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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02865-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02865-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa promovida por el señor Néstor García Villegas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02865-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: NÉSTOR GARCÍA VILLEGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – El accionante
no es titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados en el
proceso de controversias contractuales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Néstor
García Villegas, en nombre propio, contra la sentencia del 26 de junio de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del Decreto
2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 14 de mayo de 2025, el señor Néstor García Villegas, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda. Esa solicitud se presentó con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al buen nombre y a la “defensa técnica”2.

Hechos relevantes

2. El Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda (INFIDER)3 y la
Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA en Liquidación, representada por el señor
Néstor García Villegas, celebraron el contrato No. 020 de 2015. Su objeto fue la
Administración del Inmueble denominado lote No. 10 – La Villa, ubicado en el sector
de la Villa Olímpica Francisco José Valencia del Municipio de Pereira. Dicho
contrato duró 1 año.

1
Que ingresó para fallo el 28 de julio de 2025.
2
Obra en certificado C116D3D30822FEEE BEDF727B1BBEA59C D450D425D6357795
EB32EA3884B9B089, pág. 1, índice 2 del expediente digital de tutela.
3
De ahora en adelante INFIDER.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

3. El 4 de noviembre de 2015, la Inmobiliaria Villegas & Asociados LTDA suscribió
el contrato de arrendamiento con la Fundación Ciudadanos Nuevo Milenio4 con un
plazo de duración de 10 años. El coarrendatario de ese contrato es Tu Baño S.A.S.

4. El 17 de febrero de 2016, el gerente (E) de INFIDER le comunicó al representante
legal de la inmobiliaria para que este, le informara a su arrendatario la Fundación
Nuevo Milenio sobre la no autorización de ningún tipo de construcción en el lote.
Advirtió que, en caso de que se realizara algún tipo de obra configuraría una causal
de terminación anticipada del contrato. Incluso en el informe del mes de febrero
presentado por representante legal de la inmobiliaria, el señor García Villegas
manifiesta que el comunicado le fue entregado al representante legal de la
fundación en la misma fecha de la emisión.

5. Como el plazo pactado por el término de 1 año expiraba el 21 de junio de 2016,
a través de comunicación del 20 de abril de 2016, el representante legal del
INFIDER envió comunicación de terminación de contrato de administración a la
Inmobiliaria Villegas & Asociados.

6. Mediante resolución No. 001693 del 15 de julio de 2016, la Curaduría Urbana
Segunda Pereira negó a la Fundación Ciudadanos Nuevo Milenio, la solicitud de
licencia de construcción en modalidad de obra nueva. Lo anterior bajo el artículo
685 del Código Civil. Así como el derecho absoluto del lote a titularidad del INFIDER
pues con base en un contrato de arrendamiento no autoriza el arrendatario a realizar
obras de mayor impacto sin la debida autorización.

7. Motivo de lo anterior, en ejercicio de la acción de controversias contractuales el
INFIDER presentó demanda contra la Inmobiliaria Villegas & Asociados LTDA y
Fundación Ciudadanos Nuevo Milenio con el fin de se declarará la nulidad absoluta
del contrato de administración del bien inmueble No. 20 del 22 de junio de 2015
celebrado entre ellas. Y en consecuencia se procediera a la entrega material del
lote a su propietario, el INDIFER.

8. La demanda le correspondió al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
– Sala Primera de Decisión y a través de auto del 22 de junio de 20185 (i) dejó sin
efecto el auto proferido el 10 de abril de 2018; (ii) admitió la demanda de la
referencia; (iii) notificó el proveído por estado a la parte actora de acuerdo con lo
señalado en el artículo 171 del CPACA; (iv) dispuso la notificación personal de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al señor Agente del Ministerio
Público; (v) ordenó notificar personalmente al representante legal de la Inmobiliaria
Villegas y Asociados LTDA y de la Fundación Ciudadanos Nuevo Milenio o a quien
haga de sus veces; (vi) corrió traslado a los demandados, a la ANDJE y al Ministerio
Público por el término de 30 días según lo previsto en el artículo 172 del CPACA y
los artículo 610 y 611 del CPACA ; (vii) entre otras decisiones.

4
El objetivo era “Ei arrendador concede el goce y uso de un lote de terreno ubicado en el sector de
la Villa Olímpica de Pereira Lote No 10 cuyos linderos son los siguientes…”
5
Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento “2_002CUADERNOPRINCIPAL1-
1.PDF” págs. 50 a 54.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

9. El 23 de noviembre de 20186, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
– Sala Primera de Decisión fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial.
Correspondió para el 6 de junio de 2019 a las 2:00 pm.

10. El 6 de junio de 20197, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda –
Sala Primera de Decisión (i) dejó sin efectos el auto del 23 de noviembre de 2018
por medio del cual se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial; y (ii)
ordenó que se cumpliera lo dispuesto en proveído del 22 de junio de 2018 por el
cual se dispuso admitir la demanda. En este numeral, requirió al demandante para
que allegara los certificados de registro mercantil en los cuales conste la dirección
para la notificación electrónica de acuerdo con los artículos 197 y siguientes de la
Ley 1437 del 2011. Lo anterior debido a que la notificación de los demandados no
se surtió a las direcciones de notificación obrantes en los certificados de registro
mercantil.

11. El 5 de noviembre de 20198, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
– Sala Primera de Decisión resolvió lo siguiente:

1- Cúmplase lo dispuesto en proveído del 22 de junio de 2018, por medio
del cual se dispuso admitir la presente demanda, para lo cual se procurara su
notificación personal a las demandadas Inmobiliaria Villegas y Asociados
Limitada en Liquidación y la Fundación Nuevo Milenio, a los domicilios
principales que se observan registrados en los certificados de existencia
aportados a folios 257 a 264 del cuaderno 1-1, de conformidad con el artículo
291 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 200 del
CPACA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2- Notifíquese personalmente y a los domicilios de las mencionadas
entidades el contenido del auto del 22 de junio de 2018 obrante a folio 8 del
cuaderno 2, por medio del cual se corrió traslado de la medida provisional
solicitada por la parte demandante.

3- Vincular al presente proceso a la sociedad TU BAÑO S.A.S., de
conformidad con lo expuesto.

4- Notificar personalmente este auto al representante legal de la sociedad
TU BAÑO S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3o del artículo
171 del CPACA, a través del buzón de correo electrónico consignado en el
certificado de existencia y representación legal visible a folios 265 y s.s. el
cuaderno 1-1, conforme se expuso en esta providencia.

5- Córrase traslado de la demanda a la sociedad vinculada, por el termino
de treinta (30) días, para los efectos previstos en el artículo 172 del CPACA y
en los artículos 610 y 611 del Código General del Proceso.

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Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento “2_002CUADERNOPRINCIPAL1-
1.PDF” pág. 63.
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Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento “2_002CUADERNOPRINCIPAL1-
1.PDF” pág. 67
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Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento “2_002CUADERNOPRINCIPAL1-
1.PDF” pág. 87 a 92.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4- (sic) Córrase traslado a la sociedad vinculada de la solicitud de medida
cautelar - suspensión provisional- solicitada por la entidad demandante, visible
a folios 1-7 del cuaderno 2, por el termino de cinco (05) días, para que si a bien
lo tiene se pronuncie sobre la misma, por lo expuesto”.

12. El 24 de septiembre de 20209, el Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda – Sala Primera de Decisión intentó diferentes citaciones para diligencia
de notificación personal con destino a la demandada Inmobiliaria Villegas y
Asociados LTDA. Sin embargo, no fue posible su notificación en la dirección
registrada en el certificado de existencia y representación y la información de la
apoderada de la parte demandante. Por tal motivo, (i) se ordenó el emplazamiento
de la Sociedad Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA para surtir la notificación
personal del auto admisorio de la demanda, traslado de la solicitud de medida
cautelar - suspensión provisional y demás providencias que interesen a la misma;
(ii) ordenó publicar el aviso emplazatorio a esa sociedad en el periódico “El
espectador del día domingo”; (iii) entre otras decisiones.

13. El 16 de noviembre de 202210, el Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda – Sala Primera de Decisión procedió a designar un curador ad-litem con
el fin de que ejerciera la representación judicial de la Sociedad Inmobiliaria Villegas
y Asociados LTDA. El abogado designado fue Fausto Enrique Huerta.

14. Luego de surtido el trámite procesal, el 28 de noviembre de 202411, el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión profirió
sentencia de primera instancia. Allí resolvió (i) declarar la nulidad absoluta del
contrato de administración del bien inmueble No. 20 del 22 de junio de 2015, suscrito
entre el INFIDER y la Sociedad Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA; (ii) condenó
a dicha sociedad, a la Fundación Ciudadano Nuevo Milenio y a la Sociedad Tu Baño
S.A.S. para que, en el tiempo máximo de 15 días, contados a partir de la ejecutoria
de la providencia, con la entrega material del inmueble denominado Lote No. 10 La
Villa, ubicado en el Sector de la Villa Olímpica al INFIDER. A su vez impuso condena
en abstracto a cargo de la sociedad demandada por el concepto del contrato de
arrendamiento que celebró en exceso del plazo pactado en el contrato que se anula
en esa sentencia. Por esas razones y conforme a los parámetros que quedaron
establecidos con esas; (iii) negó las demás súplicas de la demanda; (iv) compulsó
copias de la sentencia a la Procuraduría Provincial de Pereira para que determinara
la procedencia de iniciar investigación disciplinaria respecto de los servidores
públicos que suscribieron el contrato objeto de litigio de conformidad con lo señalado
en la parte motiva de la sentencia: (v) Compulsó copia del expediente a la misma
Dirección de Fiscalía para que se adelantara la investigación penal que considerara
pertinente; (vi) entre otras decisiones.

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Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento “2_002CUADERNOPRINCIPAL1-
1.PDF” pág. 148 a 151.
10
Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento
“16_016AUTODESIGNACURADORADLITEMORDENANOTIFICAR.pdf”.
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Obra en certificado 36191EA66ED2BDDB 057C4DA8F2285216 9775B6BC8A07F09C
B479D875827FD345, índice 10 de Samai. En el documento
“050_039SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 75.pdf”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

15. Una vez notificada la anterior decisión no se interpusieron recursos.

Pretensiones

16. La parte accionante solicitó lo siguiente:

“Con fundamento en los hechos y consideraciones que expondré a
continuación, solicito respetuosamente al señor Juez de amparo tutelarlos
derechos fundamentales que me corresponden y que fueron presuntamente
vulnerados y, en consecuencia, ordenar a los accionados que, dentro del
término perentorio que su Despacho señale, procedan a:

1. Decretar la NULIDAD DE LA SENTENCIA, proferida por TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA PRIMERA DE
DECISIÓN MAGISTRADA PONENTE: DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA,
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00920-00, del veintiocho de noviembre de
dos mil veinticuatro, la cual quedó en firme el 25 de enero de 2025, por la
ausencia de la defensa técnica adecuada, la cual redundó en la firmeza de la
decisión a pesar de que la misma contaba con recursos de apelación para ser
impugnada, por tratarse de una providencia de primera instancia.

2. Ordenar al tribunal contencioso administrativo de Risaralda que en virtud de
la declaración de nulidad asegure una defensa técnica apropiada a mi favor,
notificándome de las actuaciones del proceso, notificación de la sentencia y
pueda por ello acceder a la administración de justicia, y presentar recursos de
ley.

3. De manera subsidiaria, en caso de que se evidencie una negligencia grave o
imposibilidad del actual curador ad litem para ejercer una defensa técnica
adecuada, ordenar AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que
designe un nuevo curador ad litem que cumpla con los requisitos y la diligencia
necesaria para MI representación.

4. Ordenar a los accionados que informen a mi persona, como la parte
accionante sobre el cumplimiento de las órdenes dentro de las 48 horas hábiles
siguientes a la notificación de la sentencia.

5. Ordenar Notificar en términos de ley la sentencia, y conceder los recursos
para la debida impugnación de la decisión de primera instancia.

6. Que en caso de ser concedida la tutela, se comunique a los entes de control
disciplinario y penal de la actuación a seguir para efectos de cesar las
indagaciones que se hayan suscitado por los traslados hasta que haya una
decisión definitiva”12.

Fundamentos de la demanda de tutela

17. El accionante alegó que el Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda
(INFIDER) inició un proceso de controversias contractuales en su contra. Esto con
el fin de solicitar la nulidad del contrato de administración del bien inmueble No. 20
del 22 de junio de 2015 celebrado entre la Inmobiliaria Villegas y Asociados y la
Fundación Nuevo Milenio. No obstante, al no poder notificarse al señor Néstor

12
Obra en certificado C116D3D30822FEEE BEDF727B1BBEA59C D450D425D6357795
EB32EA3884B9B089, págs. 5 y 6, índice 2 del expediente digital de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

García Villegas, a través de auto del 16 de noviembre de 2022, se designó como
curador ad litem al señor Fausto Enrique Huerta, el cual aceptó.

18. El demandante manifestó que, a pesar de la designación, el señor Fausto
Enrique Huerta incurrió en una omisión o actuación deficiente en el ejercicio de su
defensa técnica pues: (i) no presentó pruebas relevantes para la defensa de los
intereses del señor García Villegas. Sumado a que expresó atenerse a las
decisiones de la magistrada de conocimiento; (ii) no formuló alegatos de conclusión;
(iii) no interpuso los recursos legales procedente contra la sentencia que declaró la
nulidad absoluta del contrato con el INFIDER; (iv) no se comunicó de manera
efectiva con el accionante y no entregó al juez la prueba de esas diligencias, ni el
Tribunal se las exigió.

19. Informó que la falta de defensa técnica generó un perjuicio a sus derechos e
intereses, así como el buen nombre y el de su familia. Lo anterior bajo el argumento
que, con la decisión tomada, perjudica su libertad ya que la sentencia ordenó dar
traslado a las instancias penales por las consecuencias del contrato nulo. Inclusive,
se dio cuenta del proceso contencioso cuando lo citaron del CTI de Pereira por una
indagación o investigación en su contra.

20. Como fundamentos de derecho enumeró el debido proceso, la defensa técnica,
la actuación en todas las etapas. Para esto adujo que la defensa técnica es un pilar
fundamental del proceso contencioso administrativo en Colombia. Además, expresó
que el curador ad litem es una figura esencial en el ordenamiento jurídico
colombiano. Mencionó y transcribió algunos apartes de las sentencias C-250 de
1994, T-385 de 2018, T-088 de 2006 de la Corte Constitucional. Así como el
concepto 267071 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

21. De otra parte, en lo que se refiere a la procedencia de la acción de tutela, citó la
sentencia 11001-03-15-000-2012-02201-01 del Consejo de Estado e indicó que se
cumplen con los parámetros judiciales establecidos para tal fin pues: (i) la cuestión
que se discute hay una relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios
ordinarios y extraordinarios13. Dado que a su juicio se generan consecuencias al dar
apertura a un proceso de investigación penal, por la remisión de copias del Tribunal,
consecuencia de una sentencia. Lo cual deja en riesgo el atributo de la personalidad
más importante que es la libertad. Igualmente, en el fallo objeto de debate se
insinúan conductas dolosas en un contrato. Aclaró que este es de naturaleza civil y
el Tribunal no era competente para manifestarse sobre el mismo.

22. Seguidamente, hizo alusión a los demás requisitos como: (iii) la inmediatez.
Explicó que la demanda se interpuso en un plazo razonable debido a la notificación
de la apertura de la investigación penal en su contra, fechada el 25 de abril del 2025.
Además, que la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda no fue recurrida por el curador ad litem cuando existían razones de fondo
para pronunciarse y hacer uso del derecho de defensa; (iv) irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo. En este requisito explicó

13
Se advierte que, en este requisito, esos fueron los argumentos planteados por la parte accionante.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que, la gravedad de los hechos es de la dimensión en la que se pone entre dicho la
validez e idoneidad del contrato. Al igual que su buen nombre como ciudadano: (v)
se identifican de manera razonable los hechos, derechos y vulneraciones: y (vi) no
se trata de una sentencia de tutela porque la sentencia objeto de debate es del
medio de control de controversias contractuales.

Trámite en primera instancia

23. Mediante auto del 20 de mayo de 2025, la Sección Quinta admitió la acción de
tutela de la referencia y ordenó notificar al Contencioso Administrativo de Risaralda
– Sala Primera de Decisión como accionado, para que ejercieran su derecho de
defensa y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Risaralda – INDIFER, a la
Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA, al señor Fausto Enrique Huerta Gutiérrez
como terceros con interés en las resultas del proceso. Asimismo, comunicó la
providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; a la Secretaría
del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión
para que publique en su página web copia digital del escrito de tutela y de esta
providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los
referidos documentos y pueda intervenir. También le ordenó a la Secretaría del
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda – Sala Primera de Decisión remitir
la totalidad del expediente correspondiente al medio de control de controversias
contractuales 66001-23-33-000-2016-00920-00; advirtió que las autoridades
oficiadas que, de no cumplirse con los requerimientos hechos, se utilizarán por este
Despacho las potestades correccionales que se confiere el artículo 44 de la Ley
1564 del 2012.

24. De manera posterior, el 9 de junio de 2025, la Sección Quinta profirió un auto a
través del cual tomó las siguientes determinaciones: (i) notificar la existencia de la
presente acción de tutela a la Fiscalía General de la Nación – Dirección de Fiscalías
Seccional de Risaralda y la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Provincial de Pereira en calidad de terceros con interés para que si a bien lo tenían
se pronunciara; (ii) remitir a dichas entidades copia del escrito de tutela, del auto
admisorio de la demanda y de esta providencia; (iii) mantener el expediente en la
Secretaría hasta que se adelante el trámite en mención.

Intervenciones

25. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda dentro de su informe
mencionó la posición fijada por la Corte Constitucional14 en relación con la
procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales. Esto para
determinar que la acción de tutela resulta improcedente cuando se atacan
providencias judiciales, con el fin de preservar principios constitucionales como la
autonomía de los jueces, la cosa juzgada, la vigencia del orden justo, seguridad
jurídica y prevalencia del derecho sustancial. Sin embargo, el máximo Tribunal

14
Ver la pág. 8 de la contestación de tutela del curador ad litem.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Constitucional ha estatuido una procedencia excepcional cuando la decisión ponga
inminente peligro algún derecho fundamental.

26. Sin embargo, solicitó que, en el presente caso, se declare improcedente toda
vez que la providencia proferida no se advierte ninguna arbitrariedad, capricho,
ausencia de motivación. Así como tampoco en las actuaciones surtida. Pues lo que
es objeto de censura a través de esa acción es la defensa técnica ejercida por un
profesional de derecho designado como curador ad litem para representar la
sociedad demandada. Mas no se atribuye una actuación arbitraria o ilegítima por
parte de esa autoridad.

27. Sumado a lo anterior, trajo a colación la sentencia SU-573 de 2019 y explicó que
el accionante es quien le corresponde la carga de demostrar la configuración de una
o varias de las causales de procedibilidad.

28. El señor Fausto Enrique Huerta Gutiérrez quien actúa como curador ad litem
en el proceso ordinario formuló unas excepciones con la finalidad de que se negara
el amparo de tutela.

29. En primer lugar, expuso que el accionante pretende utilizar la acción de tutela
para evitar la investigación penal que generó la compulsa de copias por parte del
Tribunal accionado. Para esto, dijo que el accionante apareció ante la investigación
penal. Además, que, instrumentalizó la tutela para ser procesado penalmente. A su
juicio la intención del señor García Villegas nunca ha sido participar en el proceso
contencioso administrativo ni restablecer derechos fundamentales.

30. En segundo lugar, adujo que se presenta una ausencia de vulneración del
derecho fundamental. Puso de presente que el accionante alega una supuesta
violación de derechos fundamentales, bajo afirmaciones falsas. Para esto explicó
que el curador ad litem es un representante legal designado por la administración
de justicia. Ello para garantizar el desarrollo de un proceso en condiciones del
respeto del debido proceso cuando el demandado está ausente. Sumado a lo
anterior, precisó que no se le puede exigir una actuación extensa ni litigiosa como
la interposición de recurso, alegatos de fondo, contradicción exhaustiva de pruebas
porque carece de información y los medios necesarios para defender al ausente.

31. En tercer lugar, precisó que se presenta una ausencia de perjuicio concreto a
los derechos fundamentales señalados por el actor. Para esto, expuso que su
conducta aseguró su comparecencia técnica al proceso, se contestó la demanda,
se participó en las audiencias y se garantizó en el proceso que se respetaran las
garantías. En cuanto a la presentación de las pruebas, obedece a la falta de estas
y a la comunicación ya que nunca existió un diálogo con el accionante.

32. En cuarto lugar, “el suscrito abogado, lejos de ser un profesional mediocre y
omisivo, es un hombre diligente, cuidadoso, estudioso y resposnable (sic)”15. Dijo

15
Ver la pág. 8 de la contestación de tutela del curador ad litem

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que el accionante pretende desacreditar su actuación, con la finalidad de evitar ser
procesado penalmente. Sin argumentar que fue su culpa la falta de defensa y los
perjuicios que hoy alega.

33. El Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda (INFIDER) adujo que
la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
implica que no existan otros medios ordinarios que puedan proteger sus derechos.
En el caso específico, lo alegado por el accionante puede ser controvertido de
conformidad con el inciso primero del artículo 134 del CGP, en armonía con los
artículos 249 y 250 numeral 5 de la Ley 1437 del 2011. Esto permite acudir al
recurso de revisión para que se subsane la irregularidad. Pues la autoridad de
revisión puede actuar como juez constitucional y de convencionalidad.

34. En otro sentido, dijo que se presenta una inexistencia de vulneración
constitucional del debido proceso. Fundamentó que no se afectó su derecho porque
el curador ad litem asuma una determinada estrategia defensiva porque no
prosperó. El accionante debía demostrar que la defensa técnica de su curador ad
litem no fue adecuada, pero omitió asumir esa tarea justificadora.

35. El director seccional de la Fiscalía de Risaralda expuso que una vez remitió
el caso a la Fiscalía 15 Local Grupo Alertas Tempranas y de denuncias GATED,
para consultar la existencia del proceso derivado de la compulsa de copias
respondió lo siguiente:

"(...) Realizada la búsqueda en el SPOA y en los medios de registro de la mesa
de creación de noticias criminales Seccional Risaralda, canales correo, orfeo y
sicecon, a la fecha no evidenciamos gestión o trámite de información referente
a compulsa de copias que vincule como posible interviniente (INDICIADO) en
la comisión de un delito al ciudadano FAUSTO ENRIQUE HUERTA en su
calidad de CURADOR AD LITEM.
""
Por lo anterior expuesto, se requiere en lo posible solicitar al tribunal el reenvío
de la compulsa, teniendo en cuenta que a la fecha desconocemos ¿cuál fue el
medio o canal mediante el cual remitieron a fiscalía por competencia la
compulsa y la fecha en que lo hicieron?. Llegado el caso de considerar
necesario la apertura de noticia criminal de oficio, estaremos atentos a su
respuesta, considerando la posibilidad que el contenido de la acción de tutela y
los autos proferidos hasta ahora que se evidencian como adjuntos, puedan
servir para la creación de la noticia criminal (...)".

36. La Procuraduría General de la Nación explicó que las diligencias remitidas por
el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda fueron remitidas a la
Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda a través de oficio No. P.P.P.
0305 del 29 de enero de 2025, en cumplimiento del auto de remisión por
competencia del 27 de enero del mismo año, soportado en el Decreto 262 de 2000,
modificado por el Decreto 1851 de 2021 donde se determina entre otros aspectos
la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

37. Para corroborar el trámite dado, procedió a consultar a través de correo
electrónico a la Procuraduría Regional de Instrucción Risaralda. A través de
respuesta del 16 de junio de 2025 se remitió copia del auto de indagación previa
proferido en contra de los funcionarios por establecer del INFIDER.

38. Con base en lo anterior, aclaró que la Procuraduría Regional no adelanta
ninguna indagación o investigación disciplinaria en cabeza del señor Néstor García
Villegas en condición de representante legal de la Inmobiliaria Villegas y Asociados.

39. Por último, solicitó ser desvinculado debido a que la competencia le asiste es a
la Procuraduría Regional.

40. La Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA16, la Fundación Ciudadanos
Nuevo Milenio17 y la Sociedad Tu Baño S.A.S.18 no intervinieron pese a estar
notificados.

La sentencia de primera instancia

41. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 26 de
junio de 2025, resolvió:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Procuraduría
General de la Nación

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
acción de tutela promovida por el señor Néstor García Villegas contra el
Tribunal Administrativo de Risaralda. (…)”19

42. En primer lugar, el juez de primera instancia se pronunció sobre la solicitud de
desvinculación por parte de la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Provincial de Instrucción Pereira. Lo anterior debido a que, esa autoridad recibió la
compulsa de copias por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
y lo remitió por competencia a la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda.
En este contexto, resolvió negar dicha petición, pues el llamado se realizó en calidad
de tercero y no como la autoridad contra la cual se presenta la acción de tutela.

43. En el caso concreto, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la
solicitud de amparo constitucional. Esto en razón a que, el accionante no hizo parte
del proceso ordinario 2016-00920-00, por tanto, no podía cuestionar la decisión
dictada vía acción de tutela. Sustento de esto, dijo que, en el medio de control de
controversias contractuales, promovido por INFIDER, actuaron como partes
demandadas la sociedad Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA y la Fundación

16
Se notificó el 23 de mayo de 2025 a los correos electrónicos lloviga@gmail.com y
inmvillegas.asociados@hotmail.com. Ver índice 11 de samai.
17
Se notificó el 23 de mayo de 2025 a los correos electrónicos produccionyespectaculos@gmail.com
y abogadosejejuridico@gmail.com. Ver índice 11 de samai.
18
Se notificó el 23 de mayo de 2025 a los correos electrónicos gerencia@tubanosas.com y
produccionyespectaculos@gmail.com, Ver índice 7 de samai.
19
Índice 30 de samai en proceso 11001-03-15-000-2025-02865-00, pág. 13.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Ciudadanos Nuevo Milenio. Además, se vinculó como tercero con interés a la
Sociedad Tu Baño S.A.S., sin que la parte accionante figurara en alguna calidad.

44. Precisó que, pese a que el señor García Villegas era representante legal de la
Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA. Lo cierto es que la personería jurídica de la
sociedad no es asimilable a la de sus socios o administradores. Por el contrario, su
personería goza de autonomía propia, lo que implica que solo esa, puede alegar su
trasgresión como titular de los derechos fundamentales invocados.

45. Mencionó que, en el proceso ordinario, el curador ad litem Fausto Enrique Huerta
Gutiérrez tuvo como propósito garantizar la representación judicial de la Sociedad
Inmobiliaria Villegas y Asociados LTDA, ante la imposibilidad de surtir su
notificación. Por ello, cualquier irregularidad procesal o deficiencia en la
representación que dio a lugar, debía ser alegada por la Sociedad, en razón a la
Personería Jurídica que le asiste.

46. No obstante, adujo que el accionante interpuso la acción de tutela en nombre
propio. Sin embargo, el señor García Villegas no indicó que lo hacía en
representación de la sociedad, ni allegó alguna prueba en la que demostrara que
estuviera facultado para tal fin. Así como tampoco aportó elementos que acreditaran
su legitimación para reclamar a través de la solicitud de amparo la protección de
derechos ajenos. Para esto, la Sección Quinta expresó que los derechos
fundamentales son personalísimos e intransferibles cuando se trata de personas
jurídicas. Esto impide adelantar un estudio de fondo del asunto.

47. Por último, hizo claridad en que la apertura de la indagación previa en la que el
señor García Villegas figura como indiciado, no tiene influencia en este análisis.
Porque la acción de tutela no se dirige contra esa actuación o se alegan
vulneraciones en ese contexto. Además, le precisó a la parte accionante que la
solicitud de amparo no es el mecanismo para determinar la responsabilidad
derivada de las acciones u omisiones del curador ad litem. Porque, pudo elevar una
queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial quien es la
encargada para reconocer los reparos referidos.

La impugnación

48. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación mediante
escrito en el cual reiteró varios de los argumentos expuestos en la demanda.

49. A su vez, mencionó que la decisión de primera instancia desconoce las
particularidades fácticas y jurídicas del caso, así como la jurisprudencia pertinente.
Lo anterior bajo el argumento de que las sociedades tienen personalidad jurídica
propia, distinta a la de sus socios o administradores. Pero la legitimación en la causa
por activa en “tutela no equivale simplemente a la titularidad formal del derecho
sustancial vulnerado, sino a la condición de ser la persona directamente afectada
por la actuación u omisión que origina la violación de derechos fundamentales”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Porque está legitimado quien resulte perjudicado con la actuación impugnada y por
ello es el llamado a controvertirla.

50. Enfatizó en que, el Código General del Proceso impone al juez el deber de
vincular al representante legal conocido en la demanda. Pero el numeral 2 del
artículo 85 precisa que, si se conoce la identidad del representante legal del
demandado, el juez le ordenará responder la demanda; y si dicho representante no
comparece o guarda silencio, se continuará con el proceso, nombrando un curador
ad litem. También mencionó el artículo 200 del Código del Comercio, norma que
consagra expresamente que, si el administrador es una persona jurídica, la
responsabilidad respectiva recae tanto en ella como en quien actúe como
representante legal. Lo cual ocurre en el presente caso.

51. Puso de presente el salvamento del consejero Luis Alberto Álvarez Parra
proferido en la decisión de tutela de primera instancia. Mismo en el que precisó que
el accionante sí resultó afectado por el trámite procesal.

52. Por último, puso de presente que la acción de tutela fue admitida el 10 de mayo
de 2025 y solo hasta el 26 de junio de la misma anualidad se profirió sentencia. Lo
cual sobrepasa el límite de los 10 días fijado en el artículo 29 del Decreto 2591 de
1991.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

53. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

54. El señor Néstor García Villegas presentó acción de tutela en contra de la
providencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda debido a que no se dio una defensa técnica a su favor
al nombrar un curador ad litem. Con base en lo anterior, le corresponde a la Sala
determinar si se superan los requisitos generales de procedencia, específicamente
debe analizar la legitimación en la causa por activa del señor Néstor García Villegas.

55. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la legitimación en la causa por activa y (ii) el análisis del caso
concreto, con base en los hechos probados dentro del expediente.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

De la legitimación en la causa por activa

56. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.

57. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:

“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

58. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991 señala que los titulares de la acción de tutela
podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).

59. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.

60. Del mismo modo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 indica que la acción
de tutela podrá ser ejercida por cualquier persona que le sean afectados sus
derechos fundamentales. Esto lo puede realizar por sí misma, o a través de
representante legal. Pero, tal como lo ha mencionado la Corte Constitucional,
“cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder
especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para
iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

apoderamiento otorgado para un asunto diferente”20. Por tanto, cuando la solicitud
de amparo se presenta por intermedio de apoderado judicial, para que se
perfeccione la legitimación en la causa por activa, se requiere de un mandato
jurídico específico.

61. Asimismo, dicha alta Corporación ha explicado que para adelantar el asunto
constitucional a través de un poder en materia de tutela tiene las siguientes
características: i) se trata de un acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; ii) cuando se trata de un poder
especial, tiene que ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; iii) el destinatario del acto
de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho y se encuentre
habilitado con la tarjeta profesional. Es decir, que la legitimación por activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se
anexa el poder especial respectivo, por tal motivo no se puede hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional21.

62. Pues bien, de conformidad con lo anteriormente mencionado, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser
representante legal y anexa el correspondiente certificado de existencia y
representación legal. En la Sentencia T-382 de 2002, la Corte Constitucional indicó
que el certificado de existencia y representación legal es la prueba idónea para
acreditar la representación legal de una persona jurídica privada, razón por la cual
“el juez que al momento de reconocer un nuevo apoderado dentro del proceso
desee verificar que éste ha obtenido poder del representante legal de la persona
jurídica parte en el proceso, sólo podrá encontrar probada tal circunstancia en el
certificado de existencia y representación legal de la entidad con el cual podrá
cotejar si quien otorga poder para actuar en el proceso es quien representa
legalmente a la sociedad”.

63. La carencia del certificado de existencia y representación legal para iniciar la
acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento
otorgado para un asunto diferente”22.

Análisis del caso concreto

64. En el caso bajo estudio, el señor Néstor García Villegas interpuso acción de
tutela, en nombre propio. A su vez, expuso que para la época de la interposición del
proceso contencioso administrativo era el representante legal de la Sociedad
Inmobiliaria Villegas y Asociados. La solicitud de amparo se presentó por la
supuesta vulneración al debido proceso y el acceso a la administración de justicia,

20
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997.
21
Algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en las que se precisa estos argumentos son
la T-020 de 2016, T-417 de 2013, T-531 de 2002, entre otras.
22
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. M.P: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

14

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

con ocasión del proceso del medio de control de controversias contractuales
presentado por el INFIDER. Dicho trámite culminó con la sentencia del 28 de
noviembre de 2024, emitida por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda. Allí se resolvió declarar la nulidad absoluta del contrato de administración
del bien inmueble No. 20 del 22 de junio de 2015 y se ordenó la entrega material
del lote al INFIDER.

65. Ahora bien, la Sala advierte que la legitimidad en una tutela contra providencia
judicial abarca a quienes obran como parte o terceros intervinientes en un proceso
vinculados a este o los que debieron ser convocados. Todos ellos son los
interesados en la resolución de la controversia, definida por el contenido de sus
solicitudes y argumentos, dado que son susceptibles de ser afectados con la
decisión que se adoptó.

66. Al analizar el expediente del proceso de controversias contractuales identificado
con el radicado 66001-23-33-000-2016-00920-00, cuestionado en esta oportunidad,
la Sociedad Inmobiliaria Villegas & Asociados LTDA hizo parte de este y su
vinculación al igual que su defensa se adelantó mediante un curador ad litem23. Sin
embargo, como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia, el señor Néstor
García Villegas, como persona natural, no fue reconocido como parte o interviniente
en dicho proceso. Por este motivo no puede reclamar en nombre propio la
protección de derechos que le asiste exclusivamente a las partes en un proceso y
a una empresa que es una persona diferente a la suya.

67. En el mismo sentido, se tiene en cuenta que la Sociedad Inmobiliaria Villegas &
Asociados LTDA no promovió de manera directa la presente acción de tutela, pues
se hubiera podido designar, o si el señor Néstor García Villegas era el representante
legal, podía haber allegado el certificado de existencia y representación de esa
sociedad. No obstante, el contenido de la solicitud de amparo no puede resolverse
cuando el accionante no posee ninguna de esas calidades. Tampoco determinó la
existencia de alguna situación que le hubiere impedido acudir a formular la acción
de tutela como representante legal. Por consiguiente, la Sala concluye que el señor
Néstor García Villegas carece de legitimación en la causa por activa para agenciar
los derechos de la persona jurídica mencionada, dado que no fue parte en el referido
proceso de controversias contractuales.

68. Además, el señor Néstor García Villegas no evidencia que la decisión
impugnada lo haya afectado personalmente, por lo que resulta inexistente la
titularidad indirecta de derechos fundamentales de las personas jurídicas a través
de sus asociados24. Lo anterior en razón a que la Procuraduría General de la Nación
indicó que no se adelanta en contra del demandante algún proceso disciplinario,
como él que adujo en la demanda de tutela. De ahí que los cuestionamientos
relacionados con este aspecto carecen de sustento probatorio.

23
Fausto Enrique Huerta.
24
Corte Constitucional Sentencia T-317 de 2013.

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02865-01
Accionante: Néstor García Villegas
Accionado: Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

69. En gracia de discusión, si se entendiera superada este requisito formal, esta Sala
considera que la acción de tutela resulta improcedente por falta de agotamiento de
todos los medios de defensa judicial, en atención a que el tutelante cuenta con
mecanismos idóneos para controvertir los hechos alegados. En particular, puede
acudir a las siguientes herramientas: (i) formular las imputaciones contra el curador,
relacionadas con la presunta ausencia de defensa técnica, ante el juez competente,
esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial; y (ii) solicitar la nulidad ante el
juez contencioso, con fundamento en su falta de comparecencia al proceso ordinario
en calidad de representante legal de la empresa demandada, lo cual puede
sustentarse en el argumento de que no tuvo oportunidad de solicitar pruebas,
presentar alegatos ni recurrir la sentencia.
70. Por tal motivo, la Sala confirmará la sentencia del 26 de junio de 2025 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la falta de legitimación en
la causa por activa promovida por el señor Néstor García Villegas, por las razones
antes señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la falta de legitimación en la
causa por activa promovida por el señor Néstor García Villegas, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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