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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03029-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03029-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03029-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03029-00
Accionante: Diana Alejandra Morales Calle
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral y
otro

Temas: Derechos trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de
expresión, debido proceso y salud. Renuncia voluntaria a cargo de
secretario en juzgado promiscuo. Hecho sobreviniente. DECLARA
CARENCIA DE OBJETO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Diana Alejandra Morales
Calle, mediante apoderado, en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató
Risaralda y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio, a la libertad de
expresión y a la salud, los cuales considera vulnerados por las autoridades
accionadas.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que es secretaria en el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató Risaralda en
propiedad, fue diagnosticada con síndrome de túnel carpiano y como tratamiento
debe asistir al menos 3 veces por semana a terapias físicas en la ciudad de Pereira.

Que le solicitó a la titular del despacho autorizar el trabajo en casa para los días en
que debía asistir a sus terapias y le fue negado; que el 12 de junio de 2024 y en
febrero de 2025 solicitó traslado para la ciudad de Pereira; sin embargo, no fue
posible acceder al mismo.

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Que ante la imposibilidad de asistir a sus terapias físicas y en vista de la situación
de desventaja laboral, debido a que se le asignaron tareas adicionales decidió pedir
una licencia no remunerada del 20 de enero al 15 de mayo de 2025.

Que radicó ante la Comisión de Disciplina Judicial queja en contra de la juez del
Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató Risaralda por la presunta comisión de la
falta disciplinaria por acoso laboral, radicado 66001-25-02-000-2025-00064-00.

Que en los últimos meses se le han autorizado 5 incapacidades médicas (del 18 de
enero al 19 de enero de 2025, del 21 de abril al 22 de abril de 2025, del 19 de mayo
al 21 de mayo de 2025 y del 20 de mayo al 22 de mayo de 2025) por presentar
diagnósticos como trastornos de pánico, adaptativo, ansiedad y depresión.

Que cuando la accionante regresó de la licencia se percató de que la titular del
despacho le había aumentado sus tareas aproximadamente a 25 actividades, dentro
de las cuales está proyectar los estados, siendo ésta una labor del citador.

Que el 15 de mayo de 2025 presentó renuncia voluntaria; la titular del despacho
mediante Resolución 028 del 19 de igual mes y año se declaró impedida para
resolver sobre el asunto al considerar estar incursa en la causal 5ª del artículo 11
del CPACA y remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

Considera que la manifestación de impedimento de la titular del despacho
accionado somete la renuncia voluntaria a un trámite injustificado y transgrede sus
derechos fundamentales a la salud y a la integridad física y mental. Además,
desconoce los lineamientos establecidos en la Sentencia T 168 de 2019 que trata
sobre los «criterios para atender y tramitar preferentemente las renuncias motivadas
en presunto acoso laboral» y las reglas previstas en el artículo 2.2.11.1.3 del
Decreto 1038 del 2015.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene a las accionadas «aceptar de manera expedita o inmediata» la renuncia
presentada por la accionante.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 22 de mayo de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación a
las autoridades accionadas y se negó la medida provisional solicitada; conistente en
que se le aceptara la renuncia y hasta tanto esto ocurriera, le autorizaran el trabajo
en casa.

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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira señaló que el 20 de mayo de
2025 recibió en la oficina de reparto la manifestación de impedimento de la jueza
Promiscuo Municipal de Mistrató, para resolver la renuncia al cargo de secretaria en
propiedad y, mediante acto administrativo del 28 de mayo del año en curso aceptó
el impedimento de la doctora Diana Paola Saravia Bermeo y ordenó remitir el
expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de Umbría para que proceda
con la actuación que corresponda.

El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató manifestó que por medio de
la Resolución núm. 030 del 3 de junio de 2025 se decidió sobre la renuncia de la
accionante, por lo que se encuentra superado el motivo por el cual se promovió la
acción de tutela.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente

Ha establecido la Corte, que se está en presencia de un hecho sobreviniente,
cuando la orden del juez de tutela no surte ningún efecto, respecto a lo solicitado
por el accionante.

«(…) El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena
como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha
demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de
objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los
conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine

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que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en
la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga
en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha
declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien
asume la carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad
demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo
fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no
son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde
interés en el objeto original de la Litis. (…)» (negrilla fuera de texto
original)

Análisis del caso concreto

En síntesis, la señora Diana Alejandra Morales Calle solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la libertad de escoger
profesión u oficio, a la libertad de expresión y a la salud, los cuales considera
vulnerados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató Risaralda y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, por no haber aceptado la renuncia voluntaria
al cargo de secretaria en propiedad.

Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala evidencia que la
accionante el 15 de mayo de 2025 presentó su renuncia al cargo de secretaria en
propiedad en el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató, con fundamento
en lo siguiente:

«(…) Lo anterior, debido a que priorizo mi salud fisica (sic) y mental, y
visto que en nada variaron las circunstancias que fueron objeto de queja
disciplinaria, como tampoco se adoptaron medidas sobre tales aspectos,
he tomado la decisión de renunciar a mi cargo en propiedad (…)».

La titular del despacho referenciado mediante la Resolución núm. 028 del 19 de
mayo de 2025 se declaró impedida para decidir sobre la renuncia, con base en el
artículo 11 numeral 5º del CPACA, debido a que en su contra cursa queja
disciplinaria presentada por la señora Morales ante la Comisión de Disciplina
Judicial de Risaralda con radicado 66001-25-02-000-2025-00064-00 y ordenó
remitir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a través del acto administrativo
núm. 037 de 27 de mayo de 2025 aceptó el impedimento manifestado por la doctora
Diana Paola Saravia Bermeo y ordenó remitir el expediente al Juzgado Promiscuo
Municipal de Belén de Umbría, para adelantar el trámite administrativo respectivo.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría mediante Resolución
núm. 030 del 3 de junio de 2025 aceptó la renuncia irrevocable de la accionante al
cargo de secretaria en el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató, Risaralda, a
partir del día 2 de julio del año en curso, inclusive; fecha en la que termina la

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incapacidad de la señora Morales según se dice en la motivación del acto
administrativo.

Encuentra la Sala que con la actuación que adelantó el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría el 3 de junio de 2025 aceptando la
renuncia de la señora Morales al cargo de secretaria en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Mistrató- Risaralda, se superó la violación de los derechos
fundamentales alegados por la accionante. Razón por la cual, se declarará la
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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