas puede ser ampliado o aplicado a casos como el estudiado.
8. Por otra parte, hizo relación a la configuración de un defecto y desconocimiento
del precedente judicial, pero, por la liquidación de los perjuicios morales. Manifestó
que la providencia acusada hizo un recuento de las pruebas documentales que
reposaban en el expediente, todas ellas relacionadas con la existencia real de los
actos administrativos expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil; no
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
obstante, aquellas no tienen la entidad probatoria para demostrar la existencia de un
daño moral.
9. Citó apartes de las sentencias T-147 de 2020, T- 212 de 2012, la del 20 de abril
de 2005 y los expedientes 27136 y 33504 (sin fecha) e, indicó que tanto el precedente
del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional han señalado que la
discrecionalidad del juez no implica arbitrariedad y, por lo tanto, su decisión debe
estar fundada en pruebas, el análisis de la gravedad de los hechos o del daño, el
estudio de casos similares y, las características puntuales del daño. Todo lo anterior
para que el juez entregue razones suficientes para la liquidación del perjuicio moral.
10. Expresó que el Tribunal accionado desconoció los criterios señalados por la
jurisprudencia, en tanto basta con revisar la providencia para darse cuenta de que
en la liquidación de los perjuicios morales no mencionó ningún elemento probatorio,
tampoco realizó un análisis exhaustivo frente a la supuesta gravedad del daño o la
extensión de este, ni mucho menos analizó situaciones similares para establecer
algún grado de razonabilidad frente a su decisión. Agregó que la autoridad judicial
accionada en el presente caso ni siquiera mencionó que estuviese acudiendo a
criterios auxiliares como la reparación integral o la equidad para establecer el monto
a indemnizar.
11. Indicó que, con lo declarado en la sentencia para reconocer el mencionado
perjuicio, era evidente que no existía ningún medio probatorio siquiera sumario que
le permitiera al Tribunal sustentar su posición. Situación que no es menor, debido a
que en primera instancia no se encontraron pruebas que demostraran el daño y los
perjuicios alegados. Adicionó que el monto reconocido por perjuicios morales es
desproporcionado para el corto tiempo en el que estuvo vigente el daño.
12. Concluyó que el Tribunal se limitó única y exclusivamente a asumir la existencia
de sentimientos de angustia y zozobra derivados de la expedición de los actos
administrativos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil; pero no
explicó por qué más allá de la presunción aplicada estimó la indemnización de dichos
perjuicios morales en ese valor.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
13. Mediante auto de 19 de mayo de 20254 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, se vinculó a la señora
Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez como tercera con interés y, se requirió al abogado
José David Riveros Namén para que allegara en debida forma el poder que lo
habilitaba para ejercer la representación judicial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en el presente trámite. Igualmente se ordenó comunicar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4 Notificado el 28 de mayo de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B5.
14.
Indicó que el asunto en cuestión lo resolvió conforme al material probatorio
arrimado al proceso, encontrando configurados los elementos constitutivos de
responsabilidad, dado que se acreditó que durante tres meses y nueve días Erika
Ramírez Gutiérrez vio truncado el derecho a la personalidad jurídica, el cual conlleva
el ser identificado y sujeto de derechos y obligaciones en una sociedad, daño que no
estaba en la obligación de soportar y que era imputable a la demandada.
15.
Frente al perjuicio moral, afirmó que en el caso concreto era apenas lógico y
natural que una persona que no pudo ser sujeto de derechos y obligaciones durante
3 meses y 9 días, padezca sentimientos de angustia y zozobra ante la imposibilidad
de ser identificada en la sociedad, limitándole el acceso a los derechos
fundamentales salud, educación, trabajo, etc, evento que no tiene que ser probado,
pues se presume su aflicción. En ese orden, solicitó que fuera denegada la tutela de
la referencia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
16.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, en tanto la
discusión planteada carece de relevancia constitucional.
17. De la lectura del escrito de tutela, se extrae que los argumentos esgrimidos por la
parte actora, van dirigidos a la supuesta estructuración de un desconocimiento del
precedente por ampliar de manera injustificada la aplicación de la presunción de
existencia de los perjuicios morales a circunstancias no contempladas en la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Adicionalmente, que se configuró el defecto
fáctico y hubo desconocimiento del precedente, en tanto se excluyeron los criterios
generales establecidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que las
autoridades judiciales deben tener en cuenta al momento de realizar la liquidación
de perjuicios morales, la cual no tuvo sustento probatorio.
18. Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que si bien la entidad accionante
acude a la acción de tutela con el propósito de que el juez constitucional se
pronuncie respecto de la condena de los perjuicios morales que le impuso la
autoridad judicial demandada, lo cierto es que no resulta procedente que por
conducto de esta acción constitucional se discutan asuntos que no involucran la
vulneración o afectación de derechos fundamentales6. Y, cuyo único propósito es
que se le sustraiga de la obligación de pagar los perjuicios a los que fue condenado,
aspecto que no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos
fundamentales.
5 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.
6 Sentencias T-903 de 2014, T-260 de 2018, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19. Sumado al hecho que la inconformidad tiene una esencia netamente probatoria y
no guarda relación con garantías constitucionales, lo que a juicio de la Sala
desdibuja el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, proyectado
en la vulneración de derechos fundamentales.
20. Adicionalmente, la entidad no presenta razones para considerar que esté en
juego el principio de sostenibilidad fiscal, al que hace referencia en la demanda,
pues no expone cómo esa condena en concreto (que no es excesiva) puede implicar
un riesgo en ese sentido. Ahora, si bien de forma general aduce que hay varios
casos similares que están siendo tramitados en la jurisdicción contencioso-
administrativa, aquella afirmación no es suficiente para acreditar la relevancia
constitucional del caso estudiado, ni mucho menos para sustentar que la existencia
de varias demandas por una actuación masiva de la entidad que -al parecer- afectó
a varias personas, deba llevar a considerar que las eventuales condenas comporten
la necesidad de que el juez constitucional intervenga para limitar o impedir el
reconocimiento y liquidación de perjuicios morales.
21. Además de lo anterior, y para abundar en razones, la Sala observa que el asunto
también carece de relevancia constitucional, en cuanto la parte actora pretende
seguir de forma indefinida con un debate al haber obtenido una decisión adversa a
sus intereses, queriendo utilizar este mecanismo como una instancia adicional.
22. Al revisar el fallo acusado proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera - Subsección B, es claro que el análisis allí
realizado estuvo debidamente sustentado. Se resalta que fue esa instancia judicial
la que tuvo a su cargo valorar los alegatos de derecho y hecho que se sometieron a
su consideración, así como analizar las pruebas allegadas al plenario, y confrontarlas
con la normativa aplicable al asunto, sin que ahora quepa prolongar el debate sobre
los mismos.
23. En dicho proveído, la autoridad judicial accionada indicó que el daño estaba
acreditado “en la medida que la anulación del registro civil de nacimiento serial No.
59493491 y la consecuente cancelación de la cédula de ciudadanía No.
1.090.181.434 correspondiente a Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez del 25 de
noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022, impidió a la hoy actora el ejercicio de la
personalidad jurídica de las personas, el cual se hace a través de la cédula de
ciudadanía, documento a través del cual se puede ejercer derechos y obligaciones”.
24. Por otra parte, frente a la imputación, consideró que la relación de la actuación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el daño sufrido se encontraba satisfecho
toda vez que de conformidad con lo señalado en la Constitución Política de 1991 en
el título IX, artículo 266, y la Corte Constitucional, el Registrador Nacional del Estado
Civil tiene a su cargo la organización de las elecciones y lo relativo a la identidad de
las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Por lo que la cancelación errónea
del registro civil o cédula de ciudadanía generaba una afectación a la personalidad
jurídica, la cual no estaba en la obligación de soportar la demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25. Así, al hallar acreditada la violación de los derechos fundamentales de la señora
Erika, condenó a la Registraduría, declaración anterior contra la cual, valga resaltar,
no se presenta ninguna objeción en la acción de tutela. Es decir, para la entidad es
claro que el razonamiento de la autoridad judicial respecto a la configuración del daño
y su imputación no merece reproche constitucional.
26. En virtud de lo anterior, se reconoció una indemnización por perjuicios morales a
favor de la demandante, consistente en 20 smlmv. Para ello, el Tribunal expuso que
“el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en
general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra,
etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o
colectivo”.
27. A continuación, señaló que “Atendiendo que en el caso es claro que Erika Yoselin
se pudo presentar sentimientos de angustia y zozobra con la cancelación errónea de
su documento de identificación por presunta falsedad de identidad, la sala
reconocerá en favor de la víctima directa, las siguientes sumas de dinero (…)”.
28. Si bien la Subsección del Tribunal que conoció del caso no fue explícita en el
razonamiento que le llevó a reconocer los mencionados perjuicios, el orden en que
estructura las premisas de su análisis y la línea argumentativa que presenta, llevan
a entender que la Registraduría causó un daño a la señora Ramírez Gutiérrez, con
la anulación de su registro civil de nacimiento y la cancelación de su cédula de
ciudadanía entre el 25 de noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022, que merecía
ser resarcido en tanto, en tanto tenía la potencialidad de generar sentimientos de
“desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc.”, presumibles de la
situación a que se vio sometida. De ahí que hubiera lugar a reconocer los referidos
perjuicios morales y proceder a cuantificarlos, acudiendo al “arbitrium judicis”.
29. Lo anterior pone de presente que para la Sala de decisión que adoptó la
providencia cuestionada, el simple hecho de privar a alguien de su personalidad
jurídica, sin justificación válida genera la pérdida de un vínculo con el Estado que,
sin perjuicio de la acreditación de otro tipo de afectaciones, comporta un daño
inmaterial que merece una reparación. Postura claramente definida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que adoptó la decisión censurada, la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil
conoce (pues la misma ya se ha indicado en al menos dos casos previos que esta
Subsección ha conocido) y, a pesar de ello, pretende censurarla apelando a lo
puntual de los argumentos que se exponen en la providencia.
30. Consideración que no se antoja arbitraria o caprichosa y, por el contrario, coincide
con lo que ha expuesto la jurisprudencia constitucional sobre ese tipo de situaciones.
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias T-183 de 2023 y T-419 de 2023
analizó casos similares al ahora debatido y, concluyó que existe un contexto
generalizado de vulneración de derechos que involucra la garantía al debido proceso
administrativo, así como otras prerrogativas iusfundamentales al interior del trámite
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de anulación de registros civiles y de cancelación de cédulas de ciudadanía
adelantado por la RNEC. El alto Tribunal afirmó que:
<<La falta de observancia del debido proceso trae consigo graves implicaciones para el
disfrute de los derechos fundamentales de la población migrante a la que se le había
reconocido previamente la nacionalidad colombiana. Esta situación ha ocasionado que
varias personas se vean expuestas a: (i) la posibilidad de incurrir en el delito de falsedad
en documento público y de ser expulsados del territorio nacional; (ii) la pérdida de sus
cuentas bancarias y de subsidios del gobierno; (iii) las afectaciones en sus registros de
propiedad; (iv) la pérdida del derecho al voto y del historial crediticio; (v) los obstáculos
para acceder a trabajos formales; (vi) la exclusión de programas de estudio; (vii) pueden
ingresar a una situación migratoria irregular; (viii) han sido desafiliados del SGSSS y se
les ha negado la prestación del servicio de salud y (ix) se expuso al riesgo de apatridia
para los hijos e hijas de los afectados; entre otras.>>
31. Por otra parte, se destaca que es contrario a la verdad la afirmación de la parte
actora concerniente a que el Tribunal accionado, de manera injustificada, aplicó la
presunción de la existencia de los perjuicios morales a circunstancia no
contempladas por el Consejo de Estado principalmente en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2014. De la simple lectura del fallo acusado, es visible que la
autoridad judicial no hizo uso de ese precedente al momento de reconocer los
perjuicios morales, al punto que en dicho acápite ni siquiera lo citó o relacionó.
32.
Por tal motivo, los aludidos defectos dentro de la presente acción carecen de
relevancia constitucional, en la medida en que únicamente se visualiza que la
entidad actora está inconforme con la decisión adversa que obtuvo; por lo que
pretende con este mecanismo constitucional que su postura, relativa al perjuicio
moral, sea acogida sobre la del operador judicial; circunstancia que no deja espacio
para el juez constitucional.
33. En los términos precedentes, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo.
34. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado José David Riveros Namén,
portador de la tarjeta profesional 208.986 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los términos y para
los efectos del poder que reposa en el expediente.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-00
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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