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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02853-01

Fecha
12 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02853-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela que interpuso la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra del Tribunal Administrativo Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02853-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

12 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02853-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02853-01
Accionante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia –
relevancia constitucional – improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia del 1 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de apoderado judicial1, formuló
acción de tutela mediante la cual solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido
proceso2, que consideró vulnerado por el Tribunal Administrativo Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección B con ocasión de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025,
mediante la cual se revocó el fallo del 23 de junio de 2024 emitido por el Juzgado Sesenta
y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y, en su lugar, accedió a las pretensiones de
la demanda, al interior del proceso de reparación directa identificado con el radicado
número 11001-33-43-062-2023-00186-00/01.

2. Hechos

2.1. Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez nació en el Estado de Táchira – Venezuela y, en
razón a que su madre es nacida en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil

1 Poder conferido al abogado José David Riveros Namén. Índice 00012 del expediente digital de primera instancia

en el aplicativo SAMAI, certificado 71352B522AEEF582 FF8AA7BC5D1D4838 8F401A04DB7E404D
A053DD12DEAA609C.
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
7C9BED17E2B443CD 9D6B4BE5048D70E0 42FCB18079FCC527 618DA9DDB9D2723E.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-002853-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

le reconoció la nacionalidad colombiana, con registro civil de nacimiento serie No.
59493491.

2.2. Posteriormente, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de Resolución
15025 del 25 de noviembre de 2021, dispuso anular el registro civil de nacimiento de
Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez y, en consecuencia, dispuso la cancelación de su cédula
de ciudadanía número 1.090.181.434 por presunta falsa identidad.

2.3. Contra la anterior decisión la señora Ramírez Gutiérrez presentó recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 6084 del 4 de marzo de 2022,
que revocó parcialmente la resolución impugnada y, en su lugar, estableció validar el
registro civil de nacimiento No. 59493491 y la cédula de ciudadanía No. 1.090.181.434
correspondientes a Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez. Lo anterior, al considerar que es hija
de una nacional colombiana y conforme al acta de nacimiento apostillado suscrito el 10
de enero de 2019, que cuenta con su respectivo código de verificación.

2.4. Por lo anterior, Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Registraduría Nacional del Estado
Civil con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios
ocasionados durante el tiempo en el que se anuló su registro civil y su cédula de
ciudadanía, toda vez que se le desconoció su calidad de ciudadana colombiana.

2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-43-062-2023-00186-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 23 de junio de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que (i) no era dable realizar el estudio de validez de la Resolución
No. 15025 del 25 de noviembre de 2021, pues no correspondía al medio de control
impetrado, aunado a que este fue revocado por la propia entidad, y (ii) los daños alegados
no se encuentran acreditados, pues no se probó que el daño endilgado le generara una
afectación moral y mucho menos física a la accionante.

2.6. Inconforme con la anterior decisión, Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez presentó
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección B, por sentencia del 27 de febrero de 2025, revocó el fallo de primera
instancia y declaró responsable a la Registraduría Nacional del Estado Civil al encontrar
probada la falla en la que incurrió la entidad, al anular de manera errónea el registro civil
de nacimiento de la señora Ramírez Gutiérrez y la consecuente cancelación de su cédula
de ciudadanía.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y, en
consecuencia, pidió al juez constitucional dejar sin efectos la sentencia del 27 de febrero
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección B, en el marco del proceso de reparación directa radicado número 11001-33-
43-062-2023-00186-01.
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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

Como fundamento de sus pretensiones la parte actora afirmó que la decisión cuestionada
incurrió en desconocimiento del precedente y un defecto fáctico al presumir y liquidar el
perjuicio moral a favor de la señora Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez.

Adujo que el Consejo de Estado tenía una profusa línea jurisprudencial en la cual había
establecido que la “presunción frente a la existencia de perjuicios morales” se ha admitido
bajo la existencia de hechos o daños puntuales, como (i) el fallecimiento por hechos
imputables al Estado, (ii) víctimas de lesiones personales, (iii) por privación injusta de la
libertad y (iv) víctimas del delito de desaparición forzada. Indicó que esa línea se
estructuraba a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

Puso de presente que el Consejo de Estado en sentencia del 26 de septiembre de 2012,
exp. 11001-03-15-000-2012-01461-00 tuteló el derecho fundamental al debido proceso
por la configuración del desconocimiento del precedente, porque la autoridad judicial
cuestionada amplió las situaciones en las que se presumía el perjuicio moral con una
situación que no había sido discutida por la jurisprudencia administrativa.

Por lo tanto, consideró que en la decisión objeto de reparos la autoridad judicial realizó
una ampliación del referente jurisprudencial a una situación que no se ha contemplado,
lo que configura un cambio del precedente sin justificación alguna, esto en la medida en
que no explicó cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado, relativa con la
cuantificación de los perjuicios morales, podía ser aplicada a casos como el estudiado.

Por otra parte, explicó que la providencia acusada hace un recuento de las pruebas
documentales que reposan en el expediente, todas estas relacionadas con la existencia
de los actos administrativos expedidos por la Registraduría, sin embargo, estos no tienen
la suficiente capacidad de demostrar la existencia de un daño moral ocasionado a la
entonces demandante.

Transcribió apartes de las sentencias T-212 de 2012 y T-147 de 2020 y afirmó que,
conforme a estas, si bien el reconocimiento del perjuicio moral podría ser sustentado en
la aplicación de principio como la equidad, era obligación de la autoridad judicial “hacer
explícitos los razonamientos y fundamentos probatorios y que sustentan su decisión”3.

Adicionalmente citó la sentencia del 20 de abril de 2005 y los expedientes 27136 y 33504
(sin especificar fecha) y manifestó que el Consejo de Estado ha señalado que la
discrecionalidad del juez no implica arbitrariedad y, por lo tanto, su decisión debe estar
fundada en pruebas, en el análisis de la gravedad de los hechos o del daño, en el estudio
de casos similares y en las características puntuales del daño.

Por último, arguyó que el tribunal accionado se limitó a asumir la existencia de
sentimientos de angustia y zozobra derivados de la expedición de los actos que
declararon la anulación de su registro civil de nacimiento, pero no explicó bajo que
criterios reconoció la indemnización por perjuicios morales.

3 Ibid.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

4. Trámite de tutela e intervenciones

El 19 de mayo de 20244 el despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela; requirió al abogado José David
Riveros Namén para que allegara en debida forma el poder que lo acreditaba como
apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil; vinculó como tercera con interés
a Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez; requirió al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del
Circuito de Bogotá para que remitiera copia del proceso de reparación directa objeto de
amparo y ordenó notificar a los sujetos procesales.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B
solicitó que se negaran las pretensiones de la acción. Indicó que el asunto se discutió
conforme al material probatorio aportado, por lo que encontró configurados los elementos
constitutivos de responsabilidad, en la medida en que se acreditó que durante tres meses
y nueve días Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez vio truncado su derecho a la personalidad
jurídica. Por lo tanto, no estaba en la obligación de soportar este daño y era imputable a
la Registraduría Nacional del Estado Civil, toda vez que es la entidad encargada de
registrar la cantidad de personas desde su nacimiento hasta su muerte.

En cuanto a los perjuicios morales, indicó que era claro que, si bien existen parámetros
establecidos por la jurisprudencia para su reconocimiento, como la aflicción, angustia,
dolor, entre otros, además de los fijados para su tasación conforme al grado de
consanguinidad, porcentaje de lesión o muerte, estos se reconocen a quienes han sufrido
un daño debidamente demostrado y corresponde al juez establecer el valor pertinente y
proporcional al daño acaecido. En consecuencia, expuso que en el caso bajo estudio era
apenas lógico y natural “que una persona que no pudo ser sujeto de derechos y
obligaciones durante 3 meses y 9 días, padezca sentimientos de angustia y zozobra ante
la imposibilidad de ser identificada en la sociedad, limitándose el acceso a los derechos
fundamentales salud, educación, trabajo etc, evento que no tiene que ser probado, pues
se presume su aflicción” 5.

4.2. El abogado José David Rivera Namén respondió el requerimiento y allegó el poder
conferido en debida forma por el jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

4.3. La señore Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez, a pesar de haber sido notificada en
debida forma, guardó silencio.

4 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado E51AFB9F467C9074 33F4F88C81948C02

ACEE4F9FCD373299 BE4FF9BB967A463C.
5 Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 6EE1623CA6EB27C3 3FD5C0D238004282

91830143A4BECCC0 59091D671E7276B6.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
julio de 20256, declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

Consideró que, si bien, la accionante acude a la tutela con el propósito de que el juez
constitucional se pronuncie respecto de la condena de los perjuicios morales que le
impuso la autoridad judicial demandada, lo cierto es que no resulta procedente que por
conducto de esta acción constitucional se discutan asuntos que no involucran la
vulneración o afectación de derechos fundamentales. Y, cuyo único propósito es que se
le sustraiga de la obligación de pagar los perjuicios a los que fue condenado, aspecto que
no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales.

Al margen de lo anterior, el juez constitucional de primera instancia indicó que lo decidido
por la autoridad cuestionada no se torna caprichoso o arbitrario, sino que, por el contrario,
coincide con la jurisprudencia constitucional sobre ese tipo de situaciones. Al respecto
señaló que la Corte constitucional en las sentencias T-183 de 2023 y T-419 de 2023
analizó casos similares al debatido y concluyó que existe un contexto generalizado de
vulneración de derechos que involucra la garantía al debido proceso administrativo, así
como otras prerrogativas iusfundamentales al interior del trámite de anulación de
registros civiles y de cancelación de cédulas de ciudadanía adelantado por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación y manifestó que la solicitud de amparo
no se presentó como un mecanismo que pretende abrir un debate legal, sino que nos
encontramos ante una desproporcionada e irrazonable afectación del derecho al debido
proceso, en sus diferentes elementos, así como la amenaza de principios
constitucionales.

Señaló que las controversias relacionadas con la omisión o valoración probatoria, no es
un asunto que sea meramente legal o que pueda ser catalogado como intención de
reabrir una discusión ya resuelta.

En cuanto al desconocimiento del precedente, indicó que era posible establecer dos
reglas para la resolución del caso conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional, a saber: (i) no resulta admisible ampliar la presunción de
existencia de daños morales a situaciones fácticas no establecidas anteriormente por la
jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa y (ii) el monto o tasación de
los perjuicios morales debe tener un sustento probatorio y valoración en relación con la
gravedad, intensidad y particularidades especiales del daño.

6 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 44B8ADF20EA53A46 06AD64E39DD045AA

C8D8362E8F7737EA F98703F4BB8DD763.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

Por demás, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró los argumentos expuestos
en la solicitud de amparo.

El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto del 17 de julio de 20257, concedió la impugnación interpuesta por la
entidad accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la
Registraduría Nacional del Estado Civil es la titular de las garantías constitucionales que
afirma le fueron vulneradas, en su condición de demandada dentro del proceso de
reparación directa con radicado 11001-33-43-062-2023-00186-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, dado que el Tribunal
Administrativo Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B fue la autoridad que profirió
la sentencia del 27 de febrero de 2025, que según la entidad tutelante vulneró su derecho
fundamental.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
1 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia la acción.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la

7 Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado 49F49336F14E07E7 D4D192AE472E7412

4AEB16B83C46093E 271F7E3C9C232DDE.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,

12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto13.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional por las
razones que se exponen a continuación:

5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestiona en esencia que la decisión proferida
el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección B incurrió en desconocimiento del precedente y defecto fáctico.

En síntesis, consideró que la autoridad vulneró su derecho fundamental al ampliar de
manera injustificada la aplicación de la presunción de existencia de los perjuicios morales
a circunstancias no contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Asimismo,
señaló que se excluyeron los criterios generales establecidos por el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional que se deben tener en cuenta al momento de realizar la
liquidación de perjuicios morales. Aunado a que tal decisión, en su sentir, careció de
sustento probatorio.

5.2. Pues bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B se advierte que, en la decisión
cuestionada, se arribó a la siguiente conclusión:

58.En ese orden, para la parte actora el daño deviene de la anulación del registro civil
de nacimiento serial No. 59493491 y la consecuente cancelación de la cédula de
ciudadanía No. 1.090.181.434 correspondiente a Erika Yoselin Ramírez Gutiérrez del
25 de noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022; situación que refiere afectó su
derecho a ejercer la ciudadanía.

59. Para la sala, es claro la configuración de un daño antijuridico en la medida que la
anulación del registro civil de nacimiento serial No. 59493491 y la consecuente
cancelación de la cédula de ciudadanía No. 1.090.181.434 correspondiente a Erika
Yoselin Ramírez Gutiérrez del 25 de noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022,
impidió a la hoy actora el ejercicio de la personalidad jurídica de las personas, el cual
se hace a través de la cédula de ciudadanía, documento a través del cual se puede
ejercer derechos y obligaciones, para lo que la Corte Constitucional ha señalado

… La Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones
particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar
a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación
de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia.
Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la
individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga
a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que
sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o
situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este

13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido
propósito.

60.En ese orden, se encuentra configurado el primer elemento de responsabilidad,
por lo que procede la sala analizar si es o no imputable a las accionadas”14.

Ahora bien, en cuanto a la imputación, la autoridad judicial accionada sostuvo que,
conforme al material probatorio obrante en el proceso, era posible entrever dos
elementos: (i) que a Erika Yoselín se le vulneró su derecho a la personalidad jurídica del
25 de noviembre de 2021 al 4 de marzo de 2022; y (ii) que durante dicho tiempo le fue
imposible ejercer derechos y obligaciones, a ser identificada como persona, acreditar su
condición de ciudadana, a tener acceso a la salud, a participar de sus derechos políticos,
un estado civil entre otros, situación que a toda luces es imputable a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, pues de conformidad con lo señalado en la Constitución Política
de 1991, en el título IX de las elecciones y de la organización electoral, indica que el
registrador nacional del estado civil tiene a su cargo la organización de las elecciones, el
registro civil y lo relativo a la identidad de las personas.

Por lo tanto, al estudiar el alcance del derecho a la personalidad jurídica el tribunal
cuestionado concluyó que se encontraba configurado el daño irrogado a la demandante,
con ocasión a la anulación del registro civil de nacimiento serial No. 59493491 y
consecuente cancelación de la cédula de ciudadanía No. 1.090.181.434, quien por tres
meses y nueve días aproximadamente vio truncado su derecho a la personalidad jurídica,
el cual conlleva el ser identificado y ser sujeto de derechos y obligaciones en una
sociedad, daño que no estaba en la obligación de soportar y que es imputable a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de registrar la calidad de una
persona desde su nacimiento hasta su muerte.

Así entonces, al establecer la responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, el tribunal procedió a fijar el monto de la condena. Para el efecto indicó que la
demandante había solicitado el reconocimiento de 70 SMLMV por concepto de perjuicios
morales. Al punto, explicó que estos perjuicios se encuentran compuestos por el dolor, la
aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual
o colectivo.

Por consiguiente, señaló que, en atención a que en el caso era claro que Erika Yoselin
Ramírez Gutiérrez pudo presentar sentimientos de angustia y zozobra con la cancelación
errónea de su documento de identificación por una presunta falsedad de identidad, le
reconoció en su favor la suma de 20 SMLMV. No obstante, negó la indemnización por los
supuestos daños al buen nombre y a la honra, en la medida en que dentro del proceso
no reposa prueba que acredite la afectación de estos.

14 Índice 00010 del expediente digital del proceso de reparación directa radicado 11001-33-43-062-2023-00186-01,

certificado BD1D75043A82FACE 3F61D615A25FE1B3 8DAE9F296DFCE659 5A7DDA4BAD7B1EDB.

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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-002853-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

5.3. Pues bien, a partir de lo esbozado, la Sala resalta que los elementos señalados en
precedencia permiten inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la
parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.

Aunado a ello, esta judicatura considera que le asiste razón al juez de tutela de primer
grado al afirmar que lo decidido por el tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera-Subsección B coincide con la jurisprudencia constitucional sobre ese tipo de
situaciones, pues la Corte constitucional en las sentencias T-183 de 2023 y T-419 de
2023 analizó casos similares al debatido y concluyó que existe un contexto generalizado
de vulneración de derechos que involucra la garantía al debido proceso administrativo,
así como otras prerrogativas iusfundamentales al interior del trámite de anulación de
registros civiles y de cancelación de cédulas de ciudadanía.

5.4. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración15.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.

A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende imponer
su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión adoptada y, de esta
manera, continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya
demostrado la violación de los derechos fundamentales para los que pidió su protección.

5.5. Por otra parte, esta Subsección pone de presente que, si bien la parte actora en su
escrito de impugnación identificó las supuestas reglas que fueron desconocidas por la
autoridad judicial y que, en su sentir, configuran un desconocimiento del precedente, lo
cierto es que tales consideraciones no fueron explicadas con el escrito introductorio. Por
lo tanto, al juez constitucional de la segunda instancia no le corresponde pronunciarse
sobre argumentos que no fueron expuestos desde el inicio de la acción de tutela, en la
medida que tal situación vulneraría el derecho de defensa de las partes.

15 Sentencia SU-215 de 2022.

11

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-002853-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del proceso
de reparación directa, toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio
desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin esbozar las razones concretas por
las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia
atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión
censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.

Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis realizado por el Tribunal Administrativo Cundinamarca-Sección Tercera-
subsección B, sobre la tasación de los perjuicios morales, no habilita para que el juez
constitucional interfiera en la apreciación realizada por la autoridad judicial, en tanto, no
se vislumbra que los argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter
constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por
el juez de instancia.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario17.

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

16 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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0000
Radicado: 11001-03-15-000-2025-002853-01
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de julio de 2025 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela que interpuso la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra del Tribunal
Administrativo Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF

13

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