Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03037-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03037-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano, en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
Accionado: Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso Disciplinario – Ley
1123 de 2007. Niega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la acción de tutela presentada por Angélica Sofía Caicedo
Medrano, en nombre propio y en representación de su hijo menor SMJ contra la
Sentencia de 30 de abril de 2025 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
mediante la cual confirmo la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, mediante la cual la sancionó
disciplinariamente.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 21 de mayo de 2025, Angélica Sofía Caicedo Medrano, en nombre propio y
en representación de su hijo menor SMJ, presentó acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de prevalencia del interés superior de los niños, trabajo,
vida digna, mínimo vital y móvil, igualdad, educación, salud y debido proceso, así
como de los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial,
con ocasión de la Sentencia de 30 de abril de 2025 dentro del proceso de
disciplinario No. 05001-25-02-000-2021-00361-00/01. A título de amparo
constitucional, la parte actora solicitó:
«1. Se digne tutelar a favor de mi hijo menor [SMJ], y a mi favor, los DERECHOS DE
PREVALENCIA POR INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, DERECHO
FUNDAMENTAL AL TRABAJO Y LA VIDA DIGNA, DERECHO FUNDAMENTAL AL
MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, el DERECHO fundamental a la IGUALDAD, DERECHO A LA
EDUCACIÓN, el DERECHO A LA SALUD, a los principios a la CONFIANZA LEGÍTIMA,
y de PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, y el derecho fundamental al
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, consagrados en la Carta Política de 1991.
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
2. En consecuencia, de lo anterior se ordene dejar SIN EFECTO ALGUNO por violación
de mis derechos fundamentales y los defectos facticos, sustanciales, y orgánicos que
tiene la sentencia proferida por la comisión nacional de disciplina judicial, mediante la
cual se me sancionó injustificadamente.
3. De igual manera solicito que se ordene a la comisión nacional de disciplina judicial
retirar de mis antecedentes disciplinarios la referida sentencia o sanción impuesta de 2
meses en el ejercicio profesional por la fuerza mayor, caso fortuito que hacen
inexistente dicha conducta.
4. Comunicar de la decisión al Registro Nacional de Abogados u oficina encargada para
que no se haga la anotación de la sanción que se deja sin efecto alguno.
5. INAPLICAR todas las normas que me sean contrarias o desfavorables en mi legítimo
derecho de reconocimiento de mis derechos fundamentales, en especial la prescripción
de la acción que está legalmente extinta; y en aplicación de mis derechos
fundamentales y los de mi hijo [SMJ] invocados sobre la PREVALENCIA DEL INTERÉS
SUPERIOR DE LOS NIÑOS, DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO Y LA VIDA
DIGNA, DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, el DERECHO
fundamental a la IGUALDAD, DERECHO A LA EDUCACIÓN, el DERECHO A LA
SALUD, a los principios a la CONFIANZA LEGÍTIMA, y de PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL, y el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO, consagrados en la Carta Política de 1991.»
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que Elsy Indes Aldana Lamar y José Fons Sánchez adquirieron una
membresía con The Club by Faranda de la Sociedad GHS Global Hospitality
Services SAS, mediante Contrato Nro. CTG-01038 de 21 de agosto de 2019, que
les otorgaba afiliación como clientes preferenciales a la cadena hotelera Faranda
Hotels.
4. El 12 de septiembre de 2019, la señora Aldana Lamar y el señor Fons
Sánchez suscribieron con ella un contrato para la prestación de sus servicios
profesionales como abogada para que gestionara la resolución de un conflicto con
la empresa GHS Global Hospitality Services SAS, administradora de Faranda Club,
respecto al pago de una membresía hotelera2.
5. El 2 de marzo de 2021, Elsy Inés Aldana Lamar y José Fons Sánchez
presentaron queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia en contra de la abogada Caicedo Medrano, al considerar que había
incurrido en falta disciplinaria por presuntamente no realizar gestiones que
permitieran ejercer su derecho de retracto respecto al contrato suscrito con GHS
Global por la falta de prestación del servicio. La abogada solo hasta el 31 de agosto
de 2020 elevó una reclamación para ello, cuando ya había expirado el plazo para
ejercerlo.
6. Aunado a lo anterior, los quejosos manifiestan que producto de esta situación
la señora Aldana Lamar fue reportada en centrales de riesgo por las obligaciones
derivadas de la membresía, además que la abogada se negó a ceder el poder a un
nuevo abogado.
2
Se pactó como honorarios $6.000.000 de los cuales se pagó $2.000.000 como anticipo a la abogada.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
7. Mediante Sentencia de 31 de octubre de 2024, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia declaró responsable disciplinariamente a Angelica
Sofia Caicedo Medrano, en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLARAR DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE a la abogada
ANGELICA SOFIA CAICEDO MEDRANO, de la falta prevista en el artículo 37 numeral
1° de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, acorde a la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: Imponer a la abogada ANGELICA SOFIA CAICEDO MEDRANO en su
condición de responsable de la falta indicada en el numeral anterior, como sanción la
de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión de conformidad con el artículo 43 de la
Ley 1123 de 2007.
TERCERO: Notifíquese la presente decisión a los intervinientes y comuníquesele la
sentencia a los quejosos.
CUARTO: Frente a la sentencia procede el recurso de apelación en los términos
previstos por el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007. El cual debe ser remitido al correo
electrónico institucional: secdjant@cndj.gov.co dentro del término legal. A su vez,
comuníquesele a los quejosos la presente sentencia, indicándole que para ella no
procede ningún recurso de conformidad con el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123
de 2007.
QUINTO. A la ejecutoria de la presente decisión, en caso de no ser apelada, procédase
por Secretaría, a la ejecución y cumplimiento de la sanción impuesta, en los términos
del artículo 47 de la Ley 1123 de 2007.»
8. En el fallo disciplinario se indicó que, a pesar de haber sido contratada desde
12 de septiembre de 2019, solo 11 meses después de que le fuera encomendado
el mandato la abogada presentó una solicitud ante la cadena hotelera, lo que
planteó serias dudas sobre su compromiso con el caso y su deber de atender las
necesidades de sus clientes. La abogada solo demostró haber elevado una
reclamación mucho tiempo después de aceptar el encargo (agosto 2020) y de haber
recibido un abono de $2.000.000. No probó haber agotado el requisito de
procedibilidad exigido para instaurar demanda civil, ni presentó denuncia penal, ni
haber intentado contar con un apoyo en Cartagena.
9. Agregó que el momento en el que se suscribió el contrato con la abogada no
coincidía con la vacancia judicial ni con la declaratoria de emergencia sanitaria por
COVID–19, por lo tanto, la señora Caicedo Medrano debió iniciar su gestión desde
que empezó el mandato, razón por la cual se materializó la conducta prevista en el
numeral 1 del artículo 37 de la ley 1123 de 2007. Contra esta decisión, la parte
accionante interpuso recurso de apelación3.
3
Señaló que no se estipuló un plazo específico entre las partes para realizar la gestión encomendada (La cláusula contenida
en el contrato respecto a las obligaciones fue: «el abogado se compromete a atender o asistir profesionalmente o en calidad
de apoderado en Proceso Administrativo y Civil de resolución de contrato de membresía con The Club by Faranda, ante el
juzgado civil, fiscalía gral de la Nación, SIC, entre otros que determina la abogada.»). Además, sostuvo que durante el 2019
y el 2020 no se contemplaba la virtualidad para el litigio, ya que todas las actuaciones se realizaban de manera presencial,
dado que la virtualidad aún no estaba desarrollada.
En su escrito, hizo un relato cronológico de los hechos desde el inicio del mandato: mencionó el envío de correos electrónicos
de las partes quejosas como prueba, la contratación de un abogado en Cartagena, la vacancia judicial en 2019, la declaración
de emergencia sanitaria por la pandemia, la suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura y el posterior reinicio de los términos. Explicó que durante ese periodo se vivió un proceso de «ensayo y error» en
todas las actuaciones judiciales, ya que tanto la Rama Judicial como los abogados litigantes se encontraban adaptándose al
manejo de la virtualidad y su sistema. Finalmente, señaló que en agosto de 2020 presentó la reclamación conforme al mandato
conferido.
Argumentó que la acción disciplinaria estaba prescrita, dado que el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 establece un plazo de
prescripción de 5 años.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Sentencia del 30 de abril
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia. En su análisis abordó los
siguientes puntos: i) la inexistencia de falta disciplinaria, considerando los plazos
del caso, la prescripción, la vacancia judicial y la suspensión de términos durante la
pandemia; ii) la improcedencia de excluir la responsabilidad disciplinaria; iii) la
deficiente sustentación de la sentencia, especialmente por la falta de un análisis
integral de las pruebas; y iv) la ausencia de una justificación adecuada para la
sanción impuesta, sin tener en cuenta todos los criterios de graduación de la
sanción.
11. La Comisión señaló que, si bien el contrato de mandato no establecía un
término específico para su ejecución, ello no eximía a la abogada de
responsabilidad, ya que se le reprochaba la conducta prevista en el artículo 37
(numeral 1) de la Ley 1123 de 2007, esto es, no actuar oportunamente en defensa
de los intereses de su cliente. Al respecto, se analizó el Contrato de membresía No.
CRG-01038, suscrito el 21 de agosto de 2019 entre los quejosos y la sociedad
turística. En dicho contrato, la cláusula 14 estipulaba un plazo de 30 días para
ejercer el derecho de retracto, el cual vencía el 20 de septiembre de 2019, es decir,
8 días después de haberle otorgado poder a la sancionada. Esta circunstancia debió
haber sido advertida desde un principio por la profesional del derecho, ya que su
identificación oportuna habría fortalecido la posición negociadora de sus clientes y
podría haber evitado la pérdida del derecho al reembolso parcial o total del dinero
invertido.
12. En cuanto al término de prescripción, indicó que este inició el 3 de septiembre
de 2020, fecha en la que los quejosos revocaron formalmente el poder otorgado a
la abogada, lo que implicaba que desde entonces ya no contaba con la facultad para
adelantar gestiones en nombre de sus clientes. Respecto a la vacancia judicial, se
aclaró que esta no constituye una causa de fuerza mayor ni un caso fortuito, ya que
se trata de una situación previsible. Finalmente, en lo relacionado con la suspensión
de términos decretada entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 mediante el
Acuerdo PCSJA20-11517 del Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la
pandemia por COVID-19, la Comisión enfatizó que dicha suspensión no impedía a
la accionante actuar a través de medios virtuales.
Expone que debía absolvérsele de cualquier responsabilidad disciplinaria porque: i) la pandemia COVID-19 constituye una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; ii) actuó en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor
importancia; iii) se actuó para proteger un derecho propio o ajeno, atendiendo a criterios de necesidad, adecuación,
proporcionalidad y razonabilidad; iv) se actuó bajo miedo insuperable; y v) se tuvo la convicción errada, pero invencible, de
que la conducta no constituía falta disciplinaria.
Señaló que debe descontarse el tiempo correspondiente a la vacancia judicial de 2019 y a la suspensión de términos judiciales
dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, no se trataría de un
periodo de 11 meses, sino de aproximadamente 4 meses y medio de presunta inactividad, un tiempo razonable dada la
realidad del litigio.
Sostuvo que la sentencia carecía de una adecuada fundamentación, pues omitió un análisis integral de las pruebas y no
consideró las circunstancias que rodearon el caso. Afirmó que el magistrado no valoró debidamente los hechos ni demostró
los perjuicios causados a los quejosos por la supuesta inactividad.
Adujo que la sanción impuesta no estaba debidamente motivada ni se explicaron los criterios para su graduación. No se
entiende, tras la lectura de la sentencia, por qué se establecieron 2 meses de suspensión y no una multa o censura, lo que
vulneró el principio del debido proceso. Concluyó que la sanción fue desproporcionada y que, en su lugar, debió imponerse
una censura. Solicitó que se valoraran las nulidades por violación al derecho de defensa del disciplinable, así como la
existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
13. Frente a los argumentos de exclusión de responsabilidad, concluyó que no
eran aceptables. Señaló que desde el momento en que aceptó el mandato hasta la
declaratoria de emergencia sanitaria, la profesional pudo haber hecho un mayor
esfuerzo por cumplir su deber. Sin embargo, la única gestión que se acreditó fue la
solicitud de reintegro de dineros por servicios no prestados dirigida al Club Faranda,
presentada el 31 de agosto de 2020.
14. En relación con la supuesta falta de sustentación adecuada de la sentencia y
la carencia de un análisis integral de las pruebas, concluyó que no existen
elementos que indiquen que la abogada enfrentó obstáculos para recaudarlas, pues
contaba con la documentación necesaria para iniciar las gestiones encomendadas.
15. Finalmente, sobre la crítica a la falta de motivación en la sanción impuesta y la
omisión en el análisis de los criterios de graduación, la Comisión reconoció que la
decisión de primera instancia no ponderó todos los factores establecidos en el
artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. No obstante, aclaró que el legislador no exige
aplicar todos los criterios de manera estricta, sino que su valoración debe hacerse
conforme a las particularidades del caso.
16. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que fueron
vulnerados sus derechos fundamentales y los de su hijo. Indicó que la sentencia
proferida el 30 de abril de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en un defecto fáctico, en tanto que: i) valoró de forma inadecuada la crisis
generada por la pandemia de COVID-19; ii) le otorgó validez probatoria a la
declaración de parte de la accionada sin haber sido objetada; iii) se configuró una
responsabilidad objetiva, pese a no existir prueba del supuesto reporte a
datacrédito; y iv) no se valoraron correos electrónicos que daban cuenta del cierre
de los canales virtuales del hotel, situación que desvirtuaba la supuesta inactividad
de la abogada.
17. Un defecto sustantivo, por haber incurrido en un error al contabilizar el término
de prescripción. Afirmó que la Comisión tomó como fecha de referencia el mes de
septiembre de 2020, cuando en realidad la falta se habría configurado —según el
propio análisis de la Comisión— el 20 de septiembre de 2019. En ese sentido, para
el momento en que se le notificó la sentencia, el 1 de noviembre de 2024, ya habría
operado la prescripción de la acción disciplinaria.
18. También manifestó que existió un error material en la imposición de la sanción,
ya que esta no fue debidamente dosificada ni se explicó claramente cómo se llegó
a dicha decisión. Resaltó que los $2.000.000 no podían considerarse un perjuicio,
dado que se realizaron gestiones como la búsqueda de información en bases de
datos y el envío de correos electrónicos. Además, señaló que no se le brindó la
oportunidad de confesar dentro del proceso.
19. Indicó igualmente que se configuró un error inducido, pues los quejosos
afirmaron haber sufrido perjuicios sin aportar prueba alguna y aun así sus
manifestaciones fueron acogidas por el juez disciplinario. Sostuvo que la decisión
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
carecía de motivación suficiente, pues no se tuvo en cuenta la inexistencia de
antecedentes disciplinarios para graduar la sanción, ni se valoró adecuadamente la
falta de oportunidad que tuvo para ejercer su derecho a confesar.
20. Además, manifestó que se configuró un defecto orgánico debido a que la
Comisión Nacional sesionó en Tunja – Boyacá al momento de proferir la sentencia,
cuando su sede principal es la ciudad de Bogotá.
21. Alegó el desconocimiento del precedente judicial, concretamente, de la
Sentencia C-290 de 2008 en la que la Corte Constitucional estableció la obligación
del legislador de exigir una motivación adecuada en la dosificación de las sanciones
disciplinarias, conforme al artículo 26 del Estatuto del Abogado. Alegó una violación
directa de la Constitución, al considerar vulnerado el artículo 29, que consagra el
derecho al debido proceso.
22. Como circunstancia personal relevante, expresó que es madre cabeza de
familia y única responsable del cuidado de su hijo menor de edad.
Intervenciones4
23. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial envío el expediente digital del
proceso seguido a la accionante.
24. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia señaló que la
decisión se profirió en aplicación del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 y en el
principio de autonomía. Agregó que una vez notificada la decisión, se concedió el
recurso de apelación desconociendo la decisión de segunda instancia por cuanto el
expediente no ha sido devuelto a la seccional. No se desconoció ningún derecho
fundamental por lo que solicitó se desvincule del proceso.
25. Elsy Inés Aldana Lamar y José Fons Sánchez, a pesar de haber sido
notificados de la acción de tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
26. Si bien la accionante señaló como vulnerados varios derechos y principios,
esta Sala centrará su análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues
ante una presunta afectación de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si fue lesionado tal derecho durante el
desarrollo del trámite ordinario (disciplinario contra abogado). Además, la presunta
vulneración de los demás derechos surge como consecuencia de la misma violación
al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrarlo lesionado, existirá
razón suficiente para conceder el amparo.
4
Mediante Auto de 23 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y vinculó Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y a Elsy Inés Aldana Lamar y José Fons
Sánchez como terceros con interés en el proceso. Asimismo, negó la medida provisional solicitada por la accionante.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
27. En relación con los reparos señalados por la parte accionante, estos fueron
adecuados por la Sala. En consecuencia, se analizarán los siguientes vicios: defecto
orgánico, violación directa de la Constitución, defecto sustantivo, decisión sin
motivación y defecto fáctico. Por su parte, los alegatos sobre error inducido y
desconocimiento del precedente fueron entendidos como parte de los anteriores y
serán examinados dentro de esos mismos.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar, luego de verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto orgánico, violación
directa de la Constitución, defecto sustantivo, decisión sin motivación y defecto
fáctico en la Sentencia de 30 de abril de 2025, dentro del proceso de disciplinario
No. 05001-25-02-000-2021-00361-01.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia, dado
que: (i) posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en
la posible vulneración del debido proceso, se alegaron de forma concreta la
configuración de los defectos orgánico, violación directa de la Constitución,
sustantivo, decisión sin motivación y fáctico, y no se trata de una discusión de mera
legalidad o simple contenido económico; ii)se encontró satisfecha la legitimación en
la causa, tanto activa como pasiva, puesto que la accionante participó como sujeto
disciplinado en el proceso disciplinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue
emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; (iii) se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (iv) la acción de
tutela fue presentada el 21 de mayo de 2025 esto fue, dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada5; (v) no se alegó una
irregularidad procesal; (vi) los hechos y fundamentos en los que se basó la presunta
vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (vii) la tutela
no fue interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
30. La Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar configurados los
defectos alegados, por las razones que pasan a explicarse:
31. En cuanto al defecto orgánico alegado por la accionante, quien sostuvo que
la Comisión Nacional sesionó en Tunja – Boyacá al momento de proferir la sentencia
del 30 de abril de 2025, es pertinente aclarar que este argumento no configura un
verdadero defecto. Si bien la sesión se llevó a cabo en un lugar distinto a la sede
5
El mensaje de datos fue enviado el 16 de mayo de 2025.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
principal de la Comisión —ubicada en Bogotá—, ello no implica una pérdida de
competencia para conocer y decidir sobre los asuntos que le son propios.
32. En relación con la presunta violación directa del artículo 29 de la
Constitución, la accionante adujo que fue sancionada bajo un régimen de
responsabilidad objetiva, lo que a su juicio implicó el desconocimiento de su
presunción de inocencia. Al respecto, la Sala advierte que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial realizó un análisis de carácter subjetivo sobre la conducta de la
investigada. Contrario al reparo de la parte actora, su conducta fue evaluada
conforme a las normas que regulan el ejercicio de la profesión, por lo cual no puede
afirmarse que la sanción impuesta derive de un criterio de responsabilidad objetiva,
ni que se haya desconocido su presunción de inocencia.
33. En cuanto al supuesto defecto sustantivo relacionado con la prescripción de
la acción disciplinaria, es importante aclarar que dicho reparo no se configuró. La
Comisión tomó como punto de referencia para el cómputo del término de
prescripción el 3 de septiembre de 2020, fecha en la que los quejosos revocaron
formalmente el poder otorgado a la accionante, por lo que la accionante ya no
contaba con la facultad para actuar conforme al mandato conferido 6. Postura que,
por sí misma, no constituye una aplicación indebida o contra-constitucional que
regla la figura procesal en comento.
34. En consecuencia, queda claro que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
realizó un análisis racional y fundamentado a partir de un hecho objetivamente
valorado, descartando cualquier análisis caprichoso sobre el tema.
35. En otras palabras, la hermeneútica desarrollada por la autoridad accionada fue
coherente con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 20077, según el cual
las faltas de carácter permanente o continuado —como la evaluada en este caso—
prescriben en un término de 5 años, contados desde la realización del último acto
ejecutorio. En este escenario, se trató de una presunta inactividad atribuida a la
accionante, quien conservaba la posibilidad de actuar hasta el día en que fue
revocado el poder. Por lo anterior, resulta razonable el argumento expuesto por la
Comisión, en el sentido de que la prescripción inició el 3 de septiembre de 2020,
fecha en la que los quejosos revocaron formalmente el poder otorgado a la
disciplinable. A partir de entonces, la abogada ya no contaba con la facultad para
adelantar los trámites encomendados.
36. Sobre la presunta falta de motivación respecto a la tasación de la sanción,
no es cierto que esta carezca de justificación. En la misma providencia enjuiciada
6
Al respecto, la autoridad accionada sostuvo: «Ahora bien, en lo relacionado con la indebida valoración del período de
inactividad de once meses, considera esta instancia pertinente señalar en un primer momento que la prescripción disciplinaria
alegada por el apelante respecto a los periodos del 2019 no tienen incidencia sobre el análisis de la conducta reprochada,
toda vez que el término para contabilizar dicha prescripción inició el día 3 de septiembre de 2020, momento en el cual los
quejosos revocaron formalmente el poder a la disciplinable y por ende, la profesional del derecho ya no contaba con la facultad
para iniciar los trámites o procesos encargados.»
7
Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo
de la misma.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
se aprecia claramente que se consideraron diversos criterios de proporcionalidad,
tales como el perjuicio ocasionado por la «negligencia y tardanza» en el
cumplimiento del mandato, los antecedentes disciplinarios de la parte accionante y
el dinero recibido por honorarios. A continuación, se destacan los términos en que
se fundamentó esta decisión:
«Frente a los reparos formulados contra la dosificación de la sanción, debe comenzarse
por señalar que la primera instancia no ponderó todos los criterios de dosificación, ello
porque el legislador no dispuso que los taxativos contemplados en el artículo 45 de la
ley 1123 de 2007 estén obligatoriamente llamados a ser aplicados en su totalidad para
la dosificación.
Ahora bien, se tiene que el a quo dentro del acápite que se denominó como “Del
quantum de la sanción” realizó la correspondiente graduación de la sanción, precisando
apartes de los artículos 13, 40 y 45 de la ley 1123 de 2007, asimismo hizo referencia a
diversas jurisprudencias tanto de la Corte Constitucional como de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial referentes a la relación que debe existir entre la falta cometida y
la sanción a imponer y el criterio de proporcionalidad.
Destáquese que la primera instancia tuvo en cuenta la modalidad de la conducta, la
cual en este caso resultó culposa, ante la indiligencia de la abogada por demorar la
iniciación de las acciones propias de la actuación profesional. ii) El perjuicio causado al
quejoso, debido a su negligencia y la tardanza en ejercer actos de representación para
proteger los intereses de los quejosos causando un perjuicio significativo, máxime la
suma que recibió como adelanto a sus honorarios por dicha gestión.
Si bien, el apelante enfatiza que no se tuvo en cuenta como criterio de atenuación el
hecho que su prohijada no cuenta con antecedentes disciplinarios, cabe resaltar que
en virtud de lo estipulado en el artículo 45 literal b el hecho de no tener antecedentes
por sí solo no debe ser considerado como criterio de atenuación.»
37. En conclusión, la Comisión analizó y explicó de manera detallada los factores
que estimó relevantes para la dosificación de la sanción, fundamentando claramente
la proporcionalidad de la medida impuesta. Tomó en cuenta la gravedad de la
conducta, el perjuicio causado, los antecedentes disciplinarios y el adelanto de
honorarios recibido, lo que demuestra que, contrario a lo que adujo la parte actora,
la decisión sí tuvo motivación, la cual respondió a un análisis jurídico riguroso y
fundamentado.
38. Finalmente, en cuanto al defecto fáctico, no se observa que este se haya
configurado por la indebida valoración probatoria dentro de la sentencia. En efecto,
si bien la declaración de parte no fue objetada, esta no constituyó la única prueba
valorada por la Comisión al momento de ratificar la sanción impuesta a la
accionante. La decisión se fundamentó en el análisis conjunto de todas las pruebas
que fueron debidamente decretadas y practicadas a lo largo del proceso.
39. En relación con los correos electrónicos presuntamente «rechazados»
mencionados por la accionante, el expediente solo contiene comunicaciones desde
el 31 de agosto de 2020, en las cuales la accionante se dirige a la empresa The
Club by Faranda, con la que sus clientes mantenían un conflicto contractual. De
hecho, la sentencia reprocha la ausencia de dichos correos en los siguientes
términos:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
«Entiéndase que perfectamente la abogada ANGÉLICA SOFÍA CAICEDO MEDRANO
pudo adelantar la reclamación ante The Club By Faranda, remitiendo la misma al canal
de notificaciones judiciales establecido en el certificado de existencia y representación
legal, canal que se presume siempre estuvo habilitado, por cuanto no existe prueba
alguna que demuestre que dicho correo electrónico se hubiese inhabilitado»
40. De lo anterior, se tiene que no se ha demostrado que los correos electrónicos
enviados por la accionante hayan sido rechazados o que el canal de comunicación
estuviera inhabilitado. La evidencia disponible muestra que la abogada pudo realizar
las reclamaciones correspondientes a través de los medios oficiales y habilitados, y
no se presentaron pruebas que contradijeran esta situación en la acción de tutela.
Por lo tanto, no se configura el supuesto defecto sobre este punto.
41. En cuanto a la cronología de hechos presentada por la accionante respecto a
las actuaciones desplegadas desde que los quejosos le confirieron el mandato, no
se encuentra probado en el expediente que dichas actuaciones se hayan
desarrollado conforme al relato ofrecido. En particular, no consta evidencia que
demuestre que entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 la accionante hubiese
adelantado gestiones orientadas a la recolección de pruebas para el cumplimiento
del mandato. Tampoco se acreditó que el correo electrónico consignado en el
certificado de existencia y representación legal de la empresa The Club by Faranda
estuviese inhabilitado (esto a través del rebote de mensaje de datos).
42. En suma, los argumentos de la accionante sobre la distribución de su tiempo
y las gestiones realizadas durante el mandato carecen de sustento probatorio dentro
del expediente. En otras palabras, no se demostró que hubiera adelantado
diligencias efectivas para la recolección de pruebas en el periodo señalado, ni que
el canal oficial de comunicación con la empresa The Club by Faranda estuviera
fuera de servicio. Por tanto, sus afirmaciones no desvirtúan la valoración hecha por
la autoridad disciplinaria y no son de recibo para esta Sala.
43. Frente a la valoración de los antecedentes disciplinarios, la Sala observa que
estos sí fueron tenidos en cuenta tanto en la sentencia de primera8 como la de
segunda instancia. En efecto, la autoridad accionada, como se indicó previamente,
señaló lo siguiente:
«Si bien, el apelante enfatiza que no se tuvo en cuenta como criterio de atenuación el
hecho que su prohijada no cuenta con antecedentes disciplinarios, cabe resaltar que
en virtud de lo estipulado en el artículo 45 literal b el hecho de no tener antecedentes
por sí solo no debe ser considerado como criterio de atenuación»
44. Por lo anterior, no se advierte la existencia de un defecto fáctico relacionado
con la valoración de los antecedentes disciplinarios. La decisión de la Comisión
consideró expresamente este aspecto e indicó que la ausencia de antecedentes
disciplinarios no constituye, por sí sola, un criterio de atenuación.
8
En la sentencia de primera instancia se la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia se refiere a los
antecedentes disciplinario así: «En este evento, se determinó que la conducta objeto de reproche se cometió a título de culpa.
Es importante considerar que, para la época de los hechos investigados, la abogada no contaba con antecedentes
disciplinarios. No obstante, su negligencia y la tardanza en ejercer actos de representación para proteger los intereses de los
quejosos causaron un perjuicio significativo, especialmente teniendo en cuenta la significativa suma que recibió como adelanto
a sus honorarios por dicha gestión».
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03037-00
Accionante: Angélica Sofía Caicedo Medrano en nombre propio y en
representación de su hijo menor SMJ
45. Por último, en relación con la presunta falta de oportunidad para realizar la
confesión, esta Sala recuerda a la accionante que dicha figura corresponde a un
derecho del disciplinado y es su decisión voluntaria acudir o no a este medio de
prueba. Se trata, en definitiva, de un derecho dispositivo del disciplinado, quien debe
simplemente cumplir con lo previsto en la Ley 1123 de 2007 y en el Código de
Procedimiento Penal9 para que la confesión sea válida dentro del proceso.
46. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que no se configuraron los defectos
alegados por la accionante en la Sentencia del 30 de abril de 2025, proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En consecuencia, no se evidencia
vulneración del debido proceso en el presente caso.
Conclusión
47. La Sala negará la acción de tutela presentada por Angelica Sofia Caicedo en
representación de su hijo menor SMJ en contra de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, por las razones expuesta en esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por Angélica Sofía Caicedo
Medrano, en nombre propio y en representación de su hijo menor SMJ contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas anteriormente.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Conforme al artículo 86 de la Ley 1123 de 2007, los medios de prueba se practicarán conforme al Código de Procedimiento
Penal.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.