Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02867-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02867-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02867-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
9 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente(E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandante: MYRIAM ABIGAIL ROZO CANTOR
Demandados: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ
Síntesis del caso: La parte demandante reclama la protección a sus derechos
constitucionales fundamentales que estimó vulnerados con ocasión de las sentencias que
negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la
que se pretendía el reconocimiento de un pensión de jubilación. La Sala declarara la
improcedencia de la acción de tutela porque se interpuso por fuera del término considerado
como razonable por lo cual no se cumplió con el requisito general de la inmediatez.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Myriam Abigail Rozo
Cantor en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, equidad, acceso a la administración de
justicia, y mínimo vital consagrados en los artículos 29, 13 y 209 de la Constitución
Política, supuestamente vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas el 21 de
abril de 2021 y 18 de marzo de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación no. 11001-33-42-047-2019-00326-00/01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):
1
Escrito radicado el 14 de mayo de 2025
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
1) La señora Myriam Abigail Rozo Cantor nació el 15 diciembre de 1960 por lo cual
actualmente cuenta con 65 años de edad.
2) Durante su vida laboral prestó sus servicios en el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, inicialmente como operaria de confecciones, a través de órdenes de
prestación de servicios así: i) desde el 16 julio de 1986 hasta el 16 de febrero de
1987; ii) por un periodo (10) diez meses, a partir de 17 febrero de 1987 hasta el 16 de
diciembre de 1987; iii) por un periodo de (6) seis meses, a partir del 17 diciembre de
1987 hasta junio 17 de 1988, y por un periodo de (6) seis meses, desde el 18 de junio
de 1988 hasta el 18 de diciembre de 1988.
3) Mediante Resolución no. 0080 fue vinculada a la planta de personal del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, en el empleo operario calificado código 6000 grado
salarial 07, en donde cumplió funciones en la fábrica de confecciones, desde el 20
enero de 1989 hasta el 4 de septiembre de 1994.
4) Posteriormente, fue nombrada en la Policía Nacional en la sastrería del sótano de
la Dirección General de la Policía Nacional, donde presta sus servicios como operaria
en confecciones, empleo que viene desempeñando desde el 5 septiembre de 1994.
5) El 27 de marzo de 2019, la actora solicitó al Ministerio de Defensa el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en el Decreto Ley 1214
de 1990; prestación que fue negada mediante los oficios nos. S-2019-017077/SEGEN
-ARJUR-1.10 del 18 de abril de 2019 y 20192600013401 del 09 de abril de 2019.
6) La actora presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES), con el fin de que se declarara la nulidad de dichos oficios y a
título de restablecimiento del derecho se reconociera la pensión de jubilación.
7) Mediante sentencia del 21 de abril de 2021 2 el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda,
tras considerar que la actora no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en
el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990 para pensionarse como personal civil de la
Policía Nacional.
2
Proceso con radicación no. 11001-33-42-047-2019-00326-00.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
8) La demandante se vinculó a la Policía Nacional después del 1 de abril de 1994, por
lo cual le resultaba aplicable el régimen general de pensiones establecido en la Ley
100 de 1993 y el hecho de que tuviera vinculaciones con anterioridad en el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional a través de órdenes de prestación de servicios entre
el 16 de julio de 1986 y el 18 de diciembre de 1988 y, luego, con vinculación en la
planta de personal de esa entidad desde el 20 de enero de 1989 al 4 de septiembre
de 1994; no le permite tener la condición de personal civil, ni el derecho a la pensión
solicitada.
8) La parte demandante interpuso recurso de apelación3 en contra de esa decisión.
9) En sentencia de 18 de marzo de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia,
con fundamento en que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional es un
establecimiento público adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual las
personas que prestan sus servicios en esa entidad no ostentan la condición de
personal civil, por lo cual, el tiempo de servicio laborado en esa entidad no suma
como servicios prestados en la modalidad de personal civil, de ahí que no pueda
aplicarse el Decreto Ley 1214 de 1990.
10) Contra esa decisión la actora presentó los recursos extraordinarios de súplica y
de revisión, los cuales fueron rechazados por improcedentes, el primero por el
tribunal y, el segundo, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
11) El 12 de mayo de 2025, el Juzgado Cuarenta y Siete Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió auto de cumplimiento a lo
dispuesto por el superior.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante alegó que las sentencias proferidas el 21 de abril de 2021 y 18
de marzo de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
3
La parte demandante Indicó, que el Decreto 2701 de 1988 estableció que las entidades adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional tenían un régimen especial en materia pensional, el cual
está previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990, artículos 98 y 99; que, si bien el Decreto 2701 de 1988
fue derogado por el Decreto Ley 1792 de 2000, dejó a salvo lo pertinente al régimen pensional, salarial
y prestacional del personal civil. Enfatizó que en su condición de personal civil de la Policía Nacional y
con vinculación antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214
de 1990.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
de Bogotá y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, igualdad, equidad, acceso a la administración de justicia, y mínimo vital
porque adolecen de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
(índice 2 en SAMAI).
Respecto del defecto sustantivo afirmó que las providencias cuestionadas inaplicaron
las normas especiales que regulan los derechos prestacionales de los miembros de
las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y por hacer parte de dichas instituciones
se le debió aplicar el régimen pensional establecido en el artículo 99 del Decreto 1214
de 1990.
A su vez, las autoridades judiciales incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado, particularmente, la sentencia
proferida el 9 marzo de 2017, expediente con radicación 25000-23-25000-
201100040-01, en donde se consideró que “para gozar de los beneficios
prestacionales derivados del decreto ley 1214 de 1990 se requiere encontrarse
vinculado con anterioridad a la ley 100 de 1993”, en su caso se probó que su
vinculación en la Policía Nacional se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia
de la mencionada ley, por lo tanto, tenía derecho a que se reconociera la pensión de
jubilación como personal civil en los términos establecidos en el artículo 99 del
Decreto 1214 de 1990.
Finalmente, la demandante afirmó que recibe pensión de vejez, reconocida por
COLPENSIONES; sin embargo, asegura que su monto es insuficiente para vivir
dignamente, además, insistió en que la pensión que debió reconocerse era de
jubilación con el régimen pensional del personal civil de la Policía Nacional.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, equidad, al acceso a la administración de justicia al mínimo vital, y
al principio de legalidad, iura novi curia, precedente jurisprudencial, toda vez
que el juzgado cuarenta y siete administrativo de Bogotá en sentencia 21
abril 2021, radicado numero 11001334204720190032600 negó las
pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho así
mismo el tribunal administrativo de Cundinamarca sección segunda
confirma la decisión de la sentencia primera instancia que negó las
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
pretensiones de la demanda el día 18 marzo 2022, siendo confirmado por
intermedio de auto JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA Bogotá
D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025), radicado No. 11001-
33-42-047-2019-00326-00; Asunto : Obedézcase y cúmplase – Confirma
Sentencia, incurriendo en defecto sustantivo pues se observa que, de
manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate
procesal, el precedente judicial, y los artículos 6, 25 del artículo 49, articulo
13 de la ley 100 de 1993 y lo establecido en el artículo 53 de la Constitución
Política.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS en sentencia de la sentencia 21
abril 2021 radicado numero 11001334204720190032600-01 la cual negó las
pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho así
mismo el pronunciamiento del tribunal administrativo de Cundinamarca
sección segunda quien confirma la decisión de la sentencia de primera
instancia proceso ordinario nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal administrativo de Bogotá sección
segunda Sala Laboral administrativa, que, en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del proceso ordinario nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter Laboral promovido, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente Litis.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y
corrigiendo los yerros cometidos por parte de la administración, ordénese a
la entidad demandada LA NACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – FONDO ROTATORIO
DE LA POLICIA NACIONAL el reconocimiento de la pensión de jubilación
de la suscrita MYRIAM ABIGAIL ROZO CANTOR, mayor de edad,
domiciliado (a) y residente en esta ciudad, Al cargo de superior categoría y
el pago mes a mes de la pensión de jubilación con sus primas y demás
emolumentos indexados y los tres meses de alta contemplados en la ley (art
115 decreto 1214/90) por tener derecho adquirido al reconocimiento
establecido en la ley 1214 de 1990 art 98 y 99.
En sede de tutela de segunda instancia tome las decisiones constitucionales
que correspondan en el término de esta providencia, y se profiera una
nueva sentencia dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter ordinario Laboral promovido.” (mayúsculas del original - archivo
disponible en medio magnético en el índice 2 de SAMAI)
4. Actuación procesal
Por auto de 16 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al titular del Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y se vinculó a la actuación como
terceros interesados al director general o quien haga sus veces de la Policía Nacional
y al presidente o quien haga sus veces de la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES - (índice 4 en el aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
5. Intervención de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas
1) El magistrado ponente de la decisión proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se declare la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y falta de relevancia constitucional por cuanto la acción de tutela se
presentó una vez superados los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia sin
que se justificaran o expusieran las razones por la cuales no se hizo oportunamente,
además, la actora pretende reabrir un debate ya resuelto, mediante la revisión de
aspectos fácticos y jurídicos que fueron ampliamente examinados en la sentencia
(Índice 10 SAMAI).
2) El titular del Juzgado Cuarenta y Siete Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá allegó una copia del expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 11001-33-42-047-2019-00326-00 y
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que la
demandante pretende reabrir un debate ya resuelto en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se garantizó plenamente el ejercicio
de sus derechos fundamentales.
De manera subsidiaria, pidió que se niegue el amparo constitucional, por cuanto no
se acreditaron los presupuestos que habilitan la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, ni se evidenciaron los vicios alegados respecto de la
providencia dictada el 21 de abril de 2021 y confirmada por la Subsección B - Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de marzo de 2022
(índice 13 en SAMAI).
3) La directora de acciones constitucionales de COLPENSIONES solicitó que se
niegue el amparo solicitado por la demandante porque frente al caso particular no es
el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado,
teniendo en cuenta que la acción de tutela no puede constituirse en una tercera
instancia para analizar el litigio objeto de debate. Adicionalmente, pidió su
desvinculación del proceso porque no es la entidad que presuntamente vulneró el
derecho fundamental alegado por la demandante (índice 11 en SAMAI).
4) La asesora de la Oficina Jurídica de la Policía Nacional solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se cumplieron los requisitos
previstos por la jurisprudencia para que este mecanismo de amparo resulte viable
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales, y por otra parte señaló que no se
configuró una vulneración sobre los derechos fundamentales de la demandante
(Índice 12 SAMAI)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela, ii) delimitación del asunto,
iii) de la solicitud de desvinculación y iv) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. La delimitación del asunto
Si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente en contra de las providencias de
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, lo cierto
es que los argumentos de reproche de la parte demandante se dirigieron a
controvertir el contenido de la sentencia de segunda instancia, siendo aquella la que
definió el marco de decisión de la presente providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
En consecuencia, la Sala advierte que únicamente analizará los reparos formulados
contra la sentencia de segunda instancia, por cuanto fue la que puso fin a la
controversia y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido, la
autoridad judicial encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
por lo tanto, el análisis se circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial en
segunda instancia.
3. La solicitud de desvinculación
Por otra parte, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por
COLPENSIONES, toda vez que esta autoridad consta como demandada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 11001-33-42-
047-2019-00326-00/01 y sus actuaciones fueron señaladas como parte del contexto
fáctico en el que se originó el daño alegado, por lo cual su participación dentro del
presente trámite resulta procedente para que haga valer sus derechos de defensa y
debido proceso.
4. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Subsección B de la Sección Segunda con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 18 de marzo de 2022 mediante la
cual se confirmó la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la cual la actora pretendió el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación establecida en el Decreto 1214 de 1990; a juicio de la
parte demandante, las sentencias adolecen de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez, por
las razones que procederán a exponerse:
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
4.1 Caracterización del presupuesto general de inmediatez
El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.
Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos
con el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las
situaciones que vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que
se puedan tomar medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.
En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección
“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir
su cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni
desproporcionado que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad
judicial por vía de la acción de tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:
“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra
providencias judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo
contrario la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho, ya que no se entiende por qué si la amenaza o violación del
derecho era tan perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con
anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del
tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra una
providencia judicial, puede afectar además el principio de seguridad jurídica;
de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5”.
En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa
judicial la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se
exija a los afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de
la vulneración o amenaza.
4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela
establece: “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.”. (negrillas adicionales).
5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación
o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad
jurídica el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide
sus efectos y se legitime.
De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos
sempiternos, lo que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría
sacrificar principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la
seguridad jurídica y la cosa juzgada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha
sido enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser
equiparado en toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las
acciones ordinarias, pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es
erigirse en la primera herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones
que pongan en riesgo o vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de
manera estricta el término de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente
rigurosa.
Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren
que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes,
persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la
inmediatez, a saber:
(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;
(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición6.
En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe
valorar si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente
válidas que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en
las cuales el amparo constitucional siempre será procedente.
4.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso
concreto
1) En el presente asunto, la parte actora alegó la violación de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, equidad, acceso a la
administración de justicia, y mínimo vital, en la sentencia proferida el 18 de marzo de
2022, por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.
No obstante, la Sala advierte que en el presente asunto no se cumplió con el requisito
de inmediatez toda vez que la sentencia de segunda instancia se notificó el 24 de
marzo de 20227 mientras que la acción de tutela se presentó el 14 de mayo de 2025,
esto es, cuando ya habían transcurrido tres (3) años, un (1) mes y veinte (20) días
desde la notificación, lo cual denota que se ejerció por fuera del término prudencial
referenciado.
2) Ahora bien, en el escrito de la demanda la parte actora afirmó que el término para
contabilizar la inmediatez debía iniciarse a partir de la expedición del auto del 12 de
mayo de 2025, mediante el cual el tribunal dispuso obedecer y cumplir la decisión del
superior porque constituyó el último acto procesal que consolidó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales.
3) Al respecto, la Sala considera que no es posible contabilizar el término razonable
de inmediatez a partir del auto del 12 de mayo de 2025 por dos razones: i) porque en
la demanda de tutela no se formularon cargos de vulneración de derechos
fundamentales contra esa decisión judicial ni se cuestionó su contenido de manera
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Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.
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Índice 10 de SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
autónoma; y ii) porque no es jurídicamente admisible revivir los términos de cómputo
del presupuesto de inmediatez a través de actuaciones procesales improcedentes, de
la revisión del sistema SAMAI, la Sala pudo constatar que la parte demandante
interpuso los recursos de súplica y extraordinario de revisión, los cuales fueron
declarados improcedentes tanto por el tribunal 8 como por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado9.
4) Se reitera que, cuando se cuestionan providencias judiciales proferidas en el marco
de los medios de control que se tramitan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, la regla general fijada por la jurisprudencia constitucional es de seis (6)
meses contados a partir de la notificación de la providencia que se reputa violatoria
de derechos fundamentales, pues es a partir de ese momento que se consolida la
decisión judicial y surge la oportunidad para las partes de formular cualquier
actuación procesal dirigida a controvertir la sentencia.
5) Así entonces, sin mayores dilaciones, la única providencia cuestionada por la
demandante es la sentencia proferida 18 de marzo de 2022 y notificada el 24 de
marzo de 2022, mientras que la acción de tutela se interpuso ante esta Corporación el
14 de mayo de 2025, lo cual denota que se ejerció extemporáneamente.
6) Esta Sala reconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se presentó de forma tardía ante la posibilidad
que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela
no se formuló en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.
7) No obstante, para esta Sala resulta claro que la acción de tutela carece de razones
suficientes para justificar la tardanza en que incurrió la parte actora para cuestionar la
decisión que estimó vulneradora de sus garantías constitucionales y tampoco se
demostró alguna situación personal, ni alegó un perjuicio irremediable que demuestre
que esa exigencia sea desproporcionada, por el contrario, en este caso se acreditó
8
En auto del veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022) se resolvió rechazar, por
improcedente, el recurso de súplica, interpuesto por la parte activa en contra de la sentencia proferida
en segunda instancia; en su lugar, se declaró la falta de competencia para conocer del recurso de
revisión, remitiendo el asunto a la Alta Corporación dentro de la actual jurisdicción contencioso-
administrativa.
9
El Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B,
en virtud del recurso con radicado 11001-03-25-000-2022-00417-00 (4461-2022) profirió providencia
calendada dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) en la que resolvió rechazar el
recurso, por no subsanar.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02867-00
Demandantes: Myriam Abigail Rozo Cantor
Acción de tutela
que la actuación de la demandante, posterior a la notificación de la sentencia –
recursos de súplica y extraordinario de revisión que fueron rechazados por
improcedentes y porque no subsanó la actuación - no habilitan la reapertura del
debate ya concluido en sede judicial.
8) En suma, la Sala no avizoró un perjuicio irremediable que ameritara la intervención
del juez constitucional y permitiera la interposición tardía de la acción de tutela y en
consecuencia se declarará su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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