Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02866-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02866-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02866-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
31 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-00
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02866-00
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo. Requisitos
generales de procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por las
sociedades Compañía Mundial de Seguros S.A., Diseños y Construcciones
Electromecánicas S.A.S. – DICONEL S.A.S., Andina de Ingeniería & Proyectos Ltda.,
Overoles y Botas La 68 Ltda. y los señores Norma Consuelo Ospina, María del
Socorro Ariza Gómez, Roberto Náder Mora, Pablo Andrés Gálvez García, Diana Lucía
Arcila Jiménez, Edith Beatriz Perlaza Prado, Aurelio Sapuyes Quintero, Carlos Hernán
Villa Loaiza, Juan Pablo Borrero Rengifo, Adriana Mercado Jordán, Liliana Baena
Agudelo y Nelson Alberto Méndez Umaña contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de mayo de 2025, los referidos accionantes presentaron acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«Con base en los hechos y argumentos jurídicos aquí señalados, solicito respetuosamente
al H. Consejo de Estado, como juez constitucional de tutela, disponer y ordenar a la
autoridad judicial accionada en favor de mis representadas lo siguiente:
6.1. PRIMERO. Que se AMPAREN los derechos fundamentales a la IGUALDAD (Art. 13
C.P.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), DERECHO A SER OÍDO (Núm. 1, art. 8º
CADH) y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) en favor de
mis representados la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NORMA CONSUELO
OSPINA, MARÍA DEL SOCORRO ARIZA GÓMEZ, ROBERTO NÁDER MORA, PABLO
ANDRÉS GÁLVEZ GARCÍA, DIANA LUCÍA ARCILA JIMÉNEZ, EDITH BEATRIZ
PERLAZA PRADO, CÉSAR EDUARDO PALAU DURÁN, AURELIO SAPUYES
QUINTERO, CARLOS HERNÁN VILLA LOAÍZA, JUAN PABLO BORRERO RENGIFO,
ADRIANA MERCADO JORDÁN, LILIANA BAENA AGUDELO, NELSON ALBERTO
MÉNDEZ UMAÑA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A.S. -
DICONEL S.A.S., ANDINA DE INGENIERÍA & PROYECTOS LTDA. y OVEROLES Y
BOTAS LA 68 LTDA.
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
6.2. SEGUNDO. Que se AMPARE cualquier otro derecho fundamental constitucional que
se estime vulnerado o amenazado de la lectura de los hechos y las pruebas con base en
la facultad oficiosa del juez constitucional de tutela y el principio iura novit curia.
6.3. TERCERO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se ORDENE
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
proferida por el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera – Subsección B con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra Martínez durante el
transcurso del proceso ejecutivo adelantado por COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL
CAUCA SAS ESP y sus cesionarios en contra de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL
CAUCA SA ESP bajo el radicado No. 19001-23-33-000-2017-00258-02 (71.126).
6.4. CUARTO. Que como consecuencia de la declaración que antecede, se ORDENE a la
autoridad judicial accionada PROFERIR UNA DECISIÓN DE REEMPLAZO de la
sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Consejo
de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección B
con ponencia del Magistrado Fredy Ibarra Martínez durante el proceso ejecutivo
adelantado por COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA SAS ESP y sus cesionarios
en contra de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA SA ESP bajo el radicado No.
19001-23-33-000 2017-00258-02 (71.126); y, en su lugar, se tenga en cuenta las pruebas
obrantes dentro del expediente, especial, aquellas que demuestran que CEDELCA
conoció durante el trámite del proceso arbitral las cesiones que realizara CEC en favor de
SOINCO y las que a su vez hiciere éste último a sus acreedores, para así interpretar y
aplicar de manera correcta los artículos 1714 a 1723 del título XVII y 1959 a 1972 del título
XXV del Código Civil, declarando que CEDELCA no podía oponer la compensación a los
cesionarios de CEC porque guardó silencio cuando conoció tales negocios jurídicos».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El procedimiento arbitral base del título ejecutivo
El 2 de marzo de 2010, la Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC)
presentó demanda arbitral contra la empresa Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP
(CEDELCA), con base en la cláusula compromisoria pactada en el contrato de gestión,
suscrito entre las referidas sociedades el 7 de octubre de 2008.
Encontrándose en trámite el proceso arbitral, el 16 de diciembre de 2010, la Compañía
de Electricidad del Cauca SAS ESP suscribió con la empresa Soinco Proyectos Ltda.,
un contrato denominado «cesión de derechos económicos», por valor de $
2.440´619.603. Posteriormente, la segunda de las sociedades referidas, bajo la misma
modalidad contractual, cedió parte de ese monto a favor de: Juan Carlos Espinal
López, Norma Consuelo Ospina, María del Socorro Ariza Gómez, Roberto Náder
Mora, Pablo Andrés Gálvez García, Diana Lucía Arcila Jiménez, Edith Beatriz Perlaza
Prado, César Eduardo Palau Durán, Yolanda Posada Delgado, Adriana Vargas
Duque, Aurelio Sapuyes Quintero, Carlos Hernán Villa Loaiza, Juan Pablo Borrero
Rengifo, Adriana Mercado Jordán, Liliana Baena Agudelo, Nelson Alberto Méndez
Umaña, Diseños y Construcciones Electromecánicas SAS, Inver Plus SAS, Andina de
Ingeniería & Proyectos Ltda., Overoles y Botas La 68 Ltda., y Compañía Mundial de
Seguros S.A.
Mediante laudo arbitral del 4 de abril de 2014, el tribunal de arbitraje condenó a la
empresa Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP (CEDELCA) al pago de las
siguientes sumas:
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«Décimo Octavo: Como consecuencia de lo anterior, condenar a CEDELCA a pagar a
favor de CEC la suma actualizada de cuarenta y cinco mil trescientos cuarentaiún millones
ciento veinticuatro mil doscientos noventa y cinco pesos ML ($45.341.124.295), a título de
cláusula penal, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. (…).
Vigésimo: Como consecuencia de lo anterior, condenar a CEDELCA a pagar a favor de
CEC la suma actualizada de cinco mil quinientos veintitrés millones quinientos setenta mil
cincuenta y cinco pesos ML ($5.523.570.055), a título de reconocimiento de inversiones
conforme a lo estipulado en la cláusula 20.5 del Contrato de Gestión, en los estrictos
términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
La sociedad Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP (CEDELCA) presentó recurso de
anulación contra el referido laudo arbitral. Sin embargo, el Consejo de Estado en
providencia del 2 de mayo de 2016, lo declaró infundado.
Proceso ejecutivo
El 5 de junio de 2017, la Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC)
presentó demanda ejecutiva en contra de la empresa Centrales Eléctricas del Cauca
S.A. ESP (CEDELCA) con el fin de que se librara mandamiento de pago por las sumas
ordenadas en el laudo arbitral del 4 de abril de 2014.
El 18 de octubre de 2018, el señor Juan Carlos Espinal López, cesionario de una parte
de los derechos económicos reconocidos en favor de la Compañía de Electricidad del
Cauca SAS ESP (CEC), presentó demanda ejecutiva para que se acumulara al
proceso de la referencia.
Posteriormente, el 18 de diciembre de 2018, otros veinte (20) cesionarios del crédito
reconocido en favor de la Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC)
también presentaron demandas ejecutivas para su acumulación.
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante proveído del 21 de marzo de 2018,
libró mandamiento de pago, el cual modificó en auto del 9 de agosto de 2018, en los
siguientes términos:
«1) LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de Compañía de Electricidad del Cauca
(CEC), con NIT no. 900244467-8, en contra de la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca
SA ESP (CEDELCA), con NIT no. 891500025-2, por las siguientes sumas de dinero:
Por la suma de treinta y tres mil cuatrocientos veinticuatro millones setenta cinco (sic) mil
trescientos setenta y siete pesos ($33.424.075.377) de acuerdo al laudo arbitral de 4 de
abril de 2014 y según lo expuesto.
Por los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, desde la ejecutoria del
laudo y hasta que se realice el pago.»
El 27 de agosto de 2018, la empresa Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP propuso
las excepciones de compensación, así: (i) porque en el proceso judicial con radicación
número 19001-31-03-004-2018-00001-00 tramitado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Oralidad de Popayán (Cauca), la CEC –parte ejecutante– fue condena a pagar
$102.077.302.628 en favor de CEDELCA como consecuencia de la rendición de cuentas del
mismo contrato de gestión que suscitó la convocatoria del tribunal de arbitral y $3.062.319.078
por agencias en derecho; y, (ii) por la falta de restitución a CEDELCA de unos activos e
infraestructura en poder de CEC cuyo valor es superior a lo reclamado en el presente proceso.
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En auto del 15 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca acumuló al
proceso ejecutivo de la referencia las demandas presentadas por los cesionarios de
los derechos económicos y libró mandamiento de pago.
El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 27 de julio de 2023, declaró
terminado el proceso por compensación de la obligación reclamada, toda vez que
CEDELCA (parte ejecutada) presentó demanda de rendición de cuentas contra CEC
(parte ejecutante), y por auto del 31 de julio de 2018, confirmado el 29 de julio de 2019,
el Tribunal Superior de Popayán declaró que esta última adeudaba la suma de
$105.139´621.706, monto que supera el crédito reclamado por CEC en el proceso
ejecutivo, en consecuencia, operó la compensación por ser estas compañías
acreedoras y deudoras entre sí.
Aunado a lo anterior, señaló que los contratos de cesión de derechos económicos
aportados al proceso arbitral no fueron aceptados por CEDELCA y se negó a pagar a
los cesionarios con fundamento en la compensación de las obligaciones reciprocas
que tenía con la Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC).
Los demandantes interpusieron recursos de apelación contra la anterior decisión. La
ejecutante alegó que a la fecha en que se propuso la excepción de compensación (27
de agosto de 2018), no estaba ejecutoriado el auto del 29 de julio de 2019, que fijó la
obligación del proceso de rendición de cuentas en favor de CEDELCA. Por su parte,
el señor Juan Carlos Espinal López señaló que la entidad ejecutada aceptó
tácitamente la cesión de los créditos, pues, guardó silencio en las múltiples
oportunidades donde le fueron puestas de presente durante el proceso arbitral; los
demás cesionarios insistieron en la improcedencia de la compensación.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 10 de
octubre de 2024, confirmó el fallo de primera instancia y condenó en costas. Al
respecto consideró que, los contratos denominados «cesión de derechos
económicos», realmente, corresponden a cesión de derechos litigiosos, porque en
cada uno de ellos se acordó el traspaso de un evento incierto relacionado con el
resultado de una litis (en esos negocios se acordó la transferencia de una parte de la
condena que CEC pudiera obtener en el proceso arbitral adelantado en contra de CEDELCA).
Que, al revisar el material probatorio, evidenció que se cumplían los presupuestos
descritos en los artículos 1714 a 1716 del Código Civil y 281, 282 y 442 del CGP, para
declarar la compensación de la obligación.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, porque
no se valoró en su integridad el material probatorio y la interpretación de algunas
pruebas la consideró caprichosa y arbitraria, concretamente del título ejecutivo,
consistente en el laudo arbitral del 4 de abril de 2014; y, los alegatos de conclusión,
presentado por el apoderado CEDELCA, los que asegura evidenciaban que tenía
pleno conocimiento de la cesiones aportadas por CEC y SOINCO, durante el trámite
arbitral.
Aseguró que la decisión incurrió en defecto sustantivo, por errónea interpretación de
los artículos 1714 a 1723 del título VII del Código Civil, concretamente el numeral 2°
del artículo 1715 y los artículos 1959 a 1972 del título XXV de la misma normativa e
inciso 3° del artículo 68 del CGP.
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Invocó el defecto por decisión sin motivación, pues afirma que se crearon requisitos
no previstos por el legislador para la eficacia negocial de la cesión de derechos,
aplicando una modalidad de extinción de los derechos de los particulares cuando no
se habían reunido los requisitos para tales efectos.
Aunado a ello, indicó que al descorrer traslado de las excepciones CEC y SOINCO,
manifestaron la imposibilidad de que se declarara la compensación en el caso
concreto, advirtiendo la debida notificación de las cesiones respecto del deudor
CEDELCA.
Consideró que la autoridad judicial accionada erró al señalar que la notificación se le
debe hacer al deudor cuando se presenta una cesión de derechos y los requisitos para
que opere la compensación, como un modo de extinguir las obligaciones. Insiste en
que estaba acreditado que dentro del proceso arbitral CEDELCA conoció de forma
oportuna todas las cesiones realizadas, al punto que el apoderado judicial se
pronunció sobre dichos negocios jurídicos cuando presentó alegatos de conclusión
dentro del trámite arbitral.
4. Trámite previo
En auto del 9 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las partes y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca
y a las sociedades Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC), Centrales
Eléctricas del Cauca SA ESP (CEDELCA) e Inver Plus S.A.S. y a los señores Juan
Carlos Espinal López, Yolanda Posada Delgado, Adriana Vargas Duque y César
Eduardo Palau Durán, en calidad de terceros con interés en el proceso.
5. Oposiciones
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, porque las pretensiones están orientadas a constituir
una tercera instancia del proceso ejecutivo.
Señaló que la decisión cuestionada se encuentra debidamente sustentada en los
elementos fácticos, probatorios y jurídicos aplicables al caso, sobre la base de una
debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de la autonomía funcional de
la Sala de Decisión que la profirió, lo cual se constata con una mera lectura de la
providencia.
Indicó que en la sentencia se precisó que la compensación era aplicable al caso, en
atención a las obligaciones recíprocas entre CEC y CEDELCA, teniendo en cuenta
que CEC tenía en su favor $ 50.864´694.350 y CEDELCA, a su vez,
$ 105.139´621.706, por lo que el crédito de CEC se extinguía por ser el de menor
cuantía.
Que, teniendo en cuenta que el valor reclamado por los demandantes provenía de una
cesión de derechos que en su favor les hizo la Compañía de Electricidad del Cauca
SAS ESP (CEC), la compensación de la deuda se les extendía, pues, como
cesionarios les resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 1718 del Código Civil,
que le permite al deudor alegar la compensación derivada de todos los créditos que
tuviese en su favor frente al cedente, por lo tanto, como no hubo aceptación de la
cesión por parte del deudor (CEDELCA), este podía oponer a los cesionarios todos
los créditos que tuviese contra el cedente (CEC) antes de ser notificado de la cesión,
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notificación que no se realizó, ya que en ningún momento los ahora demandantes
solicitaron que se corriera traslado al deudor de la cesión de derechos.
Por otra parte, señaló que acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
acción de tutela contra providencias proferidas por una alta corte es excepcional, para
el efecto citó las sentencias SU-573 de 2019 y SU-215 de 2022.
6. Intervenciones
La sociedad Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. – CEDELCA pidió que se
desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no cumple el requisito
general de relevancia constitucional.
Señaló que, las cesiones que, según los accionantes, fueron ilegalmente
desconocidas, no corresponden a una cesión de créditos, ya que no existían créditos
que ceder, ni derechos litigiosos, puesto que no se tramitaron bajo esa naturaleza. En
consecuencia, resultaban irrelevantes dentro del proceso arbitral, aunque los actores
aleguen que fueron conocidas por CEDELCA: «a) Porque no puede cederse un crédito
que no se tiene; b) Porque la cesión de un derecho litigioso tiene unas reglas sustanciales y
otras de procedimiento cuya inobservancia la hace inane».
Señaló al promover el presente recurso de amparo, la parte actora pretende subsanar
la omisión que tuvieron dentro del proceso arbitral donde no se reconoció su cesión
de derechos. Que, en esa medida, la inactividad de los accionantes sobre la cesión
de derechos litigiosos a su favor no tiene explicación ni justificación alguna.
Precisó que, el laudo arbitral del 4 de abril de 2014, que constituyó el título ejecutivo
no decidió nada respecto de las cesiones: «a) Porque los tribunales de arbitraje nada
pueden decidir fuera de la órbita de los asuntos contractuales que incumben a los
contrayentes del pacto arbitral que los habilita para fallar; y porque los cesionarios, algunos
de ellos hoy accionantes, obraron con proverbial incuria y no tomaron parte en dicho juicio
arbitral para procurar una resolución del tribunal de arbitraje emisor del laudo de abril de 2014,
lo que a su vez explica la razón por la cual en la resolutiva de esa providencia no se adopta
decisión alguna que los favorezca o los perjudique; b) Porque ser relacionados en los
Antecedentes del laudo no constituye una declaración judicial vinculante ni produce efecto
alguno».
La sociedad INVER PLUS S.A. presentó memorial de coadyuvancia, en el que solicitó
que se accediera a las pretensiones de la acción de tutela y, en consecuencia, que se
dejara sin efectos la sentencia cuestionada y se ordenara proferir decisión de
remplazo.
Señaló que la autoridad judicial accionada erró al declarar la compensación de las
obligaciones mutuas entre CEDELCA y CEC y hacer extensivos sus efectos a los
cesionarios, incluyendo INVER PLUS S.A., con fundamento en el artículo 1714 del
Código Civil, pero desconoció que: (i) las cesiones se realizaron entre 2010 y 2013; (ii) la
obligación de CEC a favor de CEDELCA solo fue determinada en 2018 (Auto 689) y
supuestamente exigible en 2019; y, (iii) no existía reciprocidad alguna entre los cesionarios y
CEDELCA, pues los primeros nunca fueron deudores de la segunda.
Aseguró que, la providencia omitió hacer el análisis particular de INVER PLUS S.A.S.,
cuyos títulos ejecutivos habían sido previamente reconocidos en calidad de
cesionaria, mediante auto judicial en firme dentro del proceso ejecutivo, sin que
existiera recurso alguno en su contra, que tal omisión vulnera sus derechos
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fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Aseguró que existió una indebida valoración probatoria, porque con las pruebas
aportadas se acreditaba que en el proceso arbitral CEDELCA tuvo conocimiento de
las cesiones hechas por la CEC y una indebida interpretación de las normas que
regulan la figura de la compensación.
La Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. (CEC) coadyuvó la acción de
tutela de la referencia, al considerar que la sentencia acusada incurrió en los defectos
deprecados en el escrito inicial.
Afirmó que se cumplen los requisitos de procedibilidad, así: (i) la relevancia
constitucional, porque el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo desconoció los efectos de una cesión de derechos ocurrida
y reconocida por las partes dentro del trámite arbitral, ordenando una compensación
que desconoce el ordenamiento jurídico y vulnera derechos fundamentales; (ii) la
subsidiariedad, porque contra la decisión del 10 de octubre de 2024, no procede
ningún recurso ordinario ni extraordinario; (iii) la inmediatez, porque se está dentro de
los seis meses de ejecutoriada la decisión de segunda instancia; (iv) la irregularidad
alegada tiene incidencia directa en la sentencia cuestionada y transgrede derechos
fundamentales; (v) se discriminó punto a punto los defectos en que incurrió el fallador
para menguar los derechos alegados; y (vi) la tutela no se promueve contra una acción
de la misma naturaleza.
Señaló que en efecto se configuraron los defectos fáctico y sustantivo invocados por
la parte actora, pues las pruebas dan cuenta de que CEDELCA conoció dentro del
proceso arbitral la existencia de la cesión y las normas que regulan el asunto no exige
una formalidad respecto de la notificación, solo prevé el hecho de que conozca su
existencia, lo cual se pudo demostrar con los alegatos de conclusión que presentó, en
los que hizo referencia al negocio jurídico.
Que la única formalidad exigida es que la cesión de derecho conste por escrito, lo cual
se cumplió, por lo tanto, no había razón para suponer que no era oponible a
CEDELCA. Que lo propio, era concluir que el deudor (CEDELCA) conocía y ostentaba
la cesión a la que se hace mención, pues prueba de ello es que hizo referencia a ella
en los alegatos de conclusión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la sociedad Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros,
al proferir la sentencia 10 de octubre de 2024, que confirmó el fallo de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda ejecutiva.
En particular, los accionantes alegan la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, al no reconocerse la cesión hecha por la Compañía de Electricidad del
Cauca S.A.S. E.S.P. (CEC) a los tutelantes y ordenarse la compensación respecto de
la deuda ordenada a CEDELCA.
La Sala anticipa que, en el presente caso, declarará la falta de relevancia
constitucional, porque los tutelantes insisten en los mismos argumentos expuestos en
la demanda ejecutiva y en el recurso de apelación, por lo tanto, pretende configurar
una tercera instancia y porque se trata de una discusión meramente económica.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) relevancia
constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales; y, (ii) el análisis del caso concreto.
1
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
8
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(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional al proceso ordinario y porque se trata de una discusión de meramente
económica, tal como se pasa a explicar.
La Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC) presentó demanda ejecutiva
en contra de la empresa Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP (CEDELCA), con el
fin de que se librara mandamiento de pago por las sumas ordenadas en el laudo
arbitral del 4 de abril de 2014. Posteriormente, el señor Juan Carlos Espinal López y
otras 206 personas más promovieron demandas ejecutivas con la misma finalidad, en
atención la «cesión de derechos económicos» que celebraron con la CEC, donde
cedió parte de la condena establecida en el laudo arbitral, las cuales fueron
acumuladas.
El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Cauca que,
en sentencia del 27 de julio de 2023, declaró terminado el proceso por
compensación de la obligación reclamada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que CEDELCA (parte ejecutada) presentó demanda
de rendición de cuentas contra CEC (parte ejecutante), con base en el mismo contrato
de gestión suscrito el 7 de octubre de 2008, que dio base al laudo arbitral que
constituyó el título ejecutivo. Dentro del referido proceso se profirió el auto del 31 de
julio de 2018, confirmado el 29 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán declaró que la última le adeudaba la suma de $105.139.621.706,
monto que supera el crédito reclamado por CEC en el asunto de la referencia, en
consecuencia, operó la compensación por ser estas compañías acreedoras y
deudoras entre sí.
Aunado a ello, señaló que los contratos de cesión de derechos económicos se
aportaron al proceso arbitral, pero CEDELCA no las aceptó y se negó a pagar a los
cesionarios con fundamento en la compensación de las obligaciones reciprocas que
tenía con la Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC). Que, en
consecuencia, acorde con lo previsto en el artículo 1718 del Código Civil, CEDELCA
puede oponer a los cesionarios todos los créditos que en su favor tuviese en contra
del cedente, en este asunto, la compensación de las deudas.
Contra la anterior decisión, los demandantes interpusieron recursos de apelación, así:
(i) La CEC con el argumento que, al momento de proponer la excepción de
compensación (27 de agosto de 2018) aún no estaba ejecutoriado el auto (29 de
julio de 2019) que fijó la obligación del proceso de rendición de cuentas en favor de
CEDELCA;
(ii) El señor Juan Carlos Espinal López, alegó que la entidad ejecutada aceptó de forma
tácita la cesión de los créditos, porque dentro del proceso arbitral se puso de
presente tal situación, en múltiples oportunidades, y guardó silencio, que en todo
caso las providencias del proceso de rendición de cuentas no son oponibles a los
cesionarios; y,
(iii) Los otros 20 cesionarios reiteraron los anteriores argumentos y, además, indicaron
que los autos del proceso de rendición de cuentas se aportaron en copia simple y,
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Compañía Mundial de Seguros S.A., Diseños y Construcciones Electromecánicas S.A.S. – DICONEL S.A.S., Andina de
Ingeniería & Proyectos Ltda., Overoles y Botas La 68 Ltda., Inver Plus S.A.S. y los señores Norma Consuelo Ospina, María del
Socorro Ariza Gómez, Roberto Náder Mora, Pablo Andrés Gálvez García, Diana Lucía Arcila Jiménez, Edith Beatriz Perlaza
Prado, Aurelio Sapuyes Quintero, Carlos Hernán Villa Loaiza, Juan Pablo Borrero Rengifo, Adriana Mercado Jordán, Liliana
Baena Agudelo, Nelson Alberto Méndez Umaña, Yolanda Posada Delgado, Adriana Vargas Duque y César Eduardo Palau Durán.
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que CEC y CEDELCA se convirtieron mutuamente deudores hasta el año 2019, es
decir, después de efectuadas las respectivas cesiones de los años 2012 y 2013.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas, con
las cuales se evidencia que dentro del proceso arbitral CEDELCA tuvo conocimiento
de los contratos de cesión suscritos entre CEC y los accionantes; y, defecto sustantivo
por indebida interpretación de las normas que establecen la procedencia de la
compensación, así:
Respecto al defecto fáctico:
«(…) Con fundamento en la definición del defecto fáctico proporcionada por el alto tribunal
constitucional, se tiene que, para el caso en concreto, no se valoró en su totalidad el acervo
probatorio y del mismo se desprendió un análisis caprichoso y arbitrario pues, contrario a lo expuesto
en la sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se tiene que CEDELCA sí
conoció de las cesiones realizadas por la CEC y por SOINCO durante el proceso arbitral, tanto así
que al momento de rendir sus alegatos de conclusión dentro de dicho trámite se refirió a ellas. Para
demostrar el defecto fáctico en que incurrió la autoridad judicial accionada, basta con remitirse al
laudo arbitral de cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014) en el cual se enfrentaron CEC y
CEDELCA, providencia arbitral que figuraba como prueba documental dentro del expediente del
proceso ejecutivo que conoció la demandada en segunda instancia y que, a página número 27
contempló el Contrato de Cesión de Derechos económicos suscrito el 16 de diciembre de 2010 de
CEC a favor de SOINCO que fuese recibido ante la secretaria de dicho tribunal de arbitramento el
día 21 de diciembre de 2010.
(…)
De igual forma, como obra dentro del expediente del proceso arbitral y del posterior proceso ejecutivo
adelantado por CEC y sus cesionarios en contra de CEDELCA bajo el radicado No. 19001 23-33-
003-2017-00258-02, la Dra. Marcela Monroy Torres, apoderada de CEC dentro de dicho trámite
arbitral, se dirigió a los árbitros Patricia Mier Barros (Presidente), Rodrigo Noguera Calderón (Árbitro)
y Germán Gómez Burgos (Árbitro) para poner de presente la cesión de derechos económicos
suscrito por su representada en favor de SOINCO.
(…)
Como se observa de lo traído a colación, lo expuesto por la autoridad judicial accionada en la
sentencia del diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) resulta ser contrario a la realidad
pues, si bien las cesiones realizadas por CEC y SOINCO no fueron trasladadas procesalmente a
CEDELCA, lo cierto es que éste sí conoció de las mismas, tanto así que se refirió a ellas de manera
extensa al momento de rendir sus alegatos de conclusión, por lo que resultaban contraevidentes las
manifestaciones realizadas por el alto tribunal de lo contencioso administrativo reprochando la falta
de notificación de las cesiones a CEDELCA, cuando el mismo deudor en un acto procesal
espontáneo realizado a través de su apoderado judicial reconoció tales negocios jurídicos, no sólo
para fundar una oposición extemporánea a los mismos, sino también como un acto de
reconocimiento sobre su existencia.
En ese sentido, se considera que la demandada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria en su dimensión negativa (omisiva) pues, a pesar de que el expediente del proceso arbitral
hacía parte del proceso ejecutivo y, por ende, dicha autoridad judicial pudo conocer la prueba
documental en la cual reposaban los alegatos de conclusión que había rendido CEDELCA en el
primero de los trámites y los cuales daban cuenta de su conocimiento para ese entonces sobre la
existencia de las cesiones realizadas por CEC y SOINCO, la autoridad judicial accionada decidió no
valorar dicha documental y en su lugar afirmar que la notificación y enteramiento del deudor sobre
tales negocios no se había realizado, o, se había realizado mucho tiempo después, lo cual era otra
conclusión errónea y contraría a la evidencia.
(…)»
En cuanto al defecto sustantivo, indicó que:
«[l]a interpretación realizada por la autoridad judicial accionada frente a los artículos 1714 a 1723
del título XVII y 1959 a 1972 del título XXV del Código Civil fue errónea y no se adecuó a los principios
de proporcionalidad y razonabilidad, conforme se pasa a exponer.
(…)
DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS CEDIDOS POR CEC Y SOINCO
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En la sentencia de diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Consejo de
Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección B con ponencia
del Magistrado Fredy Ibarra Martínez, se consideró que las cesiones realizadas por CEC y SOINCO,
en lugar de tratarse de cesiones de créditos, correspondían a cesiones de derechos litigiosos.
(…)
En suma, lo que diferencia la cesión de derechos litigiosos de las otras cesiones reguladas por el
legislador es la aleatoriedad en su objeto, cuestión que, como se verá más adelante, resulta
fundamental para el caso en concreto, puesto que la exigencia consagrada en el numeral 2º del
artículo 1715 del Código Civil, difícilmente se podría predicar respecto de un derecho litigioso pues
su existencia, titularidad e incluso liquidación se encuentran sometidos al vaivén de una litis.
(…)
LA NOTIFICACIÓN DEL DEUDOR EN UNA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS
Ahora bien, sobre el traslado procesal que echa de menos la autoridad judicial accionada en la
providencia reprochada y que a su juicio debió realizarse durante el trámite del proceso arbitral, se
tiene que no hay ninguna norma que lo exija para efectos de la validez o eficacia de la notificación
en una cesión de derechos litigiosos, máxime cuando el inciso 3º del artículo 68 del Código General
del Proceso, o, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil vigente para el momento del proceso
arbitral, sólo contemplan dicho traslado al deudor cuando el cesionario pretenda sustituir como parte
al cedente dentro del proceso, circunstancia que, además de ser facultativa, no era la perseguida en
el caso en concreto.
(…)
LA ACEPTACIÓN DEL DEUDOR EN LA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS
(…) la autoridad judicial accionada sometió la oponibilidad de la cesión de derechos litigiosos
respecto de CEDELCA al cumplimiento de dos requisitos: 1. Que el deudor fuese notificado y 2. Que
el deudor aceptara expresamente la cesión.
Respecto del primero punto este ha quedado suficientemente demostrado con los mismos actos
procesales y extra-proceso que realizó CEDELCA durante el trámite arbitral en los cuales reconoció
las cesiones realizadas y por ende debió entenderse debidamente notificada. Ahora bien, respecto
del segundo punto, esto es, el requisito consistente en que CEDELCA debía aceptar expresamente
las cesiones realizadas entre CEC y SOINCO y las que esta última hizo, el título XXV del Código
Civil en sus artículos 1960, 1962 y 1963 se refieren a la aceptación del deudor (…).
No obstante lo anterior, el entendimiento de estos artículos por parte de la doctrina y la jurisprudencia
nacional difiere del aplicado por la accionada, pues se ha dicho que para la validez o eficacia de la
cesión y de su notificación, no se requiere de ninguna manera la aceptación del deudor.
(…)
Como se observa, el entendimiento de la cesión de derechos, a la luz de la jurisprudencia y doctrina
nacionales, nunca ha comprendido una aceptación expresa del deudor con la finalidad de otorgar
validez o eficacia a tal negocio jurídico y/o a su notificación, siendo el evento contemplado en inciso
3º del artículo 68 del Código General del Proceso la única hipótesis en la cual se requiere la
aceptación expresa por parte del deudor.
En ese sentido, como se menciona, la única norma que requiere de la aceptación expresa del deudor
es el inciso 3º del artículo 68 del Código General del Proceso, cuando el adquirente del derecho
litigioso pretenda sustituir a su cedente en el proceso.
(…)
LOS REQUISITOS DE LA COMPENSACIÓN Y SU INOPERANCIA PARA EL CASO EN
CONCRETO
La interpretación realizada por la demandada respecto de la compensación en el caso en concreto
presenta un error, porque para el momento en que se remitió la cesión de derechos litigiosos de
CEC en favor de SOINCO al tribunal de arbitramento (21 de diciembre de 2010), dicha cesión tenía
un objeto indeterminado y aleatorio connatural de dichos negocios jurídicos, por lo que al momento
en que CEDECLA conoció de tal cesión, tal y como lo reconoció al momento de rendir sus alegatos
al interior del mismo trámite arbitral el día 09 de diciembre de 2013, dicho deudor no podía reservarse
la excepción de compensación que tenía contra el cedente (CEC) pues resultaba claro que para eso
momento ni los derechos litigiosos cedidos ni mucho menos los derechos de CEDELCA se
encontraban liquidados, caracterizándose por la incertidumbre que sólo vino a ser trocada en liquidez
con el laudo arbitral del 04 de abril de 2014 para los derechos litigiosos cedidos y el proceso de
rendición de cuentas adelantado en el 2018 por CEDELCA en contra de CEC.
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Con lo anterior se quiere poner de presente que, si bien el artículo 1718 no exige que las acreencias
que tiene el deudor contra el cedente sean actualmente exigibles al momento de notificársele la
cesión, lo cierto es que dicho artículo no elimina los otros dos requisitos que contempla el artículo
1715 del Código Civil para la operancia de la compensación, esto es, que ambas deudas sean de
dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad y que ambas deudas sean
líquidas, circunstancia que no se verificaba para el caso en concreto pues lo cierto es que las
cesiones de derechos litigiosos notificadas a CEDELCA durante el trámite del proceso arbitral tenían
la característica de la aleatoriedad y por ende no estaban liquidadas, así como tampoco se había
liquidado la deuda que posteriormente fue determinada por el Juzgado Cuarto (04º) Civil del Circuito
de Oralidad de Popayán (Cauca) dentro del radicado No. 19001-31-03-004-2018-00001-00 en el
proceso de rendición de cuentas que adelantó CEDELCA en contra de CEC.
En otras palabras, los derechos litigiosos que CEC cedió a SOINCO y los que éste último a su vez
cedió a otros de sus acreedores no eran líquidos ni determinables, por lo que no podía CEDELCA,
como lo hizo en sus alegatos de conclusión durante el proceso arbitral, reservarse una supuesta
excepción de compensación en contra de CEC y sus cesionarios, porque lo cierto es que para ese
momento ni el tribunal arbitral había definido cuando debía CEDELCA a CEC, ni esta primera había
iniciado el proceso de rendición de cuentas en contra de CEC para determinar cuánto le debía éste
último. En suma, ninguna de las dos deudas que compenso la autoridad judicial accionada eran
liquidas para el momento en que CEDELCA se enteró de las cesiones (21 de diciembre de 2010).
(…)»
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en providencia del 10 de octubre de 2024, como se pasa a
exponer.
En cuanto a la compensación de la obligación reclamada por la Compañía de
Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC), señaló que era procedente porque se
cumplían los requisitos descritos en los artículos 1714 a 1716 del Código Civil,
referentes a la compensación como modo de extinción de las obligaciones; así como
el contenido de los artículos 281, 282 y 442 del CGP, sobre las excepciones y los
hechos que las sustenta. Al respecto indicó:
« 2) Examinadas las anteriores pruebas, relacionadas con las fechas de definición de obligaciones
a cargo de cada una de las partes del contrato de gestión se advierte que, en efecto, la parte
ejecutada propuso la excepción de compensación (27 de agosto de 2018) con fundamento en la
deuda impuesta a su contraparte en una providencia que fue confirmada (29 de julio de 2019) luego
de la oportunidad legalmente prevista para promover excepciones; sin embargo, esa circunstancia
temporal no es óbice para que el juez del proceso ejecutivo pueda declararla, si se tiene en cuenta
lo siguiente:
(…)
4) De esta forma, en el presente asunto se verifica que se cumplen todas las condiciones legalmente
previstas para que procesa la compensación, pues, i) se trata de obligaciones dinerarias
determinadas en el laudo arbitral del 4 de abril de 2014 y en el auto del 31 de julio de 2018; ii) son
deudas líquidas claramente determinadas y cuantificadas; iii) corresponden a obligaciones
actualmente exigibles, por cuanto, se derivan de decisiones judiciales ejecutoriadas las cuales no
están sujetas a ninguna condición o plazo pendiente; iv) el interesado alegó la excepción en el
respectivo proceso ejecutivo y, v) se sustenta en hechos posteriores a la ejecutoria de la providencia
objeto de ejecución (24 de abril de 201424) porque la decisión que prevé la obligación a cargo del
ahora ejecutante se profirió (29 de julio de 201925), es decir, después de esta.
5) En ese marco fáctico y normativo, se concluye que deben compensarse las obligaciones porque
se cumplieron las condiciones anteriormente expuestas, por lo cual se extinguen las obligaciones
recíprocas existentes entre CEC y CEDELCA hasta la concurrencia del valor de la deuda de menor
valor, esto es, la de la primera entidad estatal –la parte ejecutante–, pues, para lo que interesa al
presente asunto, CEC tiene en su favor $50.864.694.350 una vez sumados los montos dispuestos
en los ordinales decimoctavo y vigésimo de la parte resolutiva del laudo del 4 de abril de 2014 –
objeto de cobro–; por su parte, CEDELCA tiene en su favor $105.139.621.706 de conformidad con
los ordinales segundo y tercero del auto del 31 de julio de 2018 (confirmado el 29 de julio de 2019),
en consecuencia, el monto de la obligación a cargo de la parte ejecutada ($50.864.694.350) es
menor al de la ejecutante ($105.139.621.706) lo cual permite, válidamente, compensarla.
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6) En este sentido, el hecho de que la ejecutoria de la decisión que declaró como deudor al ahora
ejecutante se haya presentado con posterioridad a la oportunidad para presentar excepciones no es
impedimento para que la compensación pueda ser reconocida, ciertamente, lo relevante es que al
momento de ser verificadas las obligaciones compensables estas sean exigibles, de lo contrario el
deudor primario estaría obligado a asumir el pago de una deuda ya extinguida, para posteriormente
reclamar el reembolso del mismo valor que ya pagó. En este contexto, lo relevante es que en el
momento en el que se confrontan las obligaciones ambas deudas sean exigibles, de lo contrario,
CEDELCA tendría que pagarle a CEC la deuda a su cargo ($50.864.694.350) para luego intentar
recuperar el monto que el ahora ejecutante le debe ($105.139.621.706), lo cual sería contrario a la
lógica de la compensación como modo de extinción las obligaciones.
7) La excepción de compensación propuesta por la entidad ejecutada cumple con todas las
anteriores exigencias; aunque se discute la temporalidad de la ejecutoria de la decisión que declaró
como deudor al ahora ejecutante, lo cierto es que las normas aplicables no requieren que la
providencia que genera la obligación compensable esté ejecutoriada al momento de proponerse la
excepción, sino que, basta con que lo esté al momento del fallo que decida las excepciones para
poder cumplir con el requisito de ser actualmente exigible –artículo 1715 (numeral 3) del Código
Civil–, de lo contrario, sería tanto como sostener que la decisión judicial sobre la continuidad de la
ejecución debe desconocer las circunstancias debidamente acreditadas, lo cual no resulta aceptable
(…).
Respecto de la compensación de la obligación reclamada por los cesionarios de los
derechos litigiosos, indicó que acorde con las pruebas aportadas al proceso, aunque
los negocios jurídicos que se aportaron se denominaron «cesión de derechos
económicos», realmente corresponde a cesión de derechos litigiosos. Que, dentro del
proceso no existe prueba de que el deudor (CEDELCA) hubiese aceptado la cesión
de los derechos referidos en favor de un tercero y en el ordenamiento jurídico no está
previsto que se pueda hacer de manera tácita, con los siguientes argumentos:
«En efecto, como el contrato corresponde a un acuerdo de voluntades su alcance debe responder a
aquello que las partes realmente quisieron pactar más que a la literalidad de las palabras empleadas
en el instrumento que lo recoge; en consecuencia, aunque todos los negocios se denominaron como
de cesión de derechos económicos lo cierto es corresponden a cesiones de derechos litigiosos,
pues, en cada uno de ellos se acordó el traspaso de un evento incierto relacionado con el resultado
de una litis (en esos negocios se acordó la transferencia de una parte de la condena que CEC
pudiera obtener en el proceso arbitral adelantado en contra de CEDELCA), por consiguiente, a esa
relación negocial le es aplicable lo previsto en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil (derechos
litigiosos) y, para lo que interesa al presente asunto, los artículos 1714 a 1723 ibidem (compensación
como modo de extinción de las obligaciones).
A la anterior conclusión se arriba porque la cesión de derechos litigiosos corresponde a la
transferencia a un tercero de los derechos derivados del resultado incierto de una controversia; en
otros términos, el cesionario recibe las resultas aleatorias de una disputa ajena –la incertidumbre
sobre la resolución de un litigio del cual es, en principio, ajeno–.
3) En ese orden, se encuentra que no hay prueba de que el deudor (CEDELCA) hubiera aceptado
la cesión de los referidos derechos en favor de un tercero ni el ordenamiento jurídico prevé que esta
pueda ser tácita; aunque los cesionarios –ahora ejecutantes– informaron al panel arbitral acerca de
la existencia de las múltiples cesiones de los derechos litigiosos (denominadas como cesiones de
derechos económicos), pero, en ningún momento solicitaron que se corriera traslado al allá
demandado (CEDELCA) con el fin de notificarle en debida forma la cesión y obtener un
pronunciamiento de su parte, ni hay prueba de que ello hubiera ocurrido.
(…)
4) En ese contexto de regulación legal, se concluye que la compensación de las deudas existentes
entre CEC y CEDELCA es oponible a los cesionarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1718 del Código Civil, pues, en ausencia de la aceptación de la cesión el deudor (CEDELCA) puede
oponer a los cesionarios todos los créditos que haya adquirido contra el cedente (CEC) antes de ser
notificado de la cesión, notificación que en este caso no se realizó, por lo tanto, es irrelevante que
dichos créditos se hayan hecho exigibles con posterioridad a la inexistente notificación.
6) Si bien los cesionarios tenían la facultad de intervenir en el proceso arbitral para poder fungir como
litisconsortes o como sucesores procesales del cedente (CEC), lo cierto es que tampoco radicaron
una petición en ese sentido para que el ahora ejecutado (CEDELCA) se pronunciara sobre la cesión
de los derechos litigiosos, razón por la cual en el laudo arbitral objeto de ejecución en el presente
asunto no les fue reconocida a dichos cesionarios ninguna acreencia en su favor, ni tampoco les fue
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reconocida su participación en el proceso en ninguna condición ni modalidad procesal, por ende, no
es posible afirmar que CEDELCA aceptó tácitamente que estos sustituyeran a CEC.
7) Ahora bien, los apelantes afirman que CEC y CEDELCA solo fueron mutuamente deudores mucho
tiempo después (año 2019) de efectuadas las respectivas cesiones (años 2012 y 2013) por lo cual
no es posible extenderles los efectos de ese hecho por ser posterior; sin embargo, tal circunstancia
sí les resulta oponible, porque el ahora ejecutado (CEDELCA) nunca aceptó la cesión ya que ni
siquiera fue debidamente enterado de esta por lo cual podía alegar en su favor la compensación y
todos los créditos adquiridos contra el cedente.
8) Lo anterior no varía por el hecho de que los cesionarios no participaron en el proceso de rendición
de cuentas adelantado por CEDELCA en contra de CEC ni porque los autos en él proferidos fueron
aportados en copias simples, pues, lo determinante para que los efectos de lo allí decidido sean
extensibles a los cesionarios es que se cumplieran los requisitos para la operatividad de la
compensación entre ambas entidades estatales, lo cual fue debidamente probado anteriormente, y
que la cesión no haya sido aceptada por el deudor, como efectivamente sucedió.
9) Adicionalmente, los apelantes argumentan que el ahora ejecutado aceptó tácitamente las
cesiones por su silencio durante el proceso arbitral en relación con los contratos de cesión de
derechos económicos; empero, no podría considerarse que hubo aceptación, pues, se insiste, los
cesionarios en ningún momento requirieron que se corriera traslado al allá demandado (CEDELCA)
para enterarlo en debida forma de esos negocios y tampoco presentaron, aunque fuera facultativo,
solicitudes para actuar como litisconsortes o como sucesores procesales del cedente (CEC); en
consecuencia, ninguna consecuencia jurídica podía derivarse del silencio de CEDELCA por la
sencilla razón de que en ningún momento fue requerido con esa finalidad especifica –pronunciarse
específicamente sobre la cesión de los derechos litigiosos–.
Así las cosas, a CEDELCA le asistía el derecho de alegar el crédito que en su favor tenía contra
CEC por la condena hecha en el proceso de rendición de cuentas, por esta razón los cesionarios ya
no pueden perseguir el pago de los montos que en su favor les fueron cedidos, porque respecto de
ellos operó la compensación como modo de extinción de las obligaciones.»
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone la misma discusión
jurídica que se presentó en el proceso ejecutivo, porque insisten en la cesión de
derechos litigiosos a su favor y en la improcedencia de la compensación entre la
Compañía de Electricidad del Cauca SAS ESP (CEC) y CEDELCA, dentro del proceso
ejecutivo.
Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados al
incurrir en defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que la parte demandante pretende
hacer uso del recurso de amparo de la referencia para insistir en los mismos
argumentos expuestos en el trámite ordinario.
Los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural, quien además explicó
las razones por las cuales operaba la compensación, teniendo en cuenta que entre la
CEC (parte ejecutante) y CEDELCA (parte ejecutada) eran acreedoras y deudoras
entre sí y, que CEDELCA nunca aceptó la cesión alegada por los accionantes, razón
por la cual tenía derecho a alegar en su favor la compensación y todos los créditos
que había adquirido contra la CEC.
De igual forma, la Sala observa que el reproche formulado en la acción de tutela,
relativo a que debió reconocérseles como cesionarios de la condena reclamada y
librarse mandamiento de pago a su favor, más no declararse la compensación entre
las entidades, constituye una discusión de estricto corte legal y económico, sin que se
acredite la afectación grave, real y actual de un derecho fundamental que justifique la
intervención del juez de tutela.
En este punto, la Sala aclara que, por el hecho de que la parte actora no esté de
acuerdo con la decisión adoptada en el proceso ejecutivo no es procedente acudir a
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02866-00
Demandante: Compañía Mundial de Seguros S.A. y otros
la acción de tutela con el propósito de continuar con un debate que ya fue abordado
por el juez natural de la causa, en sus dos instancias. Además, se reitera, se trata de
una discusión que tiene contornos de estricta legalidad y de naturaleza económica,
que en nada involucra una discusión constitucional que pueda habilitar el estudio de
fondo de la solicitud, lo que conduce a darle una dimensión de peso mayor a los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso ejecutivo y lo que realmente se evidencia es su
inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural y emplea el
mecanismo para insistir en una discusión de orden económico.
Lo anterior, es suficiente para declarar improcedente el amparo invocado por la parte
actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Compañía Mundial
de Seguros S.A. y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
por las razones expuestas en la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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