Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02874-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02874-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02874-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02874-00
Accionante: Brigith Liliana Guayara Sánchez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otro.
Temas: Derechos debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, mínimo vital y principio de legalidad. Reconocimiento de
pensión de jubilación conforme al Decreto 1214 de 1990. DECLARA
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Brigith Liliana Guayara
Sánchez, en nombre propio, en contra del Juzgado 14 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y al
«principio de legalidad iura novi curia», los cuales estima vulnerados con las
sentencias de 27 de junio y 09 de octubre de 2024, proferidas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-014-
2022-00206-00 [01].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue vinculada al Ministerio de Defensa del 1º de octubre al 31 de diciembre de
1993 en la sede Batallón las Juanas, que dicho tiempo no ha sido registrado por la
entidad a pesar de que tiene los soportes de las planillas de pago.
Que registra tiempo como trabajadora oficial en la entidad «a partir del 1 de abril de
1994, en virtud del contrato 438 del 07-07-1994 con prorrogas (sic) anuales de 1995-
1997 y una prórroga de 01-01-1998- a 31-01-1998» y del 1º de febrero de 1998
hasta la actualidad.
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Que no goza de buena salud, ya que presenta un «cuadro generalizado por
deficiencias corporales y psicológicas diagnosticado» en la Dirección de Sanidad
Militar.
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa al estimar que le asiste derecho a la pensión de
jubilación conforme al decreto Ley 1214 de 1990, proceso al que correspondió el
radicado 11001-33-35-014-2022-00206-00 [01].
Que el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 27 de junio de
2024, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en
providencia del 9 de octubre de igual año.
Considera que las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico, por no
valorar las planillas de pago que aportó con la demanda, donde en su entender se
encuentra acreditado que su ingreso a la entidad fue anterior a la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993; razón por la cual atendiendo al principio de favorabilidad se
le debe aplicar el Decreto Ley 1214 de 1990.
Que incurrieron en defecto de desconocimiento del precedente, para lo cual cita el
Concepto 1752 del 30 de noviembre de 2006 de la Sala de Consulta del Servicio
Civil del Consejo de Estado; las sentencias del 17 de mayo de 2012 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado número 25000-23-25-000-2004-
92260-01 y la sentencia T 052 de 2014, que tratan sobre el régimen pensional
aplicable al personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos las sentencias
del 27 de junio y 09 de octubre de 2024, proferidas por el Juzgado 14 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-014-2022-00206-00 [01] y,
en su lugar, ordenar al Tribunal a proferir una nueva decisión donde le ordene a la
Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional a reconocer y pagar a la accionante
pensión de jubilación, tal y como lo disponen los artículos 98 y 99 del Decreto 1214
de 1990.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 15 de mayo de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación a
las autoridades judiciales accionadas y se vinculó como terceros interesados a la
Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional de Colombia y al Fondo
de Pensiones y Cesantías - Porvenir S.A.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado 14 Administrativo Oral de Bogotá en primer lugar, señaló que la
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acción de tutela no satisface el requisito de inmediatez, pues se radicó posterior a
los 6 meses que establece la jurisprudencia y, en segundo lugar, manifestó que en
la sentencia objeto de controversia se acogieron y aplicaron las providencias del
Consejo de Estado que se refieren sobre los servidores vinculados como personal
civil del Ministerio de Defensa; razón por la cual pidió que se niegue el amparo
invocado.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
dijo que la decisión objeto de tutela se adoptó conforme a las normas pertinentes,
el material probatorio recaudado y el criterio de la Sala sobre la materia.
Además, alegó que el material probatorio recaudado no da fe de vinculación alguna
de la señora Guayara como trabajadora oficial o personal vinculado bajo relación
legal y reglamentaria, previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues
en su entender los hechos objeto de censura son exclusivos de un tercero, esto es,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
La Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional fueron debidamente
notificados de la acción de tutela; sin embargo, decidieron guardar silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
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motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alega la accionante que el Juzgado 14 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C en las sentencias del 27 de junio y el 9 de octubre de 2024 incurrieron
en los defectos: fáctico, por no valorar planillas de pago que dan cuenta de la
vinculación de la señora Sánchez al Ministerio de Defensa con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y, en el desconocimiento del precedente por
no aplicar sentencias que tratan sobre el régimen pensional aplicable al personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Es del caso precisar que, la providencia que será objeto de análisis por parte del
juez constitucional es la sentencia del 9 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, pues fue la
decisión que le puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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derecho.
Aclarado lo anterior, observa la Sala que al verificarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales se encuentra que, en el caso particular no se satisface el presupuesto de
inmediatez, exigencia que ha sido establecida jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones
judiciales.
Al respecto, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un término de
caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado. Así, esta
corporación ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida contra decisiones judiciales, seis (6) meses contados desde
la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada caso, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de los derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable. Así
las cosas, el juez constitucional debe examinar si 1) existe un motivo válido para la
inactividad; 2) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; 3) hay un nexo causal entre el ejercicio tardío
y la vulneración alegada; 4) el fundamento de la acción surge después de ocurrida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en un plazo no muy alejado
de la instauración; 5) la vulneración es permanente en el tiempo y 6) la carga de la
presentación de la acción en un plazo razonable resulta desproporcionada, dada la
condición de debilidad manifiesta de la parte accionante.
En este caso, la notificación de la decisión cuestionada se efectuó el 11 de octubre
de 2024, tal y como se registra en el índice 16 de SAMAI del Tribunal. Dicha decisión
quedó ejecutoriada el 21 del mismo mes y año.
Como la acción de tutela fue radicada el 14 de mayo de 2025, ya no se presentó
dentro del término prudencial de seis meses establecido por la jurisprudencia.
Sumado a lo expuesto, se aprecia que la accionante no señaló ningún motivo que
le haya impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional y,
tampoco se encuentra acreditado alguno de los presupuestos anteriormente
mencionados para entender que la acción se formuló en un tiempo razonable.
Motivo por el cual se declarará improcedente la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora Brigith Liliana Guayara Sánchez, conforme a las consideraciones plasmadas
en esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02874-00
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
7
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