Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02919-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02919-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02919-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02919-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B” y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, la tutela judicial efectiva, el buen nombre y el
patrimonio. Solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato.
Decisión: Revocar el fallo de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 1 de julio
de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
mediante la cual se negó la acción de tutela de la referencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que la señora Nidia Emilce
Rivera Cruz interpuso acción de tutela2 en contra de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, en adelante UARIV, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición. El Juzgado Cuarenta y
Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda mediante
providencia del 22 de enero de 20243 tuteló el derecho invocado y dispuso:
«SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que, dentro de un
término no mayor a 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, a
través del método técnico de priorización, otorguen turno de fecha cierta para
el pago de la indemnización administrativa, teniendo en cuenta la garantía del plazo
razonable, completo y oportuno en concordancia con la situación de vulnerabilidad
1
Presentada el 15 de mayo de 2025 y remitida a primera instancia el 12 de junio de esta anualidad.
2
El 11 de enero de 2024
3
Índice 8 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
de la accionante y el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho victimizante
(…) » Negrillas y subrayas de la Sala.
3. La UARIV impugnó4 la decisión, pero el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 15 de febrero de 20245, confirmó el
fallo del a quo.
4. La parte actora manifestó que remitió una respuesta el 29 de febrero de
20246, indicando que tras aplicar el Método Técnico de Priorización conforme
a la Resolución 1049 de 2019, no era procedente entregar la indemnización
en la vigencia 2024, ya que la señora Nidia Emilce Rivera Cruz no alcanzó
el puntaje mínimo ni acreditó los criterios de priorización.
5. En consideración a lo anterior, el Juzgado 47 ya referido, mediante auto del
4 de marzo de 20247, impuso a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su
calidad de directora de la Dirección Técnica de Reparación de la UARIV, una
sanción de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por el
incumplimiento del fallo.
6. El ad quem confirmó la sanción el 7 de marzo de 20248, siendo notificada el
día 14 del mismo mes y año. La parte actora sostuvo que el 4 de abril de 2024
la UARIV presentó solicitud de inaplicación de la sanción, reiterando la
imposibilidad de cumplimiento por razones técnicas y presupuestales, pero
esta fue negada mediante auto del 14 de mayo de 20249.
7. Posteriormente, la accionante adujo que se presentaron de manera reiterada,
solicitudes de inaplicación de la sanción, las cuales fueron negadas10 por el
Juzgado 47, que indicó, se estuvo a lo resuelto mediante los autos del 30 de
mayo y 21 de junio de 2024, tal como lo ratificó en el Auto del 27 de marzo
de 202511. Adicionalmente, en este último auto, ante la renuncia de la señora
Alfaro Yara a su cargo en la UARIV, el juzgado decidió desvincularla del
trámite incidental y vinculó al señor Jesús Leandro Tarazona Moncada.
4
La impugnación se fundamentó, principalmente, en la vulneración del debido proceso administrativo y del principio
de igualdad, al ordenar el pago anticipado de la indemnización sin respetar el procedimiento reglamentado en la
Resolución 1049 de 2019. La UARIV sostuvo que actuó conforme a la normativa vigente y que el término de 48
horas impuesto era del todo desproporcionado para cumplir la orden, aunado a que la tutelante no acreditó
un perjuicio irremediable. Índice 10 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00.
5
Índice 3 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-01. El Tribunal confirmó el fallo del a quo, al
concluir que la UARIV vulneró el debido proceso de la accionante por responder con fórmulas genéricas y sin
claridad sobre el pago de la indemnización reconocida. Indicó que, aunque en el fallo de primera instancia no se
ordenó fijar una fecha exacta para el pago, si se exigió que se diera una respuesta transparente que informara si
el desembolso estaba presupuestado, y se respetara el turno asignado. Lo anterior, en la medida en que la
solicitud de cancelación de la indemnización no debía convertirse en un hecho revictimizante para la parte actora
dada su condición de vulnerabilidad, ni postergarse indefinidamente.
6
Índice 26 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00.
7 7
Índice 27, ibidem
8
Índice 30 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00. El Tribunal confirmó la decisión por la cual
se declaró en desacato a la accionante y se le impuso una sanción, al ser la funcionaria competente de la UARIV,
porque consideró que se incumplió sin justificación, la orden de responder de forma clara y oportuna la petición de
la señora Nidia Emilce Rivera Cruz y no se le dio respuesta a los requerimientos realizados por el a quo sobre el
asunto.
9
En el que señaló que la respuesta de la UARIV no cumplía con lo ordenado, al no establecer un turno con fecha
cierta ni justificar adecuadamente la demora en el pago, pese a que habían transcurrido más de cuatro años desde
el acto administrativo de reconocimiento.
10
Indicando que la comunicación enviada por la UARIV no constituía una respuesta efectiva a la petición de la
señora Rivera Cruz, ni cumplía con las órdenes judiciales de primera y segunda instancia.
11
Índice 60 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00
2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
8. Mediante auto del 30 de abril de 2025, el Juzgado negó otra solicitud
presentada por la UARIV encaminada a inaplicar la sanción y/o modular el
fallo, argumentando que no se acreditó ninguna circunstancia que justificara
la imposibilidad de cumplimiento de este. El a quo señaló que no podía
intervenir en labores administrativas de la entidad, y que la falta de acciones
concretas por parte de la UARIV impedía cualquier modulación de la orden
impartida12.
9. De la revisión del expediente, se advierte que finalmente, mediante auto
fechado el 13 de mayo de 202513, el Juzgado ordenó con relación a la
sanción impuesta a la señora Alfaro Yara lo siguiente:
« OCTAVO: Remítase al Consejo Superior de la Judicatura constancia de ejecutoria
para el cobro coactivo de la sanción impuesta mediante providencia del 4 de
marzo del 2024 mediante la cual se SANCIONÓ a la señora SANDRA VIVIANA
ALFARO YARA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.842.454, ex Directora
de la Dirección Técnica de Reparación de la Unidad para las Víctimas, con multa de
tres (3) SMMLV, por el incumplimiento al fallo de tutela de primera instancia
proferido por este Despacho el 22 de enero de 2024. (…)» (Negrillas y subrayas
de la Sala)
2.2. Fundamentos jurídicos
10. La parte actora alegó la existencia de un defecto fáctico, derivado de la
indebida valoración del material probatorio por parte de las autoridades judiciales.
Señaló que estas omitieron considerar de manera razonada y objetiva
documentos relevantes como la resolución que reconoció la medida de
indemnización administrativa, el oficio de no favorabilidad emitido por la UARIV y
las explicaciones sobre el procedimiento administrativo previsto en la Resolución
1049 de 201914.
11. Censuró que esta omisión impidió constatar el cumplimiento del fallo de
tutela y desconoció el debido proceso, afectando el principio de igualdad entre
las víctimas del conflicto armado.
12. Asimismo, reprochó la existencia de un desconocimiento del precedente
contenido en la Sentencia SU-034 de 201815 de la Corte Constitucional, que
adujo, estableció reglas claras para que los jueces de tutela de primera instancia
modulen el cumplimiento del fallo, especialmente en lo relativo al pago de una
indemnización administrativa.
13. La accionante indicó que, pese a que la UARIV solicitó la modulación del
12
Asimismo, desvinculó al señor Tarazona Moncada por su renuncia al cargo y vinculó a las señoras Lilia Solano
Ramírez directora general de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas y Zoraida Hernández
Pedraza, directora de la Dirección Técnica de Reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
13
Índice 68 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00. Registrado el 14 de mayo de 2025.
14
Resolución 1049 de 2019 expedida por la UARIV, «por lo cual se adopta el procedimiento para reconocer y
otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se derogan las
Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones».
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018, MP Alberto Rojas Ríos.
3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
cumplimiento del fallo, esta fue negada sin considerar el precedente vinculante,
vulnerando el principio de igualdad y el carácter obligatorio de la jurisprudencia
constitucional.
14. Finalmente, indicó que existió un defecto por violación directa de la
Constitución, dado que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron el
precedente constitucional contenido en la Sentencia T-351 de 201116 y el Auto
206 de 201717, por lo que, al omitir estas directrices, se trasgredieron
directamente los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la
seguridad jurídica, la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe de la
parte actora.
15. La accionante sostuvo que la UARIV, en cumplimiento del fallo del 22 de
enero de 2024, informó acerca de la imposibilidad de asignar una fecha cierta
para el pago de la indemnización administrativa a la señora Nidia Emilce Rivera
Cruz, debido a los resultados del Método Técnico de Priorización aplicado el 8
de mayo de 2024, conforme a la Resolución 1049 de 2019. Además, indicó que
este método evalúa proporcionalmente el acceso a la indemnización según los
recursos disponibles en cada vigencia fiscal.
16. Afirmó que en el caso particular de la señora Rivera Cruz, se aplicó el
método precitado en el 2024, con respecto a los hechos de desplazamiento
forzado18 de los que fue víctima, pero el puntaje obtenido, equivalente a
32.9785, fue inferior al mínimo requerido de 40.6326. Señaló que, por la razón
anterior, no fue procedente la entrega de la medida indemnizatoria en esa
vigencia, aunque se reconoció su derecho a la reparación.
17. Expuso que la UARIV explicó a la señora Rivera Cruz y a las instancias
judiciales, que no podía indemnizar simultáneamente a todas las víctimas, pues
ello vulneraría el principio de igualdad. Sostuvo que, por ello, les señaló que se
adoptó el Método Técnico de Priorización, que complementa los criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad establecidos en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 y el artículo 1 de la Resolución 582 de 2021 19.
18. Asimismo, indicó que también aclaró que los resultados del método no
eran acumulables entre vigencias, por lo que la señora Rivera Cruz debía
someterse nuevamente al proceso técnico en los años siguientes, hasta obtener
un resultado favorable.
19. En ese sentido, sostuvo que la UARIV manifestó que no puede asignar
turnos con fecha cierta sin que se cumpla con el procedimiento técnico y
16
Corte Constitucional, Sentencia T-351 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva. - En la que esta corporación
reafirma la obligatoriedad de sus fallos para garantizar la supremacía normativa de la Constitución y la igualdad
en su interpretación-.
17
Corte Constitucional, Auto 206 de 2017, MP Gloria Stella Ortiz Delgado. – En la que se ordena a la UARIV
reglamentar el procedimiento de indemnización administrativa con criterios objetivos y plazos definidos.
18
Seguidos bajo los radicados 268343-1305604 y 36734-164495)
19
Resolución 582 de 2021 expedida por la UARIV, «por la cual se modifica la Resolución 1049 de 2019 en lo que
tiene que ver la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad en virtud de la edad y se dictan otras
disposiciones.»
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
presupuestal establecido. Asimismo, indicó que, si la señora Rivera Cruz
acreditaba una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, podía
solicitar la priorización de su caso20
20. Finalmente, la exfuncionaria de la UARIV recordó que la Resolución 1049
de 2019 fue expedida en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el
DNP, estableciendo un procedimiento objetivo y transparente para la entrega de
la indemnización administrativa, el cual debe ser respetado para garantizar el
debido proceso.
2.3. Pretensiones
21. La parte accionante solicitó:
«(…) PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CUARENTA Y SIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA, inaplicar la sanción impuesta a la suscrita, a través de auto
fechado del 04 de marzo de 2024, confirmada en auto de fecha 07 de marzo
de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN B, consistente en multa equivalente a tres
(03) SMLMV, contra la suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CUARENTA Y SIETE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las
solicitudes de inaplicación de la sanción presentada por parte de la Unidad
para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro del trámite
sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA que comunique
a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa impuesta en
auto del 04 de marzo de 2024, que la misma se ha levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y
atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia
aplicable al caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA –
SUBSECCIÓN B, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente
a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.».
(Sic a toda la cita) Negrillas y subrayas de la Sala.
20
Enviando la documentación correspondiente al correo documentación@unidadvictimas.gov.co, conforme a las
rutas de ingreso previstas en la normativa vigente.
5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
2.4. Intervenciones
22. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado mediante auto del 20 de mayo de 202521, a través del cual se
ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo
del Circuito de Bogotá como accionados y a la señora Nidia Emilce Rivera Cruz,
dado que promovió el incidente de desacato, como tercero con interés en el
resultado del proceso.
23. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
para lo de su competencia y negó la medida provisional solicitada por la parte
actora.
2.4.1. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá,22
a través de su titular, sostuvo que las decisiones adoptadas en el trámite de tutela
y el incidente de desacato se fundamentaron en un análisis riguroso de los
hechos, pruebas y normativa aplicable al asunto, y se garantizó el debido proceso
de la accionante.
24. Indicó que la sanción impuesta tuvo sustento en la omisión de
cumplimiento de la orden judicial, sin que se acreditaran razones objetivas que
exoneraran a la funcionaria objeto de reproche. Citó la Sentencia C-948 de
200223 para definir la culpa grave como la inobservancia del cuidado exigible a
quien ejerce funciones públicas, lo que sostuvo, reforzaba la responsabilidad
disciplinaria de la señora Alfaro Yara en este caso.
25. La autoridad judicial expuso que la UARIV vulneró los derechos
fundamentales de la señora la señora Rivera Cruz, al no informar una fecha cierta
para el pago de la indemnización, dejando a la víctima en una incertidumbre
prolongada. Consideró que el uso reiterado de argumentos con relación a la falta
de presupuesto no justificaba el incumplimiento, y que la sostenibilidad fiscal no
podía ser excusa para desconocer los derechos reconocidos mediante un acto
administrativo.
26. Finalmente, concluyó que la acción de tutela interpuesta para controvertir
la sanción carecía de relevancia constitucional, pues buscaba revocar decisiones
judiciales en firme, pretendiendo constituirse como una tercera instancia, por lo
que debía declararse su improcedencia.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta
Subsección “B”24, a través de la magistrada Carmen Amparo Ponce Delgado
indicó que el 6 de febrero de 2024 la señora Nidia Emilce Rivera Cruz solicitó
iniciar incidente de desacato contra la UARIV por el incumplimiento del fallo de
tutela del 22 de enero de 2024.
21
Índice 4 del aplicativo SAMAI.
22
Índice 11 del aplicativo SAMAI.
23
Corte Constitucional, Sentencia C-948 de 2022, MP Álvaro Tafur Galvis.
24
Índice 9 del aplicativo SAMAI.
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
27. Sostuvo que el 4 de marzo de 2024 el a quo sancionó a la funcionaria con
multa de tres (3) SMMLV, al considerar que no se acreditó cumplimiento de la
orden judicial. Adujo que, en sede de consulta, el Tribunal confirmó la sanción el
7 de marzo de 2024, al evidenciar que no se allegaron pruebas que demostraran
la ejecución material de la orden impartida en la sentencia de tutela del 22 de
enero de 2024, por lo que la sanción fue confirmada conforme a derecho.
28. Finalmente, el Tribunal aclaró que el juez competente para evaluar la
inaplicación de la sanción es el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, y que dicha
solicitud solo procede si el sancionado demuestra haber cumplido la orden
judicial, por lo que solicitó declarar la desvinculación de esa corporación del
trámite, al no estar legitimada en la causa por pasiva.
2.4.2. La señora Nidia Emilce Rivera Cruz, quien promovió el trámite incidental
de desacato, guardó silencio, al igual que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.4.3. No se presentaron más informes.
2.4. Sentencia impugnada25
29. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
providencia del 1 de julio de 2025, consideró que la acción cumplió con los
requisitos generales de procedencia para su interposición.
30. Con relación a la inmediatez, indicó que, pese a que la sanción y su
confirmación fueron proferidas en el 2024, la última decisión respecto al trámite
incidental se profirió el 27 de marzo de 2025, negando la inaplicación de la
sanción y desvinculando26 del trámite incidental a la accionante, así como
vinculando a este al nuevo funcionario competente27, por lo que consideró que la
acción se interpuso en un término razonable.
31. Adicionalmente, la primera instancia concluyó que, al momento de
interponer la tutela,28 la sanción ya no estaba vigente contra la señora Alfaro
Yara, pues había sido formalmente desvinculada del trámite, por lo que, al
no existir una vulneración actual de sus derechos fundamentales, decidió negar
las pretensiones de la acción de tutela.
32. No obstante, precisó que, si en el futuro se intentara ejecutar el cobro de la
sanción contra la señora Alfaro Yara, ella podría acudir nuevamente a la tutela
para solicitar protección de sus derechos fundamentales.
25
Índice 17 del aplicativo SAMAI
26
Teniendo en cuenta que su renuncia fue aceptada por la UARIV mediante Resolución 03061 del 9 de agosto de
2024
27
El señor Jesús Leandro Tarazona Moncada, quien fue nombrado en el cargo que ocupaba la accionante.
28
El 15 de mayo de 2025.
7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
2.5. Impugnación
33. La parte accionante reiteró lo planteado en su escrito inicial, en particular,
respecto a que la orden judicial de fijar una fecha cierta para el pago de la
indemnización administrativa desconoció el procedimiento establecido en la
Resolución 1049 de 2019, expedida en cumplimiento del Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional, el cual define fases, rutas y criterios técnicos de priorización
que garantizan el debido proceso, la igualdad y la sostenibilidad fiscal.
34. En ese sentido, adujo que en el caso de la señora Nidia Emilce Rivera
Cruz, la UARIV aplicó el Método Técnico de Priorización conforme a dicho
reglamento, obteniendo un puntaje inferior al mínimo requerido, lo que impidió
programar el pago de la indemnización, por lo que exigir una fecha cierta sin
considerar el sistema de priorización, coloca al servidor público en una
encrucijada entre cumplir la tutela o respetar el procedimiento legal, afectando
derechos de otras víctimas en condiciones similares o más graves.
35. La accionante expuso nuevamente, que conforme a las resoluciones29 de
la entidad, la indemnización administrativa se entrega conforme a criterios de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, o según el resultado del método
técnico, que se aplica anualmente sin ser posible su acumulación; por lo que, en
este caso, al no cumplir los criterios ni alcanzar el puntaje mínimo, no era
jurídicamente posible asignar una fecha cierta para el desembolso, conforme a
la disponibilidad presupuestal.
36. La parte actora reiteró que la UARIV no desconoció el derecho de la
señora Rivera Cruz, pero debía garantizar igualdad en el acceso a la
reparación económica. Adujo que actuó conforme a la normativa vigente,
respondió la petición en los términos establecidos y no incurrió en rebeldía ni
omisión ni en desobediencia alguna, toda vez que la imposibilidad de
cumplimiento fue objetiva, técnica y legal, y no se valoró adecuadamente por
parte de las autoridades judiciales la responsabilidad subjetiva de la funcionaria
en el incidente de desacato.
37. Finalmente, solicitó revocar la decisión de primera instancia toda vez que,
aunque el juzgado la desvinculó del trámite incidental mediante el auto del 27 de
marzo de 2025, no accedió a inaplicar la sanción que le fue impuesta
previamente, por lo que la misma se encuentra vigente y sirvió de base para
iniciar cobro coactivo donde le fue notificado mandamiento de pago del 28 de
febrero de 202530, a pesar de haber renunciado a su cargo el 12 de agosto de
2024.
38. La accionante consideró que el juzgado no valoró adecuadamente su
desvinculación funcional ni la imposibilidad jurídica de cumplir la orden judicial,
pues ya no tiene competencia para ejecutar el fallo, por lo que consideró que la
29
Invocó el artículo 4 de las Resolución 1049 de 2019 y el artículo 1 de la Resolución 582 de 2021 proferidos
por la UARIV.
30
Mediante oficio DEAJGCC25-1831, visible en el documento de impugnación, índice 22 del aplicativo SAMAI.
8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
sanción persiste injustamente, sin tener en cuenta que el cumplimiento depende
de la entidad y no de una funcionaria que ya no ejerce el cargo, por lo que esta
situación trasgredió sus derechos fundamentales, al mantener una sanción que
no corresponde a su realidad administrativa.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
39. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
40. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Cuarta, Subsección “B”, trasgredieron los derechos fundamentales al
debido proceso, la tutela judicial efectiva, el buen nombre y el patrimonio de la
accionante, con ocasión de los defectos: fáctico, por desconocimiento del
precedente y por violación directa de la Constitución en las providencias del 4 de
marzo de 2024, que sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara por
desacato, y del 7 de marzo de 2024, que confirmó la anterior decisión, proferidas
por las autoridades judiciales, dentro del medio de control de tutela con radicado
11001-33-42-047-2024-00002-00/01/02.
41. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de inmediatez, cuyo
cumplimiento se encontró acreditado en primera instancia.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
42. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
43. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
44. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4. Del requisito de inmediatez
45. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que
la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos31». Negrillas de la Sala.
46. Adicionalmente también ha precisado:
«[…] Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término
de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso
de las providencias judiciales, desde que quedó en firme32. […] ». Negrillas
y subrayas de la Sala.
47. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un
plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y
eficaz de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
48. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses,
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo
32
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019, MP Alejandro Linares Cantillo, citando entre otras las
sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»33
3.5. Caso concreto
49. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a
determinar si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció
oportunamente, es decir, si se cumple con el requisito de inmediatez.
50. Ahora bien, la Sala de entrada advierte que revocará la providencia del a
quo, toda vez que las pretensiones de la acción de tutela se orientaron
específicamente a lo siguiente:
«(…) se ORDENE al JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, inaplicar la
sanción impuesta a la suscrita, a través de auto fechado del 04 de marzo
de 2024, confirmada en auto de fecha 07 de marzo de 2024 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA –
SUBSECCIÓN B, consistente en multa equivalente a tres (03) SMLMV, contra
la suscrita.» Negrillas y subrayas de la Sala.
51. Visto lo anterior, la parte actora pretende que se inaplique una sanción
que fue proferida por el juzgado referido el 4 de marzo de 2024 y fue confirmada
por el superior el 7 de marzo de esa anualidad, por lo que es evidente, como lo
advirtió inicialmente el a quo, que las decisiones reprochadas ya cobraron
ejecutoria y no se interpuso la acción de tutela dentro de los seis meses
siguientes.
52. Ahora bien, contrario a lo que pareció inferir la primera instancia, las
solicitudes reiteradas de inaplicación de la sanción presentadas por la
accionante, a diferencia de las solicitudes de aclaración o corrección a las
providencias, no tienen la virtualidad de interrumpir los términos para la
interposición de la acción de tutela, por lo que es claro que, con respecto a los
autos reprochados en sede constitucional, el requisito de inmediatez no se
cumple.
53. Adicionalmente, la parte actora solicitó lo siguiente:
«(…) Se ORDENE al JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA, proferir una nueva
decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción
presentada por parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos
relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite
de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206
de 2017 de la Corte Constitucional.» Negrillas de la Sala.
54. De lo anterior, se colige que la accionante solicitó que se ordenara a
la autoridad accionada proferir una nueva decisión que estudiara de fondo
sus múltiples solicitudes de inaplicación de la sanción.
33
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 05 de agosto de 2014, MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
55. No obstante, al revisar el expediente, se puede advertir que el Juzgado 47
profirió varias decisiones respecto a sus solicitudes, entre las cuales se
encuentra una reciente citada por la primera instancia, del 27 de marzo de 2025,
que la desvinculó del trámite incidental, pero decidió no inaplicar la sanción y otra
del 30 de abril de 2025, que negó otra solicitud presentada por la UARIV
encaminada a inaplicar la sanción y / o modular el fallo, frente a las cuales, la
parte actora no presentó ningún reparo puntual ni precisó cuál de ellas considera
trasgresora de sus derechos fundamentales para su estudio en sede
constitucional.
56. En ese entendido, la inmediatez no admite interpretaciones subjetivas ni
extensiones arbitrarias, por lo que la inferencia del a quo respecto a que se
estaban atacando providencias posteriores, cuando los actos reprochados se
plantearon de manera expresa en las pretensiones, no tiene asidero alguno, pues
permitir que la inmediatez se flexibilice sin justificación válida abriría la puerta a
abusos procesales y desnaturalizaría la función de la acción de tutela como
mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, en desmedro
también de la seguridad jurídica.
57. La siguiente pretensión fue:
«(…) ORDENAR al JUZGADO CUARENTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa impuesta en
auto del 04 de marzo de 2024, que la misma se ha levantado con ocasión a la
acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y
atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia
aplicable al caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.»
Negrillas de la Sala.
58. Con respecto a solicitud previa, de la revisión del expediente, se advierte
que mediante auto fechado el 13 de mayo de 202534, el Juzgado ya remitió al
Consejo Superior de la Judicatura la constancia de ejecutoria para el cobro
coactivo de la sanción impuesta. Así las cosas, la ejecutoria de los autos del 2024
ya mencionados, implica que la sanción por desacato ya quedó en firme.
59. En razón a lo anterior, presentar la acción de tutela el 15 de mayo de
2025, cuando las providencias censuradas ya produjeron todos sus efectos
jurídicos, no es de recibo alguno y reafirma la improcedencia de la acción pues
contradice el carácter excepcional y urgente de la tutela.
60. En consecuencia, la acción de tutela será declarada improcedente por
incumplir con el requisito de inmediatez, toda vez que la jurisprudencia
constitucional ha sido clara frente a que la tutela debe interponerse en un plazo
razonable: desde el momento en que se tiene conocimiento del acto que vulnera
derechos fundamentales.
34
Índice 68 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-42-047-2024-00002-00. Registrado el 14 de mayo de 2025.
12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
61. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional se ha
pronunciado en múltiples ocasiones como se observa a continuación:
«[…] “La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: (i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes. “La inactividad
injustificada desvirtúa el carácter urgente de la tutela y afecta la seguridad
jurídica y los derechos de terceros35”. […] ». Negrillas y subrayas de la Sala.
62. Así las cosas, al instaurarla posteriormente, se torna transparente que se
superó el término previsto por la jurisprudencia constitucional de 6 meses, sin
evidenciar condiciones de vulnerabilidad alguna, que permitan flexibilizar el
término.
63. En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga
de la argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera
proporcional a la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción
de tutela y el momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en
ausencia de justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las
decisiones judiciales y consolida los efectos de la sentencia36.
64. Es importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que
si se está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar
su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada
para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes
bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.
65. Por lo expuesto, encuentra la Sala que en el presente asunto no se cumple
con el requisito de inmediatez, razón por la cual se revocará la sentencia del 1
de julio de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 1 de julio de 2025
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que negó
las pretensiones de la acción de tutela, para en su lugar,
Segundo: Declarar la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito
de inmediatez.
35
Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria Sáchica Méndez
36
Corte Constitucional Sentencia SU-184 de 2019, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.
13
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02919-01
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
14
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.