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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03017-01

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03017-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Modifícase la sentencia de 1 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así: 18 Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01 Demandante: Rodrigo Hernández Lozano Acción de tutela 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al defecto fáctico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°) Niégase la acción de tutela frente al desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03017-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: RODRIGO HERNÁNDEZ LOZANO
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
DECLARÓ LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL ALCALDE DE
MELGAR. DOBLE MILITANCIA. DEFECTOS FÁCTICO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: el demandante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales, con
ocasión de la providencia que declaró la nulidad de su elección como alcalde del municipio de
Melgar, pues, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución. La Sala modificará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, declarará su improcedencia por el mismo requisito, pero solo frente al defecto fáctico, y la
negará respecto del desconocimiento del precedente judicial.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 1 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
en atención a las consideraciones planteadas.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 29, proceso de primera instancia-
negrillas y mayúsculas del original)

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción1 la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Rodrigo Hernández Lozano fue candidato y resultó elegido como alcalde del
municipio de Melgar para las elecciones de autoridades regionales realizadas el 29 de
octubre de 2023, por la coalición entre los Partidos Alianza Democrática Amplia (ADA),

1 Demanda que se presentó el 20 de mayo de 2025, índice 2 Samai, primera instancia.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

Cambio Radical, Mira, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Conservador
Colombiano, colectividad esta última que le otorgó el aval.

2) Los señores Brandon Maifredy Alexander Parra Salazar y Jaiver Givani Hormaza Marín
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en contra del
acto de elección del señor Hernández Lozano como alcalde municipal de Melgar, por incurrir
presuntamente en doble militancia en la modalidad de apoyo, debido a que durante la época
electoral realizó actos propios de campaña política en representación de los partidos que le
dieron el aval y que lo coavalaron2.

3) El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima3, quien el
26 de agosto de 2024 declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
Electoral y negó las pretensiones de la demanda, por cuanto, entre otros argumentos,
consideró que, a partir de las imágenes y videos, no era posible evidenciar actos positivos
y concretos de apoyo por parte del señor Hernández Lozano, pues, en algunas, lo que se
observaba era que se reunió con el señor Abel Otálora Arias, inscrito a la Asamblea
Departamental del Tolima por el Partido Conservador Colombiano, mientras que en otras
se mostraban pendones, vallas y personas con prendas de vestir alusivas a la campaña de
Rodrigo Hernández Lozano y de Abel Otálora Arias.

4) La parte demandante en su recurso de apelación indicó que el tribunal no hizo una
adecuada valoración probatoria, pues, los elementos de convicción aportados demostraban
fehacientemente que el señor Hernández Lozano manifestó respaldo a una aspiración
política ajena a la de su partido, tal como lo mostraban las imágenes que fueron tomadas el
21 de octubre de 2023, fecha en la que el candidato realizó una concentración política en el
barrio Galán de Melgar, a la que asistió el señor Mur Tarazona como candidato a la
asamblea departamental.

5) En cuanto al video aportado, enfatizó en que este demostraba un claro favorecimiento
del señor Hernández Lozano a una candidatura extraña a la de su colectividad política,

2 El señor Rodrigo Hernández Lozano recibió el aval del Partido Conservador Colombiano para aspirar a la

Alcaldía Municipal de Melgar; igualmente, recibió el coaval del Movimiento Político Alianza Democrática Amplia
-A.D.A.-, del partido político Cambio Radical, Mira y AICO.
3 Proceso con radicación no. 73001-23-33-000-2023-00452-00/01 y 73001-23-33-000-2023-00483-00/01
(acumulado).

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Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

debido a que en él se observaba que hizo gestos con su mano izquierda para señalar al
candidato Fredy Mur, quien se encontraba a ese costado de la tarima; asimismo, que con
su expresión “démosle la oportunidad de que sea diputado”, dirigió el discurso a las
personas que se encontraban presentes para apoyar la aspiración a la asamblea
departamental.

6) El recurso de apelación fue desatado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
sentencia del 13 de febrero de 20254, mediante la cual revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto acusado, puesto que, con base en las
pruebas allegadas al expediente, entre ellas el video de la reunión política, se acreditó que
el señor Hernández Lozano incurrió en la conducta prohibitiva de doble militancia en la
modalidad de apoyo, en tanto que, en contra de la lealtad que debía guardar al Partido
Conservador Colombiano, manifestó respaldo a la candidatura de Fredy Alexander Mur
Tarazona a la Asamblea Departamental del Tolima.

7) El 20 de febrero de 2025, el señor Hernández Lozano solicitó la aclaración de la
sentencia, en la cual cuestionó la valoración de las pruebas allegadas por la parte actora
dirigidas a acreditar la doble militancia, por cuanto las imágenes y videos extraídos de redes
sociales no cumplían con los requisitos de autenticidad e integridad, además de ser
violatorias del debido proceso por haber sido allegadas una vez precluida la etapa
probatoria.

8) Mediante auto del 13 de marzo de 2025, se negó la solicitud de aclaración debido a que
no fue instituida para revivir el debate probatorio ni provocar un nuevo pronunciamiento del
juez acerca de las censuras esgrimidas por las partes.

9) El 13 de marzo de 2025, el señor Hernández Lozano pidió la adición de la sentencia, por
cuanto existían vicisitudes en relación con los elementos que configuran la doble militancia,
solicitud que fue rechazada por extemporánea, a través de auto del 23 de abril del mismo
año.

4 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 14 de febrero de 2025.

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Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

10) Por auto del 19 de mayo del presente año, se rechazó el recurso de súplica que se
presentó en contra de la providencia anterior5, por ser improcedente pues, no era una
decisión de las relacionadas en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011 o de las enlistadas
en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de ese mismo estatuto procesal.

Fundamentos de la vulneración

El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 13 de febrero de 2025, por cuanto,
a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución.

Frente al defecto fáctico, afirmó que la autoridad judicial demandada realizó una valoración
arbitraria de las pruebas, especialmente de un video aportado, sin autenticar su origen ni
contexto.

El contenido del video no demostraba un apoyo inequívoco y expreso para lograr establecer
que el actuar del señor Hernández Lozano constituía prohibición de doble militancia.

Por otra parte, mencionó que no se observaron tres decisiones que constituían precedente
judicial en el caso concreto, tales como: i) el caso del gobernador de Córdoba6, ii) el caso
de la gobernadora del Tolima7y iii) el caso del gobernador de Boyacá8, en las cuales se
consignó que para catalogar una conducta como acto de apoyo esta debía estar
inequívocamente dirigida a que el candidato del partido diferente al que se militaba recibiera
votos del electorado, persuadiendo su voluntad.

Asimismo, afirmó que se vulneró de forma directa la Constitución, puesto que se omitió
aplicar el principio pro homine, el cual impone que, ante varias interpretaciones posibles de

5 Afirmó que los argumentos planteados en la solicitud de adición no fueron debidamente valorados ni resueltos

en el auto recurrido, el cual se fundamentó exclusivamente en una presunta extemporaneidad en su
presentación, razón por la cual esta omisión vulnera principios esenciales del debido proceso y del acceso
efectivo a la administración de justicia.
6 Sentencia de 26 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00106-00, CP Luis Alberto
Álvarez Parra.
7 Sentencia del 08 de agosto de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00046-00, CP Pedro Pablo Vanegas

Gil.
8Sentencia del 12 de diciembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00127-00, CP Pedro Pablo
Vanegas Gil.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

una norma o actuación estatal, debe preferirse una interpretación garantista del debido
proceso, la presunción de legalidad de elección y el derecho de participación política frente
a la ausencia de pruebas plenas, claras y concluyentes que demostraran una conducta de
doble militancia.

De igual manera, sostuvo que se inobservó el principio pro electoratem, el cual implica que
las decisiones judiciales deben salvaguardar la voluntad del elector expresada en las urnas,
salvo que existan pruebas claras, contundentes y legales de que hubo una irregularidad
grave.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:

“Primero: Amparar los derechos fundamentales del debido proceso, elegir y ser
elegido y, al ejercicio y desempeño de cargos públicos del señor Rodrigo
Hernández Lozano que fueron vulnerados con el fallo del 13 de febrero de 2025
dentro del expediente con radicado 73001233300020230045201.

Segundo: Dejar sin efecto el fallo del 13 de febrero de 2025 proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del señor
Hernández Lozano.

Tercero: En consecuencia, de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo
de Estado proferir una nueva sentencia en donde aplique el precedente
constitucional vulnerado.”. (índice 2, Samai)

Actuación procesal

Mediante auto de 26 de mayo de 2025 (índice 6, Samai), la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación admitió la acción de tutela, ordenó la notificación de los
magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Brandon Maifredy
Alexander Parra Salazar, Javier Givann Hormaza Marín y Antonio José París Márquez,
como demandantes en el proceso de nulidad electoral, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción; además, negó la medida
provisional solicitada.

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Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
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Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 1 de julio de
20259 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, debido a que la parte actora no desplegó argumentación dirigida
a desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar
arbitrariedad alguna que implicara vulneración de derechos fundamentales, puesto que
solamente insistió en la falta de configuración de la causal de nulidad electoral de doble
militancia en la modalidad de apoyo, pero no consideró la argumentación empleada por el
juez natural para hallarla acreditada.

Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, concedida
en auto del 17 de julio de 202510.

El análisis realizado por el consejero ponente se limitó a un examen meramente formal, pero
no se adentró en la verificación sustancial de las vulneraciones alegadas ni en la existencia
de los defectos constitucionales denunciados.

Se cumple con el requisito de relevancia constitucional pues, el juez constitucional se
enfrenta a un caso que va más allá de una simple discusión legal que exige definir el alcance
de unos derechos fundamentales frente a una providencia judicial presuntamente arbitraria.

La decisión se fundamentó en un medio probatorio (video en formato mp4) que no cumplía
con los estándares mínimos de autenticidad, integridad y fiabilidad exigibles para otorgarle
mérito persuasivo dentro de un juicio de nulidad electoral.

El juez incurrió en un yerro en la valoración probatoria al atribuirle un efecto concluyente a
dicho video sin contar con elementos técnicos objetivos como metadatos, certificaciones o
una verificación pericial concluyente sobre su origen, fecha o autoría.

9 Índice 29 Samai, primera instancia.

10 Índice 35, Samai, primera instancia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

Se interpretaron como manifestaciones del señor Hernández Lozano unas expresiones que,
en realidad, fueron proferidas por el candidato a la Asamblea Fredy Mur, y que fueron
presentadas como una supuesta manifestación inequívoca de apoyo político.

Un análisis objetivo del material probatorio evidencia que las expresiones captadas son
ambiguas, generales y abiertas a múltiples interpretaciones, pero en ningún caso comportan
una solicitud expresa de voto ni un respaldo concreto, sino que pueden entenderse como
parte del discurso común en el contexto de una coalición política.

No se analizó que la autoridad judicial demandada se apartara abiertamente de la línea
jurisprudencial vigente sin una motivación suficiente, razonable y proporcional, lo cual no
solo generó un quiebre injustificado del orden jurídico, sino que produjo una afectación
directa y concreta de los derechos fundamentales en especial del derecho a la participación
política, el acceso a la administración de justicia y la protección del voto ciudadano.

Para la configuración de la causal de doble militancia por apoyo, se requiere la prueba de
un respaldo explícito, inequívoco y directo del elegido hacia un candidato distinto al avalado
por su partido, elemento que en el presente caso no se encuentra demostrado ni en los
hechos ni en el acervo probatorio disponible.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta del
Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 13 de
febrero de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de
tutela se alegaron los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, lo cierto es que
a partir de la lectura integral del escrito de amparo se advierte que todos esos reparos, en
realidad, tienen relación directa con la presunta indebida valoración del video aportado al
proceso, pruebas que, en criterio del actor, no demostraban que su actuación constituyera
una prohibición de doble militancia; además, porque con la ausencia de pruebas plenas,
claras y concluyentes que acreditaran la irregularidad grave se vulneraron los principios pro
homine y pro electoratem, por consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente
frente al primero de los defectos mencionados pues los argumentos relacionados con el otro
también constituyen un defecto fáctico, por lo que se valorarán bajo esa óptica.

Asimismo, se hará un análisis del desconocimiento del precedente judicial invocado por el
demandante.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional11 y, en su lugar, declarará su improcedencia por el mismo

11 Si bien la parte demandante no fue quien presentó el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia

porque este le había sido favorable, la discusión sobre la indebida valoración de la prueba audiovisual allegada
al proceso fue abordada en el proceso de nulidad electoral, en virtud de no solo de la demanda sino también
de la alzada que presentaron los demandantes en el proceso ordinario.

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requisito, pero solo frente al defecto fáctico, y la negará respecto del desconocimiento del
precedente judicial, por las razones que procederán a exponerse:

2.1 Análisis de la relevancia constitucional frente al defecto fáctico

1) En el asunto sub examine, el demandante alegó que la autoridad judicial demandada hizo
una indebida valoración de las pruebas, especialmente de un video de una reunión política,
cuyo contenido no demostraba un apoyo inequívoco y expreso para lograr establecer que
su actuar constituía una prohibición de doble militancia.

2) Manifestó que ante la ausencia de pruebas plenas, claras y concluyentes que
demostraran la irregularidad grave en la que presuntamente incurrió se vulneraron los
principios pro homine y pro electoratem, que salvaguardan la voluntad del elector expresada
en las urnas.

3) Sin embargo, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala advierte
que es claro que los fundamentos empleados se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
proceso de nulidad electoral y que estaban dirigidos a que se declarara que las fotografías
y el video aportado al expediente no eran válidos para demostrar que efectivamente el señor
Hernández lozano, inscrito por el Partido Conservador Colombiano a la Alcaldía de Melgar,
en coalición con los Partidos Cambio Radical, ADA y AICO, apoyó al candidato Fredy
Alexander Mur Tarazona a la asamblea departamental, quien participó en esa contienda por
la coalición formada entre Cambio Radical y Alianza Democrática Amplia (ADA).

4) En efecto, en la contestación de la demanda, el señor Hernández Lozano manifestó que
a partir de las fotografías y videos aportados no era posible establecer el apoyo indebido
endilgado, máxime cuando no había precisión acerca de quién lo grabó, por lo cual no se
sabía si era auténtico o un montaje realizado a través de tecnología informática.

5) Asimismo, en el recurso de apelación su contraparte, esto es, la parte demandante en el
proceso de nulidad electoral, también se refirió a esas pruebas y manifestó que las
imágenes fueron tomadas el 21 de octubre de 2023, fecha en la que el señor Hernández
Lozano realizó una concentración política en el barrio Galán de Melgar, a la que asistió el
señor Mur Tarazona como candidato a la asamblea departamental, las cuales, en conjunto
con el video, acreditaban que incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo.

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6) Enfatizó que el material audiovisual demostraba un claro favorecimiento del señor
Hernández a una candidatura extraña a la de su colectividad política, pues, su discurso no
lo hizo en tercera persona, como si lo hubiera narrado el señor Fredy Alexander Mur, sino
en nombre propio.

11) Por consiguiente, teniendo en cuenta tanto la discusión planteada en la demanda como
los argumentos de defensa del demandado en esa oportunidad y ahora actor, en el fallo del
13 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del acto acusado, puesto que, con base
en las pruebas allegadas al expediente, entre ellas el video de la reunión política 12, se
acreditó que el señor Hernández Lozano sí incurrió en la conducta prohibitiva de doble
militancia en la modalidad de apoyo pues, en contra de la lealtad que debía guardar al
Partido Conservador Colombiano, manifestó respaldo a la candidatura de Fredy Alexander
Mur Tarazona a la Asamblea Departamental del Tolima.

7) A juicio del juez electoral, el video aportado arrojó plena certeza de que el señor Rodrigo
Hernández Lozano se dirigió a los asistentes de la reunión política y, de manera inequívoca,
realizó una solicitud verbal y expresa a la ciudadanía de respaldar la aspiración de Fredy
Mur Tarazona, por el hecho de pedir que le dieran la oportunidad de ser diputado, expresión
que tuvo como fin influir en la intención de voto de los posibles electores, acciones que
constituyeron actos positivos y concretos de apoyo, así:

“138. En el registro videográfico se observa al demandado, en un evento
público, junto con el aspirante a la Asamblea Departamental del Tolima por
la coalición suscrita entre el Partido Cambio Radical y el movimiento ADA,
Fredy Alexander Mur Tarazona, quien porta una camisa blanca con el logo
símbolo de ambas agrupaciones políticas y el número 52, y una gorra morada con
publicidad de su campaña. También se encuentra una tercera persona cuya
identidad se desconoce.

139. En las imágenes es claro que se trata de una reunión política a la que
asistió un grupo de personas, pues aparecen alrededor de la tarima en donde
se ubicaron el demandado y el candidato a la asamblea. Igualmente, se
evidencia un pendón con publicidad alusiva a la campaña de Fredy Alexander
Mur Tarazona.

140. El video inicia con la intervención del demandado, quien manifiesta:

12 Respecto de los requisitos para tener como válida esta prueba, indicó que, aunque no existía constancia de

la fecha en la cual fue grabada, al cotejar el contenido del video con las capturas de las imágenes de redes
sociales, era posible deducir que se elaboró el 21 de octubre de 2023, es decir, en época de campaña electoral.

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Acción de tutela

«Fredy Mur les está diciendo a ustedes hoy, soy melgarense, somos
melgarenses, démosle la oportunidad a Fredy Mur para que sea
diputado. Se está comprometiendo, que vamos a trabajar codo a codo,
centímetro a centímetro, para que, a estos barrios, los barrios de una tierra
santa y sagrada, que genera y ha generado por muchos años el desarrollo
de Melgar, de acá de esta tierra humana, de esta tierra sagrada, de esta
tierra santa es que se han construido muchos edificios, alcaldías, las
alamedas, los hoteles y muchas piscinas, de acá, la mano de obra sale de
acá […]».

141. Contrario a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, la Sala no
comparte la valoración efectuada por el tribunal en el sentido de que
interpretó que, por el hecho de que el demandado se refirió a Fredy Alexander
Mur Tarazona, en tercera persona, se trató de una muestra de apoyo hacia su
aspiración política.

142. Para la sala electoral resulta carente de sentido que se hubiera afirmado en
la providencia que «es Fredy Mur quien indica que es melgarense y quien pide la
oportunidad de ser diputado, y no, que es el candidato a la Alcaldía de Melgar
quien ofrece el apoyo de manera general para que el electorado se vea
influenciado en votar por el candidato a la Asamblea Departamental del Tolima»,
cuando es evidente que el señor Rodrigo Hernández Lozano, en tarima y con
micrófono en mano, pide a los asistentes al evento que le den la oportunidad
al otro aspirante de ser diputado, refiriéndose concretamente a la aspiración
de Fredy Alexander Mur Tarazona.

(…).

145. Tampoco se comprende la conclusión del Ministerio Público en cuanto
a que de las manifestaciones del demandado no se puede extraer una
muestra inequívoca de respaldo al señor Mur Tarazona, pues, en su criterio,
comoquiera que el evento fue convocado o autorizado por este, los electores
tenían claro que era a él y no a otro candidato a quien debían apoyar. Por ello,
resultaba «inane» cualquier mención que el demandado hiciera respecto del
candidato apoyado.

146. Acerca de esa manifestación, se pone de presente que, con independencia
de quién convocó o auspició la reunión política, lo cierto es que el
demandado se dirigió a los asistentes y, de manera inequívoca, realizó una
solicitud verbal y expresa a la ciudadanía de respaldar la aspiración de Fredy
Mur Tarazona, por el hecho de pedir que le dieran la oportunidad de ser
diputado, expresión que tuvo como fin influir en la intención de voto de los
posibles electores, de manera que constituyeron actos positivos y concretos
de apoyo.

147. Hechas las anteriores precisiones, se concluye que el demandado incurrió
en la conducta prohibitiva de doble militancia en la modalidad de apoyo,
sobre la base de considerar que, en contra de la lealtad que debía guardar al
Partido Conservador Colombiano, manifestó respaldo a la candidatura de
Fredy Alexander Mur Tarazona a la Asamblea Departamental del Tolima.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 12–
negrillas de la Sala).

8) Así pues, la autoridad judicial demandada, después de hacer una valoración conjunta de
las pruebas documentales y audiovisuales, consideró que se debía declarar la nulidad del
acto de elección, en atención a que se acreditó que el demandado incurrió en la conducta

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prohibitiva de doble militancia en la modalidad de apoyo, pues, en contra de la lealtad que
debía guardar al Partido Conservador Colombiano, manifestó respaldo a la candidatura de
Fredy Alexander Mur Tarazona a la Asamblea Departamental del Tolima.

9) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en el
proceso de nulidad electoral dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica
relacionada con la ausencia de pruebas plenas, claras y concluyentes que demostraran que
incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, puesto que el video
de la reunión política no podía ser valorado como prueba, por cuanto no era posible
determinar la autenticidad del archivo y garantizar la integridad de la información; asimismo,
porque las palabras supuestamente expresadas por él en dicha reunión no constituían una
invitación directa a votar por el otro candidato ni contenían una expresión inequívoca de
respaldo político, en los siguientes términos:

“En el presente caso, ninguno de los requisitos que permitían establecer la
fiabilidad y la integridad del video fue debidamente acreditado. Conforme al
informe pericial citado y que obra en el expediente de nulidad electoral se
estableció que no era posible determinar con certeza el origen del video ni
verificar su integridad técnica, pues no se aportaron metadatos,
certificaciones de autenticidad, ni se probó que el archivo no hubiese sido
editado. En consecuencia, el video no podía ser equiparado a un documento
auténtico, ni admitido válidamente como prueba documental.

Pese a ello, el Consejo de Estado le otorgó valor probatorio al video, basando
en él su decisión de nulidad electoral, lo cual constituye un defecto fáctico
por indebida valoración probatoria. Esto implicó una trasgresión al debido
proceso, al desconocer los principios de legalidad y contradicción de la prueba, y
configuró una vulneración de derechos fundamentales que amerita ser revocada
en sede de tutela.

Lo anterior, del contenido del video no puede establecerse de manera cierta y
verificable la fecha de su grabación. Esto resulta especialmente grave en el
marco del proceso de nulidad electoral, ya que el elemento temporal de la conducta
–esto es, que el apoyo proscrito haya ocurrido dentro del período comprendido
entre la inscripción de la candidatura y el día de la elección– constituye un requisito
esencial para configurar la doble militancia. Al no poder determinar con precisión
la fecha en que tuvo lugar el supuesto acto de apoyo, no puede tenerse por
acreditada una conducta sancionable conforme al artículo 2º de la Ley 1475 de
2011.

(…).

Otro elemento para configurar el defecto fáctico en el caso concreto se debe a que
del contenido del video, es imposible llegar a concluir que las expresiones
atribuidas al señor Hernández Lozano se encuadran en la causal de doble
militancia en modalidad de apoyo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

Es decir, las palabras supuestamente expresadas por el señor Hernández
Lozano no constituyen apoyo que configure la causal de inelegibilidad. Lo
anterior evidencia una vez más que el Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico al valorar indebidamente las palabras pronunciadas por el
demandado en el video objeto de controversia, al considerarlas como una
manifestación inequívoca de apoyo a la candidatura de Fredy Mur, sin que
dichas expresiones, en su contexto literal y material, constituyeran una
conducta de respaldo cierta, concreta y directa.

En efecto, del análisis literal del contenido de la grabación: “Fredy Mur le está
diciendo a ustedes hoy soy melgarense, somos melgarenses, démosle la
oportunidad a Fredy Mur para que sea diputado, se está comprometiendo
que vamos a trabajar codo a codo, centímetro a centímetro”, no se desprende
una manifestación categórica ni activa de apoyo electoral por parte del
demandado.

Dichas palabras, en su sentido natural, no constituyen una invitación directa a
votar, ni contienen una expresión inequívoca de respaldo político, tal como
lo exige la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado para configurar la
causal de doble militancia prevista en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. En
lugar de ello, las frases empleadas pueden interpretarse como una
descripción o referencia neutral al contexto del evento, e incluso como una
reproducción del mensaje político del propio candidato Fredy Mur –“Fredy
Mur le está diciendo a ustedes…”–, sin que el demandado asuma como
propias tales afirmaciones. (…)”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI, índice 2– negrillas de la Sala).

10) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron resueltos en el fallo del 13 de
febrero de 2025 y se dirigieron de manera exclusiva a que se declarara la legalidad del acto
de elección, en la medida que, de las imágenes y del video aportado al proceso,
supuestamente, no era posible establecer con certeza que incurrió en doble militancia en
la modalidad de apoyo, puesto que esas pruebas no cumplían los requisitos para ser
consideradas como válidas, dada la ausencia de autenticidad e integridad; además, porque
de ellas no se podían advertir actos inequívocos de apoyo por su parte hacia la candidatura
extraña a la de su agrupación.

11) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en
la providencia objeto de tutela concluyó que, de las fotografías y del video, era claro que el
señor Rodrigo Hernández Lozano, en tarima y con micrófono en mano, pidió a los asistentes
al evento que le dieran la oportunidad al otro aspirante de ser diputado, refiriéndose
concretamente a la aspiración de Fredy Alexander Mur Tarazona, y que, con independencia
de quién convocó o auspició la reunión política, lo cierto era que el demandado realizó una
solicitud verbal y expresa a la ciudadanía de respaldar esa aspiración, expresión que tuvo

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

como fin influir en la intención de voto de los posibles electores, a través de actos positivos
y concretos de apoyo.

12) En esa medida, es diáfano entonces que la parte actora pretende, a través de la acción
de tutela, que se revise nuevamente el asunto con la intención de obtener una decisión
favorable a sus intereses como si se trata de una instancia adicional al proceso ordinario.

13) La acción constitucional de la referencia no constituye un medio idóneo para exponer las
simples inconformidades, desavenencias o discrepancias con el criterio de los jueces
naturales como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, por el contrario,
solo aquellos casos en los que se discutan asuntos con una marcada, evidente y genuina
relación con los derechos fundamentales son susceptibles de ser analizados por esta vía.

14) El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tengan una verdadera
relevancia desde el punto de vista constitucional o que prima facie no involucren la
afectación de derechos constitucionales, con el único fin de ofrecer una mejor solución al
caso o imponer su criterio frente al análisis de los jueces de instancia, pues, ello implicaría
desconocer la estructura de la administración de justicia y los principios de independencia y
autonomía judicial.

15) En ese horizonte de comprensión, para la Sala es evidente que la acción de la referencia
carece de una genuina transcendencia constitucional y ello recobra mayor sentido si se tiene
en cuenta que la providencia atacada fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales
el análisis de procedibilidad debe ser mucho más riguroso en orden a establecer si se
incurrió en una actuación a todas luces arbitraria e ilegítima, así13:

“Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de
una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración
a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra
una sentencia de una alta corte”.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

16) Así pues, única y exclusivamente cuando se advierta a priori que la providencia proferida
por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente incompatible con la
Constitución la acción de tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera diferencia
de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez constitucional,
por cuanto14:

“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria
e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de
los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los
jueces ordinarios.”.

(…).

La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva, en
tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales
o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones
probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión.”.

17) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un
debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

2.2 Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto

1) En cuanto a este defecto, el presente caso cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron
todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez,
si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la

14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP Carlos Bernal Pulido.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

notificación de la providencia atacada15; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad
procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna
y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que
se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración
de derechos constitucionales fundamentales con ocasión del desconocimiento del
precedente contenido en unas sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se recalcó
que para catalogar una conducta como acto de apoyo esta debía estar inequívocamente
dirigida a que el candidato del partido diferente al que se militaba recibiera votos del
electorado, persuadiendo su voluntad.

2) Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en un desconocimiento del precedente judicial.

3) El demandante mencionó que se desconocieron tres decisiones que constituían
precedente judicial en el caso concreto, tales como, i) el caso del gobernador de Córdoba16,
ii) el caso de la gobernadora del Tolima17y iii) el caso del gobernador de Boyacá18, en las
que se consignó que para catalogar una conducta como acto de apoyo esta debía estar
inequívocamente dirigida a que el candidato del partido diferente al que se militaba recibiera
votos del electorado, persuadiendo su voluntad.

4) No obstante, la Sala considera que la autoridad judicial demandada sí observó lo allí
dispuesto respecto a la certeza que debía existir sobre la manifestación de apoyo de un
candidato a otro aspirante de un partido diferente, la cual debía ser clara, positiva, concreta
e inequívoca para que pudiera ser catalogada como doble militancia; sin embargo, contrario
a lo dispuesto en las providencias invocadas como desconocidas 19, encontró que las

15 La sentencia de segunda instancia fue notificada
por correo electrónico el 14 de febrero de 2025 y la
demanda fue presentada el 20 de mayo del mismo año.
16 Sentencia de 26 de septiembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00106-00, CP Luis Alberto

Álvarez Parra.
17Sentencia del 08 de agosto de 2024, expediente 11001-03-28-000-2024-00046-00, CP Pedro Pablo
Vanegas Gil.
18 Sentencia del 12 de diciembre de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00127-00, CP Pedro Pablo

Vanegas Gil.
19 En las sentencias que se invocaron como desconocidas, a raíz de las pruebas allegadas, se determinó que

se encontraba debidamente acreditado que los candidatos no apoyaron un aspirante político diferente al de
su partido político. En los videos aportados no se evidenció una influencia en el electorado para que votaran
por el candidato diferente a su colectividad, razón por la cual no se declaró la nulidad de los actos de elección.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

pruebas allegadas al proceso, entre ellas las fotografías y el video, eran suficientes para
tener por acreditado que el señor Hernández Lozano incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo, en atención a que realizó una solicitud verbal y expresa a la ciudadanía
de respaldar la aspiración de Fredy Mur, expresión que tuvo como fin influir en la intención
de voto de los posibles electores, a través de actos positivos y concretos de apoyo.

5) Para la Sala, de la decisión expuesta no se advierte un análisis desmedido del que se
pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez ordinario, pues se resolvió el
caso con fundamento en razones debidamente sustentadas, sin que se haya demostrado el
supuesto defecto alegado por la parte actora.

6) De esta forma, resulta claro que no se incurrió en desconocimiento del precedente, en
atención a que la decisión cuestionada no se apartó de ningún tipo de interpretación
vinculante de esta Corporación y se sustentó de manera suficiente y razonada, por lo cual
la diferencia con los antecedentes judiciales que se trajeron a colación radica precisamente
en las pruebas que en unos y otros casos se aportaron y decretaron, teniendo en cuenta
que en esta oportunidad para el juez natural se encontró plenamente demostrado el apoyo
a un candidato de otras colectividades, lo cual configura la causal de doble militancia, ya
que el aquí actor debía guardar el debido respeto y decoro con las listas de su partido, por
lo cual no podía participar en actos proselitistas, campañas, plazas públicas o
manifestaciones en favor de candidatos ajenos a su partido politíco.

7) En consecuencia, la Sala modificará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente el amparo por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y,
en su lugar, declarará su improcedencia por el mismo requisito, pero solo frente al defecto
fáctico, y la negará respecto del desconocimiento del precedente judicial, por las razones
hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifícase la sentencia de 1 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así:

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03017-01
Demandante: Rodrigo Hernández Lozano
Acción de tutela

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional frente al defecto fáctico, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2°) Niégase la acción de tutela frente al desconocimiento del precedente judicial, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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