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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03036-00

Fecha
13 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03036-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por COOSALUD EPS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia e información de Óscar Arnulfo Bedoya Cruz vulnerados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Dejar sin efectos la providencia proferida el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el expediente de insistencia identificado con el radicado 13001233300020250004700. Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, requiera a COOSALUD EPS para que envíe la documentación correspondiente a la solicitud de insistencia promovida por Óscar Arnulfo Bedoya Cruz. Así, una vez recibida debe proferir decisión que resuelva de manera definitiva el asunto. Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03036-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03036-00
Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Temas: Tutela contra providencia judicial / Recurso de insistencia.
Defectos sustantivo y procedimental.
Decisión: Acceder al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Óscar Arnulfo Bedoya Cruz, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Óscar Arnulfo Bedoya Cruz promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
información y a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la providencia proferida el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el recurso de insistencia identificado con el radicado
13001-23-33-000-2025-00047-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1.El 9 de diciembre de 2024, radicó petición ante el Agente Interventor de
COOSALUD EPS en el que solicitó información relacionada con la operación de
crédito hecha por la EPS con el banco GNB Sudameris.

2.2. La EPS, por conducto del subdirector financiero de ingresos y costos, le informó
que existía reserva sobre la información y documentos públicos solicitados, según
consta en el oficio del 30 de diciembre de 2024 (radicado interno RPR2158252024).

2.3. Con fundamento en ello, interpuso recurso de insistencia ante COOSALUD EPS

1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03036-00
Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

mediante escrito del 15 de enero de 2025, con la finalidad de que fuera remitido al
Tribunal Administrativo de Bolívar, entidad que, según comunicación del 4 de
febrero de 2025, se abstuvo de hacerlo bajo el argumento de que -como
peticionario- no tenía la calidad de afiliado, razón por la que, radicó de forma directa
el escrito correspondiente ante la referida corporación judicial, con la respectiva
narración de los antecedentes del caso.

2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, con auto del 25 de febrero de 2025 declaró
improcedencia el trámite, en tanto el demandante lo remitió de forma directa.

2.5. Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial
demandada el incurrir en defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto, en la medida en que se rechazó por improcedente el recurso de
insistencia porque no fue presentado directamente por la entidad que alegó la
reserva de la información solicitada, pese a que esta se abstuvo de hacer la remisión
de ley correspondiente.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] SEGUNDO: Dejar sin efectos la providencia adiada el 25 de febrero de 2025 emitida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Despacho del Magistrado José Rafael Guerrero
Leal y, en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial que en el término de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, dicte una nueva decisión
cumpliendo los parámetros constitucionales que le fije el H. Consejo de Estado. […]».
(sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. COOSALUD EPS 2 solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva
en atención a que la vulneración alegada no deviene de una acción u omisión que
se le pueda atribuir.

5. El Tribunal Administrativo de Bolívar3 pidió que se declare la improcedencia de
la tutela, en la medida en que no vulneró derecho fundamental alguno, pues el
recurso de insistencia fue resuelto con fundamento en las normas que rigen la
materia, sin que sea resulte idóneo el mecanismo constitucional para resolver la
situación planteada.

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el

2 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 14 del Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03036-00
Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia.

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20214, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva

8. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

9. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente5:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental6. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”8

4
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado.[…]».

10. Ahora bien, COOSALUD EPS solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho fundamental alguno del
demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones
que esa autoridad pueda desplegar para su cumplimiento.

11. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su llamado al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, al ser la entidad que se abstuvo de otorgar trámite al
recurso de insistencia objeto de estudio, y en aras de garantizarle su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 10. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

15. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

18. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los
derechos fundamentales de Óscar Arnulfo Bedoya Cruz con ocasión de la
providencia proferida del 25 de febrero de 2025, a través de la cual declaró la
improcedencia del recurso de insistencia que interpuso directamente, con la que
pudo incurrir en defecto sustantivo y procedimental?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

19. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

20. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación
ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los
jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar
normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que los
límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

21. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

22. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.

2.5.3. Defecto procedimental

23. Fue reconocido por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de 1994
como causal de vía de hecho contra providencia judicial. Entendido como aquél en
el que el juez ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u
omite el curso de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

24. A partir de la sentencia T-1306 de 2001, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino que podía presentarse
por un exceso ritual manifiesto, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la

15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales.

25. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y
que lesione bienes fundamentales.

2.5.4. Sobre el caso concreto

26. Óscar Arnulfo Bedoya Cruz acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 25 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en cuanto declaró la improcedencia el recurso de insistencia interpuesto.

27. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que el
rechazo se motivó en el hecho de que no fue presentado por la entidad que alegó
la reserva sino por el demandante de manera directa, ello, en atención a que aquella
resolvió no remitirlo.

28. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, se
observa que el tribunal demandado motivó su decisión en los siguientes términos:

«[…] En ese sentido, pasará a analizarse si es procedente que el mismo peticionario,
sea quien eleve la solicitud de insistencia ante la autoridad judicial competente para
conocerla.

El artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, prevé que, el recurso de insistencia procede si la
persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, es decir que, la autoridad que emite la respuesta debe
invocar la reserva sobre la información que el peticionario solicita para que
posteriormente pueda interponerse el recurso de insistencia.

A su vez la norma indica que, tal recurso de insistencia debe ser interpuesto por el
funcionario respectivo, es decir, por la entidad que alega la reserva, ante el Tribunal o
Juzgado administrativo (según su competencia), […]

En ese orden de ideas, de acuerdo a la normatividad y jurisprudencia expuesta, deberá
rechazarse el recurso de insistencia por improcedente, como quiera que, no fue
interpuesto por la autoridad que invoca la reserva, es decir, por COOSALUD EPS.
Ahora bien, el actor alega que se vio en la obligación de incoarlo a modo propio debido
a la negativa de la entidad, sin embargo, no puede pasarse por alto que la ley no lo
habilita para ello, y en ese sentido debió agotar otros mecanismos ordinarios o
constitucionales para que se decida si la entidad debe o no interponer la insistencia que
le es remitida por el accionante, ante la autoridad judicial.

Así las cosas, se verifica dentro del plenario que no se cumplió con lo previsto en la
normatividad para que el recurso de insistencia fuera procedente, por lo que no se

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

estudiará de fondo el recurso de insistencia instaurado por el señor Oscar Bedoya, y, por
el contrario, lo rechazará por considerarlo improcedente. […]». (sic)

29. Ahora bien, para establecer si se incurrió en los defectos endilgados, es
pertinente citar la normativa que reglamenta el recurso de insistencia, Señalan los
artículos 25 y 26 de la Ley 1437 de 2011:

ARTÍCULO 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE
RESERVA. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será
motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de
información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva
legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente
o actuación que no estén cubiertas por ella. […]

ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la
persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción
en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal
o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este
término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos
sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta
la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el
objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda
silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo
tribunal o juzgado administrativo.

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en
la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

30. Así pues, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió el
asunto bajo una lectura restrictiva de la normativa que rige la materia, pues, si bien
el legislador fue claro en establecer que el recurso de insistencia debe radicarse
ante la entidad que invoca la reserva y que es esta, quien debe remitir la
documentación pertinente ante la autoridad judicial contenciosa-administrativa
competente, lo cierto es que nada dispuso frente a la renuencia de la entidad en
adelantar el procedimiento que le corresponde, en detrimento de los intereses del
peticionario.

31. Es decir, no se trata de desconocer el procedimiento establecido en la norma
para adelantar el recurso de insistencia, ni de dejar al arbitrio de la entidad que alega

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

la reserva sí agota o no dicho trámite, pues, de ser así, se incurriría en el absurdo
jurídico de que su decisión sea absoluta, lo cual configuraría una clara denegación
de acceso a la administración de justicia y a la información para peticionario.

32. Al respecto, esta Sala al decidir un asunto de contornos similares18, consideró lo
siguiente:

«[…] 57. Para la Sala, el argumento en el que se fundamentó el Tribunal para declarar
improcedente el recurso de insistencia interpuesto por la tutelante, evidencia una
aplicación estricta del contenido del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 y no analiza sus
alcances e implicaciones en atención a la situación planteada por la accionante y los
motivos que la llevaron a acudir directamente a la autoridad judicial para presentar el
mecanismo judicial, cuyas razones se concretaban en la desidia de la UNP en el
cumplimiento del referido precepto legal.

58. De esta manera, se observa que la autoridad judicial pasó por alto examinar el
comportamiento de la UNP, que durante más de dos meses no remitió el expediente
para el trámite judicial, y pese a ello, el Tribunal decidió abstenerse de resolver el recurso
interpuesto por la accionante, aunque contaba con poderes de instrucción para exigirle
a la UNP los documentos que se requerían para continuar con el procedimiento de la
insistencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
1564 de 2012.

[…]

60. El contenido de las citadas normas permite advertir que, con base en el principio de
supremacía de la Constitución (artículo 4), las normas procesales con las que se rigen
las actuaciones judiciales deben interpretarse en consonancia con los principios
constitucionales, entre estos, el principio de prevalencia del derecho sustancial. Esto es
así, por cuanto la finalidad de la ley procesal, en concordancia con el derecho de acceso
a la administración de justicia, no es otra que la garantía de una verdadera tutela judicial
efectiva.

[…]

62. Así las cosas, si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el
derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para la
consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición constitucional
y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora
de la ley procesal, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales. De
manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio, viola
el derecho fundamental al debido proceso de la parte. […]»

33. De acuerdo con las consideraciones que anteceden y las razones por las cuales
el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó el recurso de insistencia presentado
por Óscar Arnulfo Bedoya Cruz, es evidente que incurrió en defectos sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto al otorgar una lectura restrictiva y lesiva
del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, sin valorar las circunstancias que motivaron
la presentación del referido mecanismo de forma personal, pese a que la norma
dispuso que era COOSALUD EPS quien debió remitirlo.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Expediente 11001031500020250096400.

Sentencia del 1.° de abril de 2025. C.P Elizabeth Becerra Cornejo.

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Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

34. En este orden de ideas, se observa que el tribunal demandado privilegió una
norma procesal de rango legal por encima de un principio constitucional y convirtió
las formas en un obstáculo y no en un instrumento para la satisfacción de derechos
sustantivos19, tan es así que, inclusive, le señaló al demandante que «debió agotar
otros mecanismos ordinarios o constitucionales para que se decida si la entidad debe o no
interponer la insistencia que le es remitida por el accionante, ante la autoridad judicial». Es
decir, le impuso una carga adicional y desproporcionada con el fin de que
COOSALUD EPS cumpliera su deber.

35. Así las cosas, se concluye que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
e información del demandante, en cuanto le limitó y restringió el trámite del recurso
de insistencia propuesto, por lo que se accederá al amparo pretendido.

3. Conclusión

36. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en defectos sustantivo
y procedimental por exceso ritual, en tanto decidió rechazar el recurso de insistencia
presentado por el demandante directamente, sin valorar las razones que lo
motivaron a ello e imponiéndole cargas administrativas y judiciales
desproporcionadas en aras de que COOSALUD EPS cumpliera con su deber, razón
por la cual se accederá al amparo solicitado.

37. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la providencia proferida el 25 de febrero
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el expediente con radicado
13001233300020250004700, y ii) se le ordenará a dicha corporación judicial que,
en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, requiera a COOSALUD EPS para que envíe la documentación
correspondiente a la solicitud de insistencia promovida por Óscar Arnulfo Bedoya
Cruz. Así, una vez recibida, deberá proferir decisión que resuelva de manera
definitiva el asunto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

19 Artículo 11 del CGP. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez

deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos
reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del
presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y
generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa,
la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá
de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03036-00
Demandante: Óscar Arnulfo Bedoya Cruz

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por COOSALUD EPS, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia e información de Óscar Arnulfo Bedoya Cruz vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Dejar sin efectos la providencia proferida el 25 de febrero de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, en el expediente de insistencia identificado con
el radicado 13001233300020250004700.

Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en un término cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, requiera a
COOSALUD EPS para que envíe la documentación correspondiente a la solicitud
de insistencia promovida por Óscar Arnulfo Bedoya Cruz. Así, una vez recibida debe
proferir decisión que resuelva de manera definitiva el asunto.

Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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