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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02904-00

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02904-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la abogada Andrea Carolina Castro Klever, de conformidad con las consideraciones anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02904-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02904-00
Demandante: Andrea Carolina Castro Klever

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02904-00
Demandante: ANDREA CAROLINA CASTRO KLEVER
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA – La abogada que presentó la solicitud de amparo no allegó el
poder especial y específico requerido.

La Sala1 resuelve la acción de tutela instaurada por la Superintendencia Nacional de
Salud contra el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión
Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 14 de mayo de 20252, la abogada Andrea Carolina Castro Klever instauró acción
de tutela en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud y contra el Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico, a fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de dicha entidad. En
consecuencia, solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de primera y segunda
instancia del proceso 08001-33-31-006-2015-00413-02.

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 9 de junio de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02904-00
Demandante: Andrea Carolina Castro Klever

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos
jurídicamente relevantes:

3. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo de
Barranquilla declaró responsables a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras
autoridades y particulares3 por la muerte del menor Sergio Luis Carpintero Llanos.

4. En relación con la Superintendencia Nacional de Salud —en adelante,
Supersalud—, dicho juzgado argumentó lo siguiente:

(…) [S]i bien no es posible imponer condena a Solsalud E.P.S., liquidada, no
existe prohibición para radicar la pena [en] la Superintendencia Nacional de
Salud, quien fue la entidad que, para el periodo en que ocurrió la perdida de
oportunidad base de la condena, había intervenido administrativa y
financieramente a la E.P.S. Solsalud, a la que estaba afiliada la víctima (…).

La decisión anunciada se enfatiza al evidenciarse que, a pesar de esa
intervención, no se aprecia que la Superintendencia haya desplegado sus
funciones de administración, coordinación, vigilancia y control para evitar que la
pérdida de oportunidad censurada en esta sentencia no tuviera ocurrencia.

5. La Supersalud apeló la anterior decisión y, mediante sentencia del 29 de agosto de
2024, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico la confirmó
parcialmente4.

6. Frente a la Supersalud, dicha sala de decisión sostuvo lo siguiente:

(…) [S]u responsabilidad quedó comprometida en este caso, al tener intervenida
para la época de los hechos a la E.P.S. Solsalud, liquidada, por tanto, se
esperaba de ella el despliegue de sus funciones de administración y control en
todos los casos a cargo de la E.P.S.

7. A juicio de la abogada Castro Klever, el juzgado y el tribunal ignoraron los
argumentos expuestos por la Supersalud en la contestación a la demanda, en los
alegatos de conclusión y en la apelación. Además, desconocieron la naturaleza
jurídica de esa entidad y las disposiciones relativas a la intervención y liquidación de
los sujetos sometidos a su vigilancia, especialmente las del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero.

3 Organización Clínica Bonnadona Prevenir, Fundación Integral de Salud, E.S.E. Hospital Niño Jesús

y Fundación Hospital Universitario Metropolitano.
4 Dicha sala de decisión modificó la tasación de perjuicios efectuada por el Juzgado Sexto

Administrativo de Barranquilla.

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Demandante: Andrea Carolina Castro Klever

8. Con fundamento en lo anterior, la mencionada abogada acusó a las autoridades
judiciales demandadas de haber desconocido el artículo 280 del CGP5, con lo cual,
en su criterio, se arriesgó la seguridad jurídica en la administración de justicia. Por
esto, a su vez, calificó su solicitud de amparo constitucional como constitucionalmente
relevante.

9. Adicionalmente, alegó tal relevancia con sustento en que las sentencias aludidas
no incluyeron un análisis sobre sostenibilidad fiscal y generaron una grave afectación
del patrimonio público.

10. Por otro lado, sostuvo que el juzgado y el tribunal obviaron el alcance de la
solidaridad establecida en el artículo 1568 del Código Civil, la cual, a su juicio, no
podía predicarse de la relación entre la Supersalud y la E.P.S. Solsalud, pues en la
Ley 1122 de 2007 no se consagró ninguna obligación solidaria entre esa
superintendencia y los sujetos sometidos a su vigilancia.

11. Igualmente, acusó a las autoridades judiciales accionadas de haber ignorado la
posibilidad de vincular a «los socios o accionistas de las entidades responsables del
pasivo». Además, les atribuyó un desconocimiento de la naturaleza de las funciones
de los agentes especiales interventores o liquidadores, así como de la posibilidad de
atribuirles responsabilidad directamente, en razón de su independencia de la
Supersalud.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 22 de mayo de 20256, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar, como demandados, a la titular del Juzgado Sexto
Administrativo de Barranquilla y a los magistrados integrantes de la Sala de Decisión
Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico.

13. También ordenó notificar, en calidad de terceros con interés, a los señores
Amílcar Emilio Carpintero Polo, Verónica Llanos Cantillo, Rosa Cantillo de Llanos y
Valentina Rosa Carpintero Llanos; al gobernador del departamento del Atlántico; a los
representantes legales de la E.S.E. Hospital Universitario Cari —en liquidación—, de

5 «La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación

razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas (…)».
6
Samai, índice 4.

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Demandante: Andrea Carolina Castro Klever

la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, de la E.S.E. Hospital Niño Jesús
de Barranquilla, de la Organización Clínica Bonnadona Prevenir S.A.S., de la
Fundación Integral de Salud, de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y de
Fiduprevisora S.A.; y a los representantes legales del Instituto de Trasplante de
Médula Ósea de la Costa S.A.S., de la Clínica Hematoncológica Bonnadona S.A. y
de la Fundación Mundo sin Cáncer —que conformaron la Unión Temporal Instituto
Cancerológico y de Trasplante Hematopoyético del Caribe—.

14. Igualmente, requirió a la abogada Andrea Carolina Castro Klever para que
presentara el documento mediante el cual se le hubiera conferido poder especial para
para instaurar acción de tutela en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud.

15. La titular del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla7 también calificó la
acción de tutela como improcedente, pues la abogada Castro Klever no planteó
ningún reparo sobre la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, ni sustentó
su pretensión «en debida forma», ni presentó una explicación sobre la relevancia
constitucional del asunto.

16. La magistrada Judith Romero Ibarra, integrante de la Sala de Decisión Oral A
del Tribunal Administrativo del Atlántico8, sostuvo que no se vulneraron los
derechos fundamentales de la Supersalud. Adujo que la decisión de dicha sala se
motivó claramente, se ajustó a la jurisprudencia y a las disposiciones aplicables, y se
sustentó en una debida valoración de los medios probatorios disponibles.

17. El Instituto de Trasplante de Médula Ósea de la Costa9 calificó la solicitud de
amparo como improcedente, por falta de inmediatez. Explicó que se presentó nueve
meses después de la expedición de la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, sin justificación alguna.

18. La señora Verónica Llanos Cantillo10 también calificó la acción de tutela como
improcedente por falta de inmediatez. Además, acusó a la abogada Castro Klever de
pretender provocar una instancia adicional en el proceso contencioso administrativo,
reabriendo el debate ya resuelto por el juzgado y el tribunal accionados.

7 Samai, índice 11.
8 Samai, índice 13.
9 Samai, índice 10.
10 Samai, índice 16.

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Demandante: Andrea Carolina Castro Klever

19. Por otro lado, expuso que esta Corporación ya resolvió una solicitud de amparo
dirigida contra las mismas sentencias cuestionadas por dicha abogada, presentada
por la Organización Clínica Bonnadona Prevenir e identificada con el radicado 11001-
03-15-000-2024-06682-01.

20. El Departamento del Atlántico11 solicitó la declaración de su falta de legitimación
en la causa por pasiva, argumentando que la supuesta vulneración de derechos
fundamentales no se atribuyó a sus actuaciones, sino a las decisiones de las
autoridades judiciales accionadas.

21. Pese a que el auto admisorio de la acción de tutela se notificó a todos los sujetos
procesales12, los demás terceros con interés guardaron silencio y la abogada Andrea
Carolina Castro Klever no cumplió el requerimiento efectuado mediante dicho auto.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Cuestión previa

23. La señora Verónica Llanos Cantillo —vinculada como tercera con interés—
informó que las providencias cuestionadas en el presente trámite ya habían sido
controvertidas a través de otra acción de tutela, la cual dio origen al proceso 11001-
03-15-000-2024-06682-01 y fue resuelta por esta Corporación.

24. Tras revisar el expediente correspondiente, la Sala identificó que dicha acción de
tutela únicamente se dirigió contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Barranquilla en el proceso 08001-33-31-006-2015-00413-02, y se sustentó en un
supuesto defecto fáctico.

11 Samai, índice 12.
12 Samai, índices 7 y 14.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02904-00
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25. La solicitud de amparo objeto de este trámite, en cambio, se dirige tanto contra la
sentencia proferida por dicho tribunal como contra aquella expedida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla en el mismo proceso. Además, de sus
argumentos se infiere la atribución de un defecto sustantivo, no fáctico, a ambas
autoridades judiciales.

26. Así las cosas, la Sala considera que las solicitudes de amparo comparadas
difieren en su causa —es decir, en el supuesto defecto que motivó su presentación—
y en su objeto —esto es, en las providencias contra las cuales se dirigen—. Por esta
razón, no procede aplicar el artículo 2.2.3.1.3.113 del Decreto 1069 de 2015 ni, en
consecuencia, remitir el expediente a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que resolvió en primera instancia la acción de tutela asociada al
proceso 11001-03-15-000-2024-06682-01.

27. En línea con lo anterior, entonces, la Sala procederá a resolver la solicitud de
amparo presentada por la abogada Andrea Carolina Castro Klever.

E. Problema jurídico

28. La Sala determinará si la solicitud de amparo presentada en nombre de la
Superintendencia Nacional de Salud cumple los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional aplicable. Sólo en caso afirmativo, también establecerá si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en algún defecto al proferir las
sentencias de primera y segunda instancia en el proceso 08001-33-31-006-2015-
00413-02, vulnerando así los derechos fundamentales de dicha entidad.

F. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por activa

29. Según el primer inciso del artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá
ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para obtener la
protección inmediata de sus derechos fundamentales.

13 En este artículo se estableció lo siguiente:

«Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales,
presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se
presenten, incluso después del fallo de instancia.»

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30. Lo anterior, de acuerdo con la Corte Constitucional14, implica que el amparo debe
ser solicitado por el titular de los derechos presuntamente vulnerados. En otras
palabras, ha de ser reclamado por quien posea legitimación en la causa por activa.

31. Al respecto, la Corte15 ha advertido que, so pretexto de ejercer la acción de tutela,
no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de otra
persona. Además, ha señalado que la informalidad propia de dicha acción no supone
la inexigibilidad de requisitos mínimos de procedibilidad, como la legitimación en la
causa por activa.

32. Ahora, en línea con el artículo 86 superior, en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 se consagró la posibilidad de ejercer la acción de tutela a través de
representante legal, de apoderado judicial o de agente oficioso. En el mismo artículo
10, además, se estableció que los poderes respectivos se presumirán auténticos.

33. Frente al ejercicio de la acción de tutela mediante apoderado judicial, la Corte
Constitucional16 ha explicado que el poder correspondiente debe ser otorgado
mediante un escrito, no sólo dirigido a un profesional del derecho, sino de carácter
especial. Por esto último, el poder conferido para promover un proceso judicial distinto
al de tutela no supone la facultad de presentar la solicitud de amparo constitucional,
así se motive en hechos relacionados con aquel.

34. Adicionalmente, el máximo tribunal ha explicado que el poder especial
mencionado debe conferirse «para el fin específico y determinado de representar los
intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra
cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a
su pretensión»17.

35. Lo anterior significa que el poder, además de ser especial, debe ser específico,
es decir, debe contener la identificación de la autoridad contra la cual se dirige la
acción de tutela y ha de incluir los derechos fundamentales cuya protección se
reclama.

14 Sentencia T-406 de 2017.
15 Sentencias T-417 de 2013 y T-020 de 2016.
16 Sentencia T-531 de 2002, reiterada en las sentencias T-024 de 2019 , T-292 de 2021, y SU-388 de

2022.
17 Sentencia T-001 de 1997, reiterada en la sentencia de unificación 388 de 2022.

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36. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional18 ha señalado que,
tratándose de acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales, es
indispensable que la decisión frente a la cual se solicita el amparo sea identificada en
el poder conferido para el efecto.

37. Además, ha establecido que la falta de poder especial para presentar la acción de
tutela conlleva que sea declarada «improcedente ante la falta de legitimación por
activa»19.

38. Ahora, la abogada Andrea Carolina Castro Klever instauró acción de tutela en
nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, identificándose como su
apoderada general. Sin embargo, no aportó el escrito mediante el cual se le confiriera
el poder especial para presentar la solicitud de amparo constitucional, motivo por el
cual el despacho sustanciador la requirió para que lo presentara.

39. Dicho requerimiento no fue atendido por la abogada Castro Klever, lo cual impone
concluir que carece de legitimación para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales de la Superintendencia Nacional de Salud y, por consiguiente, que la
acción de tutela que presentó en nombre de esa entidad es improcedente.

40. Por otro lado, es importante indicar que, en la sentencia de unificación 388 de
2022, la Corte Constitucional estableció lo siguiente:

[C]uando el titular de los derechos fundamentales exprese de manera inequívoca
interés en la presentación de la acción de tutela en las actuaciones dentro del
proceso, inclusive en sede de revisión, se tendrá por acreditado el requisito de
legitimación en la causa por activa a pesar de que esta haya sido interpuesta
originalmente por el apoderado general de una persona natural.

41. Ahora, en el expediente no obra prueba de que el superintendente nacional de
salud, en calidad de representante legal de la entidad titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo se pretende, haya manifestado su voluntad inequívoca
de presentar la solicitud de amparo constitucional. En consecuencia, ni siquiera hay
lugar a considerar acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa con
fundamento en la regla establecida en la sentencia citada.

18 Sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006 y T-024 de 2019.
19 Sentencia T-658 de 2002, reiterada, entre otras, en las sentencias T-088 de 1999 y T-292 de 2021.

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42. Finalmente, se resalta que la ley y la jurisprudencia han facilitado al máximo el
otorgamiento de los poderes a los profesionales del derecho, por lo cual resulta
inexcusable que un abogado actúe sin mandato —con el lleno de los requisitos
señalados— al presentar una acción de tutela.

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la abogada
Andrea Carolina Castro Klever, de conformidad con las consideraciones anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF

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