Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02960-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02960-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02960-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02960-01
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 16
de junio de 20251 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 16 de mayo de 20252, Néstor Zuluaga Gómez, por conducto de apoderado
judicial3, interpuso acción de tutela4 con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza
legítima y a la propiedad privada, que estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la sentencia del 29 de noviembre
de 2024, mediante la cual se confirmó el fallo del 10 de agosto de 2023,
complementado por la providencia del 31 de agosto de 2023, proferidos por el
Juzgado Quince Administrativo de Cali, en los que se accedió a las pretensiones de
la acción popular radicada bajo el número 76001-33-33-015-2022-00112-00.
2. Hechos
2.1. Los Procuradores Judiciales 217, 57, 59 y 19 para Asuntos Administrativos de
Cali promovieron demanda de acción popular5 en contra del Distrito Especial de
Santiago de Cali, la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, la
Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, la Secretaría de Cultura y Néstor
Zuluaga Gómez, con el propósito de que se ampararan los derechos colectivos a la
1
Obra en el certificado B043C5328535957B 692BBD816D699BA3 6B682C83AEB917DC
04BB47E99A67F269, índice 29.
2 Según el correo que obra en el certificado 465F3EEBDC1AD438 4DCD0879DA1186F1 2ACA6D772EEB9935
742A7E04B995EA0D, índice 2.
3 Folio 61 del certificado 68221DDC56D1BFBF F7D2364022DE2FF0 A5C4330FD7AC4F65
8F171EAE4D747697, índice 2.
4 Obra en el certificado 8CEF6D75FA0F9155 CE879D989487C453 35DE7F6D22A1682B
2E97A036F2652FC8, índice 2.
5 Folios 2 – 16 del archivo 01EscritoyAnexos del certificado 2E370D76CE88CDE2 939A08782429604E
77C64C9A8D38556E D123BDB608BAC910, índice 9.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con
observancia de las disposiciones jurídicas, que consideraron vulnerados con
ocasión de la construcción de varios locales comerciales contiguos a un bien de
interés cultural.
2.2. El 10 de agosto de 20236, el Juzgado Quince Administrativo de Cali protegió
los derechos colectivos invocados y ordenó al Distrito Especial de Santiago de Cali
y a Néstor Zuluaga Gómez que, en el término de tres (3) meses desde la ejecutoria
de la providencia, adelantaran todas las labores encaminadas a desmontar varias
partes de la estructura del inmueble colindante con el predio protegido.
En sentencia complementaria del 31 de agosto de 20237, el Juzgado Quince
Administrativo de Cali adicionó las órdenes proferidas en el fallo del 10 de agosto
de 2023.
2.3. Inconformes con la decisión judicial, Gabriel Darío Ochoa Restrepo8, Néstor
Zuluaga Gómez9 y el Distrito Especial de Santiago de Cali10, interpusieron recurso
de apelación.
2.4. Mediante providencia del 29 de noviembre de 202411, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca confirmó el fallo recurrido.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
6 Obra en el certificado AD395174BDBE3E66 1AA75EACF3AF9ACA BBCAD87106B51C27
13192C9C596A3D9F, índice 82 del expediente 76001333301520220011200 de los Juzgados Administrativos
de Cali.
7 Obra en el certificado 77C3364DE275FFAD 7B6ECB110DD8F0F2 5EFAC07232776A1A
E47F1331A7BF6049, índice 93, ibid.
8 Obra en el certificado B5FCF6C154BFB11C 27FD64D5FA2C745B AF4EAB058EDAD7FA
8FDEE5AE9316D166, índice 87 del expediente 76001333301520220011200 de los Juzgados Administrativos
de Cali.
9 Obra en el certificado CA5624D229CB37CB A6C741F73AEA0D9B 984260C4E892AC6A
C9DBEFF2AE8F589B, índice 97 del expediente 76001333301520220011200 de los Juzgados Administrativos
de Cali.
10 Obra en el certificado 462456B569D86DB9 E394F6AD1F6C9BD8 F0141DE6F9EBF0AC
7285CD222528EDB9, índice 85, ibid.
11 Obra en el certificado F9E4293C88EAF2CC 9B12669D288203FA C137F49F52B68E23
751AF2CB2BE00AF3, índice 19 del expediente 76001333301520220011201 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
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Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
3.1. Se presentó una colisión entre los derechos colectivos invocados y los derechos
fundamentales, económicos y laborales del actor y de terceras personas
interesadas, como las trabajadoras del centro comercial Krika, en la medida en que
no fueron vinculadas al proceso. La mayoría de ellas son madres cabeza de familia
y dependen económicamente de las actividades desarrolladas en el inmueble,
circunstancia que no fue considerada, pues no se evaluó el impacto económico y
social que tendría la demolición.
3.2. Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
judicial contenido en las sentencias T 660 de 2002, C 619 de 2001, T 293 de 2018
y T 025 de 2004.
3.3. Afirmó que se configuró un defecto sustantivo, en la medida en que se
desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos, pues se ignoró
la licencia de construcción otorgada en 2013 y se aplicaron restricciones
urbanísticas y patrimoniales de forma retroactiva, sin considerar los derechos
adquiridos derivados de dicha licencia ni el principio de confianza legítima.
3.4. Asimismo, estimó que se configuró un defecto fáctico, en la medida en que no
se valoraron de forma adecuada la licencia de construcción, los testimonios ni los
demás elementos probatorios que demostraban la inexistencia de afectaciones al
bien de interés cultural.
3.5. Sostuvo que se incurrió en un defecto procedimental absoluto, debido a que no
se garantizó la participación de las trabajadoras del establecimiento como terceras
interesadas ni se explicaron las razones por las cuales no fueron vinculadas al
proceso judicial; además, no se aseguró la contradicción probatoria.
3.6. La sentencia atacada se encuentra viciada por una falta de motivación y una
violación directa de la Constitución.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso
a la administración de justicia, propiedad privada y confianza legítima, los
cuales fueron vulnerados por la sentencia de segunda instancia proferida el 29
de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de acción
popular con radicado 76001-33-33-015-2022-00112-01 acumulado con 76001-
33-33-009 2022-00306-01.
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en un término
razonable, profiera una nueva decisión que cumpla con los estándares
constitucionales y legales, considerando:
3.1. La aplicación del régimen de presunción de legalidad de los actos
administrativos, en especial la licencia de construcción otorgada en el año
2013.
3.2. La valoración adecuada e integral de las pruebas aportadas en el proceso,
incluyendo los elementos de defensa presentados por el accionante y los
terceros afectados.
3.3. La protección reforzada de los derechos de las trabajadoras del
establecimiento Krika Cosmetics y Krika Beauty Salón, quienes son sujetos de
especial protección constitucional.
3.4. El archivo definitivo del proceso administrativo sancionatorio por
caducidad.
3.5. La imposibilidad de investigar nuevamente hechos sobre los cuales ya
operó la caducidad de la facultad sancionatoria.
3.6. La ponderación adecuada entre los derechos colectivos invocados y los
derechos fundamentales de los afectados.
4. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que se garantice
la participación efectiva de los terceros interesados en el proceso,
específicamente las trabajadoras de Krika Cosmetics y Krika Beauty Salón”12.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 20 de mayo de 202513, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca; y, en calidad de terceros con interés, al Juzgado Quince Administrativo de
Cali, a los Procuradores 19, 57, 59 y 217 para Asuntos Administrativos de Cali, al
Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Ordenamiento
Urbanístico – Secretaría de Cultura, a la Personería Municipal de Cali, a la
Curaduría Urbana Tercera de Cali, a la Defensoría Regional del Pueblo del Valle
del Cauca, a Gabriel Darío Ochoa Restrepo, a Carlos Alberto de Jesús Ochoa
Restrepo y a Viviana Góngora Quintero14.
5.2. El Juzgado Quince Administrativo de Cali15 informó sobre el trámite surtido en
su Despacho respecto de la acción popular.
12 Folios 1 - 2 del certificado 8CEF6D75FA0F9155 CE879D989487C453 35DE7F6D22A1682B
2E97A036F2652FC8, índice 2.
13 Obra en el certificado 909292BA672DB643 A381430C0CEBC9B4 AF957395F63A6B27
7D7839FF5B163567, índice 4.
14 Los soportes de notificación obran en el índice 7.
15 Obra en el certificado 2E370D76CE88CDE2 939A08782429604E 77C64C9A8D38556E
D123BDB608BAC910, índice 9.
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5.3. Gabriel Darío Ochoa Restrepo16 intervino, en el sentido de refutar todos los
alegatos del accionante.
5.4. Viviana Góngora Quintero17, en calidad de vocera designada por las
trabajadoras del centro comercial Krika, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales consideró vulnerados por las autoridades judiciales a lo
largo del trámite de la acción popular, al habérseles impedido intervenir como parte
en el litigio.
5.5. La Defensoría Regional del Valle del Cauca18 indicó que no era la autoridad
competente para dejar sin efectos el fallo cuestionado ni para materializar las
pretensiones de la demanda de tutela. Por ende, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5.6. La Personería Municipal de Santiago de Cali19 argumentó que, si bien fue
incluida en el comité de verificación ordenado por la providencia judicial cuestionada
para supervisar su cumplimiento, ello no implica que ostente la calidad de
demandante, demandada o vinculada dentro de la acción popular. En consecuencia,
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.7. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Cali20 afirmó que no
ostenta competencia para modificar o controvertir las decisiones adoptadas por los
jueces administrativos. Señaló que sus actuaciones se han desarrollado conforme
a sus funciones técnicas y administrativas, relacionadas con la formulación y
orientación del ordenamiento urbanístico, así como con la emisión de conceptos
técnicos cuando han sido requeridos por las autoridades competentes. En ese
sentido, sostuvo que no incurrió en conducta alguna que hubiera vulnerado
derechos fundamentales, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas
y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
16
Obra en el certificado 34FBB65E23910258 7B755BDE51AF0AA9 AB56B3B176E6C677
94C8BAB34FC7D18C, índice 10.
17 Obra en el certificado E46E79041CCDC46C BF17550270CE717D 9BB5B77C21BF3F5A
FB9F42BC3B80C23D, índice 11.
18 Obra en el certificado 804BB8E1D714721C 36B40AE4A391DEE7 08A628311BC53F19
1613CEF08B0C3A27, índice 13.
19 Obra en el certificado FC0577C025309E41 4E2D6AD13430A81C 39EC774C7250C777
E5ADF7070A6E8BC2, índice 14.
20 Obra en el certificado 8EBD80AD9ABA1267 4954AA9D8846B337 D74D01AF83BB1A80
C4886F88B827708F, índice 16.
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5.8. Los Procuradores 19 Judicial II, 59 Judicial I y 217 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Cali21 se pronunciaron en el sentido de señalar que la demanda
tuitiva no planteó una controversia de relevancia constitucional, sino que pretendió
abrir un debate ya zanjado.
5.9. La Curadora Urbana Tres de Cali22 informó que el trámite aquí cuestionado fue
adelantado por el Curador Urbano saliente y, por ello, no le constan los hechos
denunciados.
5.10. La Secretaría de Cultura Distrital de Santiago de Cali23 resaltó que todas sus
actuaciones se realizaron en el marco de sus competencias y que participa en este
asunto constitucional en calidad de entidad vinculada, con el propósito de respaldar
la legalidad y validez de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Asimismo, sostuvo que no se vulneró el derecho fundamental a la
propiedad, en tanto este no es absoluto, que no se evidenció un quebrantamiento
del debido proceso del actor y que el fallo cuestionado se encuentra debidamente
motivado.
5.11. La Curadora Urbana Tres de Cali24 se pronunció nuevamente sobre la
diferencia entre la función de la curaduría y el cargo de curador como sujeto
legalmente responsable de derechos y obligaciones. Insistió en que cada curador
urbano es autónomo en el ejercicio de sus funciones y responde a título personal,
por lo que, desde su posesión en el cargo, ha sostenido que no tuvo injerencia en
los hechos relacionados con la aprobación de la licencia de construcción del centro
comercial. En particular, frente al trámite de la acción popular, propuso varias
excepciones, entre ellas, la falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.12. Viviana Góngora Quintero25 solicitó que se declarara como medida provisional
la suspensión de todo procedimiento encaminado a dar cumplimiento a la sentencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
5.13. Los demás interesados guardaron silencio.
21
Obra en el certificado 823D0C3E44CFE1AE 2150DEF0843A147F 488F70C1D768FB4A
2A2050F91C5DDAC9, índice 17.
22 Obra en los archivos identificados con el certificado B36BD225233ECC4F 8D8AF6F46536B64B
D22395A3CC9FE16A 9D4529FE03C0D1CA, índice 18.
23 Obra en el certificado 350003E4100DBF3B BBFA00F2EF50DEC6 DA89BC9F1DEFCCB3
9EBFBC1C404DE066, índice 19.
24 Obra en el certificado BA3A68794FF1491F 8EFF000631AA077B 7F81F504ED80AFEA
370212C60D67BA47, índice 21.
25 Obra en el certificado 43FB70A118A15C7F 65482DCF07855A21 AAAADB2906D4DCD7
B72B48BA2E5EB255, índice 27.
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6. Fallo de tutela de primera instancia
El 16 de junio de 202526, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
El a quo constitucional consideró que los reproches formulados mediante dicha
acción estaban dirigidos, en realidad, a controvertir el razonamiento de la
providencia judicial cuestionada por el desacuerdo con lo decidido, más que a
plantear una vulneración concreta de los derechos fundamentales invocados. En
efecto, concluyó que con la acción se pretendía reabrir un debate ya resuelto por
los jueces naturales de la acción popular.
En relación con la vulneración del derecho a la propiedad privada y de los derechos
adquiridos del actor, consideró que la dimensión que se pretendía proteger, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, no hacía parte del núcleo
fundamental de la garantía invocada, de modo que su protección excedía el ámbito
propio de la solicitud de amparo
Finalmente, en relación con los argumentos relativos a la ausencia de participación
de las trabajadoras en el proceso de la acción popular, se estimó que dicho
cuestionamiento podía ser planteado a través de otros mecanismos judiciales y que,
en esta oportunidad, el análisis constitucional se encontraba delimitado a los
derechos fundamentales del actor y no a los de aquellas. Lo anterior, en la medida
en que aquel no asumió su representación para el ejercicio de tales derechos, de
modo que, de admitirse lo contrario, se concluiría que el tutelante carecía de
legitimación para ello.
7. Razones de la impugnación
Inconformes con la decisión, Viviana Góngora Quintero y Néstor Zuluaga Gómez
presentaron escrito de impugnación.
26 Obra en el certificado B043C5328535957B 692BBD816D699BA3 6B682C83AEB917DC
04BB47E99A67F269, índice 29.
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Sentencia de segunda instancia
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7.1. La interviniente27 insistió en que la omisión de vincular a las trabajadoras al
proceso de la acción popular constituyó un defecto procedimental absoluto que
acarreó la nulidad de todo lo actuado en dicho asunto. Asimismo, sostuvo que la
orden de demolición del tercer piso del centro comercial vulnera sus derechos
fundamentales, en tanto supone la inexistencia de un espacio de descanso
adecuado, lo cual afectaría su productividad y su bienestar físico y mental. A su
juicio, ello compromete el derecho al trabajo digno y pone en riesgo la estabilidad
laboral de más de treinta personas. Adicionalmente, reiteró que existió una falta de
ponderación entre los derechos colectivos invocados y sus derechos
fundamentales.
7.2. A su vez, el tutelante28 reiteró que se aplicó de manera retroactiva la
normatividad que rigió el caso, con lo cual se vulneró el principio de confianza
legítima, y que se excluyó del debate a las trabajadoras del centro comercial Krika.
Aclaró que no pretendió asumir la representación de estas, sino poner de presente
que dicha exclusión constituyó un defecto procedimental que afectó la validez de
toda la actuación judicial.
Por otro lado, alegó que la acción popular era improcedente para garantizar los
derechos colectivos invocados. Aseguró que la presente solicitud de amparo no
buscaba reabrir debates procesales, sino corregir vulneraciones graves a los
derechos fundamentales invocados, que no fueron debidamente protegidos por la
primera instancia constitucional. Añadió que esta incurrió en una motivación
insuficiente y en la exclusión de pruebas relevantes para sustentar la orden de
demolición parcial.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
8.1. Mediante auto del 9 de julio de 202529, el a quo concedió las impugnaciones
formuladas.
8.2. El asunto fue repartido al Despacho ponente para su correspondiente trámite
de segunda instancia el 21 de julio de 202530 y, luego de que mediante auto del 21
27 El 1 de julio de 2025 a las 17:22. Obra en el certificado BCB77F12EFCC7ECF 0FD2887F785D2E8D
763B9A12B173E643 76FF8EDAE41195F4, índice 33.
28 El 2 de julio de 2025 a las 14:52. Obra en el certificado 077060DFB92F8E58 880BB478D086377E
2DA6FA6B5B5B2733 13A95F964001226A, índice 34.
29 Obra en el certificado B982675C26FB484F 6ECDA716B9ACC5FE FECF7036B27F8931
7710D10CE8A11278, índice 36.
30 Según el índice 3 de segunda instancia.
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de enero de 202631 se declarara infundado el impedimento manifestado por su
titular32, ingresó el 2 de febrero de 202633 para la elaboración del correspondiente
proyecto de fallo.
8.3. Gabriel Darío Ochoa Restrepo34 puso de presente un hecho nuevo y alegó que
no era posible amparar el derecho a la propiedad, dado que no se configuró defecto
alguno en la sentencia cuestionada, la cual fue proferida con plena garantía del
debido proceso. Añadió que la prerrogativa invocada no es absoluta, sino que
cumple una función social que implica obligaciones35.
8.4. La parte demandante36 se opuso a la anterior intervención, al señalar que, si
bien Gabriel Darío Ochoa Restrepo actúa como veedor ciudadano, en realidad es
hijo de la propietaria de la “Casa Ochoa”, por lo que su interés es de carácter
patrimonial y particular. Reiteró que la acción de tutela no se interpuso como una
tercera instancia, que se omitió realizar una ponderación adecuada, que la
Resolución 516 de 2025 constituye una prueba de la buena fe y del cumplimiento
de la sentencia cuestionada, y puso de presente la existencia de una sucesión
procesal derivada del fallecimiento de Néstor Zuluaga.
8.5. Mediante providencia del 2 de marzo de 202637, el Despacho ponente negó la
solicitud de medida provisional elevada por Viviana Góngora Quintero, negó la
vinculación elevada por la Curadora Urbana Tres de Cali y requirió a todas las partes
y vinculados para que manifestaran, bajo la gravedad de juramento, si Néstor
Zuluaga Gómez se encontraba con vida o, en caso de que hubiera fallecido,
allegaran el correspondiente registro civil de defunción y acreditaran el trámite de
sucesión procesal cursado en el marco de la acción popular 76001-33-33-015-2022-
00112-00.
31 Obra en el certificado 23665CDB25AEDCBE 6B83DECF156C393F 02B1360B94962770
B489E65A87845CCE, índice 10, ibid.
32 Obra en el certificado D7FA3A386317E00C B1BA9EADB4CA1495 FB803A58C54856B6
A3376CD47E0718CC, índice 4, ibid.
33 Según el índice 18, ibid.
34 Obra en el certificado 5B59FAF488EEFCAC CBE83A3C519E4CAE E66B4D242677FDE4
3082A8AA0281F7D2, índice 14, ibid.
35 El actor insistió en lo manifestado, a través del memorial que obra en el certificado 5FE70480D0AE3AEA
C027E0F6E622DC80 32D422CC0BC89594 91674356554E371E, índice 19, ibid.
36 Obra en el certificado B75E92781503957A 8410E779439D6E17 B8125E95EC4DE103
BF8E92A0D727D3A4, índice 23, ibid.
37 Obra en el certificado 7088D318BD8322EB 683B1ED2F6325165 AE423A51F74079DE
5C5F1229AD8E9F65, índice 24, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02960-01
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
8.6. James Fernández Cardozo38, quien en su momento actuó como apoderado de
la parte demandante, informó que Néstor Zuluaga Gómez falleció el 6 de octubre de
202539, que antes de su deceso adelantó diversas actuaciones encaminadas a
asegurar el cumplimiento de las decisiones derivadas de la acción popular y que,
en la actualidad, la sociedad Aventura Plaza S.A.S. es la titular de los derechos
sobre el inmueble involucrado y ha ratificado los compromisos relacionados con el
cumplimiento de los fallos judiciales.
8.7. El Juzgado Quince Administrativo de Cali40 también aportó el registro de
defunción de quien fuere el actor en el presente litigio.
8.8. La Alcaldía de Santiago de Cali41 y la Defensoría del Pueblo – Regional del
Valle del Cauca42 afirmaron que no tenían conocimiento ni contaban con
información oficial que les permitiera establecer que Néstor Zuluaga Gómez hubiera
fallecido.
8.9. Las demás partes e interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones
presentadas en contra del fallo proferido el 16 de junio de 2025 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
38 Obra en el certificado DB58A3C88427EBD4 1C1752E84AE8D719 0BA1283065D9612A
0E0D70C03BD4F630, índice 28, ibid.
39 Folio 60, ibid.
40 Obra en el índice 29 de segunda instancia.
41 Obra en el certificado 46EDDDF0AFCF47C3 EEB6ED0E82E1211B 5D6B1F5A9B6BA824
4579A2EA3290AC28, índice 30, ibid.
42 Obra en el certificado 713791A737B3C842 A4665771F82B2E8E 1CA643A3268B958A
EC51CAF9E6F2A521, índice 32.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02960-01
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. De la carencia actual de objeto
El Alto Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia43, ha indicado que la
carencia actual de objeto se configura cuando, frente a las pretensiones esbozadas
en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez sería inane.
Específicamente, esta figura tiene lugar cuando se presenta un daño consumado44,
un hecho superado45 o una situación sobreviniente46.
3.1. De la situación sobreviniente respecto del cargo por doble radicación
3.1.1. De acuerdo con el escrito de tutela y con los elementos de juicio que se
allegaron durante el trámite de amparo, Néstor Zuluaga Gómez, a través de su
apoderado judicial James Fernández Cardozo, en vida, presentó la solicitud de
amparo de la referencia con el fin de proteger los derechos fundamentales que
estimó vulnerados por la sentencia del 29 de noviembre de 2024 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Ahora bien, pese a que la parte tutelante alegó la configuración de varias causales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que el
actor y titular de los derechos fundamentales invocados falleció el 6 de octubre de
43 Se toma de la sentencia T-038 de 2019.
44 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que
el juez no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se
consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
45 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como
consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de
derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de
2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018, entre otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
46 El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión.
Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues
por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la
carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la
entidad demandada– ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible
proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente
pierde interés en el objeto original de la Litis. Al respecto consultar la SU-522 de 2019, así como las sentencias
T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016, entre otras.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02960-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
202547, fecha en la que el presente asunto se encontraba pendiente del trámite del
impedimento manifestado por el Consejero ponente48, resulta evidente que, durante
el curso procesal de la segunda instancia, acaeció el hecho jurídico de la muerte del
titular de los derechos fundamentales invocados.
3.1.2. Como consecuencia, al haber fallecido quien en vida actuó como
demandante, este juez constitucional ya no puede impartir una orden encaminada
a salvaguardar sus derechos fundamentales, en tanto esta resultaría inocua. En
consecuencia, se impone a esta Sala declarar la carencia actual de objeto por
situación sobreviniente.
3.1.3. En este punto, la Sala precisa que, si bien en los memoriales allegados por el
abogado James Fernández Cardozo se menciona un supuesto trámite de sucesión
procesal adelantado dentro del proceso de acción popular examinado y se señala
que la titularidad de los derechos sobre el inmueble en litigio recae actualmente en
la sociedad Aventura Plaza S.A.S., en el presente asunto el señor Zuluaga Gómez
afirmó actuar en procura de sus propios derechos fundamentales, sin invocar la
condición de socio ni la calidad de representante legal de dicha sociedad.
3.1.4. Ahora bien, respecto de la impugnación presentada por Viviana Góngora
Quintero, esta Subsección reiterará lo considerado en la primera instancia, en
cuanto a que, sin perjuicio de que las trabajadoras del centro comercial puedan
incoar acciones judiciales encaminadas a la protección de sus intereses, el presente
examen constitucional se circunscribió a los cargos formulados por el actor en
función de la salvaguarda de sus derechos fundamentales, sin que este hubiera
asumido la representación de aquellas ni hubiera alegado actuar en calidad de
agente oficioso.
4. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la decisión
de primera instancia, en cuanto declaró la improcedencia del amparo; no obstante,
lo hará con fundamento en que se configuró una carencia actual de objeto por
situación sobreviniente.
47 Folio 60 del certificado DB58A3C88427EBD4 1C1752E84AE8D719 0BA1283065D9612A
0E0D70C03BD4F630, índice 28, ibid.
48 Obra en el certificado D7FA3A386317E00C B1BA9EADB4CA1495 FB803A58C54856B6
A3376CD47E0718CC, índice 4, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02960-01
Accionante: Néstor Zuluaga Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 16 de junio de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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