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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02918-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02918-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones esgrimidas en esta sentencia. 7 Radicado 2021-00001-00. 8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-01 Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02918-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-01
Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-01
Demandante: BAUDILIO CÁRDENAS MÉNDEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumplen los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad /
SUBSIDIARIEDAD - El accionante no agotó los recursos de reposición y súplica procedentes
contra el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia /
PERJUICIO IRREMEDIABLE – El accionante no demostró que los mecanismos ordinarios no
sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse en una situación que por su inminencia y gravedad
amerite la intervención urgente del juez de tutela / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La
demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la
razonabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 26 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 15 de mayo de 2025, el señor Baudilio Cárdenas Méndez interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Zipaquirá y el municipio de Chía (Cundinamarca), por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la dignidad humana2, con ocasión de las
sentencias del 23 de mayo de 2024 y 30 de junio de 2023, que negaron las pretensiones
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25899-33-33-003-
2021-00002-00/01.

2. También atribuye la trasgresión a sus derechos fundamentales, a la providencia
dictada el 6 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, por medio de la cual se rechazó de plano el recurso extraordinario de unificación de

1
Se advierte que el 21 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocido el principio de buena fe.

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Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez

jurisprudencia que promovió el accionante contra los fallos proferidos en el proceso
ordinario ya referido.

3. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):

1.- Decretar a mi favor el solicitado amparo constitucional, profiriendo la
sentencia que en derecho corresponda, a fin de que protejan los fundamentales
derechos constitucionales y convencionales como son: DERECHO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EL DEBIDO PROCESO, EL MINIMO
VITAL, DERECHO A LA IGUALDAD REAL, DIGNIDAD HUMANA Y LA BUENA
FE Derechos vulnerados por los funcionarios encargado de administrar
Justicia.

2.-Ordenar a las accionadas CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "D", JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ZIPAQUIRA Y MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA dar
inmediato y cabal cumplimiento dentro de las 48 horas siguientes de la
notificación del fallo de la presente acción extraordinaria de tutela.

3.- Ordenar a las accionadas CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "D", JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ZIPAQUIRA Y MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA., que
tenga un mayor control al momento de proferir sus fallos a para que no generan
perjuicios graves a sus trabajadores, por lo tanto, generan mayor congestión
judicial por casos como este y muchos más.

4. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

5. El señor Baudilio Cárdenas Méndez se vinculó al municipio de Chía en carrera
administrativa, en el cargo de celador, nivel 7, código 7, grado 17; y fue retirado por
supresión del empleo, mediante el Decreto 308 de 25 de junio de 2019. Su
desvinculación, tuvo lugar a partir del 1º de enero de 2020

6. Previa elección del exservidor de carrera, mediante la Resolución 745 de 28 de febrero
de 2020, el municipio reconoció y ordenó el pago a su favor de $85.323.923, por concepto
de indemnización.

7. Posteriormente, el señor Baudilio Cárdenas Méndez ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que declarara la nulidad de los actos
administrativos que dispusieron la supresión del cargo que desempeñaba y su
consecuente retiro del servicio.

8. Del proceso con radicado 25899-33-33-003-2021-00002-00/01, conoció en primera
instancia el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, que negó las pretensiones con
sentencia del 30 de junio de 2023.

9. Contra dicha decisión el actor interpuso el recurso de apelación, que se resolvió
desfavorablemente mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

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Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez

10. Inconforme el proveído, el señor Baudilio Cárdenas Méndez interpuso el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por considerar que el Tribunal accionado
desconoció el criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
providencia de 13 de diciembre de 2007 (radicado 50001-23-31-000-2001-00418-01); y
la SU-055 de 2018, la C-356 de 1994, la C-250 de 2013, la C-503 de 2020, la C-172 de
2021 y la SU-874 de 2014 de la Corte Constitucional.

11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó el recurso
mediante auto del 6 de marzo de 2025, bajo el argumento de que las providencias
invocadas no tienen la connotación de sentencias de unificación.

12. El señor Cárdenas Méndez considera que las providencias en cita desconocen sus
garantías fundamentales, en especial el derecho de igualdad, dado que en el caso del
señor Oscar Armando Sandoval, de contornos similares al suyo, tanto el Juez Segundo
Administrativo de Zipaquirá, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, accedieron a las súplicas de la demanda.

B. Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 21 de mayo de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia inadmitió la solicitud de amparo, dado que el actor no precisó en las
pretensiones la orden a emitir contra las autoridades judiciales accionadas, y además,
citó varias autoridades administrativas y judiciales, sin identificar en qué consistía la
vulneración atribuida.

14. Una vez subsanado el libelo inicial, mediante auto del 5 de junio de 2025, se admitió
la acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el Juzgado
Primero Administrativo de Zipaquirá y el municipio de Chía (Cundinamarca).

15. El magistrado de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
ponente de la decisión judicial cuestionada, solicitó que se declare la improcedencia de
la tutela ante la ausencia de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

16. Resaltó que la parte actora no agotó el recurso de reposición que procedía contra el
auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, de
conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 246 del CPACA. Aunado a ello,
indicó que la solicitud de amparo no cumple con la carga argumentativa mínima que la
jurisprudencia constitucional exige en estos casos.

17. Con todo, si en gracia de discusión se tuvieran por superados los requisitos generales
de procedencia, lo cierto es que no se configura defecto especial alguno que amerite la
intervención del juez de tutela, teniendo en cuenta que en este caso, la decisión de
rechazar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se sustentó
suficientemente en el artículo 258 del CPACA, que señala que ese mecanismo solo
procede cuando se alega el desconocimiento de una providencia de unificación, situación
que no ocurrió en esta ocasión, dado que las sentencias invocadas no ostentaban esa
naturaleza.

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18. El titular del Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá se refirió a los
antecedentes y al trámite surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento con
radicado 25899-33 33-003-2021-00002-00, que se adelantó en su despacho, con el fin
de señalar que no existe transgresión alguna, dado que todas las actuaciones se llevaron
a cabo de conformidad con los lineamientos procesales establecidos en la ley y con el
debido respeto de las garantías superiores, en especial, de los derechos de defensa y
contradicción.

19. El Municipio de Chía (Cundinamarca) intervino para señalar que no existe la
vulneración alegada por la parte actora, y que, en todo caso, la tutela no cumple los
requisitos generales de procedencia para cuestionar providencias judiciales.

20. En efecto, el accionante omitió interponer los recursos ordinarios de reposición y
súplica contra el auto que rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, tal como lo disponen expresamente los artículos 242 y 246 del CPACA.

21. Asimismo, el asunto carece de relevancia constitucional, dado que no se observa una
afectación directa y grave a un derecho fundamental que justifique la intervención
excepcional del juez constitucional, al contrario, se advierte que la inconformidad del
accionante, gira en torno a aspectos netamente legales o procesales que ya fueron
objeto de discusión en el proceso ordinario.

22. Aunado a ello, estimó que la tutela no tiene la carga argumentativa necesaria exigida
para controvertir providencias judiciales.

C. Fallo impugnado

23. Mediante sentencia del 26 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la tutela interpuesta por el señor Baudilio Cárdenas Méndez, dado
que no cumple los requisitos generales para censurar una providencia judicial, de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.

24. En primer lugar, señaló que, en lo que concierne a la autoridad demandada municipio
de Chía, la tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, como quiera que
el actor se limitó a identificarlo como demandado, pero no expuso los reproches en su
contra ni explicó por qué estima que dicho ente territorial incurrió en alguna actuación
vulneradora de sus garantías superiores. En consecuencia, declaró improcedente la
tutela en lo que atañe al Municipio.

25. Aunado a ello, la tutela no cumple el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que
se cuestiona la sentencia del 23 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que confirmó la providencia del 29
de mayo de ese mismo año, mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo de
Zipaquirá negó las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 2021-00001-00/01 instaurado por el señor Cárdenas Méndez. Esto en
consideración a que, la providencia de última instancia se notificó el 29 de mayo de 2024
y quedó ejecutoriada el 6 de junio del mismo año, y la tutela se interpuso hasta el 15 de
mayo de 2015.

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26. Es cierto que, con posterioridad el accionante ejerció el recurso extraordinario de
extensión de jurisprudencia, pero no es posible contabilizar el término de seis meses que
tenía para interponer la tutela, desde la fecha de ejecutoria del auto del 6 de marzo de
2025, que lo rechazó, porque esa decisión tuvo lugar en razón a la improcedencia del
mecanismo, dado que el interesado invocó providencias que no son de unificación.

27. Tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad, en lo concerniente al auto de 6
de marzo de 2025 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
habida consideración de que de conformidad con el numeral 3º del artículo 246 del
CPACA, el recurso de súplica procede contra el auto que rechace o declare desierto un
recurso extraordinario, mecanismo que no se agotó en este caso concreto.

28. Finalmente, el a quo advirtió que no se presentó justificación alguna para sobrepasar
el plazo para interponer la tutela y tampoco se evidenció alguna circunstancia que
conlleve a un perjuicio irremediable y que habilite la intervención del juez de tutela en
este caso.

D. Impugnación

29. El accionante realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el contencioso de
nulidad y restablecimiento del derecho de origen, y reprochó que el Juzgado Primero
Administrativo de Zipaquirá hubieran negado el decreto de las pruebas solicitadas, toda
vez que en su sentir, de haberlas valorado, otra hubiera sido la decisión, pues lo propio
ocurrió en el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá, en un caso de contornos
similares al presente, tramitado con el radicado 2021-00001-00.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

31. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado. Para tal efecto, en primer lugar, se deberá establecer si la tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia, en especial, los de subsidiariedad
y relevancia constitucional.

32. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo, con el fin de determinar si las
autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por el señor Baudilio Cárdenas Méndez.

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G. Análisis de la Sala

33. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión
de amparo constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa
judicial para la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se encuentra
reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia
constitucional3, los cuales, en general, insisten en la improcedencia de la tutela para
propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o instrumentos judiciales,
salvo que se acredite la falta de eficacia de esos mecanismos.

34. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para
satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez
de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el
amparo impetrado.

35. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

36. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable 4 , es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.

37. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.

38. En el asunto examinado, el señor Baudilio Cárdenas Méndez argumentó que las
autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, dado que
negaron las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra los actos administrativos que determinaron la supresión del cargo que
desempeñaba con derechos de carrera en el municipio de Chía (Cundinamarca), y su
consecuente desvinculación del servicio, pese a que en un caso de similares contornos
se acogió una decisión favorable a los intereses del empleado escalafonado.

3 Al respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se destacan

las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de 2019 y T-451 de
2022.
4 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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39. En efecto, se conoce en el expediente que, en el proceso con radicado 25899-33-33-
003-2021-00002-00/01, el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá negó las
pretensiones con la sentencia del 30 de junio de 2023, que posteriormente se confirmó
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con
fallo del 23 de mayo de 2024.

40. Inconforme con lo decidido, el accionante interpuso el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, que se rechazó mediante auto del 6 de marzo de 2025,
emitido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

41. Ahora bien, el artículo 61 de la Ley 2280 de 2021, por el cual se modificó el artículo
242 del CPACA, dispone:

ARTÍCULO 61. Modifíquese el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así:

Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los
autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se
aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.

42. A su turno, el artículo 66 del mismo estatuto, modificatorio del numeral 3º del artículo
246 del CPACA, estipula:

ARTÍCULO 66. Modifíquese el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así:

Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente:
(…)
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios;
los rechace o declare desiertos. (…)

43. Significa lo anterior que contra el auto del 6 de marzo de 2025, emitido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, procedían los recursos de
reposición y de súplica, este último, podía interponerse directamente o en subsidio de la
reposición, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que
negara total o parcialmente la reposición.

44. Consultado el expediente en la plataforma SAMAI5, se advierte que el señor Baudilio
Cárdenas Méndez no agotó dichos mecanismos, sino que acudió directamente a la
solicitud de amparo, proceder que desconoce abiertamente el carácter residual de la
acción constitucional y por consiguiente, tal y como lo señaló el a quo, el requisito de
subsidiariedad no se satisface en el caso concreto.

45. Lo anterior, evidencia el interés de la parte actora de utilizar esta acción constitucional
como medio de defensa principal, dejando de lado los mecanismos ordinarios que tenía
a su alcance para garantizar los derechos fundamentales que estima vulnerados. De ahí
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la improcedencia de la acción
declarada en primera instancia.

5 Radicado 25899333300320210000201.

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46. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad cuando se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite la intervención
urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como mecanismo transitorio,
sin embargo, en el caso particular no se advierte tal afectación.

47. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del
perjuicio.

48. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero
siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser atentados a los
derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se presenta en este caso.

49. Nótese que en la impugnación el señor Cárdenas Méndez insiste en que las
providencias judiciales censuradas desconocen sus derechos fundamentales porque en
otro caso de contornos similares se accedió a las súplicas de la demanda.

50. No obstante, de ese reproche general y desprovisto de toda carga no es posible inferir
un riesgo cierto, o la ocurrencia de daños reales que a la postre resulten irreparables, de
forma tal que, no se evidencia la necesidad de la intervención urgente del juez de tutela,
a fin de procurar la protección de las garantías superiores invocadas.

51. A contrario sensu, lo que se acentúa es el interés de la parte actora de utilizar la
acción de tutela como mecanismo principal, con lo que se desconoce el carácter residual
y subsidiario del mecanismo constitucional.

52. Relevancia constitucional

53. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

54. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 6 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

55. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que la tutela no cumple con la carga
argumentativa mínima exigida para censurar providencias judiciales.

6 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215

de 2022 de la Corte Constitucional.

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56. En efecto, aunque el actor se encuentra inconforme con las providencias judiciales
emitidas en primera y segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25899-33-33-003-2021-00002-00/01, lo cierto
es que no explicó suficientemente en qué consiste la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

57. El desacuerdo con las providencias judiciales es evidente, pero los argumentos
expuestos no cuentan con la suficiente carga para que el juez de tutela realice el estudio
de fondo.

58. Nótese que el el señor Baudilio Cárdenas Méndez se limitó a señalar que las
autoridades judiciales demandadas vulneraron sus garantías porque negaron las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra
los actos administrativos que determinaron la supresión del cargo que desempeñaba en
el municipio de Chía (Cundinamarca), pese a que en un caso de contornos similares7, el
Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá acogió una decisión favorable a los
intereses del señor Oscar Armando Sandoval.

59. No obstante, la parte actora no expuso cuál es el vicio o defecto en el que incurrieron
los jueces naturales de la causa, no explicó por qué su caso es idéntico al del señor
Sandoval y, tampoco determinó en qué forma se materializa la violación invocada en el
caso concreto.

60. Recuérdese que esta Corporación ha señalado que quien ejerce la acción de tutela
contra una providencia judicial no puede conformarse con identificar de manera escueta
alguna de las causales específicas de procedencia, sino que es necesario que tal
señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea producto de un
discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás
de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen
fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra
las providencias judiciales8.

61. Conforme al análisis expuesto, la Subsección concluye que la presente solicitud de
amparo deviene en improcedente, dado que no satisface los requisitos generales de
subsidiariedad y relevancia constitucional, como lo consideró el fallador de primera
instancia, razón por la cual, confirmará la providencia impugnada.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, por las razones esgrimidas en esta sentencia.

7 Radicado 2021-00001-00.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02918-01
Demandante: Baudilio Cárdenas Méndez

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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