Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02857-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02857-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02857-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02857-01
Accionantes: FARIDES DEL SOCORRO DÍAZ CERPA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN UNO
Temas: Tutela contra providencia judicial — reparación directa por
desplazamiento forzado — confirma improcedencia por no
superar el requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 3 de julio de 2025 por
la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 2019
(modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
Por auto del 21 de mayo de 20251, la Sección Primera admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 25 de julio de 2025 concedió la
impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Los señores Farides del Socorro Díaz Cerpa, Luis Viana Díaz, Hansell
Viana Díaz, Lizney Isabel Viana Díaz, María de los Ángeles Díaz Cerá y Ana
María Fontalvo Díaz2, presentaron acción de tutela en contra de la Sala de
Decisión Uno del Tribunal Administrativo de Bolívar. Con la solicitud de amparo
pretenden la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
1
Índice 22 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado al Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión Número Uno. A su vez, se ordenó comunicar del trámite al Juzgado
Quinto Administrativo de Cartagena, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Armada Nacional y Policía Nacional, al municipio de San Jacinto y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
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Actuando a nombre propio.
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Accionantes: Farides del Socorro Díaz Cerpa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Uno
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acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad humana y a la
reparación integral, «así como el principio de confianza legítima».
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimaron vulneradas con
ocasión de la providencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el tribunal
accionado. Mediante esta decisión se revocó la decisión del 28 de agosto de
2018, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, que accedió a las pretensiones de la demanda del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado 13001-23-33-005-2015-00245-
01, para, en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad el fenómeno
de la caducidad.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
7.1. Declare que, con sus acciones, consideraciones y omisiones contenidas en
las sentencias de segunda instancia, se han vulnerado nuestros derechos
constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29 de la
Constitución Nacional) y ACCESO A LA JUSTICIA (artículo 229 de la
Constitución Nacional) por la configuración del defecto de desconocimiento del
precedente constitucional.
7.2. Que como consecuencia de lo anterior el despacho ordene REVOCAR el
fallo de tribunal administrativo de Bolívar uno (31) de agosto de dos mil veintitrés
(2023). Notificada el 05 diciembre de 2023 a fin que reconozcan , de acuerdo con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y se dicte sentencia
de remplazo.
7.3. Requiera a las autoridades accionadas, para que se sirvan abstenerse de
cualquier proceder, presente o futuro, tendiente a agravar la situación del
accionante.
7.4. Las demás medidas que el despacho encuentre conducentes para garantizar
los derechos fundamentales vulnerados del accionante. [Sic a toda la cita]
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 10 de abril de 2015, la parte actora interpuso demanda de reparación
directa contra de la Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Ejército
Nacional, Armada Nacional, Policía Nacional y el municipio de San Jacinto, con
el fin de que fuesen declarados responsables por los perjuicios causados con
ocasión al desplazamiento forzado del que fueron víctimas en el corregimiento
de las Palmas del municipio de San Jacinto (Bolívar) el 27 de septiembre de 1999.
6. El conocimiento del asunto correspondió en primer grado al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena. Esta autoridad judicial,
por medio de sentencia del 28 de agosto de 2018, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.
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7. En esencia, encontró que los demandantes probaron su calidad de
desplazados conforme a la documentación consignada en la UARIV. Además,
advirtió, en efecto, una falla del servicio de las autoridades demandadas, al omitir
proteger la vida e integridad personal de los pobladores del corregimiento de Las
Palmas, a pesar de que habían sido informados previamente sobre la incursión
de grupos subversivos.
8. Inconforme con la decisión, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional
presentaron recuro de apelación en el que solicitaron que se revocara la decisión
tras advertir la ausencia de todos los elementos necesarios para declarar la
responsabilidad del Estado.
9. La alzada fue zanjada por la Sala de Decisión Uno del Tribunal
Administrativo de Bolívar, quien mediante providencia del 31 de agosto de 2023
revocó la providencia primera instancia. En su lugar, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control.
10. Como fundamento de la decisión, la corporación señaló que, de
conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de
enero de 20203, el término de caducidad en relación con los daños originados por
la comisión de delitos de lesa humanidad era el contenido en el artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011; esto es, 2 años después de su acaecimiento, los cuales se
computan desde el día siguiente al que los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al mismo.
11. Además, la autoridad expuso que tal sentencia de unificación tenía efectos
retrospectivos y, por tanto, debía ser aplicada a situaciones no consolidadas
antes de su vigencia, incluso cuando la demanda se hubiera promovido antes de
proferirse la decisión.
12. También, indicó que en el proceso se corrió traslado para alegar de
conclusión mediante auto del 19 de febrero de 2019, que tal providencia había
sido recurrida por el apoderado de la Armada Nacional y, por tanto, el término
para presentar alegatos había sido reanudado al momento de notificarse el auto
de fecha del 18 de noviembre de 2022, mediante el cual se resolvió el recurso.
Luego, para aquel momento, era de público conocimiento la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, pudiendo las partes pronunciarse sobre su
aplicación al caso concreto.
13. Así las cosas, concluyó que los demandantes tenían hasta el 15 de
septiembre de 2012 para promover la demanda. Sin embargo, la solicitud de
conciliación prejudicial y la demanda se presentaron el 26 de mayo de 2014 y el
10 de abril de 2015, respectivamente. En virtud de lo anterior, consideró que
operó la caducidad de la acción.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 29 de enero de 2020, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico, Rad. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
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1.3. Sustento de la vulneración
14. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
15. Desconocimiento del precedente judicial, tras considerar que el tribunal
desconoció las reglas jurisprudenciales vigentes al momento de presentar el
medio de control que dictaban que en los casos de delitos de lesa humanidad la
acción de reparación directa no caducaba, máxime cuando el desplazamiento
forzado es un daño continuado.
16. En concreto, alegaron que el operador judicial accionado desconoció la
sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, según la cual, la caducidad
para la población desplazada se contabiliza a partir de la ejecutoría del
mencionado fallo y que «no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo
anteriores, por tratarse […] de sujetos de especial protección constitucional, en
atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta».
17. En virtud de lo anterior, mencionaron que el término de caducidad que
tenían para promover la demanda vencía en mayo de 2015 y, como presentaron
la demanda el 10 de abril de 2015, es decir, a los 2 años siguientes de la
ejecutoria de la SU-254 de 2013, la misma fue en término. A continuación la Sala
ilustra con más detenimiento:
Hecho 27/09/ 99
Conciliación 26/05/14
Demanda 10/04/15
SU – 254 de 2013 Debía contabilizarse el término de caducidad del
medio de control de reparación directa a partir de la
fecha ejecutoria de este fallo; es decir, desde el 22
de mayo de 2013:
Oportunidad para demandar: 22 mayo de 2015
Conclusión Demanda oportuna
18. También pidieron que se les aplicara con efectos inter pares la sentencia
de unificación de la sentencia T-004 de 2025, en el que se presentó una discusión
similar a la presente.
19. Defecto fáctico y sustantivo, dado que la providencia atacada fue
producto de una indebida apreciación de «las circunstancias probatorias,
normativas y jurisprudenciales que rigen para la resolución del caso, vale decir,
se omitió el análisis conjunto del material probatorio aportado al expediente, al
tiempo que la normatividad utilizada para resolvere [sic] el caso, es
absolutamente impertinente en el caso concreto».
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20. De otro lado, precisaron que se acreditaron todos los presupuestos
generales de la tutela contra providencia judicial. Se destaca que, respecto al
requisito de la inmediatez, los accionantes resaltaron que al ser personas
vulnerables no cualquier tardanza en la presentación de la tutela acarrea su
improcedencia, sino aquella que pueda jugarse como injustificada o irrazonable
atendiendo a circunstancias particulares de cada caso.
21. En este caso, mencionan que apenas están saliendo de un «limbo
jurídico» al que los sometió el tribunal accionado y que se aclaró recientemente
en sentencia T-004 de 2025.
1.4. Intervenciones
22. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.
Efectúo un recuento de las actuaciones procesales surtidas en el medio de
control y con ello, adujo que no se vulneró derecho fundamental alguno de los
accionantes.
23. Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Uno. Advirtió que
la decisión que se reprocha fue proferida conforme a derecho y la jurisprudencia
aplicable al caso.
24. Agregó que la tutela es improcedente por dos razones. La primera, es que
no acredita el requisito de la inmediatez, toda vez que la decisión reprochada es
del 31 de agosto de 2023 y se notificó el 12 de diciembre del mismo año. Por
ende, quedó ejecutoriada el 11 de enero de 2024, mientras que la solicitud de
amparo se radicó el 14 de mayo de 2025. La segunda, es que tampoco supera
el presupuesto de relevancia constitucional, toda vez que se pretende surtir una
tercera instancia.
25. Ministerio de Defensa Nacional. Refirió que la tutela es improcedente,
toda vez que la parte actora no identificó de manera razonable los hechos que
constituyeron la vulneración de derechos fundamentales invocados.
26. Policía Nacional. Solicitó la declaratoria de improcedencia porque la
solicitud de amparo no acredita el requisito de la inmediatez, al haberse
presentado 16 meses después de la providencia que se pretende dejar sin
efectos y no existir prueba de la vulneración de derechos fundamentales.
27. Los demás vinculados guardaron silencio.
1.5. Sentencia de primera instancia
28. En providencia del 3 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la tutela por no superarse el requisito de la
inmediatez. Para el efecto, la Sala de Decisión adujo que la providencia
cuestionada data del 31 de agosto de 2023 y fue notificada el 5 de diciembre del
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mismo año. No obstante, la tutela se presentó hasta el 13 de mayo de 2025, lo
que significa que los actores dejaron transcurrir cerca de 1 año y 5 meses,
término que no resulta razonable, de cara a la protección urgente e inmediata de
los derechos fundamentales que se estiman conculcados.
29. Precisó que si bien la parte actora indicó que fue con ocasión de la
sentencia T-004 de 2025 que pudieron salir de un «limbo jurídico» respecto a su
situación, incluso en aquella oportunidad la Corte Constitucional determinó la
necesidad de cumplir con el requisito de la inmediatez en casos de lesa
humanidad dentro del plazo establecido por dicha corporación como razonable.
1.6. Impugnación
30. Las accionantes consideraron que la tutela sí cumplía con el requisito de
la inmediatez en vista de la existencia de un hecho sobreviniente relevante.
31. Al respecto, iteraron que el 25 de enero de 2025 la Corte Constitucional
revisó una tutela relacionada con un caso idéntico al de ellos y que también se
había originado en una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que aplicó
el precedente de unificación del Consejo de Estado de 2020, cuando el vinculante
era el contenido en la SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional.
32. Indicaron que tal hecho nuevo y relevante solo podía ser conocido en
enero de 2025, de ahí que, la presentación de la tutela en mayo de 2025 era
oportuna y razonable, pues fue aquel cambio de jurisprudencia el que habilitó la
interposición de la acción constitucional.
33. Agregaron que la interpretación adelantada por el a quo resultaba contraria
a los estándares constitucionales relacionados con la flexibilización del requisito
de inmediatez cuando se trata de víctimas de desplazamiento forzado y el efecto
jurídico de los cambios jurisprudenciales posteriores que habilitan nuevas vías de
protección constitucional.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala confirmará la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se superan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
6
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35. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
37. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.
38. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
39. La Sala advierte que los señores Farides del Socorro Díaz Cerpa, Luis
Viana Díaz, Hansell Viana Díaz, Lizney Isabel Viana Díaz, María de los Ángeles
Díaz Cerá y Ana María Fontalvo Díaz, están legitimados en la causa por activa,
porque fueron la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó
la providencia que se reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que
la Sala de Decisión Uno del Tribunal Administrativo de Bolívar está legitimada en
la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el
presente trámite constitucional.
40. Inmediatez. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable8, el cual debe ser ponderado por el
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
8
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
7
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juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido
por el constituyente en virtud del cual la finalidad de este mecanismo
constitucional es ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo9.
41. De acuerdo con lo anterior, esta Sección10 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
42. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
43. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional
indicó que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual11.
44. Bajo esa óptica, corresponde confirmar la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la solicitud de protección ius fundamental
invocada, por las razones que pasan a exponerse.
45. Lo primero que debe señalarse es que, como lo anotó el a quo, la
providencia objeto de reparo constitucional data del 31 de agosto de 2023 y se
notificó por correo electrónico del 5 de diciembre de 2023. La tutela de la
referencia se presentó el 13 de mayo de 2025. Por ende, sin necesidad de
verificar el término de ejecutoria de la sentencia enjuiciada es claro que la misma
se interpuso por fuera del término que los límites que la jurisprudencia ha
admitido para cuestionar a través de esta herramienta, las decisiones judiciales.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
10
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
11
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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46. Ahora bien, la parte actora justifica la presentación extemporánea de la
solicitud de amparo, concretamente en el hecho de que fue solo hasta la
expedición de la sentencia T-004 de 2025 de la Corte Constitucional que pudieron
definir su situación jurídica, la cual, en su sentir, «estaba en limbo»:
[…] no tendría mucho sentido acudir a esta acción constitucional privilegiada si
ha transcurrido un tiempo considerable desde el hecho que dio lugar a la solicitud
y el momento en que el accionante acude al juez para pedir su protección, más
aún cuando estamos a penas saliendo del limbo jurídico al que nos sometió el
tribunal a penas aclarado en fallo Sentencia T-004 de 2025, Referencia:
Expediente T-10.223.234 y aun en termino de demandar a la justicia en medio de
reparación directa por no aplicar la jurisprudencia unificada en relación a la
caducidad de la demanda. Pues estamos siendo revictimizados. esto es, que la
solicitud de amparo se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la presunta vulneración […] [Sic a toda la cita]
47. Este argumento lo invocaron nuevamente en sede de impugnación, con la
salvedad de que en esta oportunidad hicieron referencia a la «existencia de
hecho sobreviniente relevante» y solicitaron la flexibilización del presupuesto en
atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional.
48. Al respecto, esta Sala de Decisión precisa que, en efecto, en sentencia T-
004 de 2025 la Corte Constitucional estudió en sede de revisión una acción de
tutela interpuesta por una serie de demandantes en contra de la sentencia de
segunda instancia que confirmó la caducidad del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional – Policía Nacional, y el municipio de San Jacinto, por hechos de
desplazamiento forzado ocurrido en este último.
49. En aquella oportunidad, el alto tribunal definió que como en ese caso
estaba acreditado, al menos de manera sumaria, que los accionantes eran
víctimas de desplazamiento forzado, se les debía aplicar la regla de caducidad
fijada por la Sentencia SU-254 de 2013, según la cual, el término de caducidad
para ejercer el medio de control de reparación directa debía contabilizarse a partir
de la fecha de ejecutoria de la referida providencia; esto es, desde el 22 de mayo
de 2013.
50. Nótese que, para sustentar tal criterio, el alto tribunal se ciñó a lo
establecido en la sentencia T-374 de 2023, en la que dicha corporación advirtió
que debía primar la tesis de la sentencia SU-254 de 2013 sobre la expuesta en
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 del
Consejo de Estado, en virtud de lo siguiente:
[…] la aplicación de lo dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013 tiene sustento
en el criterio de especialidad porque la Corte fijó una regla específica respecto al
momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, esto es,
desde su ejecutoria, en los casos de desplazamiento forzado acaecidos con
anterioridad a la expedición de ese fallo, como ocurre en el asunto bajo examen.
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Y, en el criterio de prevalencia de las normas constitucionales y del alcance e
interpretación que esta Corporación le otorgue a las mismas, tal como se expuso
en el acápite de la vinculatoriedad del precedente constitucional que, entre otros
fines, persigue garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los
ciudadanos.
51. Por lo tanto, concluyó que en aquel escenario no había operado la
caducidad y procedía el análisis de fondo de la responsabilidad del Estado.
52. Pues bien, la Sala debe resaltar que, el hecho de que la Corte
Constitucional se hubiera pronunciado recientemente sobre una situación fáctica
y jurídica similar a la que se encuentran los accionantes, no constituye un criterio
que per se permita la flexibilización del requisito de la inmediatez.
53. Lo anterior obedece a dos razones fundamentales, la primera es que no
puede dejarse al arbitrio de los accionantes la modulación de los presupuestos
de procedencia de los requisitos de la tutela contra providencia judicial, los cuales
revisten de la mayor observancia por los principios constitucionales que están en
tensión.
54. Esto es, que no puede dejarse al azar que, ante una tesis jurisprudencial
favorable para algún sujeto procesal, se habilite el ejercicio extemporáneo o en
cualquier tiempo de la acción de tutela contra providencia judicial, pues aquello
implicaría a su vez, desconocer el debido proceso de lo demás sujetos procesales
que integraron la controversia ordinaria y los principios de autonomía judicial y
seguridad jurídica que permean las decisiones judiciales.
55. Tal práctica abriría la puerta a la revisión indefinida de decisiones judiciales
ya ejecutoriadas, vulnerando el principio de cosa juzgada y afectando la
estabilidad de las relaciones jurídicas. Además, comprometería la autonomía de
los jueces ordinarios, al someter sus decisiones a un control posterior que no
respeta los límites temporales ni las garantías procesales previstas por el
ordenamiento.
56. La segunda obedece al hecho de que la tesis que pretenden aplicar los
accionantes tampoco corresponde a un criterio sobreviniente, ni poco previsible.
Por el contrario, se advierte que la tesis acogida recientemente por la Corte
Constitucional a propósito de los hechos de desplazamiento forzado analizados
en la sentencia T-004 de 2025 está estrechamente relacionada con el objeto de
la litis del medio de control.
57. En este punto y de una revisión a priori de la decisión reprochada, se
destaca que el Tribunal Administrativo de Bolívar adujo:
[…] el Tribunal Administrativo considera que no debe utilizarse como referencia
la ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013 para realizar el cómputo de la
caducidad del medio de control de reparación directa. La sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado no indicó ninguna
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limitación en cuanto a la aplicación de este criterio jurisprudencial en el tiempo.
En esa línea de acción, debe considerarse que sus efectos son retrospectivos,
es decir, las reglas definidas en la sentencia deben aplicarse a situaciones no
consolidadas antes de su vigencia.
58. Por lo tanto, desde ese momento la parte actora conocía de la evidente
tensión entre las dos posturas jurisprudenciales y podían cuestionar, vía acción
de tutela, que se hubiera dado aplicación a una sobre la otra. No obstante,
guardaron silencio por aproximadamente año y medio.
59. A lo anterior se suma que, incluso antes de que les fuera notificada la
sentencia del 31 de agosto de 2023, la Corte Constitucional ya había proferido la
sentencia T-374 de 2023 en la cual precisó que, en virtud del criterio de
especialidad, a efectos de realizar el conteo de término de caducidad para las
demandas de reparación directa por desplazamiento forzado, debía primar el
establecido en la sentencia SU-254 de 2013 y no el de la sentencia de unificación
del 21 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
60. Por lo tanto, no advierte esta corporación como válido que la inactividad
de la parte actora se justifique en que estaban en un «limbo» de inseguridad
jurídica, o de que la interposición extemporánea se justifique en un cambio de
postura constitucional.
61. Se precisa que aun cuando la Corte Constitucional ha señalado que el
acatamiento del requisito de inmediatez tratándose de sujetos de especial
protección constitucional, no se exige con la misma intensidad, lo cierto es que
debe mediar una justificación razonable de la tardanza, que no solo no se acredita
en este caso.
62. Y, en todo caso, esta Sala no pasa por alto que en casos similares al sub
examine, el máximo tribunal constitucional también analiza y exige el
cumplimiento del requisito de inmediatez. En efecto, en la misma T-004 de 2025,
la Corte Constitucional verificó la procedencia de la tutela contra providencia
judicial a partir del término jurisprudencial de 6 meses, aun tratándose de un
asunto en el que se debatía la caducidad del medio de control de reparación
directa respecto de hechos catalogados como de lesa humanidad.
63. En el sub judice, si bien no se desconoce la calidad de víctimas del
conflicto armado de las accionantes, ni las barreras de acceso al sistema de
administración de justicia a las que estos sujetos de especial protección puedan
enfrentarse; lo cierto es que los argumentos expuestos no denotan una razón
válida que justifique la inactividad de los accionantes y, en esa medida, que
permita exceptuar que la tutela se hubiese ejercido en un término prudencial.
64. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión confirmará la sentencia de
primera instancia adoptada el 3 de julio de 2025 por la Sección Primera de la
corporación, al no acreditarse el requisito de la inmediatez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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