Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02877-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02877-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02877-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02877-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Demandante: Gustavo Adolfo Díaz González
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial – inmediatez – subsidiariedad.
Tutela por acción u omisión de autoridad pública – subsidiariedad
/ niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por Gustavo Adolfo Díaz
González en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 12
Administrativo de Bogotá y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 14 de mayo de 2025, el señor Gustavo Adolfo Díaz González presentó una
acción de tutela en la que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la administración de justicia. Según su
escrito, dichos derechos habrían sido transgredidos por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá y la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. A título de amparo, solicitó:
«PRIMERO: Se ordene al accionado Concejo de Estado emitir concepto técnico que
justifique y aclare en términos administrativos las evasivas, elusivas y dilaciones de la
condenada entidad Ministerio de Defensa. Así como las omisiones del juzgado de
origen; mismas que tuvo en cuenta para no concederme los derechos invocados en las
diferentes acciones constitucionales y que no me fueron concedidos los cuales
derivaron en un grave daño antijuridico.
SEGUNDO: Se ordene al accionado Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegar
información sobre las razones por las que no estipuló en la sentencia la orden de
ascensos cuando en las pretensiones de la demanda se pidió.
TERCERO: Se ordene al juzgado de origen pronunciarse y aprobar la liquidación
actualizada en formato Excel por un valor de $437.640.831. por cuatrocientos treinta y
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
siete millones seiscientos cuarenta mil ochocientos treinta y un pesos M/CTE.
Equivalentes a los sueldos, primas y bonificaciones, producto de mi actividad
socioeconómica como suboficial del ejército nacional de Colombia desde el 30 de junio
de 2015 hasta el 31 de agosto de 2022 más los excedentes e intereses causados desde
el 30 de septiembre de 2022 hasta el 30 de mayo de 2025.
CUARTO: Una vez de nuevo vinculado Se ordene a la accionada NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ascenderme a los grados de Sargento segundo y sargento viceprimero, con la novedad
fiscal respectiva.»
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante relató
que el 24 de abril de 2014, mediante Junta Médica No. 68375, fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 55.5%. No obstante, dicha calificación fue
apelada y, el 11 de febrero de 2015, a través del Acta No. TML14-0450 MDNSG-
TML41 del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, fue modificada
al 36.64%.
4. El 20 de marzo de 2015, mediante Resolución No. 0546, el Ejército Nacional
retiró del servicio activo del Ejército Nacional al hoy accionante con ocasión al Acta
del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía No. TML14-0450
MDNSG-TML41 que lo clasificó como no apto para la actividad militar, por el artículo
68 literales a y b del Decreto 694 de 1989, adicionalmente no se recomendó su
reubicación laboral y con disminución de la capacidad laboral del 36.64%
(incapacidad permanente parcial).
5. El 10 de agosto de 2015, el accionante interpuso demanda2 en la que solicitó
la nulidad de la Resolución No. TML14-0450 MDNSG-TML4.1. de 11 de febrero de
2015, por medio de la cual se bajaron los índices pérdida de la capacidad laboral
del 55.5% al 36.64%, y la Resolución No. 0546 de 21 de marzo de 2015, mediante
la cual fue retirado de las Fuerzas Militares.
6. El 26 de julio de 2018, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que la decisión de no reubicar al hoy
accionante se encontraba justificada y ajustada a derecho3.
7. La parte actora interpuso recurso de apelación contra la Sentencia de 26 de
julio de 2018 y señaló que se desconoció la falta de atención médica en debida
forma por parte del Ejército Nacional. Sostuvo que al no analizarse el concepto
médico psiquiatra, no pudo acceder a la pensión de invalidez ni tampoco continuar
laborando.
8. El 12 de junio de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar,
declaró la nulidad parcial del Acta No. TML14-0450 MDNSG-TML41 de 2015,
proferida por el Tribunal Medico Laboral en lo que respecta a la negativa de la
reubicación laboral del demandante; así como la nulidad de la Resolución No. 0546
2
En ejercicito del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Rad. 11001-33-35-012-2016-00280-00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
2015, mediante la cual se separó en forma absoluta de las Fuerzas Militares por
disminución de la capacidad psicofísica. Como consecuencia de lo anterior, a título
de restablecimiento del derecho, ordenó al Ejército Nacional reintegrar y reubicar al
señor Díaz González en un cargo dentro de la planta de personal de la entidad en
el que pudiera desempeñarse en forma acorde a la disminución de su capacidad
psicofísica y a sus estudios, conocimientos y/o habilidades.
9. El 20 de octubre de 2020, el accionante radicó solicitud de reintegro ante el
Ejército Nacional con ocasión a la orden judicial de 12 de junio de 2020. Sin
embargo, según el accionante, no recibió respuesta al respecto.
10. El 18 de junio de 2021, el señor Díaz González radicó demanda ejecutiva
derivada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se
hiciera efectivo el pago de los emolumentos reconocidos en la sentencia, así como
el reintegro al Ejército Nacional.
11. El 11 de febrero de 2022, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago4 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional.
12. El 25 de mayo de 2022, el accionante interpuso acción de tutela5 con el fin de
que se ordenara al Ministerio de Defensa Nacional que diera cumplimiento a lo
ordenado en la Sentencia de 12 de junio de 2020 y el Auto de 11 de febrero de
2022, con relación al reintegro y reubicación dentro de la planta de personal del
Ejército Nacional.
13. El 7 de junio de 2022, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción, toda vez que se
encontraba en trámite el proceso ejecutivo y el accionante contaba con otras
herramientas para la consecución de las pretensiones.
4
«PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la demandante y en contra de la NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, por la obligación de hacer consistente en que la ejecutada proceda a
reintegrar al actor en los términos señalados en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
segunda, Subsección “B” en sentencia de fecha 12 de junio de 2020. Para el reintegro se otorga el termino de CUARENTA Y
OCHO (48) horas.
SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la demandante y en contra de la NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, por las sumas de dinero dejadas de percibir por el actor desde su
desvinculación y hasta su reintegro en los términos señalados en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección segunda, Subsección “B” en sentencia de fecha 12 de junio de 2020. La obligación deberá ser pagada
por la ejecutada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia de conformidad con el artículo 431
del CGP, y en el mismo término deberá presentar a este Despacho la liquidación correspondiente a lo adeudado al actor.
TERCERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la demandante y en contra de la NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, por los intereses moratorios causados como consecuencia del pago tardío
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda, Subsección “B” en sentencia de
fecha 12 de junio de 2020.
CUARTO: REQUERIR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL para que remita a este Despacho
certificado del salario y los factores salariales que debieron cancelarse al actor desde la fecha de la desvinculación hasta su
reintegro, así como de los descuentos legales que debieron hacerse.
[…]
CUARTO: EXHORTAR a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL o a su delegado
para que dé cumplimiento al fallo judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda, Subsección “B” del
12 de junio de 2020 y remita con la contestación de la demanda el cumplimiento y s Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección segunda, Subsección “B” en sentencia de fecha 12 de junio de 2020u respectiva liquidación discriminando todos los
emolumentos reconocidos de acuerdo al cargo reintegrado. […]»
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Rad. 25000-23-15-000-2022-00559-00/01.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
14. El 16 de junio de 2022, Gustavo Adolfo Díaz González impugnó dicha decisión
porque estaba demostrado que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional había hecho caso omiso a las ordenes que emitió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (proceso ordinario) y el Juzgado 12 Administrativo
de Bogotá (proceso ejecutivo).
15. El 21 de junio de 2022, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá ordenó seguir
adelante con la ejecución.
16. El 24 de junio de 2022, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional presentó
recurso de apelación, con el fin de que se revocara la decisión adoptada toda vez
que no se había radicado petición de cumplimiento por parte del hoy accionante.
17. El 4 de agosto de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó
parcialmente la Sentencia de tutela de 7 de junio de 2022. En consecuencia,
confirmó la decisión de improcedencia frente a la pretensión de que se ordenara a
la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional remitir con dirección al proceso
ejecutivo certificado del salario y los factores salariales y amparó los derechos al
trabajo y a la salud del accionante. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional que reintegrara al actor en los
términos señalados en la Sentencia de 12 de junio de 2020 de la Subsección B de
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
18. El 31 de agosto de 2022, mediante Resolución No. 0006117, el Ejército
Nacional ordenó el reintegro inmediato del hoy accionante en cumplimiento de la
Sentencia de tutela de 4 de agosto de 2022.
19. El 10 de marzo de 2023, mediante sentencia la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de
seguir adelante con la ejecución.
20. El 5 de septiembre de 2023, el Juzgado 12 Administrativo de Cundinamarca
profirió auto de obedézcase y cúmplase lo ordenado por el tribunal y requirió al
Ejército Nacional para que en el término de 10 días aportara copia del acto
administrativo de reintegro del actor e informara el cargo, los salarios y demás
emolumentos que debió devengar el actor, desde el retiro de la institución hasta la
fecha del reintegro, so pena de iniciarse un incidente de desacato. Adicionalmente,
requirió a las partes para que en el término de 20 días presentaran la liquidación de
crédito.
21. El 25 de octubre de 2023, el señor Díaz González allegó liquidación de crédito
por la suma de $437.640.831.
22. El 31 de octubre de 2023, Gustavo Adolfo Díaz González solicitó la apertura
del incidente de desacato en contra del Ejército Nacional por no haber cumplido con
el requerimiento del despacho y, el 23 de enero de 2024, el juzgado abrió incidente
de desacato en contra del comandante del Ejército Nacional ante el incumplimiento
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
de la Sentencia de 12 de junio de 2020 y lo ordenado en Auto de 5 de septiembre
de 2023.
23. El 30 de abril de 2024, el hoy accionante interpuso acción de tutela6 contra el
Ejército Nacional y la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca donde solicitó que (i) se le reconociera la
antigüedad que legalmente ostentaba correspondiente a los ascensos de
compañeros de curso o promoción; (ii) se ordenara a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional para que lo ascendiera a los grados de
sargento segundo y sargento viceprimero, con la novedad fiscal respectiva; y (iii) se
ordenara a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que emitiera concepto ante el Concejo de Estado sobre los términos
del reintegro y así mismo aclare los motivos por los que no se refirió a la antigüedad
y ascensos en la referida sentencia.
24. El 7 de mayo de 2024, el Juzgado 12 Administrativo de Cundinamarca aprobó
liquidación de crédito por valor de $466.187.971 y requirió al Ejército Nacional para
que allegara el comprobante de pago. Dicho auto no fue objeto de recurso.
25. El 9 de mayo de 2024, se cerró el incidente de desacato porque el actor fue
reintegrado y se aportaron los documentos para la liquidación del crédito.
26. El 6 de junio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela con relación a los cargos contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y negó las
pretensiones de amparo respecto de los reparos hacía la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional. La decisión de primer grado fue impugnada y,
mediante Sentencia de 16 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado la modificó para declarar improcedentes todas las
pretensiones por ausencia del requisito de subsidiariedad.
27. El 2 de octubre de 2024, el Juzgado 12 Administrativo de Cundinamarca
requirió a la parte ejecutada para que dentro de los 10 días siguientes a la
notificación informara el turno de pago que le correspondía al hoy accionante, fecha
probable de pago de la sentencia objeto de recaudo y los turnos que fueron pagados
en la última vigencia fiscal.
28. El 17 de febrero de 2025, mediante Resolución No. 00001211, el Ejército
Nacional retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al señor González Díaz,
en forma temporal con pase a la reserva, por llamamiento a calificar servicios.
29. Como fundamentos de derecho, la parte actora sostuvo que la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado omitió considerar que las entidades
accionadas estaban en la obligación de reintegrarlo y otorgarle los ascensos
concedidos a sus compañeros de curso, lo que, en su criterio, configuró una
vulneración al derecho a la igualdad. En esa línea, afirmó que el Tribunal
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Rad. 11001-03-15-000-2024-02116-00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Administrativo de Cundinamarca vulneró su derecho fundamental a la igualdad, al
no haber mencionado u ordenado en la Sentencia de 12 de junio de 2020 el
reintegro en condiciones equiparables a las de sus compañeros. Alegó que las
autoridades judiciales no adelantaron los trámites necesarios para garantizar el
cumplimiento de las decisiones proferidas en el marco de dicho proceso, así como
en el proceso ejecutivo, con lo cual se habrían desconocido sus derechos al debido
proceso, al trabajo y al acceso a la administración de justicia. Finalmente, afirmó
que el Ejército Nacional incurrió en actuaciones discriminatorias al retirarlo
nuevamente de la nómina de forma arbitraria.
Intervenciones7
30. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que no se había vulnerado ningún derecho fundamental del accionante.
En primer lugar, señaló que la Resolución No. 00001211 de 17 de febrero de 2025,
mediante la cual el Ejército Nacional dispuso su retiro del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios, obedece a una causal completamente distinta de
aquella que fue objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto
es, el retiro por disminución de la capacidad laboral. En segundo lugar, sostuvo que
la Sentencia de 12 de junio de 2020 se encontraba ajustada a derecho y que,
adicionalmente, el trámite seguido en el proceso ejecutivo se ha desarrollado
conforme a las disposiciones legales, sin que se advierta irregularidad alguna.
31. El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá detalló las actuaciones
adelantadas en el marco del proceso ejecutivo y manifestó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales del accionante. En este sentido, señaló que libró
mandamiento dentro de un término razonable y conforme al turno procesal que le
correspondía. Asimismo, indicó que aperturó incidente de desacato con el fin de
garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia del 12 de junio
de 2020, el cual fue cerrado una vez se verificó el reintegro del accionante y se
allegó la documentación necesaria para aprobar la liquidación del crédito.
Finalmente, sostuvo que ha tramitado de manera diligente y conforme a derecho
todas las actuaciones dentro del referido proceso ejecutivo.
32. El Consejo de Estado y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
33. Revisado el escrito de tutela, concretamente lo que tiene que ver con las
pretensiones de amparo (ver párrafo 2), la Sala advierte que la acción constitucional
7
Mediante Auto de 19 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Consejo de Estado, la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá
y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
se presentó contra providencia judicial y contra acción u omisión de autoridad
pública, situación que para efectos metodológicos serán resueltos de forma
separada conforme a su objeto.
34. En ese orden, se analizarán y estudiarán las pretensiones primera, tercera y
cuarta como tutela contra autoridad pública; y la pretensión segunda como tutela
contra providencia judicial.
Problema jurídico
35. A la Sala le corresponde determinar, por un lado, una vez verificados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por no haberse pronunciado en la Sentencia del 12 de
junio de 2020 la orden de reintegro con el mismo nivel de ascenso a los compañeros
de curso al momento de su retiro; y por el otro, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad, si el Consejo de Estado, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá y
el Ejercito Nacional habrían transgredido el derecho fundamental al debido proceso,
a la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, porque (i) omitió
considerar en el trámite de tutela que el reintegro debía realizarse otorgándole el
mismo nivel de ascenso concedido a sus compañeros de curso al momento de su
retiro, (ii) no se pronunció ni aprobó la liquidación presentada dentro del proceso
ejecutivo y (iii) fue retirado del servicio nuevamente (Resolución No. 0001211 de 17
de febrero de 2025).
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial (Sentencia de
12 de junio de 2020, Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca)
36. Respecto al requisito de inmediatez, la Sala advierte que si bien es cierto el
ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el carácter preferente y
sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su interposición debe
darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho generador
de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales. Lo anterior, en
aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir que el amparo se convierta en
un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso como herramienta supletoria de
la negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello su finalidad8.
37. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20149, el Consejo de Estado, Sala Plena,
acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si la acción de
tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior, luego de
explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se
8
Corte Constitucional, Sentencia T-187 de 2012.
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Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica.
38. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la
inmediatez no se reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho y la
presentación de la solicitud amparo constitucional, sino que, además, debe
estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de cada caso
concreto10. Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso,
si existen razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un
estado de debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión.
39. Frente al requisito de subsidiariedad, es preciso señalar que el artículo 86 de
la Constitución establece que este es un presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que la misma «sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el 6.1 del Decreto
2591 de 1991, según el cual «[l]a acción de tutela no procederá […] [c]uando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales […]».
40. De lo anterior, se evidencia que cuando existen otros mecanismos de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
que se consideran amenazados o vulnerados, primero se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela directamente11. Ello tiene asidero en que la protección de los
derechos fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a este
mecanismo constitucional, pues todos los medios de defensa deben buscar la
protección de aquellos.
41. Hechas estas precisiones, la Sala declarará la improcedencia de la segunda
pretensión formulada en esta solicitud de amparo por incumplir el requisito de
inmediatez, ya que el accionante cuestionó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales derivada de la Sentencia de 12 de junio de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Rad. 11001-33-35-012-2016-00280-00/01. Esto es, una decisión que fue notificada
el 16 de junio de 2020. Por tal razón, al haberse presentado la acción de tutela el
14 de mayo de 2025, no puede hablarse de un plazo razonable entre una y otra.
42. Además, en gracia de discusión, tampoco se satisfizo el requisito de
subsidiariedad, pues el accionante omitió el uso de mecanismos procesales
ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico. En efecto, los artículos 285 y 287
de la Ley 1564 de 2012 (CGP) establecen la posibilidad de solicitar la aclaración y
adición de sentencia. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos fue interpuesto
10
Sentencia T-523 de 2015
11
En Sentencia T-313 de 2005, la Corte Constitucional estableció: «En efecto, la Constitución y la ley [disponen] un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por
tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.»
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
por el señor Díaz González, lo que revela una inactividad procesal incompatible con
la naturaleza subsidiaria de la tutela.
Procedibilidad de la acción de tutela por acción u omisión de autoridad
pública (Consejo de Estado, Juzgado 12 Administrativo de Bogotá y Ejército
Nacional)
43. La Sala declarará la improcedencia de las pretensiones No. 3 y 4, al no
satisfacerse el requisito de subsidiariedad.
44. El accionante afirmó que el Juzgado 12 Administrativo de Cundinamarca
vulneró sus derechos fundamentales al no pronunciarse ni aprobar la liquidación
presentada dentro del proceso ejecutivo, Rad. 11001-33-35-012-2021-00189-00,
por un valor de $437.640.831 (pretensión No. 3). No obstante, se pudo constatar
que el 7 de mayo de 2024, dicha autoridad judicial profirió auto mediante el cual
aprobó la liquidación del crédito por valor de $466.187.971, decisión que fue
notificada el mismo día por mensaje de datos. Esta circunstancia evidencia la
existencia de una respuesta judicial más favorable a lo reclamado, sin que
presentara reparo alguno al respecto.
45. Asimismo, el accionante solicitó dejar sin efectos la Resolución No. 0001211
de 17 de febrero de 2025, mediante la cual fue retirado del Ejército Nacional por
llamamiento a calificar servicios (pretensión No. 4). Sin embargo, dicho acto
administrativo era susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA,
el cual incluso puede ser acompañado de una solicitud de medidas cautelares, en
los términos de los artículos 229 y siguientes ídem. En consecuencia, no se está
ante ninguna de las excepciones que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
previsto para hacer procedente la acción de tutela, porque (1) existe un mecanismo
judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, (2)
no se configuró un perjuicio irremediable y (3) no se trata de un problema
constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo12.
46. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la primera pretensión. En relación con
este punto, se tiene que (1) la solicitud de amparo se orientó a lograr el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la
administración de justicia; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como
pasiva, porque Gustavo Adolfo Díaz González es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como violadas y el Consejo de Estado es la
autoridad respecto de la cual se alega la vulneración concreta; (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la
acción de tutela.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-67 de 2022.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02877 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
47. Comoquiera que la acción de tutela es procedente frente a este reparo en
concreto, se procederá a estudiar de fondo el mismo.
Análisis de vulneración alegada
48. La Sala negará el amparo solicitado por Gustavo Adolfo Díaz González, por
las razones que se exponen a continuación:
49. En el presente caso, se advierte que los reparos formulados por la parte actora
se orientaron para que se ordenara al Consejo de Estado a «emitir concepto técnico
que justifique y aclare en términos administrativos las evasivas, elusivas y dilaciones
de la condenada entidad Ministerio de Defensa. Así como las omisiones del juzgado
de origen; mismas que tuvo en cuenta para no concederme los derechos invocados
en las diferentes acciones constitucionales y que no me fueron concedidos los
cuales derivaron en un grave daño antijuridico».
50. No obstante lo anterior, dicha pretensión desconoce la naturaleza jurídica y
funcional del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso
administrativo y cuerpo supremo consultivo del Gobierno Nacional (artículos 237 de
la Constitución Política y 107 de la Ley 1437 de 2011). Aunado a ello, la parte actora
no probó de forma alguna que hubiere elevado petición y/o solicitud ante esta
corporación la cual no le haya sido resuelta. En ese orden de ideas, no esta
demostrada la vulneración y/o afectación de las garantías constitucionales del señor
Díaz González.
51. Finalmente, si en gracia de discusión se entendiera que la verdadera intención
del accionante era controvertir las decisiones de tutela proferidas por el Consejo de
Estado, debe advertirse que no se desarrolló argumento alguno que permitiera
acreditar la procedencia excepcional de una acción de tutela contra providencia de
la misma naturaleza, de acuerdo con subreglas jurisprudenciales fijadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-627 de 2015.
Conclusión
52. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala negará la solicitud
de amparo respecto a la primera pretensión al no advertirse vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante y declarará la
improcedencia de la segunda, tercera y cuarta pretensión por no cumplir con los
requisitos de procedibilidad de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, en lo que tiene que
ver con las pretensiones segunda, tercera y cuarta; y NEGAR el amparo solicitado
por Gustavo Adolfo Díaz González, frente a la primera pretensión, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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