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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02918-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02918-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor Baudilio Cárdenas Méndez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02918-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de junio de 2025

Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02918-00
Demandante: BAUDILIO CÁRDENAS MÉNDEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de relevancia
constitucional, inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio del
mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Baudilio Cárdenas Méndez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá y el municipio de Chía
(Cundinamarca), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y la
dignidad humana, junto con el principio de buena fe.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias2 de 23 de mayo de 2024 y 30 de junio de
2023 dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que el actor promovió contra el municipio de Chía (Cundinamarca), con
radicado 25899-33-33-003-2021-00002-00/01.

Además, el demandante le atribuyó la presunta transgresión de sus garantías
iusfundamentales a la providencia de 6 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de

1
El 15 de mayo de 2025.
2
Con estas providencias se negaron las pretensiones de la demanda relativas al reintegro del actor en
el cargo de celador código 477, grado 1, que venía desempeñando en el municipio de Chía.

1
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Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
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Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se rechazó de plano el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia que promovió contra el fallo
proferido en segunda instancia dentro del proceso antes mencionado, el cual se
identificó con el radicado 25899-33-33-003-2021-00002-01 (5446-2024).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1.- Decretar a mi favor el solicitado amparo constitucional, profiriendo la sentencia que
en derecho corresponda, a fin de que protejan los fundamentales derechos
constitucionales y convencionales como son: DERECHO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, EL DEBIDO PROCESO, EL MINIMO VITAL, DERECHO A LA IGUALDAD
REAL, DIGNIDAD HUMANA Y LA BUENA FE Derechos vulnerados por los
funcionarios encargado de administrar Justicia.

2.-Ordenar a las accionadas CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION "D",
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ZIPAQUIRA
Y MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA dar inmediato y cabal cumplimiento dentro
de las 48 horas siguientes de la notificación del fallo de la presente acción
extraordinaria de tutela.

3.- ordenar a las accionadas CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION "D",
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE ZIPAQUIRA
Y MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA., que tenga un mayor control al momento de
proferir sus fallos a para que no generan perjuicios graves a sus trabajadores, por lo
tanto, generan mayor congestión judicial por casos como este y muchos más.3

1.3. Hechos4

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Cárdenas Méndez hizo alusión a que fue nombrado en carrera
administrativa mediante el Decreto 066 de 5 de mayo de 1995 en el cargo de celador,
nivel 7, código 7, grado 17 y, luego, fue incorporado a la Planta Global de Empleos
Públicos de la Administración Central del municipio de Chía (Cundinamarca) como
celador código 477, grado 1.

Relató que mediante el Decreto 308 de 25 de junio de 2019, el municipio de Chía
suprimió algunos empleos de la planta de personal a partir del 30 de diciembre de
2019, entre los cuales se encontraba aquel que el demandante ocupaba. Además, en
los Decretos 809 de 28 de noviembre de 2019, 845 de 20 de diciembre de 2019 y
875 de 27 de diciembre de 2019, se extendió hasta el 1° de enero de 2020 la fecha
de retiro.

Narró que por medio del acto administrativo D.F.P - 2603 - 2019 del 31 de diciembre
de 2019, la directora de Función Pública de la Secretaría General del municipio de

3
Trascripción literal del original con posibles errores. Negrilla del texto original.
4
Cabe aclarar que algunos de los hechos fueros extraídos del expediente, pues en el escrito de la
tutela no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una mayor comprensión de la
decisión que se adoptará.

2
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Chía (Cundinamarca) le informó que su cargo había sido suprimido. En
consecuencia, podía optar por recibir la compensación correspondiente o ser
incorporado en un empleo de carrera igual o equivalente al suprimido.

Puso de presente que mediante oficio de 7 de enero de 2020, manifestó su decisión
de escoger la indemnización, lo que dio lugar a que el ente territorial mencionado
expidiera la Resolución 0745 de 28 de febrero de 2020, con la cual se le reconoció y
ordenó pagar a su favor la suma de $85.323.923 por concepto de liquidación de
prestaciones sociales, indemnizaciones y demás emolumentos laborales a los que
tenía derecho.

Indicó que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el municipio de Chía (Cundinamarca), con el propósito de controvertir la
legalidad del acto administrativo D.F.P - 2603 - 2019 del 31 de diciembre de 2019
emitido por la directora de Función Pública de la Secretaría General del municipio de
Chía (Cundinamarca), así como los decretos 308, 809, 845 y 875 de 2019 expedidos
por el alcalde de ese ente territorial, al considerar que la supresión de los cargos fue
una actuación administrativa aparente, toda vez que algunos vigilantes vinculados en
provisionalidad continuaron laborando.

Señaló que del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Zipaquirá que, en providencia de 30 de junio de 2023, negó las pretensiones de la
demanda tras concluir que el acto enjuiciado se justificó en el proceso de
modernización institucional al que estuvo sujeto el municipio de Chía (Cundinamarca)
y que dio lugar a la modificación de la planta de personal, lo que se ajustaba a una
de las causales de retiro del servicio.5

Afirmó que interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
que, mediante sentencia de 23 de mayo de 2024, confirmó la decisión del a quo al
coincidir en que no se demostró que la desvinculación mediante la supresión del
cargo ocupado por el actor se realizó con desconocimiento de las normas en que
debía fundarse, falsa motivación o por la vulneración a su derecho de escogencia.

Esto, por cuanto el retiro del servicio del demandante por la supresión del cargo de
celador, código 477, grado 1, obedeció a una causal objetiva que atañe a la reforma
de la planta de personal de la Administración Central del municipio de Chía
(Cundinamarca), aunado a que el demandante de manera libre se decantó por el
pago de la indemnización, por lo cual que no tenía derecho a ser reincorporado a la
planta de personal.

Explicó que interpuso el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, bajo
el argumento referente a que la aludida sentencia de segunda instancia desconoció
el criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia de
13 de diciembre de 20076, así como las sentencias SU-055 de 2018, C-356 de 1994,
C-250 de 2013, C-503 de 2020, C-172 de 2021 y SU-874 de 2014 de la Corte
Constitucional, el cual fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

5
Conforme al literal l) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
6
Proferida en el proceso con radicado 50001-23-31-000-2001-00418-01.

3
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Sección Segunda, Subsección D, con proveído de 29 de agosto de 2024.

Adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rechazó dicho
recurso mediante auto de 6 de marzo de 2025, al advertir que la providencia dictada
por esta Corporación a la que se hizo referencia en el recurso no tenía la connotación
de sentencia de unificación y aquellas que fueron proferidas por la Corte
Constitucional tampoco eran objeto de estudio en esta instancia, según lo establecido
en el artículo 258 del CPAСА.

1.4. Sustento de la vulneración7

A juicio del señor Cárdenas Méndez, las providencias dictadas en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho transgredieron sus derechos
fundamentales, en especial el de la igualdad, con ocasión a que en el proceso con
radicado 25899-33-33-002-2021-00001-00/01, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, accedieron a las pretensiones de la demanda promovida por
el señor Oscar Armando Sandoval, el cual es un caso que tiene una situación fáctica
similar al suyo e, incluso, fue promovida por el mismo abogado.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 21 de mayo de 2025, se inadmitió la demanda constitucional, con la
finalidad de que el actor determinara las autoridades demandadas, así como el
motivo de la transgresión y, detallara el motivo por el cual se lesionaron sus derechos
fundamentales, con qué hechos, actos u omisiones precisos y claros, además de
describir concretamente las circunstancias relevantes para decidir la solicitud y lo que
pretende de manera clara y específica.

En atención a que el accionante presentó un nuevo escrito por medio del cual afirmó
que corregía algunos datos, con providencia de 5 de junio de 2025 se admitió la
tutela, por lo que se ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los
magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
al igual que aquellos que hacen parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Zipaquirá y al alcalde de Chía (Cundinamarca).

Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

En el informe rendido por el magistrado ponente de la providencia de 6 de marzo de
2025 solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar
que no cumple el requisito de subsidiariedad, pues contra el auto que rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el actor no interpuso los

7
Es oportuno señalar que, si bien se incluyeron como autoridades accionadas el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A y el municipio de Chía, lo cierto es que no se expuso algún reproche
en su contra.
8
Mediante oficios enviados el 9 de junio de 2025.

4
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recursos de reposición y súplica, pese a que procedían según lo previsto en los
artículos 242 y 246 del CPACA.

Además, consideró que el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima
que la jurisprudencia constitucional estableció para que se supere el presupuesto de
la relevancia constitucional, debido a que se limitó a narrar los hechos que consideró
vulneraron sus derechos fundamentales, sin explicar los defectos que, en su sentir,
se configuraron en la providencia que dictó esta subsección.

En gracia de discusión, destacó que la decisión de rechazar estuvo sustentada en el
artículo 258 del CPACA, según el cual, el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia solo es procedente cuando se alegue que el fallo del tribunal
desconoció una sentencia de unificación del Consejo de Estado, circunstancia que no
se presentó en el asunto objeto de examen porque las providencias que fueron
invocadas no tienen tal naturaleza en los términos que señala el artículo 270 del
mismo código.

1.5.2. Municipio de Chía (Cundinamarca)

El apoderado judicial de la entidad territorial aseguró que la tutela carece de
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que el actor no desarrolló argumentos
suficientes que permitan identificar concretamente el tipo de yerro en el que
presuntamente incurrió la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, omisión que impide al juez constitucional verificar si
desbordó el marco de la autonomía judicial al punto de vulnerar los derechos
fundamentales invocados.

Agregó que el demandante no agotó los medios de defensa judicial que tenía a su
alcance para controvertir el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, pues no interpuso los recursos de reposición y súplica que
procedían en contra de esta decisión. De modo que, tampoco se cumple el requisito
de subsidiariedad en el presente asunto, por cuanto este mecanismo no puede ser
utilizado para revivir oportunidades procesales que el accionante dejó precluir por su
falta de diligencia.

1.5.3. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá

La titular del despacho hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite de
primera instancia del medio de control que ejerció el señor Cárdenas Méndez, a partir
del cual concluyó que la decisión proferida por ese juzgado garantizó los derechos de
defensa y contradicción del demandante, así que se tornaba improcedente pretender
convertir la tutela en un escenario paralelo para ventilar desacuerdos respecto a la
decisión adoptada por el juez natural.

1.5.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
pese a que fue debidamente notificado de la existencia del presente asunto 9, no
realizó algún pronunciamiento en lo referente a la controversia expuesta en la tutela.

9
Según la información visible en el índice 13 de SAMAI.

5
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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente
acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Zipaquirá y el municipio de Chía (Cundinamarca) vulneraron
los derechos fundamentales invocados por el señor Cárdenas Méndez.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedibilidad, se abordará, ii) el
fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales

10
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

6
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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.3.1. Según se tiene, el señor Cárdenas Méndez ejerció la acción de tutela en contra
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá y el municipio de Chía
(Cundinamarca) pues, en su sentir, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y la
dignidad humana, junto con el principio de buena fe; razón por la que se efectuará un
análisis respecto a cada una de las autoridades accionadas.

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

7
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Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los
criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los
cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

En criterio de la Sala, este presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela no se
cumple en lo concerniente al municipio de Chía (Cundinamarca), por cuanto el
actor se limitó a identificarlo como uno de los demandados en el presente asunto e
incluirlo dentro de las pretensiones elevadas en la solitud de amparo, sin exponer
algún cuestionamiento en particular que permita realizar un pronunciamiento en esta
instancia constitucional respecto a dicha entidad territorial.

De modo que, el accionante no cumplió con la carga iusfundamental requerida para
superar el requisito en estudio, pues no bastaba con atribuirle a dicha autoridad la
presunta transgresión de sus garantías fundamentales invocadas, sino que era
necesario que propusiera reproches que permitieran evidenciar, a priori, que incurrió
en alguna actuación u omisión susceptible de ser reprochada por el juez de tutela.

En consecuencia, se declarará improcedente la tutela en lo que atañe a referido
municipio, en atención a que el tutelante no presentó algún cuestionamiento que
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución o determinar el
alcance de un derecho fundamental, que amerite la intervención del juez
constitucional.

2.3.2. Ahora bien, esta acción fue estatuida por el constituyente con el objeto de
proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz.11

De ahí que el requisito de inmediatez exija que la tutela se presente tan pronto se
produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su
ocurrencia.

Es así, como esta Sección consideró como plazo prudencial el de seis (6) meses
desde la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar a

11
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».

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la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron fijadas
por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por
esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado
de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros;
ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. 12

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el actor considera que sus derechos
fundamentales también fueron vulnerados con ocasión de las providencias dictadas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el
municipio de Chía (Cundinamarca) con radicado 25899-33-33-003-2021-00002-00/01.

Así, el demandante sugirió un trato desigual por parte de estas autoridades judiciales,
tras no aplicársele la misma decisión proferida en el proceso que radicó el señor
Oscar Armando Sandoval por supuestos fácticos y jurídicos similares a su caso, el
cual fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, bajo el radicado 25899-33-33-002-2021-00001-00/01.

De la revisión de las actuaciones surtidas en el trámite incoado por el señor Cárdenas
Méndez, se constató que la sentencia que le puso fin a la litis se profirió el 23 de
mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en la cual se confirmó la providencia del a quo que negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue notificada el 29 de mayo de ese mismo
año por correo electrónico y quedó ejecutoriada el 6 de junio de 2024, al tenor del
artículo 302 del Código General del Proceso13, mientras que el accionante presentó la
solicitud de tutela el 15 de mayo de 2025, es decir, transcurridos 11 meses y 8 días.

Esto quiere decir que no se cumple el presupuesto de procedibilidad objeto de
análisis, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Cabe resaltar que el señor Cárdenas Méndez no expuso algún argumento que
justificara la presentación tardía de este mecanismo, pues tan solo relató de manera

12
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
13
«(…) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas (...)».

9
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Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-00

sucinta los hechos que giraron en torno a la supresión del cargo que ocupada en el
municipio de Chía (Cundinamarca) y la discusión que puso a consideración de las
autoridades judiciales que conocieron del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió.

Incluso, se advierte que no es viable tener como punto de partida para calcular el
plazo razonable que tenía el actor para acudir a la acción de tutela desde el momento
en que cobró ejecutoria el auto de 6 de marzo de 2025 proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, por medio del cual se rechazó de plano el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

La razón de ello obedece a que tal mecanismo era abiertamente improcedente, en
atención a que el demandante no invocó alguna sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado, tal y como lo prevé el artículo 25814 del CPACA, sino que
se respaldó en providencias que no tienen dicha naturaleza, así que debió acudir
directamente a este mecanismo constitucional dentro de término señalado
jurisprudencialmente, en vez de ejercer tal recurso.

De modo que no existe una explicación válida para el ejercicio de la acción
constitucional por fuera del tiempo proporcional y razonable señalado por la
Corporación para controvertir las sentencias dictadas en el medio de control
promovido por el señor Cárdenas Méndez, aunado a que no se evidencia alguna de
las situaciones que la Corte Constitucional estableció para que se flexibilice este
presupuesto que, a su vez, admita el estudio del presente caso desde una óptica
diferente, razón por la cual también se declarará la improcedencia de la tutela por no
cumplir el requisito de inmediatez.

• Adicionalmente, la Sala encuentra que no se satisface el requisito de
subsidiariedad en lo concerniente al auto de 6 de marzo de 2025 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Al respecto, lo primero que
resulta importante señalar es que este presupuesto se encuentra previsto en el inciso
3º del artículo 86 de la Constitución y determina que «[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. 15

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la tutela,
los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no son idóneas
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta
acción constitucional.

14
«Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia
impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado».
15
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante».

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Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez
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En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus garantías fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los
recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

Precisado lo anterior, se evidencia que en el informe rendido por el magistrado
ponente del auto de 6 de marzo de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el cual se rechazó de plano el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia que el actor promovió contra el fallo proferido en
segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
mencionado líneas atrás, se puso de presente que el demandante no agotó los
recursos que tenía a su alcance para controvertir tal decisión.

Al verificar las actuaciones adelantadas en dicho trámite se encontró que, en efecto,
el accionante no interpuso el recurso de súplica, el cual era el mecanismo idóneo
para controvertir la providencia que cuestiona en esta instancia constitucional y
resultaba eficaz para garantizar especialmente del derecho fundamental al debido
proceso, comoquiera que el numeral 3º del artículo 246 del CPACA prevé:

ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los
siguientes autos dictados por el magistrado ponente:

(...) 3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios; los
rechace o declare desiertos.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad en lo relativo al proveído dictado en el trámite del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por cuanto el accionante no agotó el
medio judicial de defensa que tenía a su alcance para obtener la protección de sus
derechos iusfundamentales invocados, máxime cuando no existe una causa
justificable para ello.

En otras palabras, el recurso de súplica era el escenario adecuado para que el juez
natural revisara la decisión que, a juicio del demandante, transgredió sus garantías
constitucionales invocadas, sin que la tutela pueda utilizarse para suplir tal
mecanismo y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos llevaría a
que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias
ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción.

Con todo, en el asunto que nos ocupa se constató si existía la posible configuración
de un perjuicio irremediable que se pudiera evitar. Sin embargo, no se advierte
alguna situación que permita abordar el presente asunto desde una óptica diferente y
desconocer la existencia del medio judicial previsto para esta clase de controversias,
el cual se insiste le permitía obtener una respuesta material y efectiva de la justicia.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

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FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Baudilio Cárdenas Méndez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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