Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02857-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02857 00
Accionante: Farides del Socorro Díaz Cerpa y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02857 00
Accionantes: FARIDES DEL SOCORRO DIAZ CERPA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DECISIÓN NÚMERO UNO
Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone
más de seis meses después de la fecha en la que ha sido
notificada la decisión que se considera violatoria de
derechos fundamentales, si la parte actora no presenta
argumentos válidos que expliquen la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Farides del
Socorro Díaz Cerpa, Luis Viana Díaz, Hansell Viana Díaz, Lizney Isabel
Viana Díaz, María de los Ángeles Díaz Cerpa y Ana María Fontalvo Díaz,
en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión Número Uno.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad,
a la dignidad humana, a la reparación integral y el “principio de confianza
legítima”, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia del 31
de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión Número Uno, que revocó la decisión dictada el 28 de
agosto de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena y, en
su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
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Accionante: Farides del Socorro Díaz Cerpa y otros
de reparación directa promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, y el Municipio de
San Jacinto (Bolívar)1.
1.2. El referido medio de control fue presentado por los aquí accionantes el
10 de abril de 2015. Allí solicitaron que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la parte demandada por los perjuicios
sufridos con ocasión del desplazamiento forzado del que fueron víctimas en
el Corregimiento de Las Palmas del Municipio de San Jacinto, en hechos
ocurridos el 27 de septiembre de 1999.
1.3. La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de
Cartagena, autoridad que, mediante sentencia del 28 de agosto de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
los demandantes probaron su calidad de desplazados según los informes
que reposan en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), y que las Fuerzas Militares omitieron el deber de proteger
la vida e integridad de los habitantes del Corregimiento Las Palmas, aun
cuando habían sido informadas con anticipación sobre la incursión de
grupos al margen de la ley.
1.4. Contra la anterior decisión, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía,
Ejército y Armada Nacional, presentaron recurso de apelación, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Número
Uno, a través de providencia del 31 de agosto de 2023, que revocó la
decisión de primera instancia. En su lugar, declaró probada la excepción de
caducidad2, de acuerdo con la sentencia de unificación dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, el 29 de enero de 20203, que señaló
que, en los casos en los que se discute la responsabilidad por delitos de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el término de caducidad
1
Proceso que se identificó con la radicación 13001-23-33-005-2015-00245 01.
2
Que había sido propuesta por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
3
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 29 de enero de 2020, radicado 85001-33-33-002-2014-
00144-01 (61.033).
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se debe computar a partir del momento en que los afectados conocieron
o debieron conocer de la participación del Estado en los hechos.
Entonces, advirtió que en este caso los demandantes tuvieron
conocimiento del hecho dañoso desde el 27 de septiembre de 1999, fecha
en que sufrieron el desplazamiento forzado, y que la situación de orden
público en el Municipio de San Jacinto se restableció desde el 14 de
septiembre de 2010. Por lo tanto, los demandantes tenían hasta el 15 de
septiembre de 2012 para presentar el medio de control y, no obstante,
solo lo interpusieron hasta el 10 de abril de 2015, sin que hubieren
acreditado circunstancias que les imposibilitaran acudir oportunamente a
la jurisdicción.
1.5. La parte accionante adujo en la tutela que la decisión atacada incurrió
en desconocimiento del precedente judicial al no aplicar el criterio
jurisprudencial que se encontraba vigente al momento en el que se
presentó la demanda, según el cual en casos de delitos de lesa humanidad
la acción de reparación directa no caducaba. Además, dijo que la decisión
no tuvo en cuenta que el desplazamiento forzado genera un daño
continuado. Y alegó que la autoridad judicial no atendió al criterio fijado en
la sentencia SU-167 de 2023 “que estableció unas nuevas líneas para el
estudio de los procesos sobre los delitos de lesa humanidad”.
Además, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció la
Sentencia SU-254 de 2013, según la cual el cómputo de la caducidad para
la población desplazada se realizará a partir de la ejecutoría del mencionado
fallo y que “no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores,
por tratarse, como antes se explicó, de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta”. Adujo que según el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional el citado fallo quedó ejecutoriado el 22 de mayo de 2013.
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Sostuvieron que, de acuerdo con el anterior pronunciamiento, el término de
caducidad venció el 22 de mayo de 2025, y el medio de control se presentó
oportunamente el 10 de abril de ese año.
1.6. Sostuvieron que la decisión atacada incurrió en defecto fáctico y
sustantivo, dado que la providencia atacada fue producto de una indebida
apreciación de “las circunstancias probatorias, normativas y
jurisprudenciales que rigen para la resolución del caso, vale decir, se omitió
el análisis conjunto del material probatorio aportado al expediente, al
tiempo que la normatividad utilizada para resolvere (sic) el caso, es
absolutamente impertinente en el caso concreto”.
1.7. Finalmente solicitaron que4:
“se aplique este efecto (inter pares) con relación a la sentencia de unificación
Sentencia T-004 de 2025 Referencia: Expediente T-10.223.234 Acción de tutela
presentada por Betty María Fontalvo García y otros en contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena
Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER.
Mediante la Sentencia SU-168 de 2023, la Sala Plena otorgó efectos inter pares a
su decisión para cobijar a personas que, al igual que los accionantes, promovieron
el medio de control de reparación directa, pero no la acción de tutela. Así las cosas,
la Sala otorgará efectos inter pares al remedio constitucional que se adoptará por
medio de esta sentencia. Esto, debido a que hay elementos suficientes para concluir
que los demandantes en el proceso de reparación directa en desarrollo del cual se
emitieron las providencias cuestionadas están en condiciones similares en lo
concerniente a su condición de víctimas de desplazamiento forzado. En
consecuencia, tanto a accionantes como a demandantes debe aplicárseles la regla
sobre caducidad de la acción directa promovida por personas desplazadas fijada por
la Sentencia SU-254 de 2013.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrolló esta modulación cuando
aplica la excepción de inconstitucionalidad y decidió que los efectos podían
extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se
presentasen de manera concurrente una serie de condiciones”.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones5:
“7.1. Declare que, con sus acciones, consideraciones y omisiones contenidas en
las sentencias de segunda instancia, se han vulnerado nuestros derechos
constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29 de la
Constitución Nacional) y ACCESO A LA JUSTICIA (artículo 229 de la Constitución
4
Se transcribe del texto original aun con posibles errores.
5
Ver la anterior nota al pie.
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Nacional) por la configuración del defecto de desconocimiento del precedente
constitucional.
7.2. Que como consecuencia de lo anterior el despacho ordene REVOCAR el fallo
de tribunal administrativo de Bolívar uno (31) de agosto de dos mil veintitrés
(2023). Notificada el 05 diciembre de 2023 a fin que reconozcan, de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y se dicte sentencia
de remplazo.
7.3. Requiera a las autoridades accionadas, para que se sirvan abstenerse de
cualquier proceder, presente o futuro, tendiente a agravar la situación del
accionante.
7.4. Las demás medidas que el despacho encuentre conducentes para garantizar
los derechos fundamentales vulnerados del accionante”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 21 de mayo de 2025 el despacho admitió la acción de
tutela y ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, y al Municipio de San
Jacinto.
2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar en su contestación resumió
las consideraciones de la decisión atacada y sostuvo que esta se profirió
conforme a derecho y teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al
caso.
Además, indicó que no se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que
se superaron los seis meses que han sido establecidos como plazo
razonable por la jurisprudencia para interponer la acción de tutela. En
concreto, señaló que la sentencia del 31 de agosto de 2023 fue notificada
el 12 de diciembre del mismo año y quedó ejecutoriada el 11 de enero de
2024, mientras que la solicitud de amparo solo fue presentada hasta el
14 de mayo de 2025.
Finalmente indicó que con la acción de tutela los accionantes buscan una
tercera instancia del proceso ordinario, por lo tanto, no cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
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2.3. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena resumió las
actuaciones adelantadas dentro del proceso ordinario y sostuvo que de
estas no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de la
parte accionante, toda vez que el proceso se desarrolló con base en lo
establecido en la ley y la jurisprudencia.
2.4. La Nación, Ministerio de Defensa, solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo debido a que no se cumplieron
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. A su juicio, la parte accionante no identificó de manera razonable
los hechos que constituyeron la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
2.5. La Policía Nacional indicó que la acción de tutela resulta
improcedente por no cumplir con el requisito de la inmediatez, toda vez
que la solicitud de amparo se radicó el 14 de mayo de 2025 contra la
providencia judicial del 31 de agosto de 2023, que fue notificada el 5 de
diciembre del mismo año, es decir, 16 meses después.
Además, indicó que la autoridad judicial accionada computó
correctamente el término de caducidad de la acción y por tal razón no se
vulneró ninguno de los derechos fundamentales alegados por los
accionantes.
2.6. El Ejercito Nacional, la Armada Nacional y el Municipio de San
Jacinto guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
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del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Los señores Farides del Socorro Díaz Cerpa, Luis Viana Díaz, Hansell
Viana Díaz, Lizney Isabel Viana Díaz, María de los Ángeles Díaz Cerpa y Ana
María Fontalvo Díaz, el 10 de abril de 2015, presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, y el Municipio de San Jacinto,
con la finalidad de obtener la indemnización por los perjuicios causados con
el desplazamiento forzado del que fueron víctimas en hechos ocurridos el
27 de septiembre de 1999 en el Corregimiento de Las Palmas del Municipio
de San Jacinto.
3.2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, a través sentencia
del 28 de agosto de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
3.2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía, Ejército y Armada
Nacional interpusieron recurso de apelación y, mediante proveído del 31
de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
Número Uno, revocó la anterior decisión y, en su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
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manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.2. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.3.2.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la
finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable
y proporcionado que se contabiliza a partir del hecho que originó la
amenaza o vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario
desvirtuaría el carácter excepcional de la acción de tutela.
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación6 de 5 de agosto de 2014,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales,
consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.
Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado
en cada caso particular, teniendo en consideración las circunstancias
especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
A este mismo respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte
Constitucional destacó que la importancia de exigir un término razonable
entre la notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición
de la acción de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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reiteró que no existe un término de caducidad para acudir al amparo
constitucional, de manera que cada caso debe ser analizado en concreto,
teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan
presentarse en el curso de los hechos.
Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido criterios
excepcionales para valorar la admisibilidad de una acción de tutela
presentada luego de que hubiese transcurrido un período superior al
razonable desde que comenzó la vulneración o amenaza de derechos que
se reclama. En ese orden de ideas, uno de tales criterios excepcionales es
el relativo a que el escrito de demanda despliegue un mínimo de carga
argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si
existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.
Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda, a saber: El subjetivo, es aquel
que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o sujetos que
instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de
conformidad con la situación personal o coyuntural del actor no era
posible acudir de forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el
accionante se encuentra en condiciones de aislamiento geográfico o de
vulnerabilidad económica que le impidieron ejercer la tutela; (iv) si está
en estado de indefensión que le impidió hacer uso de la acción de tutela,
y (v) si la vulneración a los derechos fundamentales ha sido permanente
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en el tiempo. Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos
eventos en que la Corte Constitucional haya expresamente determinado
un plazo especial para la interposición del amparo dada las condiciones
propias del caso en concreto.
3.3.3. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala advierte que los accionantes atacan la
sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Número Uno, que revocó el
fallo del 28 de agosto de 2018, dictado por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de reparación directa adelantada bajo el radicado número
13001 23 33 005 2015 00245 01.
Ahora, la Sala advierte que la sentencia del 31 de agosto de 2023 fue
notificada el 5 de diciembre del mismo año7 y, a su vez, la solicitud de
amparo fue radicada el 13 de mayo de 20258, es decir, un año y cinco
meses después, razón por la cual se superó el lapso que la jurisprudencia
constitucional ha estimado como razonable para la interposición de las
acciones de tutela contra providencias judiciales.
En tal sentido, resulta pertinente enfatizar que la actuación desplegada
por la actora no es razonable ni proporcional, pues lo que se persigue a
través de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales que se estiman conculcados, lo que supone y
amerita una gestión diligente de su parte.
Ahora, la parte accionante manifestó que en el caso concreto se satisface
el requisito de inmediatez y como justificación expuso lo siguiente:
7
De acuerdo con la información obrante en el expediente del proceso ordinario digitalizado y trasladado a este
trámite constitucional por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, visible en índice 8 de SAMAI,
documento “13RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_362025zip(.zip)”, carpeta denominada
“CuadernoSegundaInstancia”, “09NotificaciónSentenciaSegundaInstancia005-2015-00245.pdf”.
8
Índice 2 del expediente de tutela en SAMAI (archivo “3ED_CorreoElectronico(.pdf) NroActua 2(.pdf)”.
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“En el caso que nos aqueja el daño sigue siendo continuado. Solo ha pasado 1
año y 4 meses aproximadamente el 05 de diciembre de 2023 fecha en que fue
notificada la sentencia , donde nos hemos dado cuenta de que nuestros derechos
fueron vulnerados, tiempo que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
resulta razonable y, por ende, satisface el requisito de inmediatez, Somos unas
personas vulnerables, no cualquier tardanza en la presentación de las acciones
de tutela acarrea su improcedencia, sino sólo aquella que pueda juzgarse como
injustificada o irrazonable, atendiendo a las circunstancias particulares de cada
caso, pues en algunos un año puede ser muy amplio y en otros eventos puede
ser un plazo razonable, de igual forma en SENTENCIA T-198 DE 2014 la Corte
Constitucional de Colombia estableció que la acción de tutela se convirtió en el
instrumento de corrección de fallas sociales estructurales y en una forma de
aliviar la situación de pobreza y de desprotección de las poblaciones más
vulnerables por medio de órdenes complejas de la Corte Constitucional a las
autoridades públicas responsables4. En este sentido se destacan sentencias
estructurales como la relativa a la población en situación de desplazamiento
forzado (Sentencia T-025/2004), la que aborda la crisis en el sistema de salud
colombiano (Sentencia T-760/2008) y una más reciente sobre los graves
problemas en los centros penitenciarios y carcelarios del país (T-388/2013).
Sin embargo, una razón frecuente por la cual los jueces, tribunales y altas cortes
niegan el amparo de los derechos fundamentales es el incumplimiento de la
inmediatez. Lo que se busca con el principio de inmediatez es que exista un
tiempo razonable entre la vulneración, o puesta en riesgo del derecho, y el
momento en que el afectado interpone la acción de tutela. Esto porque no tendría
mucho sentido acudir a esta acción constitucional privilegiada si ha transcurrido
un tiempo considerable desde el hecho que dio lugar a la solicitud y el momento
en que el accionante acude al juez para pedir su protección, más aún cuando
estamos a penas saliendo del limbo jurídico al que nos sometió el tribunal a penas
aclarado en fallo Sentencia T-004 de 2025, Referencia: Expediente T-10.223.234
y aun en termino de demandar a la justicia en medio de reparación directa por
no aplicar la jurisprudencia unificada en relación a la caducidad de la demanda.
Pues estamos siendo revictimizados. esto es, que la solicitud de amparo se
interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la presunta vulneración’. En nuestro caso tal requerimiento se actualiza
considerando las fechas de las sentencias debatidas de fechas de notificación
diciembre 05 de 2023 y las sentencias que despejan las dudas del limbo jurídico
en que nos dejaron los magistrados del tribunal, tal como la Sentencia T-004 de
2025 Referencia: Expediente T-10.223.234, Acción de tutela presentada por
Betty María Fontalvo García y otros en contra del Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena Magistrada Ponente:
Cristina Pardo Schlesinger, de fecha 25 de enero de 2025 y del 25 de febrero de
2025 de dos mil veinticinco (2025). expedido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLÍVAR que aclara en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar,
como se debe computar la caducidad, más aun cuando se trata del delito de lesa
humanidad del cual fuimos víctimas y con el fallo de tribunal seguimos siendo
revictimizados, por lo que este caso debe ser analizado con detenimiento a fin de
que dicte sentencia de remplazo”.
Al respecto, se advierte que la sentencia T-004 de 20259, invocada por
los demandantes, que revisó pronunciamientos de tutela relacionados con
hechos que configuraron delitos de lesa humanidad, dio por cumplido el
requisito de la inmediatez al encontrar que la solicitud de amparo había
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Sentencia del 15 de enero de 2025, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Accionante: Farides del Socorro Díaz Cerpa y otros
sido presentada dentro del plazo establecido por esa corporación como
razonable. Por lo tanto, se trata de un caso distinto al que ahora se
estudia, toda vez que, como se dijo en líneas anteriores, los aquí
accionantes presentaron el escrito de tutela más de un año después de la
notificación de la providencia judicial objeto de debate.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esta Sección, en sentencia
del 26 de septiembre de 202410, analizó una acción de tutela en la que se
atacaban providencias judiciales que habían declarado probada la
caducidad del medio de control de reparación directa promovido por
hechos relacionados con el desplazamiento forzado, y aplicó el criterio
fijado por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, ya reseñada, advirtiendo que los
argumentos expuestos por los accionantes para justificar la tardanza en
la interposición de la tutela no resultaban razonables11.
Es más, la sentencia T-004 de 2025, invocada en la solicitud de amparo,
reiteró la jurisprudencia de la Corte12 que ha señalado que el plazo
razonable para solicitar el amparo de derechos fundamentales que
presuntamente han sido vulnerados por providencias judiciales es de seis
meses, aun cuando la controversia se origine en hechos catalogados como
delitos de lesa humanidad.
Siendo así, la Sala encuentra que esta acción de tutela no cumple con el
presupuesto de inmediatez en relación con el fallo cuyos fundamentos se
atacan, razón por la cual resulta completamente innecesario el estudio
sobre el posible cumplimiento de los restantes presupuestos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
10
Radicado 11001-03-15-000-2024-04566-00, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11
Ver también, sentencia del 21 de noviembre de 2025, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Gloria María
Gómez Montoya.
12
Sentencia SU-108 de 2018 y SU-108 de 2018.
12
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02857 00
Accionante: Farides del Socorro Díaz Cerpa y otros
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por Farides del Socorro Díaz Cerpa, Luis Viana Díaz, Hansell Viana Díaz,
Lizney Isabel Viana Díaz, María de los Ángeles Díaz Cerpa y Ana María
Fontalvo Díaz, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión Número Uno.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
13
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