RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02960-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02960-00

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02960-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Néstor Zuluaga Gómez, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02960-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: NÉSTOR ZULUAGA GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// improcedencia por falta de
relevancia constitucional // la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia
para reabrir debates ya concluidos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes
1. En atención a que se trata de una acción de tutela contra providencia
judicial, en particular un cuestionamiento de una decisión judicial que puso fin a un
proceso de acción popular. Para ofrecer mayor claridad en los antecedentes, estos
se expondrán cronológicamente. En primer lugar, se presentan de manera somera
las etapas procesales de la acción popular que llevaron a que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profiriera la sentencia atacada. En segundo lugar,
se exponen las etapas procesales de la acción de tutela que actualmente se
resuelve.

Antecedentes de la acción popular.

2. En el año 2013, la Curaduría Urbana No. 3 le otorgó licencia de construcción
a Néstor Zuluaga Gómez, para edificar el centro comercial Krika, ubicado en la calle
oeste No.1-70 en el barrio Santa Rita de la ciudad de Santiago de Cali.

3. Posteriormente, el 29 de febrero de 2016, la Alcaldía Distrital de Santiago
de Cali profirió la Resolución No. 72 en la que declaró como bien de interés cultural
el inmueble ubicado en la calle 7 oeste No. 1-34 y 1-37, conocido como casa Ochoa,
y contiguo al predio en la que el actor contaba con licencia de construcción desde
el año 2013.

4. En desarrollo de la licencia de construcción, el tutelante construyó un centro
comercial de tres pisos. Sin embargo, en el año 2022, los procuradores 19, 59 y 217
delegados y un particular1 iniciaron una acción popular contra la Alcaldía Distrital de
Santiago de Cali y Néstor Zuluaga, pues la construcción del centro comercial no
consideró la declaratoria de bien de interés cultural del predio contiguo, y en esa

1
Gabriel Darío Ochoa Restrepo. Propietario de la Casa Ochoa.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

medida, superó el número de pisos permitidos para predios ubicados al lado de
bienes de interés.

5. En primera instancia, el proceso correspondió al juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali. Dentro del proceso de acción popular, el tutelante
afirmó que resultaba contrario a sus derechos, que le aplicaran retroactivamente la
resolución de 2016, cuando su licencia de construcción era del año 2013. Al
respecto, indicó que la construcción del centro comercial Krika respetó la licencia
de construcción otorgada por la curaduría.

6. Adicionalmente informó que, en el centro comercial funcionaba un
establecimiento que daba empleo a más de 30 mujeres cabeza de familia, motivo
por el cual, debían ser vinculadas al trámite de acción popular.

7. En providencia de 10 de agosto de 2023, el Juzgado Quince Administrativo
de Santiago de Cali amparó los derechos colectivos invocados a la moralidad
administrativa y al patrimonio público y se ordenó que se demoliera el tercer piso
del centro comercial Krika “al considerar que se afectaba la volumetría y visibilidad
de la casa Ochoa2. En la providencia se ordenó lo siguiente:

“TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior y para proteger
los mencionados derechos, se ordena al Distrito Especial de Santiago de Cali
y al señor Néstor Zuluaga Gómez, que dentro del término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adopten y
ejecuten a cabalidad todas las actuaciones tendientes al desmonte de las
láminas de superboard de los muros, las ventanas y las persianas de aluminio
de la escalera de dos tramos o instalar una de un solo tramo, de la estructura
de listones de madera de la terraza del primer piso del inmueble ubicado en la
calle 7 oeste No. 1-70 de esta ciudad y en general adopte las medidas
tendientes a la protección de los derechos colectivos mencionados, en
coordinación con el departamento administrativo de planeación – subdirección
de ordenamiento urbanístico – secretaria de cultura y demás dependencias
distritales que se encuentren involucradas.

8. La decisión fue posteriormente adicionada en sentencia de complementaria
de 31 de agosto de 2023, en el siguiente tenor:

“Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior y para proteger los
mencionados derechos, se ordena al Distrito Especial de Santiago de Cali y al
señor Néstor Zuluaga Gómez, que dentro del término de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, se estructure y
ejecute un proyecto que sea aprobado por el Distrito Especial, a través de la
dependencia correspondiente, previo concepto favorable del Consejo de
Patrimonio Cultural, que cuente con la respectiva licencia de construcción en
la modalidad de modificación y/o demolición, en el que se contemple
replantear e intervenir el volumen del tercer piso y el cerramiento de la terraza
que genera afectación a la Casa Ochoa, por lo que el proyecto estructurado
técnicamente deberá resolver el desmonte de las láminas de superboard de
los muros, así como las ventanas y las persianas de aluminio, el desmonte de
la estructura de listones de madera de la terraza del primer piso, rediseñar la
escalera de dos tramos o instalar una de un solo tramo y proceder al desmonte
de los perfiles de acero del sistema estructural para liberar el espacio
necesario y conformar el aislamiento lateral del inmueble y en general adopte

2
Índice samai 02, anexo 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

las medidas tendientes a la protección de los derechos colectivos
mencionados, en coordinación con el departamento administrativo de
planeación – subdirección de ordenamiento urbanístico – secretaría de cultura
y demás dependencias distritales que se encuentren involucradas.”

9. El tutelante apeló la decisión e insistió en sus argumentos de defensa. En
sentencia de 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.

Del escrito de tutela

10. A través de apoderado judicial, el actor señaló que la decisión judicial del
juez popular vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, pues incurrió
en los defectos sustantivos, fáctico, violación directa de la Constitución,
procedimental, y de falsa motivación. Sostuvo que el defecto sustantivo se produjo,
puesto que se desconoció la legalidad de la licencia de construcción que le fue
otorgada, le aplicó retroactivamente restricciones urbanísticas y patrimoniales que
no existían al momento en que solicitó la licencia. Afectó el derecho a la buena fe,
los derechos adquiridos y la confianza legítima. Respecto al defecto fáctico, el
demandante manifestó que el Tribunal Administrativo demandado no valoró
adecuadamente las pruebas relacionadas con la licencia de construcción, y no
realizó una ponderación entre los derechos colectivos y los derechos fundamentales
en tensión, pues la decisión judicial ordena demoler el lugar de empleo de varias
mujeres cabeza de familia.

11. El tutelante también reprochó que la providencia atacada valoró
equivocadamente un dictamen pericial que se practicó dentro del proceso. Sobre el
defecto procedimental absoluto sostuvo que las autoridades judiciales debieron
vincular a las personas interesadas en el resultado de la sentencia, pues la orden
de demolición parcial del inmueble afectará el derecho al trabajo y al mínimo vital
de las trabajadoras de dicho lugar. Esta decisión de no vincular a las trabajadoras
no fue objeto de pronunciamiento judicial, razón por la cual, se está ante una
decisión carente de motivación. En criterio del actor también se incurrió en el defecto
de falsa motivación, pues la decisión judicial no explicó la manera en la que se
produjo la afectación al patrimonio cultural. Igualmente reprochó que no existen
razones judiciales relacionadas con la proporcionalidad de la orden de demolición
parcial.

12. Finalmente invocó el defecto por violación directa a la constitución, sostuvo
que la decisión judicial vulneró sus derechos a la propiedad privada y a los derechos
adquiridos, y aplicó retroactivamente regulación urbanística con lo cual se
desconoce la prohibición de aplicación retroactiva de la ley.

Trámite de la acción de tutela

13. El magistrado ponente admitió la acción de tutela3 y vinculó a las
autoridades judiciales accionadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

3
Índice Samai 4.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Estado, y a las autoridades administrativas de la ciudad de Cali que fueron parte
dentro del proceso de la acción popular, así como a varias personas naturales.

14. El señor Gabriel Darío Ochoa Restrepo4 intervino con el fin de solicitar que
se declare improcedente la acción de tutela, afirmó que se presenta el fenómeno de
la cosa juzgada material, pues al parecer, en una decisión judicial “Sentencia
136/2023” se confirmó la ilegalidad de la licencia de construcción y se ordenó la
demolición parcial del tercer piso por violar parámetros urbanísticos. Por su parte,
Viviana Góngora Restrepo5 “vocera legalmente designada de las 31 trabajadoras
del centro comercial Krika” en su mayoría madres cabeza de familia y mujeres en
situación de vulnerabilidad, indicó que tuvieron interés de participar dentro de la
acción popular que llevó a que se tomara la decisión de derrumbar el tercer piso del
centro comercial. La vocera señaló que en el centro comercial trabajan 31 mujeres,
la mayoría madres cabeza de familia, y dos de ellas mujeres en estado de gestación.
Adujo que el tercer piso del centro comercial es un espacio de descanso de su
jornada laboral. Denunció que las autoridades judiciales accionadas vulneraron su
derecho fundamental a participar dentro del proceso de acción popular. Por lo
anterior, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso
judicial impugnado, y se ordene rehacer el trámite.

15. El defensor regional del pueblo del Valle del Cauca6 intervino con el fin de
solicitar que se declare que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no
ha desplegado ninguna acción u omitido un deber legal que lleve a la ocurrencia de
la supuesta amenaza a los derechos fundamentales del actor. La jefe jurídica de la
unidad de apoyo a la gestión del departamento administrativo de planeación distrital
de la ciudad de Cali participó con el fin de solicitar que se declare que la entidad no
ha vulnerado derecho fundamental alguno de los actores pues no ejerce funciones
judiciales.

16. La Procuraduría General de la Nación7, a través de sus procuradores
delegados, intervino con el fin de solicitar se niegue el amparo, pues la petición
carece de fundamento legal. Precisó que la licencia de construcción del año 2013
solo permitía la construcción de 2 pisos, pero el constructor edificó uno tercero, por
fuera de la licencia. En esa medida, no puede hablarse de vulneración a la confianza
legítima o a los derechos invocados por el tutelante, pues su pretensión se deriva
de un incumplimiento de la licencia de construcción. Finalizó con señalar que “ni
durante el proceso ordinario, ni ahora en sede de tutela, se ha demostrado en qué
sentido se ha vulnerado de los derechos fundamentales aludidos, económicos,
laborales y sociales de las trabajadoras, quienes presuntamente son en su mayoría
madres cabeza de familia, pues sus argumentos no van más allá de señalar que el
referido tercer piso de la construcción era la zona de descanso de dichas
trabajadoras”.

4
Índice samai 10
5
Índice samai 11.
6
Índice Samai 15.
7
Índice samai 17.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

17. La curadora urbana No. 3 de la ciudad de Cali8 intervino con el fin de indicar
que ejerce su cargo, desde el 11 de enero de 2023, motivo por el cual no le consta
ninguno de los hechos objeto de la tutela.

CONSIDERACIONES

Competencia

18. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

19. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, y en caso de resolver
positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.

20. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la
subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra
providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.

Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente.

21. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección
de derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las
autoridades9 judiciales10- e inclusive de particulares11. Con todo, la procedibilidad
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas
las presunciones de acierto y validez que los acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto12.

8
Índice samai 18.
9
En el artículo 40 se consagró la competencia especial para conocer de las acciones de tutela
contra las providencias judiciales proferidas por “los jueces superiores, los tribunales, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado” en el superior jerárquico correspondiente.
10
“…de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que
los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no
están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales … ” C-543 de 1992.
11
Inciso 5° de la Constitución.
12
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema
jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.// Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente.

22. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir
de requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido
reiterándose por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales
genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se han resumido así 13:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”.

23. Toda acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las
seis causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación,
se examina si la providencia atacada supera los requisitos de procedibilidad general.
Si lo hace, se proseguirá con el examen dirigido a resolver el problema jurídico de
fondo.

24. En relación con el requisito de relevancia constitucional, en las SU-033 de
2018 , SU-128 de 202115 y la SU-215 de 202216, la Corte Constitucional ha
14

señalado que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para

dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección,
aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
14
M.P. Alberto Rojas Ríos.
15
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
M.P. Natalia Ángel Cabo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos17. Se
indica que: “[e]ste enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

25. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo, se ha establecido que un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.

26. Las providencias de unificación citadas han reconocido que el juez de tutela
debe declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para
desarrollar la constitución política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que no se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales.

27. En el caso concreto, la acción de tutela interpuesta por el señor Néstor
Zuluaga no implica un asunto de relevancia constitucional, pues el objetivo del actor
es presentar como cargos de inconstitucionalidad de la sentencia, aspectos que
fueron debatidos durante las dos instancias del proceso ordinario ante el juez
popular. En efecto, los argumentos del escrito de tutela, si bien invocan normas
constitucionales, se limitan a presentar disconformidades del demandante respecto
del fallo cuestionado, es decir, se acude al medio constitucional como si fuese una
tercera instancia. Una muestra de ello es que el actor denuncia la vulneración de su
derecho al debido proceso con fundamento en el desconocimiento de la presunción
de legalidad de la licencia de construcción. En este sentido, el actor no demostró
que los juzgadores ordinarios hayan incurrido en yerros que afecten la validez de
las decisiones judiciales cuestionadas. Por el contrario, el demandante busca reabrir
el debate que resolvieron los jueces populares en el proceso de protección de
derechos colectivos.

28. La acción de tutela reitera argumentos que fueron ampliamente discutidos
y resueltos dentro de las dos instancias del proceso de la acción popular. Por
ejemplo, ello sucede con las razones que cuestionan la decisión de los jueces
populares de ordenar la demolición parcial del tercer piso de la construcción debido
a que afectaría derechos fundamentales de trabajadoras. En este punto, se
considera que asiste razón al ministerio público, para quien, la intervención de una

17
SU-128 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de las trabajadoras permite concluir que la construcción del tercer piso del
mencionado edificio es un espacio de descanso, pero cuya demolición no afecta
derechos fundamentales de terceras personas.

29. Adicional a lo anterior, la supuesta vulneración al derecho a la propiedad
privada y a los derechos adquiridos no presenta una discusión sobre dichas
garantías, en un plano constitucional. En efecto, la Sala recuerda que la
jurisprudencia constitucional18 ha explicado que el derecho a la propiedad privada
tiene dimensiones o facetas que son fundamentales, y en esa medida, en casos
específicos son justiciables a través del medio constitucional de amparo. Sin
embargo, estas facetas fundamentales se limitan a los eventos en los que los
tutelantes denuncian actos en los que, se les priva del bien que les permite acceder
a su único ingreso económico o se les priva de inmueble en el que residen personas
sujetas de especial protección constitucional. En los demás casos se delega a las
acciones judiciales ordinarias las discusiones sobre el derecho de propiedad que
tengan que ver con usos diferentes, esto pues se trata de discusiones de
principalmente de índole económica, razón por la cual no revisten relevancia
constitucional. Como se advierte, la faceta del derecho que reivindica el actor no
hace parte de las dimensiones fundamentales del derecho de propiedad, por lo que
escaparía a la órbita de la acción de tutela.

30. De otra parte, el actor sostiene que la orden judicial afecta los derechos
fundamentales de mujeres trabajadoras de la construcción que debe ser objeto de
desmonte. Sin embargo, en el proceso de la acción popular y en el de tutela quedó
claro que, en principio, el tercer piso que debe ser objeto de desmonte es una zona
de descanso que no afecta la realización de otras actividades económicas. En esa
medida, se está invocando la protección del derecho a la propiedad privada en una
faceta que es competencia de los jueces ordinarios, y no de los jueces
constitucionales.

31. En conclusión, la acción carece de relevancia constitucional, pues: (i) acude
a argumentos que fueron ampliamente discutidos dentro de las dos instancias del
juez popular; (ii) la tutela se utiliza como una tercera instancia para reabrir debates
procesales y mostrar una inconformidad con la decisión atacada, mas no para
mostrar un yerro que afecte la validez de la misma; (iii) no se presenta un debate de
rango constitucional, o que verse sobre derechos fundamentales, sino se propone
un debate de índole legal y facetas infra constitucionales de derechos, como la

18
Cfr. Sentencia T-454 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: “2.5 En cuanto tiene que ver con
la propiedad privada, estos dos aspectos –fundamentalidad y justiciabilidad- se encuentran
estrechamente ligados. El criterio mantenido por esta Corte es que únicamente algunas
facetas del derecho constitucional a la propiedad privada adquieren el carácter de
fundamental y, solo cuando ello ocurre, la propiedad es susceptible de protección mediante
la acción de tutela. Concretamente, para la Corte, la propiedad solo puede ser considerada un
derecho fundamental cuando las facetas invocadas por los accionantes (uso, goce, usufructo, etc.)
tengan una relación directa con la dignidad humana. En otras palabras, la propiedad privada es un
derecho fundamental cuando la afectación de ese núcleo mínimo de protección del goce y el uso
de los bienes implique un menoscabo de ese atributo inherente a la persona en tanto ser racional,
independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de alcance positivo. En las demás
ocasiones, la propiedad no es un derecho fundamental y si ello no es así, mucho menos puede ser
exigible mediante la acción de tutela.” (negrillas y subrayado fuera del texto)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02960-00
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela

propiedad o los derechos adquiridos. (iv) Respecto a la supuesta tensión con
derechos fundamentales de las trabajadoras, se verifica que, no se allegó prueba
respecto a la manera en la que la orden judicial afecta derechos de rango
constitucional de las mencionadas mujeres, pues solo se verificó que el tercer piso
de la construcción es un lugar de descanso, mas no de otras actividades.

32. En relación con los argumentos de ausencia de participación de las
trabajadoras en el proceso de la acción de la popular, esta Corporación reconoce
que ese cuestionamiento puede ser ventilado en otras acciones judiciales que
busquen la garantía de sus derechos. En esta oportunidad, estos argumentos
escapan a la competencia que habilita una tutela contra sentencia, la cual está
delimitada por el debido proceso del actor, quien participó en el trámite de la acción
popular y propone otros defectos en contra de la providencia demandada. En otras
palabras, los derechos de las trabajadoras son diferentes a los del actor y este no
puede asumir el ejercicio de los derechos de estas, ya que carecería de legitimidad
para ello19.

33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Néstor Zuluaga
Gómez, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

19
Corte Constitucional Sentencia T-151 de 2024.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.