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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02937-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02937-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Gilberto Alarcón Fajardo, al no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para 12 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001 03 15 000 2025 02937 00 Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02937-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de junio de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02937 00
Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Expediente: 11001 03 15 000 2025 02937 00
Accionante: Gilberto Alarcón Fajardo
Accionados: Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja
y Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión Cuarta
Tesis: No cumple con el requisito de relevancia constitucional frente a los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la acción de tutela que
versa sobre un asunto meramente legal y económico y en la que se pretende abrir
el debate de instancia.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Gilberto Alarcón Fajardo
en contra del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja
y Tribunal Administrativo de Boyacá Sala de Decisión Cuarta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Gilberto Alarcón Fajardo actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Tunja y la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la justicia, a la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial. Lo
anterior, con ocasión del auto del 18 de julio de 2024, mediante el cual el citado
Juzgado rechazó la demanda, y del proveído del 29 de abril de 2025, a través del
cual el Tribunal confirmó dicha decisión, dentro del trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 15238-3333-003-2023-00157-
00/01.

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Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:

“IV. PRETENSIONES:

Por los hechos expuestos, con todo comedimiento solicito en sede
constitucional disponer y ordenar a la parte accionada y a mi favor, lo siguiente:

Tutelar el derecho fundamental de: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL y, en consecuencia, se ordene que en un término no mayor a 48
horas, se deje sin efecto las decisiones: auto de fecha dieciocho (18) de julio de
dos mil veinticuatro (2024), mediante el cual se rechazó la demanda; y el auto
de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veinticinco (2025), mediante el cual
se confirmó la decisión anterior, dentro del expediente de Nulidad y
Restablecimiento de derechos No. 152383333003-202300157-00 para
Reliquidación de prestaciones sociales de servidor judicial incluyendo la
bonificación judicial como factor salarial, y en su lugar,

2. Se ordene dar el trámite que corresponda a la calificación de la reforma de la
demanda conforme a las consideraciones que a bien tenga esa corporación.”1.

1.2. Como fundamento de su solicitud, en el apartado de hechos indicó que el 21
de septiembre de 2023 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Rama Judicial, con el propósito de que se anulara el acto administrativo ficto
o presunto mediante el cual se negó el carácter salarial de la bonificación judicial
establecida en el Decreto 383 de 2013.

Señaló que el proceso fue repartido al Juzgado Administrativo 404 Transitorio de
Tunja. Este despacho, mediante providencia del 14 de junio de 2024, inadmitió la
demanda y solicitó la acreditación del agotamiento de los recursos ordinarios en vía
administrativa, respecto de un acto administrativo que no había sido objeto de
impugnación y que había aportado en el escrito introductorio de manera errada, esto
es, el Oficio DESAJTUO22-4329 del 14 de octubre de 2022.

Indicó que, dentro del término de ejecutoria del auto inadmisorio, presentó escrito
de reforma de la demanda, dado que la administración ya había emitido
pronunciamiento de fondo mediante el Oficio DESAJTUO23-4972 del 17 de octubre
de 2023, lo que hacía innecesaria la demanda contra el acto ficto derivado del
silencio administrativo.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

Expuso que el citado Juzgado, mediante auto del 18 de julio de 2024, rechazó la
demanda al considerar que no se había presentado escrito de subsanación dentro
del término legal concedido. Asimismo, concluyó que el escrito de reforma
correspondía a una etapa procesal posterior al control de admisibilidad.

Señaló que, contra dicha decisión, interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación, sustentando tres argumentos principales: (i) que el artículo 173 del CPACA
permite adicionar, aclarar o modificar la demanda por una sola vez hasta el
vencimiento de los diez días siguientes al traslado, sin restringir el momento inicial en
que puede presentarse, por lo que no existe impedimento legal para hacerlo antes de
la admisión; (ii) que, si bien el Consejo de Estado ha precisado el término final para
presentar reformas, dichas decisiones no eran aplicables al caso concreto, ya que el
debate giraba en torno a la posibilidad de presentar la reforma antes del auto
admisorio; y (iii) que con la reforma se subsanó cualquier eventual irregularidad, toda
vez que la inadmisión se fundó en un anexo erróneo, que no guardaba relación con la
petición radicada el 7 de febrero de 2023.

Afirmó que, mediante auto del 29 de abril de 2025, la Sala de Decisión Cuarta del
Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó el rechazo de la demanda, configurando,
a su juicio, una vía de hecho por defecto procedimental absoluto y exceso ritual
manifiesto. Indicó que dicha decisión omitió pronunciarse sobre los argumentos
expuestos en torno a la interpretación del artículo 173 del CPACA, particularmente
sobre la posibilidad de presentar una reforma a la demanda antes del auto admisorio.

1.3. Indicó que en el presente asunto incurrió en un defecto procedimental ya que
aplicó de manera errónea el precedente fijado en la sentencia del 6 de septiembre de
2018, proferida dentro del proceso radicado 11001 03 24 000 2017 00252 00,
mediante la cual se unificaron los distintos criterios sobre el cómputo de los términos
establecidos en el artículo 173 del CPACA para la admisión de la demanda y que no
era aplicable a este asunto ya que ahí no se discutió desde cuando podía ser
reformada la demanda.

Aseveró que, en la sentencia del 23 de mayo de 2016, emitida con el numero de
radicado 11001 03 15 000 2016 01147 00, la Subsección B de la Sección Segunda

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del Consejo de Estado, determinó que la demanda podía ser radicada inclusive de
manera anterior a la admisión del libelo introductorio.

1.4. Aseveró que se incurrió en una interpretación errónea del literal c) del artículo
164 del CPACA, al considerar que había operado la caducidad respecto de las
prestaciones futuras. Sostuvo que el hecho de que existiera un acto administrativo que
negó sus acreencias laborales no extinguía su facultad de acudir a la jurisdicción para
reclamar prestaciones sucesivas, toda vez que dichas pretensiones se siguen
causando en el tiempo y, por tanto, no se encuentran cobijadas por el fenómeno de la
caducidad.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 16 de mayo de 20252 y allegado al
Despacho el 19 de mayo del mismo año3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 21 de mayo de
20254, en el que particularmente se ordenó notificar a al Juzgado 404 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Tunja y los Magistrados del Tribunal Administrativo
de Boyacá Sala de Decisión Cuarta y comunicar a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.3. El 29 de mayo de 20255, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó negar el amparo constitucional, argumentando que se configura una falta de
legitimación material en la causa por pasiva. Señaló que las decisiones adoptadas por
el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Boyacá se fundamentaron en normas legales y criterios jurisprudenciales vigentes,
respetando el debido proceso y las garantías procesales. Por tanto, no se configura
ningún defecto sustantivo, fáctico ni procedimental que justifique la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2 Visible a índice 1 ibídem.
3 Visible a índice 3 ibídem.
4 Visible a índice 4 ibídem.
5 Visible a índice 8 ibídem

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Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

2.4. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Tunja
mediante memorial del 30 de mayo de 20256, indicó que la acción de tutela no puede
ser utilizada como una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos conforme al
ordenamiento jurídico. Explicó, además, que la demanda fue inadmitida por falta de
prueba del agotamiento de la vía gubernativa, y que, en lugar de subsanar dicha
omisión, la apoderada del actor presentó una reforma procesalmente improcedente.
Ello, en contravía de lo dispuesto en el artículo 173 del CPACA y de la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado del 6 de septiembre de 2018, la cual precisa que la
reforma de la demanda solo puede presentarse dentro de los diez (10) días siguientes
al traslado de la demanda.

2.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en escrito del 4 de junio de 20257 alegó
que las afirmaciones de la tutela carecen de fundamento, toda vez que la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, proferida el 6 de septiembre de 2018
dentro del expediente 11001 03 24 000 2017 00252 00 y reiterada en decisiones
posteriores, establece con claridad que el término para reformar la demanda debe
contarse a partir del vencimiento del traslado a la entidad accionada, y no desde la
fecha de presentación del libelo introductorio, como equivocadamente lo plantea el
actor.

Agregó que, si el accionante pretendía reclamar prestaciones causadas en momentos
distintos, debió promover un nuevo medio de control o presentar una reforma de la
demanda dentro del término legal, conforme al artículo 173 del CPACA y a la referida
línea jurisprudencial.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la

6 Visible índice 9 ibídem
7 Visible índice 10 ibídem
8 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)

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Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El señor Gilberto Alarcón Fajardo presentó, el 21 de septiembre de 2023, una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, con el
fin de obtener la anulación del acto administrativo ficto o presunto que negó su
solicitud radicada bajo el número EXTDESAJTU23-1475 del 7 de febrero de 2023,
en la que pidió el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial y la
consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales.

Además, en los anexos de la demanda, se allegó copia del Oficio No.
DESAJTUO22-4329 del 14 de octubre de 2022, mediante el cual la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja negó la solicitud presentada
por el demandante, orientada a que se le reconociera la bonificación judicial como
factor salarial.

3.2.2. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Tunja inadmitió la demanda
mediante auto del 14 de junio de 2024, exigiendo la acreditación del agotamiento
de la vía gubernativa respecto del Oficio DESAJTUO22-4329 del 14 de octubre de
2022.

3.2.3. Dentro del del término de ejecutoria del auto inadmisorio, el accionante
presentó una reforma de la demanda, en la que indicó que el acto demandado era
el Oficio DESAJTUO23-4972 del 17 de octubre de 2023, mediante el cual la
administración respondió su petición del 7 de febrero de 2023. Sin embargo, ese
Juzgado rechazó el libelo introductorio indicando que la demanda no había sido
subsanada en proveído del 18 de julio de 2024.

3.2.4. Contra dicha decisión, el señor Alarcón Fajardo interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, que fue resuelto mediante auto del 29 de abril

5.⁠ ⁠Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.”

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de 2025, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual confirmó el rechazo de la
demanda.

3.2.5. Inconforme con lo resuelto, el accionante interpuso la acción de tutela de la
referencia.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. Cuestión previa – de la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitó su desvinculación del presente asunto, aduciendo
que los hechos que fueron esbozados en la petición de amparo no eran atribuibles
a esa entidad.

Así, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el auto admisorio de
la demanda, la vinculación de esta al presente asunto es consecuencia del interés
que le puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que es la entidad
accionada en el trámite ordinario objeto de controversia. De ahí que no sea posible
acceder a dicha petición de desvinculación.

3.3.2. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.3.2.1. De la relevancia constitucional

En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa

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por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 20199, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades10:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman tal requisito. De manera que, si no
se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar ese presupuesto.

Siendo ello así, se observa que los siguientes elementos no se cumplen en el caso
en concreto:

3.3.2.2. La competencia e independencia jurisdiccional

9 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
10 Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,

decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el
correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

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La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las Jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte
Constitucional ha conceptualizado así este aspecto:11

“La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario o pena de involucrarse en cuestiones que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo
que de esta se desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Alta Corte, un asunto carece de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de
naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215 de
2022, al respecto se señaló:

“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios”.

De lo anterior, se desprende que el asunto que se pone en conocimiento debe
trascender al ámbito constitucional, y ello se logra cuando la argumentación no se
limita a buscar la protección de los intereses económicos y/o legales que identifican
particularmente a la parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

11 Sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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3.3.2.2.1. Así las cosas, la discusión planteada en el presente caso es de naturaleza
estrictamente legal, toda vez que gira en torno a la posibilidad de reformar la
demanda, en sede de inadmisión del libelo introductorio, modificando totalmente las
pretensiones de nulidad de los actos enjuiciados.

Además, el debate tiene un alcance económico, pues el señor Gilberto Alarcón lo
que pretende es que le sean pagadas las acreencias laborales que, en su criterio,
le son adeudadas por la Nación – Rama Judicial.

Siendo así, es claro que, si bien la accionante invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo
cierto es que la discusión que propone en el presente asunto, por un lado, se
relaciona con aspectos de mera legalidad, concretamente, con la posibilidad de
alterar integralmente la petición de nulidad del acto enjuiciado en sede de reforma
de la demanda y, por otro, tiene una naturaleza económica, pues lo que pretende
es que se le conceda el pago de las mencionadas acreencias laborales, discusión
que se escapa de la órbita de la competencia del juez constitucional.

3.3.1.4. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional

Frente al mencionado elemento, es pertinente señalar que en las sentencias SU
215 de 2022 y SU 128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del
juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el recurso
de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de

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conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

3.3.1.4.1. En ese sentido, como se vio en el punto anterior, la controversia gira en
torno a la interpretación que las autoridades judiciales demandadas efectuaron
sobre el alcance del artículo 173 del CPACA y, en particular, a la posibilidad de que
el accionante reformara la demanda en la etapa de subsanación del libelo
introductorio, modificando de manera integral el acto administrativo inicialmente
demandado en sus pretensiones.

Dicho debate fue planteado en términos similares tanto en esta sede constitucional
como en el proceso ordinario, y por ende, ya fue resuelto por el juez natural de la
causa. En efecto, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 18 de
julio de 2024, censurado, el hoy accionante expuso los siguientes argumentos:

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Demandante: Gilberto Alarcón Fajardo

“1. El pasado 14 de junio de 2024, el despacho decidió inadmitir la demanda en
el proceso de referencia, aduciendo que no se allegó el agotamiento del recurso
de reposición contra un acto administrativo que de ninguna manera corresponde
al acto administrativo demandado, pues se demandó un acto ficto muy posterior
al referido por el despacho. La confusión se dio porque dentro de las pruebas,
por error, se allegó un acto administrativo muy anterior, correspondiente a
prestaciones periódicas económicas pasadas. No obstante, discutir ese tema
no es el objeto de este recurso.

2. La inadmisión de la demanda, contemplada en el artículo 170 de la Ley 1437
establece el término de diez (10) días para que la parte actora corrija los
defectos presentados en el escrito de demanda.

3. Dentro del término de ejecutoria del auto inadmisorio, y ante la contestación
de fondo por parte de la Entidad demandada del derecho de petición que dio
inicialmente lugar al silencio administrativo por su no respuesta, se allegó
escrito de reforma a la demanda mediante el cual se cambiaron pretensiones,
hechos y pruebas, conforme al artículo 173 del C.P.A.C.A., en donde se precisó
que el Acto Administratiovo demandado no era ya el acto ficto, sino, el Oficio
DESAJTUO23-4972 del 17 de octubre de 2023.

4. Con la reforma de la demanda, desde el punto de vista sustancial, no solo se
subsanó la demanda inicial sino cualquier posibilidad de confusión, pues lo que
se persiguió fue precisar el litigio y la posibilidad de saneamiento en cualquier
etapa procesal, sin que exista norma alguna o jurisprudencia que prohiba la
presentación de la reforma aún sin admitirse la demanda

NORMATIVIDAD APLICABLE, POSICIÓN DEL JUZGADO, EXPLICACIÓN DE
LA CONTROVERSIA Y CONCLUSIONES:

a. La posibilidad de reformar la demanda está prevista en el artículo 173 del
CPACA, que señala:

(…)

Con lo anterior la norma es clara en precisar un límite final, esto es, que se
hiciera la reforma de la demanda hasta el vencimiento de los diez días
siguientes al traslado de la demanda; al tenor literal nada impide que antes de
que se admitiera la demanda esta pudiese ser reformada.

b. El despacho estima que tal trámite procesal (reforma de la demanda) es
posterior al control de admisión de la demanda, sin embargo, no expone los
fundamentos que lo llevan a concluir tal apreciación jurídica.

c. Esa norma (Art. 173 CPCA) ha tenido un solo pronunciamiento en unificación
por parte del Consejo de Estado, pero para solucionar el problema jurídico de
interpretación que se sucitó entre varias salas, pues unas aplicaban los diez
días para la reforma de la demanda concomitantes con el vencimiento del
traslado de la misma; y otras, una vez vencido el traslado de la demanda,
contaban los diez días hasta los cuales se podía reformar la demanda. Se trata
de la Sentencia del seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) del
C.E. Sección Primera, con ponencia del Dr. Roberto Augusto Serrato
Valdés, Radicación número: 11001-03-24-000-2017-00252-00.

Al tratarse en esa sentencia un problema jurídico distinto al aquí
propuesto, no puede afirmarse en virtud de esta providencia, que en ella

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se estudió desde cuando podía presentarse la "reforma de la demanda, o
lo que es lo mismo, si es procedente reformar la demanda incluso antes
de su admisión, problema jurídico real que es el que se plantea en esta
instancia.

Es decir, la Sentencia dispuso cómo debe contarse los diez días (que era
el problema jurídico propuesto en la parte motiva)¹, y no desde cuando,
pues se dispuso en su parte resolutiva: "unificar la jurisprudencia en el
sentido de que el término de que trata el artículo 173 del CPACA para
reformar la demanda (La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento
de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda), debe contarse
dentro de los diez (10) días después de vencido el traslado de la misma"
(lo destacado fuera de texto)

Para mayor precisión, el Consejo de Estado en esa decisión de unificación
decidió acoger la tesis de las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta
precisamente porque concluyó que ese término de los "hasta el
vencimiento de los diez días", debía contarse dentro de los diez (10) días
después de vencido el traslado de la misma.

La Sección Segunda, en efecto, estableció que: "la oportunidad para la reforma
de la demanda se prolonga hasta el vencimiento de los 10 días siguientes a la
finalización del término de traslado de la demanda inicial y no solamente durante
primeros 10 días de ese término".

La Sección Tercera había aplicado respecto al término que: "este fenece diez
(10) días después del vencimiento del término de traslado y no se cuenta de
forma simultánea con este". Esta postura en la sentencia de unificación ha
tenido desarrollos en donde se privilegia la oportunidad de conocer la
contestación de la demanda, así como las excepciones con la finalidad de
procurar corregir las falencias del escrito inicial mediante la facultad de reformar
la demanda, pero en este caso en particular, se ha decidido renunciar a hacer
uso del derecho de reforma de la demanda posterior a conocer la respuesta de
la entidad demandada o sus posibles proposición de excepciones, porque bien
es sabido que la entidad contesta en términos generales idénticamente todas
las demandas de reliquidación por bonificación judicial, luego resultaría efímero
y contrario a la celeridad del proceso, esperar a que se pronuncie la entidad
sobre un acto ficto, para luego si reformar la demanda que ataca ya no un acto
ficto sino un acto administrativo concreto.

Por lo descrito, concluyendo parcialmente este análisis, a la sentencia de
unificación no puede dársele el alcance de entender que para que exista
una reforma de la demanda sea necesario que la litis se encuentre trabada,
no solo por la ausencia de justificación razonable, sino por que para el
presente caso, resultaría inoficioso, insustancial y por el contrario
atentaría contra la celeridad del proceso.

d. Con la reforma de la demanda rechazada, se persiguió tres potísimos
propósitos: i) Desde el punto de vista sustancial, se subsanó la demanda
inicial pues el despacho instó a aportar el agotamiento de la reposición
frente a un acto administrativo, no demandado, que halló dentro de las
pruebas (no del texto de la demanda, por que esta inicialmente atacaba el
acto ficto) y que fuera adjuntado por error al hacer parte de una respuesta
de la entidad notificada muy anterior al acto demandado. Tal situación
generó confusión, pero con la reforma de la demanda se especificó el acto
demandado, y además surgió como solución tras el pronunciamiento de
la entidad demandada estando en trámite este proceso, luego ya no se
demanda el acto ficto sino dicha decisión; ii) Se persiguió precisar el litigio

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dado que no podía quedar duda alguna que solo la respuesta a la petición
del 7 de febrero de 2023 (radicado EXTDESAJTU23- 15) era objeto de
demanda, inicialmente el acto ficto, y con la reforma de la demanda, el
Oficio DESAJTUO23-4972 del 17 de octubre de 2023; y iii) la posibilidad de
hacer efectivo el saneamiento del proceso en cualquier etapa procesal,
pues se buscó la efectividad del procedimiento, subsanando cualquier
vicio, irregularidad o causal de nulidad, con el fin de que el proceso se
ritúe conforme al procedimiento legal.

e. El Tribunal Administrativo de Boyacá, ha tenido igual apreciación frente a la
verificación de la aplicación del derecho sustancial, sobre el meramente
procedimental. En efecto, en auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024), expediente 15001- 33-33-008-2020-00131-01 con ponencia
del H.M. Dr. Dayán Alberto Blanco Leguizamo, se estudió una prueba allegada
con la reforma de la demanda, reforma que fue presentada antes de la admisión
de la demanda, y que llevó finalmente a estudiar la viabilidad de declarar o no
procedente una prueba aportada con la reforma (se trató de la prueba de
conciliación, el Tribunal concluyó que no podía ser considerada por haberse
realizado la audiencia de conciliación durante el trámite del proceso y no antes
de la presentación de la demanda validando implícitamente su aporte con la
reforma de la demanda).

f. En últimas, la demanda necesariamente había que reformarse, aún cuando
se hubiese aportado la prueba del agotamiento del recurso de apelación en
sede administrativa deprecado en la inadmisión, pues: Uno, ese no era el acto
administrativo demandado, ni en la demanda inicial, ni en su reforma si quiera
se mencionó como tal; y Dos, al desaparecer la figura del acto ficto ante la
respuesta de la entidad, para poder atacar concretamente los argumentos de la
demanda, expuestos ahora sí expresamente por ella en sede administrativa,
debía replantearse los hechos, las pretensiones y las pruebas como se hizo,
atacando el acto administrativo Oficio DESAJTUO23-4972 del 17 de octubre de
2023; esto por el contrario favorece la fijación del litigio pues se precisan los
argumentos en contra, la entidad demandada puede defenderse de los
señalamientos concretos y se evita cualquier vicio procesal, como ya se
auscultó.

g. En otros procedimientos, si se establecen límites iniciales por lo especiales y
suscintos que deben ser los mismos, o simplemente no existen: En procesos
electorales la norma es clara al referir 3 días siguientes a la notificación del auto
admisorio (Artículo 278 del CPACA- Sentencia del veintisiete (27) de junio de
dos mil veinticuatro (2024) C.E. S. Quinta, Radicación: 70001-23-33-000-2023-
00185-01). En el proceso arbitral, la reforma se da una vez notificado el
demandado del auto admisorio de la demanda, hasta antes de la iniciación de
la audiencia de conciliación (Artículo 22 Ley 1563 de 2012-CE STERCERA-
SUBSECCIÓN A, sentencia del treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación11001-03-15-000-2021-00207- 01(AC)). En el proceso ordinario
civil, desde la presentación del escrito de demanda y hasta antes del
señalamiento de la audiencia inicial (Artículo 93 del CGP - Sentencia C128-
2023). Si en la jurisdicción civil nada perjudica tal límite inicial, ¿porqué en la
jurisdicción Contenciosa si podría existir algún un perjuicio para los intereses de
las partes?

h. En nada perjudica la administración de justicia o los derechos de las partes
el que la reforma en lo contencioso se pueda realizar desde la presentación de
la demanda. Es un derecho que por una sola vez puede hacerse valer, y ha sido
descrito y definido por la Corte Constitucional así: "...es preciso tener presente
que el artículo 173 del CPACA regula lo concerniente a la reforma de la
demanda que se formula ante un juez de la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo. Su contenido está compuesto al menos por tres partes
relevantes: la oportunidad para promover la reforma (numeral 1); el objeto sobre
el cual puede recaer el acto de reforma (numeral 2), y las restricciones y
requisitos formales que deben cumplirse para que su trámite sea exitoso
(numeral 3 e inciso final). Vale la pena anotar, además, que en lo que resta del
estatuto se precisa que tanto en la reforma de la demanda como en su
contestación pueden aportarse elementos de prueba o solicitar su respectiva
práctica (art. 212); que frente al auto que rechace la reforma de la demanda
procede el recurso de apelación (art. 243.1), y que el recurso extraordinario de
revisión no está sujeto a reforma (art. 253). A partir del análisis de los preceptos
normativos reseñados y de algunos pronunciamientos de las altas cortes[31] se
podría decir que el CPACA regula la reforma de la demanda, al paso que este
es un instrumento procesal que garantiza la efectividad del derecho de acceder
a la administración de justicia, pues permite que el demandante pueda corregir
o enmendar vacíos del escrito inicial y, sobre esa base, aspirar a que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie de fondo sobre los
aspectos fácticos y jurídicos relevantes para la efectividad de sus derechos
subjetivos e intereses legítimos (Sentencia C-128 de 2023 - Destacado fuera de
texto). Y continúa la Corte remembrando sus únicos límites y requisitos
formales: "Sin perjuicio de lo anterior, las reglas procesales previstas en el
CPACA destacan que la reforma de la demanda tiene límites y que su admisión
está sujeta al cumplimiento de específicos requisitos formales. De un lado, no
es posible que por su conducto el demandante sustituya la totalidad de los
extremos procesales ni de las pretensiones. De otro lado, ante la existencia de
nuevas pretensiones, el juez de la causa deberá verificar (i) que se hayan
cumplido los requisitos de procedibilidad previstos en la ley, y (ii) que sobre ellas
no haya operado la caducidad. Finalmente, es preciso poner de relieve que,
vistas en su conjunto, las exigencias reseñadas tienen por propósito: (i) que se
respeten los términos del proceso, (ii) que por vía de la reforma de la demanda
no se eluda la pretermisión de las etapas procesales, y (iii) que la reforma de la
demanda no suponga una desventaja para la parte demandada ni comporte un
desequilibrio entre los extremos del proceso" (Sentencia C-128 de 2023). La
oportunidad para proponer la reforma de la demanda es muy clara en el numeral
1º del artículo 173 del CPACA, interpretar un límite inicial diferente a la misma
presentación de la demanda es contrario al propósito de la misma, que como
se observa es el de corregir o enmendar vacíos del escrito inicial, por tanto,
siempre y cuando no se vulneren los derechos de las partes y se respeten los
límites reseñados por la Corte, la reforma de la demanda resulta procedente,
pues además, la Corte no describe la existencia de alguna etapa procesal
denominada reforma de la demanda, que pueda ser posterior al control de
admisión.

De contera, como puede observarse de todo lo anterior, el artículo Art. 173
CPCA establece hasta cuando se puede reformar la demanda (hasta el
vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda), no
desde cuando; la jurisprudencia por su parte, ha resuelto por sentencia de
unificación la contradicción de diferentes salas de cómo deben contarse
esos 10 días (cómo opera el "hasta"), pero nunca ha refiriendo el problema
jurídico si puede presentarse la reforma de la demanda antes de la
admisión de la inicial (cómo opera el desde); y como se observó, no existe
norma ni jurisprudencia que limite el término inicial para presentar la
reforma como si en otros procedimientos.

Así las cosas, se configuran los supuestos de la norma que reglamenta la
reforma de la demanda, por lo que en acto de no desgastar el aparato
judicial reitero respetuosamente a la señora Jueza mi solicitud de aceptar
la reforma, con la cual es evidente, se subsana cualquier vicio; sin
embargo, de no accederse, solicito al Honorable Tribunal Administrativo

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el estudio del problema jurídico planteado, el cual no ha tenido desarrollo
como se explicó”12.

En consecuencia, se advierte que la controversia planteada en sede constitucional
corresponde sustancialmente a la misma que fue expuesta por el actor en el recurso
de apelación contra el auto que rechazó la demanda, razón por la cual lo que en
realidad se pretende es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia,
desconociendo su carácter excepcional y subsidiario, al expresar inconformidad con
la decisión adoptada por el Tribunal en ejercicio de sus competencias ordinarias.

Además, el juez natural del proceso ordinario ya se pronunció sobre el anotado
debate, decisión que fue adoptada con plena observancia del procedimiento legal y
dentro del ámbito de su competencia funcional. En tal contexto, no corresponde al
juez constitucional sustituir dicha valoración ni revisar el criterio jurídico, de modo
que la tutela, por tanto, no puede erigirse en un mecanismo alterno para reabrir
debates ya zanjados dentro de la jurisdicción ordinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Gilberto Alarcón Fajardo, al no superar el requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

12 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI.

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su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 19 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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