Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02981-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02981-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02981-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02981-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, POR NO CUMPLIR EL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE
A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE
POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 24 de julio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo de la referencia.
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En adelante la Sección Cuarta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02981-01
ACTOR: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual
estima vulnerado por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO2 al haber proferido la providencia de 3 de abril de 2025
dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 2023-00031-03.
I.2.- Hechos
Indicó que, mediante sentencia de 16 de junio de 2022, la SECCIÓN
QUINTA declaró la nulidad de la designación del señor HÉCTOR
MIGUEL PARRA LÓPEZ como rector de la Universidad Francisco de
Paula Santander3, para el período 2021-2025.
Refirió que el Consejo Superior Universitario de dicha institución
convocó a consulta democrática con el fin de definir los candidatos a
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
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En adelante UNIVERSIDAD.
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rector, para lo cual se programó jornada electoral mediante Acuerdo
núm. 45 de 26 de octubre de 2022.
Señaló que el 22 de noviembre de 2022, luego de realizarse la
consulta democrática con la participación del 75.80% del potencial
electoral, el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo núm.
47 de 22 de noviembre de 2022, designó a la señora SANDRA
ORTEGA SIERRA como rectora de la Universidad, para el período
2022-2026.
Afirmó que contra dicho acto de elección promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, al igual que la
veeduría ciudadana PROCURA UFPS y el ciudadano JONNATHAN
ALEXANDER CARRILLO PRIETO.
Manifestó que las demandas identificadas con los números únicos de
radicación 2023-00019-00 y 2023-00030-00, fueron acumuladas al
expediente principal radicado bajo el número 2023-00031-00.
Adujo que el proceso correspondió en primera instancia al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER4 que,
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En adelante TRIBUNAL.
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mediante sentencia de 22 de mayo de 2024, denegó las pretensiones
de la demanda al considerar que no se encontraron probados los
cargos endilgados.
Destacó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN QUINTA mediante
sentencia de 3 de abril de 2025, a través de la cual confirmó la
decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
al debido proceso, comoquiera que de conformidad con el artículo
271 del CPACA, en el escrito del recurso de apelación solicitó que la
segunda instancia se surtiera ante la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, al considerar que el asunto
revestía importancia jurídica y trascendencia social.
Alegó que el asunto puesto a consideración tiene importancia dentro
del ordenamiento jurídico por violación del régimen de conflicto de
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interés, situación que pasó por alto la SECCIÓN QUINTA a pesar de
haberlo insistido en segunda instancia.
Destacó que no es de tal acierto como lo afirmó la SECCIÓN
QUINTA que el conocimiento de la violación del régimen de conflicto
de intereses sea de su especialidad, pues ello es causal de pérdida
de investidura de los congresistas y es de conocimiento en segunda
instancia por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.
Aseveró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación
directa de la Constitución al vulnerar el debido proceso dispuesto
en el artículo 29 de la Constitución Política y desconocer el contenido
del artículo 271 del CPACA, comoquiera que, a su juicio, la SECCIÓN
QUINTA no es la competente para sentar jurisprudencia, pues ello
corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Resaltó que en ningún momento solicitó que se determinara si se
incurrió en mora judicial en el trámite de primera instancia, sin
embargo, la autoridad judicial accionada discurrió sobre el particular
aduciendo que el proceso de nulidad electoral no demoró en
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proferirse sentencia de primer grado, asunto que le correspondía
propiamente al Consejo Nacional de Disciplina Judicial, en el que
denunció disciplinariamente a tres miembros del TRIBUNAL, lo que
evidencia que la SECCIÓN QUINTA incurrió en delito de prevaricato
por acción.
Por último, puso de presente que la solicitud de amparo cumple con
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
I.4.- Pretensiones
El actor el amparo de su derecho fundamental invocado como violado
y, en consecuencia:
“[…] se le ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado que
ponga en conocimiento de la Sala Plena Contenciosa Administrativa
del Consejo de Estado, para que sea esta Sala la que siente
jurisprudencia de los asuntos peticionados en mi recurso de
apelación entre ellos el caso especial de la violación del régimen
del conflicto de intereses en que incurrieron cinco (5) miembros del
Consejo Superior Universitario de la UFPS y la señora SANDRA
ORTEGA SIERRA, cuando los primeros la designaron rectora el 22
de noviembre del año 2022 mediante el acuerdo 047 […]”
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA luego de hacer un recuento del trámite
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surtido dentro del proceso origen de la controversia, advirtió que en
el fallo cuestionado explicó de manera razonada por qué, en
aplicación del criterio de especialidad, era competente para resolver
la solicitud del actor, en la medida que aludió a cargos de nulidad y
aspectos probatorios que estaban en discusión propios de esa
Sección y que afectaban una situación particular, de tal forma que la
resolución de estos no trascendía a áreas transversales ni revestía
de importancia jurídica como para sentar jurisprudencia sobre ello.
Alegó que el tutelante en el escrito de apelación pidió exhortar al
TRIBUNAL para que en el futuro cumpliera los términos del artículo
264 de la Constitución Política para fallar procesos de nulidad
electoral, de tal forma que para resolver dicha petición revisó las
actuaciones que se surtieron en primera instancia para concluir que
no se advirtió mora judicial injustificada, por lo que no resultaba
procedente tal requerimiento, lo cual no puede conllevar, como lo
sugiere el actor, a la configuración de una conducta penal, pues actuó
en el marco de sus competencia al resolver los reparos que planteó
en el recurso de apelación.
Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo deprecado.
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I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La señora SANDRA ORTEGA SIERRA solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo de la referencia toda vez que lo
pretendido por el actor es reabrir el debate de instancia que se surtió
en el proceso de nulidad electoral con los mismos argumentos que
planteó en su demanda.
Indicó que la supuesta configuración del conflicto de intereses por
parte de los miembros del Consejo Superior universitario en el que
soporta la presunta vulneración al debido proceso por parte de la
SECCIÓN QUINTA, es propio del debate que se surtió en el proceso
de nulidad electoral, en el que en ambas instancias se examinaron y
valoraron todas las pruebas aportadas y de lo cual no se probó la
causal de impedimento advertida.
Resaltó que el actor en el escrito de tutela reiteró la censura que
expuso en la demanda sin desarrollar ningún argumento que
sustente la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, de tal forma que las inconformidades expuestas carecen de
relevancia constitucional.
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I.6.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que la solicitud de amparo carece
del requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en
que de los solos argumentos expuestos se observa que lo pretendido
es reabrir el debate que se surtió ante la jurisdicción ordinaria, lo que
desnaturaliza la acción de tutela.
Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
de la referencia.
I.6.3.- La VEEDURÍA PROCURA UFPS solicitó que se le tenga como
coadyuvante en favor del actor en la acción de tutela de la referencia.
Advirtió que está de acuerdo con las pretensiones expuestas en el
escrito tutelar y que la autoridad judicial accionada incurrió en falsa
motivación al no haber realizado un estudio de fondo sobre los
conflictos de intereses y los efectos de la omisión de denuncia por
parte de la señora SANDRA ORTEGA, lo que afectó la transparencia
de los procesos de elección pública y el derecho de los ciudadanos a
la moralidad administrativa.
Manifestó que se incurrió en defecto fáctico, pues la autoridad judicial
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accionada omitió valorar las pruebas sobre el conflicto de intereses y
la omisión de las denuncias disciplinaria y penal, elementos centrales
para determinar la legalidad del acto de designación cuestionado.
Alegó que la autoridad judicial accionada no dio trámite a la petición
de que el asunto fuera analizado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, con el fin de que se decidiera
el caso por su transcendencia jurídica, lo que constituye un defecto
procedimental.
Por todo lo anterior, solicitó que se conceda el amparo deprecado y
se deje sin efectos la providencia cuestionada.
I.6.4.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma, se limitó
a remitir el expediente contentivo del proceso origen de la
controversia y guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 24 de julio de 2025,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el
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requisito general de la relevancia constitucional.
Sostuvo que los argumentos presentados por el actor son una
reiteración del debate propuesto en sede ordinaria, pues son los
mismos que fueron planteados en el recurso de apelación dentro del
proceso de nulidad electoral, en relación con la existencia de un
conflicto de intereses derivado de la presunta omisión de la denuncia
por parte de la rectora designada y la participación de consejeros de
la universidad que, a su juicio, debieron declararse impedidos.
Ahora, en cuanto a los reproches atinentes a que la autoridad judicial
accionada incurrió en una actuación prevaricadora al atribuirse
funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que
no se cumple con una carga mínima argumentativa suficiente que
evidencie una afectación de los derechos fundamentales, pues la
SECCIÓN QUINTA se limitó a resolver los argumentos de
inconformidad expuestos por el actor en relación con la presunta
dilación en el trámite de primera instancia, sin que de allí se
desprenda vulneración alguna.
Sostuvo que, en gracia de discusión, tales reproches no cumplen con
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el requisito de la subsidiariedad, pues el actor cuenta con otro medio
de defensa como es la queja disciplinaria ante autoridad competente
para exponer tales inconformidades.
En cuanto a los argumentos dirigidos a cuestionar la decisión de no
remitir el asunto a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, adujo que tampoco se cumplió con la carga
mínima argumentativa que permita evidenciar la afectación de
derechos o garantías constitucionales.
Destacó que la autoridad judicial accionada en la sentencia
cuestionada afirmó su competencia para decidir sobre la solicitud del
accionante de “sentar jurisprudencia” con fundamento en que, si bien
los asuntos electorales, por su naturaleza, inciden en el ejercicio
democrático de los derechos políticos y tienen una connotación de
impacto social, la petición del actor no advertía aspectos subjetivos
y objetivos que conlleven a determinar esa particular transcendencia
social.
Indicó que, pese a lo expuesto por la SECCIÓN QUINTA, el actor no
señaló las razones por las que dicha motivación desconocía derecho
o garantía fundamental, pues de ningún modo demostró las razones
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por las que la aplicación del criterio “especialidad” generaba
afectación en su derecho de defensa y principio de contradicción, sino
que por el contrario, se evidenció que el proceso de nulidad electoral
garantizó tales derechos, en el que pudo participar activamente el
accionante.
Así las cosas, destacó que la acción de tutela resultaba improcedente
por incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional y carga mínima argumentativa, lo que impedía hacer
un estudio de fondo en el caso bajo estudio.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual solicitó
que se revoque la sentencia del a quo y se acceda al amparo
deprecado.
Adujo que la acción de tutela sí resulta procedente, pues además, la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, en la medida
en que la SECCIÓN QUINTA avaló la decisión de primera instancia
en cuanto a que no se configuraba el cargo de conflicto de intereses,
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porque no existía prueba que demostrara la obligación que tenía la
señora ORTEGA SIERRA de denunciar penal y disciplinariamente a
los miembros del Consejo Superior Universitario, pese a que aportó
las pruebas que así lo corroboraban, como lo fue la grabación
audiovisual de 25 de junio de 2021.
En cuanto a la violación al debido proceso, reafirmó que la autoridad
judicial accionada omitió trasladar a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado su recurso de apelación, con el
fin de que sentara jurisprudencia sobre el asunto, de conformidad
con el artículo 271 del CPACA y por su importancia jurídica sobre la
violación al régimen del conflicto de intereses planteado en la
demanda, ya que está probado que la señora SANDRA ORTEGA
SIERRA omitió su deber como servidora pública de poner en
conocimiento de la autoridad el hecho de que miembros del Consejo
Superior Universitario transgredieron el Decreto núm. 1083 de 2015
para el reintegro de pensionados a las rectorías de las universidades
oficiales, entre otros hechos reprochables.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
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derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 3 de abril de 2025, proferida por la
SECCIÓN QUINTA, mediante la cual confirmó la decisión del a quo
que denegó las pretensiones de la demanda formulada dentro del
medio de control de nulidad electoral identificada con el número
único de radicación 2023-00031-03.
La controversia tiene su origen en la demanda de nulidad electoral
formulada por el actor contra el Acuerdo núm. 47 de 22 de noviembre
de 2022, mediante el cual el Consejo Superior Universitario de la
UNIVERSIDAD designó a la señora SANDRA ORTEGA SIERRA
como rectora para el período 2022-2026.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la
parte actora, la autoridad judicial accionada omitió remitir el asunto
en segunda instancia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, para que fuese allí donde se desatara el litigio
propuesto, por importancia jurídica y trascendencia social.
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Sumado a lo anterior, alegó que no es de tal acierto que el
conocimiento de la violación del régimen de conflicto de intereses sea
especialidad de la SECCIÓN QUINTA por lo que esta incurrió en
violación directa de la Constitución pues la competente para
sentar jurisprudencia sobre el asunto es la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo; además, que a pesar de no solicitar que
se determinara la mora judicial en el trámite de primera instancia,
aquella discurrió sobre el particular aduciendo que no existió demora
en el trámite.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que declaró improcedente el amparo solicitado,
en razón a que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor era reabrir un
debate ya surtido dentro del proceso ordinario, sumado a ello, que
no se cumplió con la carga mínima argumentativa en el asunto que
permitiera estudiar de fondo las inconformidades expuestas.
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia para lo
cual adujo que la solicitud de amparo sí resulta procedente, pues la
autoridad judicial accionada también incurrió en defecto fáctico, en
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la medida en que avaló la decisión del TRIBUNAL pese a que aportó
las pruebas necesarias para que se accedieran a las súplicas incoadas
en la demanda.
Reiteró que la SECCIÓN QUINTA omitió trasladar a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo su recurso de apelación, con el fin de
que sentara jurisprudencia sobre el asunto, de conformidad con el
artículo 271 del CPACA y por su importancia jurídica sobre la violación
al régimen del conflicto de intereses planteado en la demanda.
En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará a analizar
las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, en
cuanto a la omisión de trasladar el recurso de apelación a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo por importancia jurídica, no
sin antes advertir que el defecto fáctico alegado es una
inconformidad que no fue expuesta desde el escrito primigenio de la
solicitud de amparo, por lo que no es de recibo traer argumentos
nuevos a esta instancia constitucional que no fueron debatidos por el
juez de primera instancia, por lo que se relevará de su estudio.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho al
debido proceso deprecado.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
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judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el señor
MORENO GRANADOS es que se realice un nuevo análisis del asunto
puesto a consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, fueron resueltos en debida forma por
la SECCIÓN QUINTA, de tal forma que lo pretendido es crear una
instancia adicional trayendo inconformidades que ya fueron
suficientemente debatidas por los jueces naturales del litigio.
En efecto, en cuanto a la solicitud de remitir para su estudio el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 22 de mayo
de 2024 proferida por el TRIBUNAL a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, además de que carece de una perspectiva
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constitucional, en la medida en que se deriva de una discusión
meramente legal dispuesta en el artículo 271 del CPACA , gira en
torno a las inconformidades expuestas dentro del proceso ordinario,
las cuales fueron resueltas por la SECCIÓN QUINTA de forma
admisible, así:
“[…] Como viene de indicarse en los antecedentes de esta
providencia, el demandante solicitó que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo asumiera conocimiento para
resolver las apelaciones y unificar jurisprudencia por importancia
jurídica sobre los aspectos reseñados en párrafos anteriores.
80. De conformidad con el contenido del artículo 271 de la Ley
1437 del 2011, en concordancia con el desarrollo jurisprudencial
sobre dicha figura, sin desconocer la importante función que
sobre el particular desarrolla la Sala Plena de lo Contencioso de
esta Corporación, lo cierto es que esta sección tiene la
competencia para resolver sobre la petición en particular, tal y
como pasa a exponerse a continuación:
81. En primer lugar, la norma mencionada reconoce que, en los
eventos allí señalados, «el Consejo de Estado podrá asumir
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión
interlocutoria». Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el numeral 1º del artículo 237 superior, que refiere que son
atribuciones de esta corporación judicial, «[d]esempeñar las
funciones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo,
conforme a las reglas que señale la Ley».
82. De lo dicho, surge una primera conclusión relevante, esto
es, que el legislador asignó la competencia para adoptar
sentencias o autos de unificación al Consejo de Estado, como
vértice de la jurisdicción, sin atribuir dicha facultad única o
exclusivamente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
83. En línea con lo expuesto, el mismo artículo 271 del CPACA
consagra que el conocimiento puede asumirse por remisión de
las secciones o subsecciones, de los tribunales, o a petición de
parte, así como por solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
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Jurídica del Estado o del Ministerio Público.
84. Se indica, a su vez, que en estos casos corresponde a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo dictar sentencias o autos
de unificación respecto de «asuntos que provengan de sus
secciones». De otra parte, estas últimas podrán adoptar
providencias con las mismas características cuando se trate de
aquellos que provengan de las subsecciones, los despachos de
los magistrados que las integran o de los tribunales, según el
caso.
85. Además, el Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 del 2024, que contiene el reglamento interno
del Consejo de Estado, refiere:
ARTÍCULO 14.- OTROS ASUNTOS ASIGNADOS A LAS
SECCIONES SEGÚN SU ESPECIALIDAD. Cada una de las
Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo,
atendiendo al criterio de especialidad, también tendrá́
competencia para:
[…] 2. Dictar las sentencias de unificación jurisprudencial
por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o
social o necesidad de sentar jurisprudencia, en relación con
los asuntos que provengan de las Subsecciones o de los
Tribunales Administrativos. Las Secciones podrán asumir
conocimiento a solicitud de parte, de oficio, por petición del
Ministerio Público o por remisión de las Subsecciones o de los
Tribunales Administrativos […]. (énfasis propio).
86. De lo señalado, es claro que la Sección Quinta puede decidir
sobre la petición que presenta el demandante para que se siente
jurisprudencia, en tanto el artículo 271 de la Ley 1437 del 2011
reconoce la competencia expresa de las secciones que la
integran para dictar una providencia con las características
señaladas, cuando el asunto «provenga» de un tribunal
administrativo, lo que presupone la facultad para decidir de
manera oficiosa o resolver si la petición que eleve la parte, el
Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado tiene vocación de prosperidad.
87. Las decisiones que se han adoptado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo también reconocen la existencia de
un criterio de especialidad y preferencia para que los asuntos
propios de cada sección sean fallados o decididos por estas, tal
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como ocurrió en providencia del 16 de marzo del 202115, donde
se dijo:
[…]
88. A su vez, en decisión del 24 de marzo del 202116, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo dio prevalencia al criterio
de especialidad de la Sección Quinta y determinó que, en
atención a las particularidades de los cargos de nulidad
elevados, era esta última la llamada a resolver sobre los
cuestionamientos de legalidad del acto de elección del
gobernador del Meta.
89. En providencia del 19 de marzo del 202417 se determinó que
la procedencia del mecanismo consagrado en el artículo 271 del
CPACA, implica que aquel sea utilizado «en aquellos eventos en
los que se requiere necesariamente de un pronunciamiento de
la máxima instancia de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en orden a preservar la competencia que por ley
o reglamento se asigna a los tribunales administrativos o a las
subsecciones o secciones especializadas del Consejo de Estado».
90. En el mismo auto, sobre los temas asignados a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, sostuvo:
[…]
91. Así las cosas, lo que se puede concluir es que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo ha acudido al criterio de
especialidad como un parámetro para reconocer la posibilidad
con la que cuentan las secciones del Consejo de Estado para
fallar los asuntos que les son propios, lo que incluye decidir en
sede de unificación sobre aquellos.
92. Este mismo criterio ha sido adoptado por otras secciones de
la corporación, las cuales han dictado sentencias de unificación
en temas que de acuerdo al reglamento interno y a criterios
especialidad les corresponde conforme al numeral 2º del artículo
14 del Reglamento Interno del Consejo de Estado. Por ejemplo:
15
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 16 de marzo del 20214.
Radicación 11001-03-28-000-2019-00024-00 (PPAL). M.P. Rocío Araújo Oñate.
16
consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 24 de marzo del 2021-
Radicación 11001-03-28-000-2020-00034-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
17
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 19 de marzo del 2024.
Radicación 11001-03-28-000-2023-00038-00. M.P. (E) Luis Alberto Álvarez Parra.
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[…]
93. Así las cosas, la Sección Quinta puede resolver sobre la
petición elevada por el demandante Jorge Heriberto Moreno
Granados para que se siente jurisprudencia en su caso, no solo
por la expresa disposición de orden legal sino porque la solicitud
se refiere a asuntos propios de la competencia de esta sala.
[…]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se extrae
que las inconformidades expuestas por el actor fueron resueltas por
la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada, en el
que se le indicó que aquella tenía la competencia para dirimir el
asunto planteado por ser de su especialidad.
Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el proceso ordinario, con la finalidad de que se haga
una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y
se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de
amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el
trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
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presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las normas, las pruebas y la
jurisprudencia, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so
pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir
la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se destaca que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Aunado a lo anterior, la Sala no observa la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
dado que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es
posible establecer dicha circunstancia.
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ACTOR: JORGE HERIBERTO MORENO GRANADOS
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada que declaró improcedente la presente acción de tutela
por carencia del requisito general de la relevancia constitucional,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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