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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02940-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02940-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio de los señores Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona Moncada y Lilia María Rodríguez Albarracín, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 14 de febrero y 15 de mayo de 2025, proferidas por el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02940-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

12 de junio de 2025

Demandantes: Lilia Clemencia Solano Ramírez y otros
Demandados: Juzgado Veinticinco Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02940-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., doce (12) junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02940-00
Demandantes: LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMÍREZ Y OTROS
Demandados: JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales invocados - imposibilidad jurídica de
cumplir la orden de tutela1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona
Moncada y Lilia María Rodríguez Albarracín, actuando en nombre propio,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión y el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre
y al «patrimonio».

Lo anterior, con ocasión a las providencias proferidas el 2 de octubre y 16 de
diciembre de 2024 por el Juzgado accionado, en los que impuso sanción por
desacato a la orden dispuesta en la sentencia de tutela del 16 de julio de
2024 dentro del proceso con radicado 05001-33-33-025-2024 00213-00/01.

1 Se reitera postura de la Sección Quinta de la sentencia 11001-03-15-000-2024-02053-00.

Ver casos con similitud fáctica y jurídica del Consejo de Estado: 11001-03-15-000-2024-
01568-00, 11001-03-15-000-2023-07672-01, 11001-03-15-000-2024-01181-01 y 11001-03-
15-000-2024-00138-01.

1

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Demandantes: Lilia Clemencia Solano Ramírez y otros
Demandados: Juzgado Veinticinco Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín
y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02940-00

Asimismo, contra las providencias del 9 de octubre de 2024 y 14 de enero de
2025 proferidas por el tribunal acusado, en las que se confirmaron los
anteriores proveídos.

1.2 Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:

[…]. SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO
VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar
la sanción impuesta a los suscritos, a través de autos fechados del 02 de
octubre de 2024 y 16 de diciembre de 2024, confirmada en autos de fecha
09 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA QUINTA DE DECISIÓN,
consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra los suscritos.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de
fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción presentada por parte de la
Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro del
trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de multa impuesta en autos del 02 de octubre de
2024 y 16 de diciembre de 2024, que la misma se ha levantado con ocasión
a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de
tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la
jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia.[...]2.

Con el escrito de amparo, la parte accionante solicitó como medida
provisional:

[…] suspender provisionalmente la orden de multa, que impuso el
JUZGADO VEINTICINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN en nuestra contra mediante autos de fecha 02 de octubre de
2024 y 16 de diciembre de 2024, confirmadas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA DE DECISIÓN a
través de autos de fecha 09 de octubre de 2024 y 14 de enero de 2025,
hasta tanto se resuelva de fondo el presente asunto litigioso […].

1.3. Hechos

2 Transcripción original de la acción de tutela.

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La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3 relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor José Jesús Pérez Montes inició acción de tutela en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas [en adelante UARIV], por la vulneración de su derecho de petición,
comoquiera que el 9 de mayo de 2024 radicó un escrito mediante el cual
solicitó el pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida en
calidad de víctima del desplazamiento forzado, mediante la Resolución
No.04102019-1225903 del 9 de junio de 2021.

La acción constitucional correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, con radicación 05001-33-33-
025-2024-00213-00, que mediante sentencia del 16 de julio de 2024, tuteló el
derecho fundamental de petición del señor José Jesús Pérez Montes y
ordenó a la UARIV, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles
siguientes a la notificación de esa providencia, respondiera de fondo la
petición elevada el 9 de mayo de 2024 por el señor Pérez Montes y le
indicara el plazo o fecha aproximada y orden en el cual se le hará la entrega
material de la medida de indemnización.

Inconforme con esta decisión, el 17 de julio de 2024, la UARIV presentó
impugnación al fallo de tutela. Por su parte, el señor José Jesús Pérez
Montes mediante memorial radicado el 31 de julio de 2024 ante el Juzgado
Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín solicitó iniciar el
incidente de desacato por el incumplimiento a la mencionada sentencia.

El juzgado accionado mediante providencia del 1. ° de agosto de 2024
requirió a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora de
Reparaciones de la UARIV y a la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, en
calidad de directora general de la misma entidad, para que informaran las
acciones adelantadas para el cumplimiento de la providencia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, mediante
providencia del 12 de agosto de 2024 modificó el fallo de tutela del 16 de julio
de 2024 y ordenó a la UARIV que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esa providencia, procediera a resolver
de fondo la solicitud formulada por el señor José Jesús Pérez Montes el 9 de
mayo de 2024, con radicado 2024-0263210-2, indicándole el plazo
aproximado y orden en que accedería al pago de la medida reconocida
mediante la Resolución Nro. 04102019-1225903 del 9 de junio de 2021.

Seguidamente, en auto del 2 septiembre de 2024, se dio apertura del
incidente de desacato y en proveído del 11 de septiembre de 2024, se
ordenó desvincular al tramite incidental a la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara por motivo de su renuncia y se requirió a la señora Lilia María
Rodríguez Albarracín quien fue nombrada en su reemplazo en calidad de

3 Índices 09, 010 y 011 del Aplicativo Samai.

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directora de Reparaciones de la entidad accionada, funcionaria encargada de
dar cumplimiento a la orden judicial.

El 20 de septiembre de 2024, el despacho accionado efectuó apertura del
incidente de desacato contra la señora Lilia María Rodríguez Albarracín, en
calidad de directora técnica de reparaciones de la UARIV, y la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez como directora general de la misma entidad.

Mediante auto del 2 de octubre de 2024, el juzgado accionado declaró que
las señoras Lilia María Rodríguez Albarracín, directora de reparaciones de la
UARIV y Lilia Clemencia Solano Ramírez, directora general de la misma
entidad, incurrieron en desacato a la orden contenida en el fallo de tutela del
12 de agosto de 2024 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia y
las sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual vigente para cada
una.

En efecto, se expuso que la UARIV incumplió lo ordenado en la sentencia
constitucional, toda vez que se limitó a informar que el Método Técnico de
Priorización aplicado al accionante había dado resultado negativo, cuando la
orden impuesta era la de informar el plazo razonable en el cual el accionante
tendría acceso a la medida de indemnización.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, en sede de consulta, mediante providencia del 9 de
octubre de 2024.

El señor José Jesús Pérez Montes radicó el 18 de noviembre de 2024, un
segundo escrito de incidente de desacato y el juzgado accionado mediante
providencia del 20 de noviembre de 2024, requirió nuevamente a la UARIV
para que informara las acciones adelantadas tendientes al cumplimiento de
la orden.

Posteriormente, mediante auto del 29 de noviembre de 2024, el despacho
mencionado dio apertura del incidente de desacato contra el señor Jesús
Leandro Tarazona Moncada, en calidad de director técnico de Reparaciones
de la UARIV y la doctora Lilia Clemencia Solano Ramírez como directora
general de la misma entidad.

El 16 de diciembre de 2024 se declaró que los señores Jesús Leandro
Tarazona Moncada, director de reparaciones de la UARIV y Lilia Clemencia
Solano Ramírez, directora general de la misma entidad, incurrieron en
desacato a la orden del 12 de agosto de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y los sancionó con multa de un salario mínimo
legal mensual vigente para cada uno.

El fundamento de esta decisión, fue que los funcionarios encargados de dar
cumplimiento al fallo de tutela, no acreditaron desplegar acciones positivas
necesarias para que se materializara lo dispuesto por el despacho y se

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limitaron a indicar que existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento
de la orden de tutela.

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, en sede de consulta, mediante providencia del 14
de enero de 2025.

El 15 de enero de 2025 la UARIV solicitó ante el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín la inaplicación de las
sanciones impuestas mediante los autos del 2 de octubre y 16 de diciembre
de 2024 con fundamento en la sentencia SU- 034 de 2018 y el auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al
expedir la Resolución No. 04102019-1225903 del 9 de junio de 2021, que
reconoció el derecho a la entrega de la indemnización administrativa a José
Jesús Pérez Montes y dispuso la aplicación del Método Técnico de
Priorización al particular.

Ese mismo despacho, mediante auto del 14 de febrero de 2025 no accedió a
dicha solicitud bajo el argumento que no se le ha informado al accionante, de
forma efectiva, el plazo aproximado y el orden en el que se accederá a la
medida reconocida mediante la Resolución Nro. 04102019-1225903 del 9 de
junio de 2021. Así mismo, se negó la solicitud de desvinculación de la señora
Lilia Clemencia Solano Ramírez del trámite incidental.

El 31 de marzo de 2025, el señor José Jesús Pérez Montes interpuso un
tercer incidente de desacato y el juzgado accionado con auto del 4 de abril
de 2025, requirió a la UARIV para que informara las acciones adelantadas
para el cumplimiento del fallo de tutela. Luego, en providencia del 22 de abril
de 2025 dio apertura del incidente de desacato contra la señora Zoraida
Hernández Pedraza en calidad de directora técnica de reparaciones de la
UARIV y la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez como directora general
de la entidad.

Posteriormente, el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín con proveído del 2 de mayo de 2025 declaró que la señora Zoraida
Hernández Pedraza en calidad de directora técnica de reparaciones de la
UARIV y la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez como directora general
de la entidad, incurrieron en desacato a la orden emitida en el fallo de tutela y
las sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual vigente para cada

El 11 de mayo de 2025, el señor Jesús Leandro Tarazona Moncada solicitó
la inaplicación de las sanciones impuestas en su contra, y alegó que desde el
13 de enero de 2025 no funge como director técnico de reparaciones de la
UARIV.

El juzgado mediante providencia del 15 de mayo de 2025 declaró que las
señoras Zoraida Hernández Pedraza, en calidad de directora de
reparaciones de la UARIV y Gloria Cuartas Montoya, en calidad de directora
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general de la misma entidad, incurrieron en desacato a la orden emitida en el
fallo de tutela, las sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual
vigente para cada una, y no accedió a la solicitud de inaplicación de la
sanción impuesta al señor Jesús Leandro Tarazona Moncada.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora adujo que, con las providencias reprochadas, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, respectivamente,
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio., toda vez que se incurrió en
los defectos sustantivo, factico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.

Alegó el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido
en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que señala
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de
primera instancia, modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se
relacionan con el pago de la indemnización administrativa, máxime cuando la
UARIV realizó solicitud de modulación y la misma no fue analizada y resuelta
por el a quo.

En cuanto al defecto fáctico, alegó la valoración defectuosa del material
probatorio allegado al proceso, como los escritos emitidos por la UARIV, la
resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y el
oficio de no favorabilidad del actor de la acción constitucional de la
referencia, no tuvo en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas
oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la
Resolución 01049 de 2019, respecto al procedimiento para la entrega de la
indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un
marco de igualdad entre estas.

Señaló que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento
entregado durante el trámite del incidente de desacato, en el que se
manifestó por la entidad el resultado de la aplicación del Método Técnico de
Priorización y la imposibilidad de indicar el plazo aproximado y el orden en
que se accederá a la medida reconocida mediante la Resolución Nro.
04102019- 1225903 del 9 de junio de 2021, vislumbrando un hecho superado
respecto del objeto de la litis propuesta en la acción constitucional.

Además, adujo el desconocimiento del precedente constitucional y referenció
la sentencia T 351 de 2011 donde se explica que «el sentido, alcance y
fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben
acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como
norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado
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de la Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos
constitucionales por razones de igualdad».

Así mismo, indicó que se configuró la violación directa de la Constitución con
las decisiones de las autoridades judiciales accionadas, pues consideró que
se evidencia abiertamente la afectación de los principios constitucionales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima
en el sistema judicial y a la buena fe, por desconocer lo previsto en el Auto
206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de indemnización
administrativa previsto en la Resolución 01049 de 2019.

Por otro lado, manifestó que teniendo en cuenta la orden judicial, la UARIV
indicó la imposibilidad de: «Indicar el plazo aproximado y orden en que
accederá a la medida reconocida mediante la Resolución Nro. 04102019-
1225903 del 9 de junio de 2021, lo anterior teniendo que, como lo señala el
marco normativo, la entrega de las medidas de reparación, atención y
asistencia, deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad y
sostenibilidad fiscal, por cuanto no es viable jurídica ni materialmente
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo, como en efecto lo reconoce
la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013».

Expuso que el Método Técnico de Priorización es la herramienta que
determina el orden de pago a las personas que no se enmarcan en las
situaciones del artículo 4° de la resolución 1049 de 2019, pero que según la
evaluación de otros factores, si es necesario apremiar el pago de la
indemnización administrativa. Es decir, precisó que la Unidad depende de un
presupuesto anual, que se deberá distribuir en las víctimas que sean
priorizadas por el artículo 4° de la resolución 1049 y las que salgan
favorables luego de su aplicación

Por último, destacó que en el caso particular del señor José Jesús Pérez
Montes, se encuentra que no presenta ninguna otra situación que la ponga
en evidente situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta, por lo que
resulta absolutamente lógico dar prelación a otras personas que sí presenten
circunstancias de priorización.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 26 de mayo de 20254, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al tutelante5 al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión6 y al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín7 en calidad accionados.

4 Indice 04 Aplicativo Samai
5 Notificación a los correos electrónicos yeimy.reinoso@unidadvictimas.gov.co y
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
6Notificación a los correos electrónicos sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co.
7 Notificación al correo electrónico adm25med@cendoj.ramajudicial.gov.co.

7

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Así mismo, se ordenó notificar al señor José Jesús Pérez Montes8
[accionante e incidentante] y a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV9 [accionada en el
trámite anterior] como terceros con interés en las resultas del proceso

De igual forma, negó la solicitud de medida provisional, y requirió a la
Secretaría General del Consejo de Estado que realizara una publicación10 en
la página web de la corporación con la información de la tutela, con el fin de
ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 0311

Remitió el link para acceder al expediente digital 05001-33-33-025-2024
00213-01 y a los desacatos correspondientes identificados con los radicados
05001-33-33-025-2024-00213-02/03/04/05

1.6.2. Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín12

El titular del despacho solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela o subsidiariamente que se nieguen las pretensiones de la misma, por
no existir vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por los
accionantes

Expuso de manera breve el trámite incidental y señaló que los argumentos
que se exponen en la acción de tutela son los mismos desplegados durante
el trámite de la primera y segunda instancia del incidente de desacato, esto
es, que la UARIV se encuentra en imposibilidad jurídica para determinar una
fecha o plazo aproximado para realizar la entrega de la indemnización
administrativa.

Adujo que el argumento anteriormente señalado, como se indicó, ya ha sido
objeto de pronunciamiento tanto por parte de ese juzgado como del Tribunal
Administrativo de Antioquia en sede de impugnación y de consulta, y el
mismo no ha sido de recibo, pues la orden es clara en que no indicar la fecha
o lapso razonable de entrega de la medida de indemnización vulnera el
derecho fundamental de petición del actor.

Remitió copia del link del expediente digital con radicado 5001-33-33-025-
2024-00213-00.

8Notificación a los correos electrónicos jj5505246@gmail.com y
josecuestapalacio@hotmail.com.
9 Notificación al correo electrónico notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
10 Índice 08 del Aplicativo Samai.
11 Índices 09 y 010 del Aplicativo Samai.
12 Índice 011 del Aplicativo Samai.

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del Circuito Judicial de Medellín
y otro
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1.6.3 El señor José Jesús Pérez Montes y la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV pese a que
fueron debidamente notificados de la existencia del presente trámite, no
rindieron informe.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por los señores Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús
Leandro Tarazona Moncada y Lilia María Rodríguez Albarracín contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta y el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre
y al patrimonio, invocados por los accionantes, con ocasión de las
providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta y el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín, respectivamente, en el marco de dos incidentes de desacato.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes
aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) evolución jurisprudencial del tema
referente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que
resuelven el incidente de desacato; (iii) estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados; (iv) las generalidades de
los defectos alegados y (v) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201213, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema14.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte

13
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
9

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y otro
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resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales15.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela
contra los autos que resuelven el incidente de desacato

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la siguiente
manera:

«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias
proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve
el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela
excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de
hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de
desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a
vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe
tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar
asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se
adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el
incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta
contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido
que hizo tránsito a cosa juzgada»17.

Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de
desacato, lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se
pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió como base para promover el
incidente.

15 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por
el juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes
en un Estado de Derecho.
Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal
Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes
términos:

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional18”. (Subrayas por fuera del texto)

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

11

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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito19, se
encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al
buen nombre y al patrimonio, ante la posible configuración de los defectos
por desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la
Constitución.

Esto, con fundamento en que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta confirmó las decisiones del 2 de octubre y 16 de diciembre de 2024,
en la que el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín sancionó a los señores Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús
Leandro Tarazona Moncada y Lilia María Rodríguez Albarracín, por el
incumplimiento de una orden de tutela, a pesar de que durante el trámite
incidental y en las solicitudes de inaplicación de la sanción ha explicado que
existe imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta en que se
entregará la indemnización administrativa al señor Pérez Montes, dado que,
debe regirse por el procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución
1049 de 2019.

En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de
evidenciar con suficiencia una tensión entre las providencias censuradas y el
núcleo esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer
cómo las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas se
abstuvieron de levantar la sanción impuesta, quebrantando así el derecho
fundamental al debido proceso.
Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad, ni
tampoco que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda
legítima sobre la posible vulneración de principios constitucionales como el
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, este último
garantía de raigambre constitucional, el cual establece el derecho de toda
persona a acceder a la administración de justicia para solicitar a los jueces
competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley.

Además, se debe precisar que es claro que no se pretende utilizar la acción
de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso
administrativo.

19
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia
06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia
23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04833-00.
12

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Se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible trasgresión de las garantías constitucionales de la parte actora, cuya
controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o
económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías
invocadas y la decisión judicial objeto de reproche.

2.5.2. Inmediatez

El requisito de inmediatez se tiene por satisfecho en el presente asunto, si se
tiene en cuenta que la última providencia dictada al interior del trámite de
desacato corresponde al auto del 15 de mayo de 2025, por medio del cual, el
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín no
accedió a la inaplicación de la sanción que solicitó la parte incidentada. Así,
sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria, se advierte que la
acción de tutela se radicó dentro del término razonable de seis (6) meses
señalado por la jurisprudencia20.

2.5.3. Tutela contra tutela

Esta Sala de decisión encuentra que no existe reparo alguno en relación con
este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra
una decisión de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales
controvertidas se profirieron en el marco del incidente de desacato dentro de
la acción de tutela radicado 05001-33-33-025-2024-00213-00, el cual
promovió el señor José Jesús Pérez Montes contra la UARIV.

2.5.4. Subsidiariedad

En consideración a dicho requisito, por tratarse de decisiones que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción por desacato, se tiene que no son
susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el Decreto 2591 de
1991.

Superados los requisitos de procedibilidad se analizarán los defectos
alegados y el fondo del asunto.

2.6. Generalidades de los defectos invocados

2.6.1 Defecto por desconocimiento del precedente

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Para esta Sala21, el precedente es aquella regla de derecho creada por
una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para
solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada
como tal. Esta decisión es vinculante para los demás operadores del sistema
jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás
asuntos que se basen en los mismos supuestos de hecho.

Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada
jurisdicción, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en
estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos
constitucionales.

Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al
definir directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de
la Constitución.

Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones
judiciales que profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues
aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto
de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que
exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal22.

2.6.2. Violación directa de la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional23 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.

El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición
fundamental a un caso concreto»24. En este caso, procede la tutela contra
providencia judicial por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y
aplica una disposición legal orientado por el precedente constitucional; ii) la
controversia versa sobre un derecho de aplicación inmediata y iii) cuando en
la providencia se vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el
principio de interpretación conforme a la Constitución25.

21 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019,

radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno
Rubio y la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-
201904312-00 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
22 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 Ibidem
25 Ibidem.

14

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El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez «aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»26, y se
fundamenta en el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es
norma de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una
norma es incompatible con aquella, es deber del mismo «aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»27.

2.6.3. Defecto fáctico

Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201528, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son
traídos a colación en la presente decisión.

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración
del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial y la exigencia
de una carga argumentativa razonable.

2.6.4 Defecto Sustantivo

De igual manera, esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201529,
precisó sobre la configuración del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
29 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
15

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c) Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con
efectos erga omnes.
d) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución
e) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición
f) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
g) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación. Procederá entonces
el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto
sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente.

2.7. Caso concreto

Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de
Estado, se han tramitado acciones de tutela de similar situación fáctica a la
presente, y en varias de ellas se ha accedido al amparo deprecado30, porque
se han encontrado acreditados los defectos alegados, en razón a la
imposibilidad jurídica de brindar una fecha cierta o indicar un plazo razonable
para el pago de la indemnización administrativa, es por esto, que esta Sala
de decisión, hará algunas precisiones de orden metodológico.

2.7.1. Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y en
relación con la indemnización administrativa, concluyó que, por regla general,
la acción de tutela no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba
procedente para otorgar protección a la población víctima de desplazamiento
en condición de extrema vulnerabilidad.

Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201331 concluyó que las
disposiciones normativas que establecen plazos y límites en términos del
presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio de
responsabilidad fiscal en detrimento del derecho de las víctimas a la
indemnización, por cuanto dicho principio «es un criterio orientador de las
ramas del poder para conseguir los fines del Estado que no tiene la
virtualidad de socavar derechos fundamentales».

Es decir, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en
el contexto del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación

30 La sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas
providencias en el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan.
31 Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral

a las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9
de diciembre de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
16

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integral de las víctimas, conforme a los principios de igualdad, gradualidad y
progresividad.

En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la
sentencia T-025 de 200432, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que
exhortó a los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir
temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y
sanciones por desacato, dado el número de tutelas que desbordaban la
capacidad de la entidad competente para atenderla.

Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos
desacatos de la UARIV a órdenes de reconocimiento de indemnización
administrativa, sentencia que será analizada por la Sala al abordar el defecto
por desconocimiento del precedente planteado por la actora.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben
tomar en consideración las medidas adoptadas por el ejecutivo con la
finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la imposibilidad
financiera de hacerlo al mismo tiempo.

Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201933,
en la cual estableció las fases del procedimiento para acceder a dicha
prestación y creó el Método Técnico de Priorización para su desembolso.

El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método que se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago: «tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal
para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del
Sector». (Negrillas fuera del texto original)

Igualmente, en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 34 se establecen
las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan
lugar a la priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y
son las siguientes:

32 En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de

atención a la población desplazada.
33 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía

administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de
2015 y 01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones”,
34 modificada por la Resolución 582 de 2021

17

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Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:

a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa
a este grupo poblacional.

b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico
o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia de Salud

2.7.2. Reproches expuestos por los accionantes

Como se expuso en el acápite de fundamentos de la vulneración, los señores
Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona Moncada y Lilia
María Rodríguez Albarracín, consideraron que las providencias acusadas
incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

Con relación al defecto sustantivo, argumentaron que las autoridades
judiciales accionadas desconocieron los parámetros establecidos en la
sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que se señaló lo
siguiente:

[…] Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del
desacato, es menester analizar, conforme al principio constitucional de buena
fe, si el conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una
circunstancia excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad
absoluta jurídica o fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el
fallo de tutela.

Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los
casos en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó
quién debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha
adoptado alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe,
pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo […].

Considerado lo anterior, esta Sección debe indicar que, para la imposición de
la sanción por desacato es necesario que el juez verifique la existencia de
dos elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento
del fallo, y el subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción
por desacato, exige establecer que el responsable fue negligente respecto de
su obligación.

En el presente asunto, se observa que en el trámite del incidente de
desacato las autoridades judiciales accionadas, en las providencias mediante
las cuales impusieron la sanción, afirmaron que estaba acreditado el
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y otro
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elemento objetivo, pero no el subjetivo, toda vez que el fundamento de la
decisión fue que: «la accionada UARIV ha incumplido con su obligación de
acatar la decisión contenida en el fallo de tutela, lo que implica que la
situación de vulneración que se pretendía cesar continúa vigente y la
constante referencia a la aplicación indefinida del método técnico de
priorización como fundamento para no pronunciarse de fondo en los términos
de la orden constitucional».

Sin embargo, consta que dentro del trámite incidental la UARIV en reiteradas
oportunidades expuso en sus informes que adoptó las diligencias pertinentes
para dar cumplimiento a la sentencia de tutela y aplicar el Método Técnico de
Priorización que dispuso la Resolución 1049 de 2019.

Se indicó que la UARIV le brindó al señor José Jesús Pérez Montes una
respuesta de fondo por medio de la Resolución 04102019-1225903 del 9 de
junio de 2021, la cual fue notificada en debida forma, y en la que se decidió
otorgar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante
de «desplazamiento forzado», resaltando que la misma estaba sujeta a la
aplicación del Método Técnico de Priorización de acuerdo con el artículo 2;
en razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019.

Sin embargo, en relación con la fecha cierta en la que se entregará la
indemnización administrativa al señor José Jesús Pérez Montes, la UARIV
expuso que se ordenó la aplicación del Método Técnico de Priorización, en
consecuencia, dicha disposición se mantiene y como no evidenció una
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, su eventual
priorización dependerá del resultado obtenido, lo cual para el caso en
concreto no ha sido favorable.

En este punto, es importante precisar que lo mencionado, no solo se expuso
durante el trámite del incidente de desacato, sino que también le fue
comunicado al señor José Jesús Pérez Montes, en los siguientes
memoriales: Oficio del 2024-1365191-1 del 22 de agosto de 2024 y Oficio
2024-1477284-1 del 19 de septiembre de 2024 resultando no favorable para
la entrega de indemnización35.

En este orden de ideas, para la Sala, es evidente que se configuraron los
defectos alegados por los accionantes, toda vez que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión y el Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín no podían pasar por alto y
dejar de analizar los informes, soportes y las solicitudes de inaplicación de
las sanciones que fueron aportados durante el trámite del incidente de
desacato por parte de la UARIV.

En la medida, que estos estaban encaminados a demostrar que, si bien, no
se podía señalar una fecha exacta para el desembolso de la indemnización
reconocida al señor José Jesús Pérez Montes, ello no se debió a un

35 Indice 011 Aplicativo Samai

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y otro
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desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al
derecho que le asiste al señor Pérez Montes, sino a la (i) la imposibilidad
jurídica en aplicación de la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, (ii) la
capacidad financiera con la que cuenta la UARIV, así como (iii) la
complejidad del trámite que se mencionó en líneas precedentes, (iv) el
resultado no favorable para la entrega de la indemnización por aplicación del
Método Técnico de Priorización.

Así las cosas, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión y el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín desconocieron lo establecido en la sentencia SU-034 de
2018 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se establecieron los
elementos que debe considerar el juez al resolver el incidente de desacato
en tutela, pues como se evidenció, omitieron valorar desde la óptica de la
responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento y las solicitudes de
inaplicación presentadas, que demostraban que el juez no podía establecer
un límite temporal para el reconocimiento de dicha reparación.

Ello, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago están
sujetos a la reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados
por la UARIV, y a los principios de progresividad y sostenibilidad.

Por esta razón, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio
de los señores Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona
Moncada y Lilia María Rodríguez Albarracín, quienes fueron sancionados en
el trámite incidental de desacato dentro de la acción de tutela bajo radicado
05001-33-33-025-2024-00213-00/01, la primera en su calidad de directora
general de la UARIV y los dos últimos en calidad de directores de reparación
de la entidad.

En consecuencia, se dejarán sin efectos las providencias proferidas por el
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín del 14 de
febrero y 15 de mayo de 2025 por medio de las cuales se negó la solicitud de
inaplicación de la sanción impuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará al Juzgado Veinticinco
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera la
providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Sin perjuicio de esto, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el Método
Técnico de Priorización con el fin de que se establezca el turno para el
respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al
señor José Jesús Pérez Montes, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela proferida el 16 de julio de 2024 por el Juzgado Veinticinco
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Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, modificada por la providencia
del 12 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio de los señores Lilia
Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona Moncada y Lilia María
Rodríguez Albarracín, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las
providencias del 14 de febrero y 15 de mayo de 2025, proferidas por el
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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