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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02996-00

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02996-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02996-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejera Ponente (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres
Demandados: Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro.

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Derechos fundamentales invocados: i) Debido proceso; ii) seguridad social; y iii)
acceso a la administración de justicia

Derecho fundamental amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Sección Segunda
-Subsección E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Distrito Capital de
Bogotá - Secretaría Distrital de Integración Social.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) fallo, las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Nieve Rocío González Torres, a través de apoderado judicial1,
presentó acción de tutela contra la Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital
de Integración Social, porque, a su juicio, al proferir la providencia de 28 de febrero

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Folios 18 a 20 del documento denominado “4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2”. Archivo aportado en medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

de 2025, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2022-
00027-01 y al negar el “[…] reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones y acreencias laborales correspondientes […]”, respectivamente,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Secretaría Distrital de Integración Social, con
el fin de que se declarara la nulidad de los oficios núms. S2021104873 de 23 de
noviembre y S2021107898 de 1o. de diciembre de 2021, por medio de los cuales
se le negó el reconocimiento de la relación laboral por el periodo comprendido entre
el 26 de abril de 2000 hasta el 4 de enero de 2022 y a título de restablecimiento, el
pago de las prestaciones y acreencias laborales.

4. Expuso que el mencionado proceso fue identificado con el número de radicación
11001-33-42-046-2022-00027-01 y repartido para su trámite en primera instancia al
Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante
sentencia de 9 de octubre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

5. Refirió que al igual que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron resueltos por la Sección Segunda -Subsección
E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia de 28 de
febrero de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero.- Modificar los numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto
de la sentencia del 9 de octubre de 2023 proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis
(46) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, los cuales quedarán de la
siguiente manera:

“Primero.- Declarar la nulidad de los Oficios Nos. S2021104873 del 23 de
noviembre de 2021 y S2021107898 del 1 de diciembre de 2021, por medio de
los cuales la Secretaría Distrital de Integración Social le negó el reconocimiento

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

de la vinculación laboral a la demandante y el consecuente reconocimiento y
pago de las acreencias salariales y prestacionales a las que aduce tener
derecho por los servicios prestados.

Segundo.- Declarar la existencia de la relación laboral que tuvo lugar entre la
demandante Nieve Rocío González Torres y la Secretaría Distrital de
Integración Social, durante el periodo comprendido entre el 10 de marzo de
2006 y el 2 de diciembre de 2022, interrumpido como se señala en la parte
motiva, por las razones expuestas.

Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las prestaciones
sociales causadas con anterioridad al 26 de enero de 2009, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

Tercero.- Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y como
consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del
derecho, se condena al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de
Integración Social, a reconocer y pagar a la demandante Nieve Rocío González
Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.804.086, todas y cada una
de las prestaciones sociales de carácter legal a las que tenía derecho un
empleado de planta que cumpliera funciones similares a las desempeñadas por
la demandante, entre otras, las cesantías, intereses a las cesantías, las primas
legales y la compensación por las vacaciones, desde 13 de marzo de 2009
hasta el 23 de enero de 2019, y todas y cada una de las prestaciones sociales
de carácter legal a las que tenía derecho un auxiliar administrativo 407-11 por
el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2019 y el 2 de diciembre de
2022 descontando las interrupciones y suspensiones, teniendo en cuenta los
honorarios pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta decisión.

Cuarto.- Calcular si existe diferencia entre los aportes realizados mes a mes
por la contratista de forma indexada, durante el período comprendido entre el
10 de marzo de 2006 y el 2 de diciembre de 2022 descontando las
interrupciones, y también los que se debieron efectuar en calidad de empleador
esto de forma indexada, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada
uno de los contratos de prestación de servicios, debiendo para ello cotizar al
respectivo régimen la suma que resultara faltante por concepto de aportes a
pensión (riesgo común) siendo necesario que la parte actora acredite las
cotizaciones efectuadas, y en el caso en el que exista diferencia o no se
hubieran efectuado, deberá asumir el porcentaje correspondiente de forma
indexada

El tiempo laborado sin contar las respectivas interrupciones y suspensiones,
deberá computarse para efectos pensionales en la respectiva entidad de
previsión social o fondo privado de pensiones al que se encuentre afiliada la
demandante.

Quinto. Ordenar que los anteriores pagos que resulten a favor de la
demandante Nieve Rocío González Torres, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.804.086, se ajusten en su valor según lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA, hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, dando
aplicación a la siguiente fórmula:

Índice final
R= Rh x ---------------
índice inicial

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por la demandante Nieve Rocío González Torres,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.804.086, desde la fecha en que
se causen cada una de las prestaciones, por el guarismo que resulta de dividir
el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha
en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la
sentencia).

La fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada
prestacional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice
inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

Segundo.- Confirmar los demás numerales de la sentencia proferida el 9 de octubre
de 2023 por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, por las razones expuestas.

Tercero.- Sin condena en costas en segunda instancia […]”.

6.La Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
consideró lo siguiente:

“[…] La Sala encontró probado que la demandante Nieve Rocío González Torres
prestó sus servicios en la Secretaría Distrital de Integración Social (centro proteger
y comisaria de familia), del 10 de marzo de 2006 al 2 de diciembre de 2022 de forma
interrumpida, ejerciendo las funciones de auxiliar administrativo de forma personal,
sin autonomía y bajo la dirección y subordinación de la entidad, y para lo cual recibió
una remuneración por sus servicios denominada honorarios.

Por tal razón, es procedente reconocer la relación laboral por el periodo
comprendido entre el 10 de marzo de 2006 y el 2 de diciembre de 2022, pero se
declararán prescritas las prestaciones sociales causadas con anterioridad al 26 de
enero de 2009, por lo que se modificará la sentencia de primera instancia en ese
sentido.

Así mismo, se modificará la sentencia en el sentido de precisar lo relacionado con
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de carácter legal adeudadas
(cesantías, intereses a las cesantías, primas legales y la compensación en dinero
de las vacaciones), para aclarar que solo es procedente entre el 13 de marzo de
2009 y el 2 de diciembre de 2022 descontando las interrupciones ni las
suspensiones, tomando para ello únicamente los honorarios pactados en cada
contrato, sus adiciones o prórrogas.

“[…] Por consiguiente, se confirmará parcialmente la sentencia del 9 de octubre de
2023 proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, modificando los numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° con el fin de precisar
los aspectos relacionados en precedencia […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela lo siguiente:

“[…] 1. Declarar que los accionados han vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social y a la administración de justicia de la
ciudadana Nieve Rocío González Torres, al incurrir en vía de hecho por defecto
fáctico en la sentencia judicial de segunda instancia de fecha 28 de febrero de
2025, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección “E” Radicado No. 11001-33-42-046-2022-00027-01.

2. Dejar parcialmente sin efecto la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida
por la Subsección “E” – Sección Segunda – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Radicado No. 11001-33-42-046-2022-00027-01, en cuanto modificó
el reconocimiento de la existencia de la relación laboral, reconocida por el juez a quo
desde el día 26 de abril del año 2000 al 2 de diciembre del año 2022.

3. Ordenar a la Subsección “E” – Sección Segunda – Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, emitir una sentencia que proteja los derechos fundamentales al
debido proceso, la seguridad social y la administración de justicia de la trabajadora
Nieve Rocío González Torres, reconociendo la existencia de una relación laboral
desde el 26 de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de 2022, con el consecuente
pago de los aportes de seguridad social a pensión y prestaciones legales ordinarias
y comunes […]”.

Actuación

8.El despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Sección Segunda -Subsección E- del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al alcalde del Distrito Capital de Bogotá
y al secretario distrital de Integración Social; y iii) vinculó como tercero con interés
legítimo, al Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el
particular.

Intervención de las demandadas y del tercero con interés legítimo

9. La Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto
la parte demandante cuestiona la sentencia de segunda instancia con los mismos
argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, desconociendo que el asunto
ya fue definido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

10. Además, señaló que no se vulneró los derechos fundamentales de la actora,
dado que, “[…] en la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación
se justificó plenamente el porqué de la decisión de modificar la decisión de primera
instancia y proceder a declarar la existencia de la relación laboral encubierta por el
periodo comprendido entre el 10 de marzo de 2006 y el 2 de diciembre de 2022 de
forma interrumpida […]”.

11. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá
advirtió que no conoció del proceso objeto de tutela, ya que fue el Juzgado 46
Administrativo el que asumió su conocimiento y profirió la sentencia de primera
instancia.

12. Por lo anterior, adujo que “[…] no emite pronunciamiento alguno en relación con
la acción de tutela del asunto. Además, se ordenó a la Secretaría del juzgado
reenviar el correo de notificación, con el auto admisorio, el escrito de tutela y este
oficio al juzgado homólogo 46, para que, si lo considera pertinente, se pronuncie al
respecto […]”.

13. La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá solicitó su desvinculación,
por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva para atender las
pretensiones de amparo, en atención a que la presunta vulneración obedece a la
existencia de una decisión judicial respecto de la cual no tiene injerencia.

14. Adicionalmente, aseguró que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, en el entendido de que se está utilizando como una tercera instancia
con el propósito de reabrir el debate legal ya definido.

15. Finalmente, aseguró que no existe la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora, en razón a que dentro de la actuación judicial
siempre se le garantizó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1° y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1° del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 134 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que
asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades o
por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro
medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para
prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad contra quien se hubiere
hecho la solicitud […]”.

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actora: Nieve Rocío González Torres

21. La Sala advierte que, comoquiera que la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia que es objeto del
presente mecanismo de amparo, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, a dicha entidad le asiste interés directo en la
decisión de tutela que esta Sala profiera, razón por la que se denegará su solicitud
de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente, si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justica vi) el análisis del caso concreto y, finalmente, vii) las
conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nieve Rocío
González Torres la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de
2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la
acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin
importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia
doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

25. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

26. Por lo anterior y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

27. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110013342046202200027-01, en primer lugar, debe verificar la presencia de los
requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso
objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Actora: Nieve Rocío González Torres

seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y de subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590
de 2005, proferida por la Corte Constitucional13.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

31. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201414, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso de que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla
o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de

[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

32. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado22:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno

[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

33. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

34. La Corte Constitucional en la sentencia SU - 215 de 202225 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

24 Ibidem.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

15

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Actora: Nieve Rocío González Torres

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

35. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”; y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social

37. El artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
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38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:27

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado28.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”29. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”30 […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

39. El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece
que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso
31

a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta

27 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
28 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
29 Sentencia T-173 de 2016.
30 Ibídem.
31 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

41. La actora, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la
Sección Segunda -Subsección E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Integración Social, porque, a su
juicio, al proferir la providencia de 28 de febrero de 2025, dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 2022-00027-01 y al negar
el “[…] reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones y
acreencias laborales correspondientes […]”, respectivamente, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia.

42. De acuerdo con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

44.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda
-Subsección E- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de febrero de
2025.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
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Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

45. La Sala evidencia que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro
de los que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente:

“[…] Ahora bien, a continuación, se citarán algunos apartes de la sentencia de segunda
instancia del 28 de febrero de 2025, para demostrar la configuración del defecto fáctico:

En las páginas 16 a 17 se indica lo siguiente:

Ahora bien, en reiterados pronunciamientos esta Sala señaló que dentro del proceso
solamente los contratos de prestación de servicios que se aportaron con la demanda o
los allegados posteriormente dentro de la etapa probatoria, dan certeza de los tiempos
prestados como contratista, y por tanto, las certificaciones expedidas por la entidad
accionada no pueden ser tenidas en cuenta, al no constituir la prueba idónea, pertinente
y conducente que den certeza de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, de labores
y las obligaciones de cada una de las partes, pues tales condiciones fueron pactadas
únicamente en los respectivos contratos de prestación de servicios

Postura que toma especial relevancia teniendo en cuenta lo dispuesto en reciente
sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado15 en la que se señalaron los
parámetros o indicios de la naturaleza de la relación contractual que se pretende
desvirtuar y que se deben tener en cuenta como pruebas los estudios previos, los
documentos precontractuales y contractuales para probar la necesidad de la actividad
que se pretendía satisfacer, las condiciones pactadas y las circunstancias que rodearon
la ejecución del objeto contractual.

Por ello los tiempos a tener en cuenta en el presente estudio son únicamente aquellos
contenidos en los contratos de prestación de servicios aportados al proceso, sus
adiciones y prórrogas, respecto de los cuales se analizará el objeto contractual, las
condiciones establecidas para su cumplimiento, su valor, su plazo de ejecución, entre
otros, para determinar si existió o no una relación laboral simulada, y si sobre ella operó
el fenómeno de la prescripción trienal, y en caso afirmativo sobre que períodos.

Es así que las certificaciones expedidas por la entidad accionada en donde se señaló
que la actora suscribió diversos contratos de prestación de servicios personales de
carácter independiente, incluidas las actas de prórrogas y adición que hacen parte
integral del contrato, inicialmente para esta Corporación no constituían plena prueba
para demostrar los aspectos que contienen el contrato y/o orden de prestación de
servicios, sin embargo, el máximo tribunal de lo contencioso ha señalado que es
procedente el estudio de otros medios de prueba para establecer la existencia de la
relación contractual, siempre y cuando indiquen de manera clara la vigencia del
contrato, el objeto, las funciones desarrollas por el demandante, por lo que revisadas
las certificaciones allegadas por la parte actora serán tenidas en cuenta para
establecer que la demandante prestó sus servicios a la entidad demandada
desde el 26 de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de 2022 de manera
interrumpida (…)” (Págs. 16-17 de la Sentencia de Segunda Instancia).

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
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De acuerdo con lo anterior, se indica que, inicialmente, la Sala sostenía que solo los
contratos daban cuenta de la certeza de los tiempos prestados como contratistas, y por
tanto, las certificaciones expedidas por la entidad accionada no pueden ser tenidas en
cuenta. Sin embargo, el Consejo de Estado ha señalado que es procedente el estudio
de otros medios de prueba, siempre que indiquen la vigencia del contrato, el objeto, las
funciones desarrolladas.

Es así que, en la sentencia impugnada, se concluye que: “revisadas las
certificaciones allegadas por la parte actora serán tenidas en cuenta para
establecer que la demandante prestó sus servicios a la entidad demandada
desde el 26 de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de 2022 de manera
interrumpida”. Es decir que, el despacho de segunda instancia está reconociendo que
las certificaciones allegadas son tenidas en cuenta para establecer que la demandante
prestó sus servicios desde el 26 de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de 2022.

[…]

El anterior acápite deja en evidencia la contradicción en la que incurre la sentencia,
puesto que anteriormente ya había reconocido que las certificaciones allegadas son
tenidas en cuenta para establecer que la demandante prestó sus servicios desde el 26
de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de 2022. Sin embargo, afirma,
contradictoriamente, que solamente los contratos de prestación de servicios dan
certeza de los tiempos prestados como contratista. Empero, concluye que de las
funciones desempeñadas por la accionante, prestó sus servicios de forma personal
como auxiliar administrativo en centros proteger y comisarías de familia entre el 26 de
abril de 2000 al 2 de diciembre de 2022.

Posteriormente, en la página 25 de la sentencia señala: “(…) precisa la Sala que no se
aportó copia de los contratos 2000-560, 2001-41, 2001-796, 2002-336, 2003-347,
2004-421 y 2005-00792, y que en las certificaciones no se indicaron cuáles eran las
obligaciones contractuales para esos periodos de tiempo.”

Al respecto, se reitera la contradicción del Despacho de Segunda Instancia, quien
inicialmente había señalado que “las certificaciones allegadas por la parte actora
serán tenidas en cuenta para establecer que la demandante prestó sus servicios
a la entidad demandada desde el 26 de abril de 2000 hasta el 2 de diciembre de
2022 de manera interrumpida”.

En otras palabras, lo que está afirmando la Segunda Instancia es que la única prueba
que sirve de soporte para acreditar la relación laboral son los contratos de prestación
de servicios allegados. Ello deja en evidencia la aplicación irracional de un régimen de
tarifa legal en un contexto de libertad probatoria. Es decir que la certificación emitida
por la demandada, que nunca fue puesta en duda, tachada de falsa o controvertida, no
tiene ningún valor probatorio, así se indique la obligación contratada, las fechas de
vigencia, el número, valor, etc. Porque, según el despacho de segunda instancia,
solamente tienen valor probatorio los contratos de prestación de servicios “[…]”.

46. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la autoridad judicial accionada incurrió
en la vulneración de los derechos fundamentales.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
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47. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una tercera
instancia.

48. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, se señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

49. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez natural.

50.Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y probatoria y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

51. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio

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Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
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jurídico del juez natural y reabrir un debate legal en el marco del proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional, por lo que, si bien es
cierto que la actora alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados
supra, el criterio de la relevancia constitucional no se determina con su mera
enunciación, sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta
amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

52. Los supuestos de vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a la
seguridad social y al acceso a la administración de justicia, enunciados por la
actora, no se evidencia en el caso sub examine, toda vez que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente,
respetando las formas propias del proceso y, además, no concurre una situación de
amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez
constitucional ni se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de
especial protección constitucional.

53. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

54. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

55. Por último, la Sala evidencia que si bien es cierto que la parte actora presentó
la acción de tutela también contra el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital
de Integración Social, se encuentra que al revisarse los argumentos y pretensiones de
la misma no se hace ningún reparo frente a dicha entidad, por lo que la Sala no emitirá
pronunciamiento alguno.

Conclusiones de la Sala

23

Núm. único de radicación: 110010315000202502996-00
Actora: Nieve Rocío González Torres

56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Secretaría Distrital de Integración Social de
Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela presentada por la
actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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