Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03012-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03012-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03012-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03012-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN
TESIS: DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA. SÍ
RESULTA PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS
DERIVADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD. SE CUMPLIÓ CON
LOS PRESUPUESTOS EXPUESTOS EN LA SENTENCIA T-024 DE 2024,
PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03012-00
Actor: JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN TERCERA al haber proferido la providencia de 28 de
octubre de 2024, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2019-00069-02.
I.2.- Hechos
Señaló que desde el mes de diciembre de 1997 las bases militares
de la fuerza pública alejadas de las ciudades se encontraban
amenazadas por grupos al margen de la ley, sin que se haya
implementado en tales puntos el pie de fuerza requerido, lo que
generó múltiples ataques en varias zonas del país.
Indicó que el 26 de marzo de 2000, mientras se desempeñaba como
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03012-00
Actor: JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN
patrullero de la estación de policía de Bojayá (Chocó, Colombia),
dicha base fue atacada por las FARC con bombas y armas de largo
alcance, lo que produjo la muerte de diez agentes de la policía, tres
desaparecidos y siete secuestrados, entre los que se encontraba el
mismo, por lo que fue retenido por el grupo al margen de la ley por
casi 15 meses, lo que le produjo “[…] depresión reactiva,
acompañado por trauma acústico e incapacidad relativa y
permanente […]”.
Refirió que la toma guerrillera a la estación de Policía estaba
anunciada y era conocida por los informes de inteligencia; sin
embargo, no se tomaron las acciones necesarias para enfrentar dicha
amenaza, por lo que debieron ponerse en práctica planes y
estrategias tendientes a la adopción oportuna de medidas
preventivas.
Manifestó que, por lo anterior, junto con un grupo de personas
afectadas por la misma situación, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio
de Defensa - Policía Nacional con el fin de que se le declarara
administrativa y patrimonialmente responsable al Estado por los
hechos ocurridos, a la cual le fue asignado el número único de
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Actor: JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN
radicación 2019-00069-00.
Aseguró que el proceso correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia anticipada de 23
de noviembre de 2022, declaró la caducidad del medio de control al
estimar que los hechos que dieron lugar constituyen crímenes de lesa
humanidad y, por tanto, resultaba aplicable la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado.
Sostuvo que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación,
el cual fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que, mediante
providencia de 28 de octubre de 2024, confirmó la sentencia del a
quo, toda vez que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado era
vinculante, por lo que teniendo en cuenta que fue liberado de su
secuestro el 30 de junio de 2001, a partir de dicho momento tuvo
conocimiento del daño y desde allí empezó la contabilización de la
caducidad.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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Actor: JHON JAIRO ROJAS MERCHÁN
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada
arbitrariamente vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues no
resulta aceptable que en un Estado Social de Derecho en el que
inclusive existen normas que hablan de reparación integral, se
deniegue el acceso a la justicia con decisiones “[…] facilistas y
alejadas de la realidad […]”, por lo que se debió aplicar la excepción
de inconstitucionalidad en relación con el artículo 164 del CPACA, por
las situaciones que rodearon su secuestro.
Destacó que por los mismos hechos que se adujeron en el proceso
de reparación directa, la Sección Tercera del Consejo de Estado2 en
un caso similar resaltó que los tratos a los cuales fueron sometidos
los miembros de la Fuerza Pública violaron las normas del derecho
internacional humanitario, por lo que no era procedente aplicar el
término de caducidad.
Aseveró que la Corte Constitucional3 en un caso con identidad fáctica
al que ahora se debate, revocó una decisión que declaraba la
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, MP. Olga Mélida Valle de De la Hoz, el 11 de abril de 2016, dentro
del expediente 36079, el cual resolvió los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes
acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial
del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las
FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los
miembros de la fuerza pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la
condena indudable a la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
3
Corte Constitucional, sentencia T – 352/16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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caducidad, aduciendo que en los casos en los que se presentan
graves violaciones al derecho internacional humanitario, el termino
de caducidad se flexibilizaba.
Afirmó que, además, el fundamento para declarar la caducidad del
medio de control es contrario a lo sostenido por la jurisprudencia de
la Sección Tercera del Consejo de Estado4, pues en casos similares
se ha establecido que cuando de los hechos narrados se pueda inferir
la existencia de un crimen atroz como genocidio, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y depuración étnica, todos ellos son
imprescriptibles.
Alegó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, “[…]” la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens que
no se deriva de un tratado o una convención, sino que es un principio
imperativo del derecho internacional que se encuentra en la cúspide
del ordenamiento jurídico, por lo que a pesar de que Chile no
suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 31 de julio de 2019, exp. 25000233600020180010901. M.P. Alberto Montaña Plata
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de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 no puede
dejar de cumplir dicha norma […]”.
Indicó que no era posible aplicar al caso la sentencia de unificación
de 29 de enero de 2020, pues en esta la Sección Tercera del Consejo
de Estado realmente no unificó el tema, debido que al momento de
decidir la Sala estaba conformada por 8 magistrados, de los cuales 3
de ellos salvaron el voto, uno lo aclaró y solo 4 la aprobaron.
Sumado a ello, resaltó que a la fecha de interposición de la demanda
dicha sentencia de unificación aún no había sido proferida, por lo que
no puede aplicarse al asunto bajo examen, pues ello atenta contra el
principio de seguridad jurídica, máxime cuando en esta no se moduló
sus efectos por lo que se entiende que opera a futuro.
Refirió que, de esta forma, la SECCIÓN TERCERA incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues obstaculizó
los efectos al goce efectivo de sus derechos por un apego excesivo a
las formas.
Destacó que, en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del
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Consejo de Estado5 amparó los derechos fundamentales de la madre
de un militar secuestrado en la toma guerrillera de Miraflores, con
fundamento en que, ante la existencia de un precedente
jurisprudencial, la autoridad judicial accionada estaba llamada a
cumplir con la carga argumentativa mínima necesaria para justificar
las razones que la llevaron a apartarse del precedente vinculante.
Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca frente al tema de ataques guerrilleros en contra de la
fuerza pública, en sentencia de 14 de diciembre de 2021, con
radicación 2018-00245-01, consideró que no era procedente la
aplicación del término de caducidad.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia:
“[…] Segundo-. DECLARAR que la providencia dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, violó los
artículos 229 y 29 de la Constitución Política de Colombia.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación 11001-03-15-
000-2020-00688-01.
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Tercero-. ORDENAR la revisión de la decisión proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 28 de
octubre de 2024, a fin de que se garantice el debido proceso y
la igualdad.
Cuarto-. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C que revoque la sentencia por medio del cual
confirmo la decisión que declaró probada la excepción de
caducidad […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA sostuvo que la solicitud de amparo
de la referencia carece del requisito general de la relevancia
constitucional, al insistir en un asunto estrictamente normativo que
fue abordado en el proceso ordinario y sobre el cual hubo
pronunciamiento expreso en la sentencia, pues en el escrito de
apelación presentado por la parte actora contra la sentencia de
primer grado ya había manifestado su desacuerdo con la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020.
En esa medida, resaltó que lo pretendido por la parte actora es una
instancia adicional para obtener una solución distinta de la
controversia, lo que deja en evidencia la inexistencia de un debate
con trascendencia constitucional e impone declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia.
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Adujo que al revisar las consideraciones de la sentencia cuestionada,
se observa que no se incurrió en los defectos alegados, pues la
declaratoria de caducidad del término para interponer la demanda no
corresponde a un exceso ritual manifiesto, sino a la aplicación de los
limites perentorios para ejercer el derecho de acción, además, la
unificación de criterios tiene efectos inmediatos y es aplicable a los
asuntos que se encuentren pendientes de resolver, por lo que la
sentencia de 29 de enero de 2020 era aplicable al asunto.
Alegó que el accionante citó decisiones proferidas con anterioridad a
dicho criterio, por lo que esas son posturas revaluadas, sumado al
hecho de que en el escrito de tutela no demostró alguna afectación
de los derechos fundamentales invocados, lo que advierte que la
solicitud de amparo está siendo usada para reabrir un debate ya
zanjado por el juez natural del proceso.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La Policía Nacional solicitó su desvinculación del presente
trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que no está legitimada para discutir lo resuelto por las
autoridades judiciales del proceso.
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Finalmente, sostuvo que no se encuentra demostrado el perjuicio
irremediable en el asunto, que amerite la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo para acceder a las pretensiones del actor,
máxime cuando ello ya fue debatido ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
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La Sala advierte que la Policía Nacional solicitó su desvinculación
en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
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autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que la Policía Nacional fue parte accionada
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 2019-00069-02, objeto de debate, le
asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la sentencia de 28 de octubre de 2024,
proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2019-00069-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, toda vez que, a juicio del actor, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental
por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente judicial, al haber declarado la caducidad del medio de
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control de reparación directa, sin tener en cuenta que se trata de un
suceso derivado de un delito de lesa humanidad.
Aseguró que la autoridad judicial accionada pasó por alto que no le
era aplicable la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, pues al momento de presentarse la demanda de reparación
directa no operaba la caducidad frente a delitos de lesa humanidad;
sumado a ello, afirmó que de conformidad con la jurisprudencia
emitida por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en este tipo de asuntos no opera la caducidad de la
acción.
Añadió que también se incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, pues obstaculizó los efectos al goce efectivo de sus
derechos por un apego excesivo a las formas.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si se cumplen los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
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La Sala observa que contra la decisión que puso fin al medio de
control de reparación directa no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable6, la solicitud identifica los hechos y derechos que se
estiman lesionados; y, no se trata de una acción de tutela contra
sentencia de tutela.
Ahora, en cuanto al requisito general de la relevancia constitucional
en casos relacionados con delitos de lesa humanidad, la Sala
recuerda lo establecido por la Corte Suprema de Justicia7:
“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad,
hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los
derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la
humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables
para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito
de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un
daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con
características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado,
causa un daño por la vía de la representación a toda la
humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
7
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente
32022. Igualmente véase: sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 32672 caso Salvador
Arana; auto de 13 de mayo de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de
diciembre de 2010, expediente 33039.
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lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una
representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que
provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos,
presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de
los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de
que no estén involucrados directamente los nacionales de otros
países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa
humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad
internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para
la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, es posible inferir que
cuando se está en presencia de la posible comisión de delitos de lesa
humanidad, y sus graves consecuencias, existe una relación directa
con la vulneración de las garantías constitucionales representadas en
los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana; de tal
forma que en los eventos en los que se alega la posible violación de
derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que
deciden procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de
delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso, merecen
un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues
es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos
relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido
nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado de
indefensión.
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Así las cosas, para la Sala el presente caso cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la
posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la
ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos
de lesa humanidad, evento que sin duda podría comprometer
derechos fundamentales, por lo cual la controversia planteada no se
reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco podría
afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional a las del proceso ordinario.
Tal postura ha sido reiterada por la Sala8 en asuntos con identidad
fáctica a la presente.
En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los
defectos alegados, para enseguida abordar el estudio del fondo del
asunto.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio
de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 11001-03-15-000-2023-01878-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 11001-03-15-000-2023-02179-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio
de 2025, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 11001-03-15-000-2024-06964-01.
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Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente9 […]”.
9
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
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De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial10.
No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)11.
Del defecto procedimental
10
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
11
Ver sentencia T-292 de 2006.
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En relación con el defecto procedimental, esta Sala ha señalado 12 lo
siguiente:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos de
defectos procedimentales: el denominado defecto procedimental
absoluto y el llamado defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Se ha señalado que el defecto procedimental absoluto
se configura cuando “[…] el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite
de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido
legalmente afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso […]”13. De otra parte, se ha afirmado
que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
tiene lugar cuando el funcionario, por el apego excesivo e
irrestricto a las formas, termina generando un obstáculo para
la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus
actuaciones se convierten en una clara denegación de
justicia14. Se incurre en esta modalidad cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no
favorece el principio pro homine e impide al ciudadano el
acceso efectivo a la administración de justicia […]”.
Conforme con lo expuesto en cita, al alegarse el defecto
procedimental contra una providencia judicial, lo correcto es que el
interesado ilustre la manera en que la autoridad judicial accionada
desconoció el trámite establecido para la adopción de aquella, esto
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo
de 2019, C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001031500020180402301.
[13] “Sentencia T-327 de 2011”.
[14] “Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva”.
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es, que demuestre que el proceso judicial que dio lugar a la decisión
acusada fue adelantado sin observar el trámite que las normas
adjetivas establecen para tal efecto.
Caso concreto
Mediante la sentencia de 28 de octubre de 2024 acusada, la
SECCIÓN TERCERA confirmó la decisión del a quo que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa promovido por el actor junto con su familia, con
ocasión del delito de secuestro del que fue víctima el señor ROJAS
MERCHÁN por parte del grupo subversivo FARC desde el 26 de abril
de 2000 al 30 de junio de 2001.
Como fundamento de la providencia cuestionada, la SECCIÓN
TERCERA señaló que conforme con la posición jurisprudencial fijada
por la Sección Tercera de esta Corporación en la Sentencia de
Unificación de 29 de enero de 2020, en los casos relacionados con
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, debe observarse el
artículo 136 del CCA15 sobre la caducidad.
15
“Por la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
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En tal sentido, en la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada sostuvo que para el caso concreto el término de
presentación de la demanda se contabilizaría desde el momento en
que la víctima fue liberada de su secuestro y tuvo conocimiento del
daño, además, que la parte actora no logró demostrar una
circunstancia que hubiere impedido el ejercicio del derecho de acción,
por las siguientes razones:
“[…] Conforme al material probatorio allegado, está probado que
la víctima fue liberada de su secuestro el 30 de junio de 2001,
por lo tanto, a partir de ese momento el demandante tuvo
conocimiento del daño. En consecuencia, la contabilización de la
caducidad empieza a partir del día siguiente a esa fecha, puesto
que ahí se materializó la alegada omisión en la que
presuntamente incurrió la Policía Nacional. Además, en el curso
del proceso la parte interesada no adujo manifestación en
contrario, esto es, no invocó imposibilidad alguna para conocer
el daño en la fecha señalada.
De conformidad con el artículo 136 del CCA y el criterio unificado
por la Sección Tercera en sentencia del 29 de enero de 2020,
John Jairo Rojas Merchán tuvo conocimiento del daño sufrido el
30 de junio de 2001, de modo que el término de dos años
previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA empezó a correr
el 1 de julio de 2002 y venció el 1 de julio de 2004. Sin embargo,
la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 22 de
noviembre de 2018 y la demanda se radicó el 5 de febrero de
2019, de modo que operó el fenómeno preclusivo de la
caducidad.
13. Ahora, la parte actora, en el recurso de apelación, alegó que
no procede la aplicación de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de enero de 2020 de manera retroactiva
cuando ello implique la violación al debido proceso, garantías
judiciales, los derechos de libertad e igualdad o el principio de
confianza legítima. Resaltó que esta providencia no moduló sus
efectos y que, por ende, su aplicación debe ser para situaciones
futuras a dicho pronunciamiento.
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De entrada, debe decirse que la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020 se aplica para todos los eventos pasados y
futuros en los que se discutan casos de violaciones a derechos
humanos o crímenes de lesa humanidad. Por regla general, la
unificación de criterios tiene efectos inmediatos y, por ende,
resulta aplicable, incluso, a los asuntos que van a ser decidido y
que se hallan cobijados por la misma regla de derecho objeto de
interpretación.
Adviértase que esta decisión de unificación no estableció
subreglas en cuanto a su aplicación en el tiempo, ni se refirió a
la posible vulneración del principio de confianza legítima o del
derecho de acceso a la administración de justicia en relación con
demandas interpuestas con anterioridad. El silencio de la Sección
Tercera al respecto no es accidental. Todo lo contrario: la Sala
consideró que la aplicación inmediata del nuevo criterio
unificado, aún en asuntos presentados con anterioridad a esa
decisión, no comportaría una lesión de las prerrogativas ya
descritas.
Al resolver el caso concreto, inclusive, la Sección Tercera indicó
que “no advierte circunstancias que le impidieran a los
demandantes presentar la demanda con anterioridad al 7 de abril
de 2009, fecha en la que venció el término para tal fin, pues lo
que se encuentra acreditado son situaciones que permiten
concluir que la administración de justicia estaba al alcance de la
parte actora” y declaró probada la excepción de caducidad.
Nótese, entonces, que la multicitada sentencia de unificación
justamente estudió un caso de vieja data, pues se ocupó del
análisis del presupuesto de la caducidad de una situación de
violación de derechos humanos acaecida en el año 2007.
14. La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la
aplicación en el tiempo de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo
de Estado.
En efecto, en sentencia SU-167 de 2023, al estudiar una acción
de tutela que cuestionó la aplicación del criterio contenido en la
sentencia de unificación puntualmente sostuvo que “los
precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos
inmediatos y son de obligatorio obedecimiento por los
operadores jurídicos y las partes involucradas en un proceso en
curso, aun si incorporan cambios importantes en la comprensión
de un determinado problema jurídico”. Así quedó expuesto en
dicha providencia:
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[…]
En conclusión, la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 proferida por el Consejo de Estado, es de aplicación
inmediata y, por ello, es vinculante para decidir asuntos
presentados a la jurisdicción con anterioridad a esta decisión. En
consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia, toda vez que se encuentra demostrado que la
demanda fue interpuesta por fuera del término legal establecido
para el efecto […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada no incurrió en los defectos invocados, por los
siguientes motivos:
El numeral 8, del artículo 136 del CCA, estableció la oportunidad para
presentar la demanda en el medio de control de reparación directa,
así:
“[…]ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
[…]
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento
del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad
ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en
que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.
[…]” (Resaltado de la Sala).
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Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los
procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia de
un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la comisión
de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de esta
Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 202016, unificó
su jurisprudencia, en el siguiente sentido:
“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos
para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.
En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado–, dicho supuesto versa sobre los particulares que
ejerzan funciones administrativas y las entidades que estén
llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se
aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el
afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicadas en
los hechos.
En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento
de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.
Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 85001-33-
33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y otros; M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada,
que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho
de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado,
pues para tales efectos no resulta determinante la situación
causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la
administración de justicia […]”. (Destacado fuera de texto).
De lo anterior se desprende que en los casos que se pretenda la
reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión
de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá
presentarse en los términos establecidos en el numeral 8 del artículo
136 del CCA o el literal i) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, según corresponda, contándose el término para
presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
salvo que se presenten situaciones que impidan materialmente el
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ejercicio del derecho de acción, circunstancia en la que el plazo
empezará a correr una vez sean estas superadas.
Asimismo, debe precisarse que en la mencionada providencia la
Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en la
sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y
otros vs Chile, no era vinculante en el caso colombiano por los
siguientes motivos:
“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile como fundamento para no aplicar las reglas que
rigen la regla de caducidad de la reparación directa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su
responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración
de justicia, en los términos de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.
La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la
jurisdicción chilena para recibir una indemnización por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la
acción civil de indemnización y que las demandas presentadas
para tal fin fueron rechazadas en aplicación del instituto de la
prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del Código
Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5 años.
La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual
no existen razones que justifiquen que en el derecho chileno la
acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró que
compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
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Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en
numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil
indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa
humanidad.
La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación de
responsabilidad por parte de Chile, Estado que indicó que,
en efecto, en los casos en los que se pretendía la
reparación de los perjuicios causados por un delito de lesa
humanidad la acción civil no debía prescribir. Este
allanamiento no se confrontó con las normas internas y
las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes
en tanto interpreten las normas de la Convención. El fallo
analizado no contiene una interpretación del artículo 25
de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues,
se insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile,
en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de
las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico
chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar
el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene
los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la
Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto […]”.
Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-312 de
13 de agosto de 202017, también unificó su posición sobre el tema
17
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742.
Actora: Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis de
convencionalidad:
“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia,
esta Corporación estima que dicho entendimiento del
término de caducidad del medio de control de reparación
directa es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional, incluso en casos en los que el
daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es
razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
administración de justicia con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término
respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista
claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido
lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que
no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la
misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir
al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del
término legal de caducidad del medio de control de reparación
directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor
medida de lo posible, la optimización de los intereses
constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la
presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege
la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la
reparación patrimonial de los daños causados por las mismas […]
6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación
patrimonial de los daños causados por el Estado es una
obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la
cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
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humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad,
como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano
el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia
para proteger de forma efectiva dichas prerrogativas.
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el
establecimiento del término de caducidad para pretender
por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio
no representa una afectación del derecho al acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño
padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un
plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional
y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta
necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el
Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el
mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa
por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como
el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal
que se adelante en contra del responsable material del delito de
lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa […]
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo18, en la Sentencia del 29 de enero de 202019, la
Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los
18
Artículo 237 de la Constitución.
19
Supra II, 6.13. y siguientes.
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delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio
de control de reparación directa para asegurar los derechos de
las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones
jurídicas con características y lógicas diferentes20, el término
legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable
al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución
penal, el cual busca ponderar los principios en tensión,
estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador,
los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una
autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir
al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el
entendido de que dicho plazo únicamente empezará a
contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad
penal que se predica de las mencionadas conductas
delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de
la participación, por acción u omisión, del Estado y se
encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño
causado. […]
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en
tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes
existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional […]”.
Ahora, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sentencia T-024 de
6 de febrero de 202421, estableció que, en principio, esta genera
20
Supra II, 6.11. y 6.20.
21
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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efectos generales e inmediatos frente a los procesos que se
encontraran en curso para ese momento, además, que debido a la
variación en el precedente, a los demandantes se les debe permitir
la oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de
precedente, tal como se advierte a continuación:
“[…] En la Sentencia T-044 de 2022118, esta Corporación analizó
los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 del Consejo de Estado a partir de cuatro premisas.
Primero, estableció que la atribución de efectos retroactivos a las
sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita. Lo anterior porque “[l]a jurisprudencia contencioso
administrativa y ordinaria coinciden en que, por regla general, no
es posible otorgar efectos retroactivos a las sentencias”, salvo en
materia penal y sin perjuicio de la competencia excepcional que,
en ocasiones, la ley otorga a los jueces para disponer
expresamente lo contrario. Para sustentar el argumento, se citó
una providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
señaló que “la retroactividad del precedente viola la cláusula de
Estado de Derecho y el deber general del Estado de respeto a las
garantías judiciales, debido proceso, libertad e igualdad y, por
contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por las
autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”.
Como segunda premisa, reconoció que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la regla general prescribe que los
cambios en el precedente judicial deben tener efectos generales e
inmediatos. Al respecto, analizó la Sentencia SU-406 de 2016, en
que se estudió la aplicación en el tiempo del precedente judicial.
En esta providencia, la Corte precisó que “el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
cierre implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de determinada disposición”. Debido
a lo anterior, las variaciones jurisprudenciales deben aplicarse de
forma general e inmediata, aunque, en cualquier caso, su
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aplicación no puede pasar por alto el contenido material de la
igualdad, por lo que, cada situación debe ser observada a la luz de
las circunstancias particulares.
[…]
Como tercera premisa para sustentar los efectos generales e
inmediatos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
de la Sección Tercera, la Corte Constitucional reconoció que, según
la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos hacia
el futuro (prospectivos) se enuncian explícitamente. Al respecto, se
estableció que cuando las secciones del Consejo de Estado definen
que una sentencia tiene efectos hacia el futuro, acuden
formalmente a la figura de la jurisprudencia anunciada. Esto
significa que la atribución de tales efectos queda señalada de forma
expresa en el respectivo fallo. Como ejemplo, la Sentencia T-044
de 2022 citó varias providencias en las que las diferentes secciones
del Consejo de Estado aplicaron la figura de la jurisprudencia
anunciada.
Finalmente, como cuarta premisa, la sentencia en comento
determinó que la intención de la mayoría de los miembros de la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue atribuir
efectos generales inmediatos a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020. Al respecto, se analizó el salvamento de voto de
la magistrada María Adriana Marín, en el que expresó su disidencia
porque “la decisión de la Sala debió adoptarse como jurisprudencia
anunciada, con efectos hacia el futuro”. De lo anterior, se concluyó
que “el salvamento de voto de la doctora Marín [es] prueba
indirecta de la postura mayoritaria de la Sala plena de la Sección
Tercera de Consejo de Estado”.
La postura relacionada con los efectos temporales de la sentencia
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29
de enero de 2020, en el sentido de que las reglas jurisprudenciales
unificadas generan efectos generales e inmediatos frente a los
procesos que se encuentran en curso ha sido defendida por la Corte
Constitucional en varias providencias. Por un lado, en la sentencia
T-044 de 2022 a la que se ha hecho referencia anteriormente. De
otro lado, la sentencia T-210 de 2022 ratificó íntegramente la
citada tesis. Finalmente, la sentencia SU-167 de 2023 mantuvo la
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postura. En particular, en esta última providencia se señaló: “la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, por regla general,
los precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos
inmediatos y son de obligatorio obedecimiento por los operadores
jurídicos y las partes involucradas en un proceso en curso, aun si
incorporan cambios importantes en la compresión de un
determinado problema jurídico. // En el presente asunto, la
Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dispuso la exigibilidad del requisito
de caducidad frente a las demandas de reparación directa que
tenían por objeto la indemnización de un daño causado por un
delito de lesa humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de
2021 - momento de adopción de la sentencia censurada-, no existía
precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito de
caducidad en esta clase de procesos”.
Como se concluye de lo anterior, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido la tesis según la cual las reglas de
unificación establecidas en la sentencia de unificación
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29
de enero de 2020, en principio, generan efectos generales e
inmediatos frente a los procesos que se encontraran en curso para
ese momento.
No obstante lo anterior, resulta importante destacar un aspecto
adicional de la jurisprudencia referida de la Corte Constitucional,
en el sentido de que, pese a que se ha defendido de forma uniforme
la conclusión señalada en el párrafo anterior, también se ha
establecido que, debido a la variación en el precedente aplicable, a
los demandantes en los procesos de reparación directa se les debe
permitir contar con una oportunidad procesal para manifestarse
frente al cambio de precedente, para proteger su derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que
cuenten con la posibilidad material de argüir en el proceso
contencioso administrativo las razones por las cuales consideran
que su caso se enmarca en los estándares o reglas fijadas en la
sentencia de unificación respecto de la configuración de la
caducidad, particularmente, para argumentar si existían “(…)
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción (…)”.
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[…]
En conclusión, pese a que las reglas establecidas en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en
principio, generan efectos generales e inmediatos frente a
los procesos que se encontraran en curso para ese
momento, lo cierto es que la Corte Constitucional ha
establecido que, en todo caso, a efectos de evitar incurrir en
un defecto procedimental absoluto, la autoridad judicial
debe garantizar la oportunidad procesal para que los
demandantes, de considerarlo procedente, se manifiesten
sobre las razones por las cuales su caso eventualmente se
enmarcaría en las reglas de unificación, incluso, si ello
implica readecuar el trámite surtido, frente a lo que se le ha
otorgado una especial relevancia a la etapa procesal para
presentar los alegatos de conclusión […]”. (Destacado fuera
de texto).
Así las cosas, en el caso concreto no se advierte la configuración de
los defectos invocados, pues de conformidad con la postura asumida
por el Alto Tribunal Constitucional, la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020 tiene efectos inmediatos frente a los casos en
curso, además, la parte actora tuvo la oportunidad de conocer el
cambio jurisprudencial y de manifestar las razones por las cuales en
su caso debía aplicarse el criterio anterior.
En efecto, desde la sentencia de primera instancia de 23 de
noviembre de 2022, el a quo dio aplicación a la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 y declaró la caducidad del medio
de control, decisión contra la cual el accionante interpuso recurso de
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apelación y expuso las razones por las cuales dicho criterio no le era
aplicable.
Frente a lo anterior, la SECCIÓN TERCERA en la providencia
acusada encontró que el señor ROJAS MERCHÁN fue liberado del
secuestro el 30 de junio de 2001, por lo que fue a partir de ese
momento que tuvo conocimiento del daño, de tal forma que la
contabilización de la caducidad empezó a correr a partir de esa fecha,
pues fue cuando se materializó la omisión en la que presuntamente
incurrió la Policía Nacional.
Así las cosas, la Sala advierte que no es cierto que la SECCIÓN
TERCERA no haya valorado las circunstancias particulares del daño
cuya reparación se pretende, esto es, que se trate de un perjuicio
derivado de un delito de lesa humanidad, pues la decisión acusada
no devino del reconocimiento o no de tal situación, sino de la
aplicación de las reglas sobre la caducidad, según la posición
unificada por el Consejo de Estado sobre la materia, la cual se
acompasa con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
citada en precedencia.
En ese orden de ideas, el hecho de que la SECCIÓN TERCERA haya
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verificado si la demanda de reparación directa fue presentada o no
en término conforme con el artículo 136 del CCA no constituye la
configuración del desconocimiento del precedente judicial ni del
defecto procedimental absoluto alegados, teniendo en cuenta
que, por el contrario, atiende a los lineamientos jurisprudenciales
aludidos y, tal situación, no desconoce las normas convencionales
sobre las garantías judiciales, conforme con lo señalado en la
sentencia SU-312 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, a la
que se hizo alusión previamente.
Así mismo, es claro para esta Sala que el hecho de que la SECCIÓN
TERCERA haya aplicado los precedentes aludidos, al contener las
reglas jurisprudenciales del tema vigentes para el momento en que
fue proferida la decisión cuestionada, tampoco constituye defecto
alguno porque al no contener modulación alguna de sus efectos, las
providencias mencionadas eran aplicables a los casos pendientes de
resolver.
Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado22:
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo
de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03272
01.
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“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía dar
aplicación a jurisprudencia que ha proferido con posterioridad a
la fecha en que ella dice haber cumplido con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, esto es, el 11 de marzo de
2010.
Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado
cosa juzgada, excepto que en la sentencia que contenga
la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera haya
modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)
De igual forma, frente a un caso similar al presente, relacionado con
la caducidad del medio de control de reparación directa derivado de
un delito de lesa humanidad, en sentencia SU 167 de 2013, con
ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Corte
Constitucional señaló:
“[…] 166. En cuarto lugar, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de
las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio
obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios
importantes en la compresión de un determinado problema
jurídico.
167. En el presente asunto, la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dispuso la exigibilidad del requisito de caducidad frente a las
demandas de reparación directa que tenían por objeto la
indemnización de un daño causado por un delito de lesa
humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de 2021 -
momento de adopción de la sentencia censurada-, no existía
precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito de
caducidad en esta clase de procesos […]”.
Finalmente, es del caso destacar que los pronunciamientos emitidos
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por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, presuntamente desconocidos, son anteriores a las
sentencias en las cuales se fundamentó la providencia acusada, por
lo que no resultaban antecedentes aplicados al caso. La misma suerte
corre la sentencia supuestamente desconocida que fue proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la medida en que los
pronunciamientos emitidos por dicha Corporación no resultan
precedente aplicable para la SECCIÓN TERCERA.
Ahora, en cuanto a la sentencia de 12 de marzo de 2021, proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2020-00688-01, se advierte que no comparte identidad fáctica a la
presente, pues en ella la providencia objeto de tutela fue proferida el
22 de agosto de 2019, esto es, cuando no estaba vigente la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020, situación diferente al caso
concreto.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso. De tal suerte que lo que se
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advierte es la inconformidad del actor con las razones de la
providencia judicial acusada, no así la configuración de las falencias
que alegan.
En consecuencia, la Sala denegará el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la Policía
Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo constitucional de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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