Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03063-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03063-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03063-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03063-00
Demandante UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. Defecto por error
inducido. Defecto sustantivo. Defecto fáctico. Defecto
procedimental. Asignación de puntos salariales a docente por
publicaciones de artículos científicos en revistas internacionales
homologadas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Universidad de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de mayo de 20251, la Universidad de Cartagena instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«PRIMERA: Tutelar los DERECHOS FUNDAMENTALES al Debido Proceso, Derecho de
defensa y demás a que haya lugar, de conformidad con los argumentos expuestos en la
presente acción, en favor de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, derechos que fueron
conculcados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia judicial fecha 31 de
octubre de 2023, notificada el 12 de diciembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por la señora Piedad Montero Castillo contra la
Universidad de Cartagena, radicado: 13-001-33-33-007-2019-00113-01.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia judicial fecha 31 de octubre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del proceso antes mencionado y en consecuencia,
ordenar emitir sentencia de reemplazo, declarando que:
1. Que en virtud del decreto 1279 de 2002, la competencia para determinar la vigencia de
revistas extranjeras homologadas y clasificadas, corresponde a COLCIENCIAS (hoy
Minciencias), y por tal, someterse a lo reglado sobre la materia por el mencionado
ministerio.
2. Ordenar al accionado dar traslado a la Universidad de Cartagena de la pruebas página
Web https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo
_de_clasificacion_de_ revistas_-_publindex_v02.pdf, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo el 213 del CPACA, como garantía del derecho de contradicción y el debido
proceso.
TERCERO: Subsidiariamente, se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar:
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Samai, índice 2.
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1. Decretar pruebas de oficio para superar la disyuntiva planteada en la sentencia en
censura, con fundamento en el imperativo señalado en el artículo 213 del CAPACA, a
fin de verificar o consultar en el portal Publindex, si para el año 2018 se encontraban
clasificacion las revistas Advance Journal of Food Science and Technology,
Contemporary Engineering Sciences, Journal of ChemTech Research y International
Journal of Engineering and Technology, revistas en las que la docente Piedad Montero
Castillo, realizó 33 publicaciones en el año 2018.
CUARTO: En el evento que considere la existencia de otro recurso procedente, solicitamos
se acceda a las pretensiones de la demanda como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable a la Universidad de Cartagena, ordenando suspender los efectos de la
sentencia judicial fecha 31 de octubre de 2023, hasta el agotamiento del recurso, habida
cuenta que, el reconocimiento de puntos salariales de los docentes de las universidades
públicas debe estas sujeto a lo dispuesto en la ley y la constitución».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Piedad Montero, docente de la Universidad de Cartagena y
miembro del Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Agropecuario
y Agroindustrial de dicha institución, realizó 33 publicaciones de artículos
académicos en diversas revistas extranjeras durante los meses de enero a
agosto de 2018. Tales revistas se encontraban homologadas por Colciencias
en el listado Publindex 2017.
Por lo anterior, solicitó a la institución universitaria la asignación de puntos
salariales por dichas publicaciones, en tanto que estas incrementan el salario,
siempre que se efectúen en revistas especializadas extranjeras que sean
homologadas por el entonces Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias.
2.2. El 29 de noviembre de 2018, Colciencias publicó el listado Publindex 2018
contentivo de las revistas internacionales homologadas. Varias de las revistas
en la que la docente publicó esos 33 artículos científicos fueron excluidas del
listado de 2018.
Mediante resolución 2929 del 13 de diciembre de 2018, la Universidad de
Cartagena otorgó un punto por una de las publicaciones efectuadas por la
docente; y negó la asignación de puntos salariales por las demás
publicaciones efectuadas, debido a que estas últimas se hicieron en revistas
extranjeras que no se incluyeron en el listado Publindex 2018.
2.3. En el año 2019, la señora Piedad Montero interpuso medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad de Cartagena
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se
negó la asignación de puntos salariales por publicaciones de artículos
científicos en revistas internacionales homologadas por el entonces
Colciencias (resolución 2929 del 13 de diciembre de 2018 y otro). Como
restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de puntos salariales
por tales publicaciones, entre otras pretensiones.
La docente explicó que en el sistema educativo superior de Colombia la
publicación de artículos científicos en revistas especializadas internacionales
homologadas por Colciencias es uno de los factores determinantes para el
reconocimiento y la asignación de puntos salariales a docentes vinculados a
universidades estatales, de conformidad con lo consagrado en el Decreto
1279 del 19 de junio de 2002.
Aseguró que las revistas en las que logró ser publicada se encontraban en el
listado de revistas homologadas que estaba vigente a la fecha de sus
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publicaciones, es decir en el Publindex 2017, el cual estuvo colgado en la
página de Colciencias durante el año 2018.
2.4. Del asunto conoció el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, bajo el
radicado 13001-33-33-007-2019-00113-00.
2.5. Mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cartagena negó las pretensiones de la demanda.
Para resolver el cargo sobre falsa motivación, la autoridad judicial partió de la
pregunta sobre si la asignación de puntos por artículos científicos publicados
por la señora Piedad Montero debía efectuarse teniendo en cuenta el listado
Publindex 2017 como sostenía la accionante, o si por el contrario, debía
fundamentarse en el listado Publindex 2018, como lo hizo la Universidad de
Cartagena en los actos demandados.
El juzgado explicó que en el documento denominado «Modelo de Clasificación
de Revistas Publindex» emitido por la Junta Directiva de Colciencias en el año
2016 se estableció que (i) el listado vigente para cada anualidad se expedirá
en el último trimestre de cada año y (ii) la vigencia sería únicamente de un
año, entre enero y diciembre del respectivo año, sin prórrogas. Con base en
esas premisas, el juzgado sostuvo que la vigencia del listado Publindex 2017
se extendió de enero a diciembre del año 2017 y su vigencia no podía ser
prorrogada de ninguna manera; igualmente, el listado Publindex 2018,
publicado en el último trimestre de 2018, también tuvo vigencia entre enero a
diciembre de 2018.
El juzgado resaltó que en el «Modelo de Clasificación de Revistas Publindex» del
2016 se dispuso expresamente que «los Comité de Asignación de Puntaje deben
esperar a la actualización o publicación que realice Colciencias para cada año». De manera
que en el manual realizado por Colciencias, desde su génesis, se dispuso que
el listado de revistas se publicaría en el último trimestre del año y que los
comités de las universidades debían esperar la publicación anual.
Precisó que la utilización del listado Publindex 2018 no implica una aplicación
retroactiva, ya que la docente publicó los artículos en el año 2018.
Por otra parte, el juzgado reconoció que en el expediente obran respuestas
emitidas por Colciencias a diversos derechos de petición interpuestos por
docentes de la Universidad de Cartagena, en las cuales se indicó que el
listado vigente era el publicado en la página de internet, es decir el Publindex
2017. Por lo tanto, aseguró que existía una aparente contradicción entre las
respuestas emitidas por Colciencias en virtud de los mencionados derechos
de petición y el documento denominado "Modelo de Clasificación de Revistas
Publindex” del 2016.
Frente a dicha tensión, el juzgado aseguró que el derecho de petición en
consulta permite a un ciudadano solicitar a una autoridad pública que brinde
un concepto sobre las materias que están a su cargo; sin embargo, tal
concepto no constituye un acto administrativo, dado que se trata simplemente
de consejos, orientaciones u opiniones que brinda la administración a los
asociados. Por consiguiente, dichas respuestas de ninguna manera producen
efectos particulares ni generales, pues no crean derechos, deberes, ni
obligaciones dado que no tienen efectos vinculantes. En cambio, el
documento denominado "Modelo de Clasificación de Revistas Publindex" del
2016 fue expedido por la junta directiva de Colciencias con la intención de
regular de fondo el procedimiento para la clasificación anual de revistas que
aparecerían en los listados Publindex.
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En consecuencia, sostuvo que las respuestas emitidas por Colciencias, en el
marco de las consultas elevadas a través de derechos de petición por los
docentes de la Universidad de Cartagena, perdieron total validez y jerarquía
jurídica ante lo dispuesto en el mencionado documento emitido por la junta
directiva de Colciencias.
De otra parte, desestimó el argumento de la accionante respecto a que la
Universidad de Cartagena no tenía regulado en sus estatutos la forma de
aplicación del listado de revistas especializadas internacionales homologadas
por Publindex de Colciencias.
Al respecto, la autoridad judicial aseguró que era natural que la universidad
no lo hubiese regulado tal materia en sus estatutos internos, ya que esta se
encuentra reglamentada por Colciencias en el "Modelo de Clasificación de
Revistas Publindex” del 2016. De ahí que era inocuo que la universidad
estableciera su propia regulación con reglas diferentes a las dispuestas por la
autoridad competente.
Por lo expuesto, el juzgado concluyó que los actos controvertidos expedidos
por la Universidad de Cartagena no estaban viciados de falsa motivación.
2.6. La señora Piedad Montero interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia.
2.7. Mediante sentencia de 31 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión nro. 3 revocó la decisión de primera instancia.
Sostuvo que debía aplicarse la favorabilidad establecida en el artículo 53
constitucional, debido a que (i) el asunto involucraba una controversia laboral
que no estaba específicamente regulada en las normas que rigen la asignación
de puntos salariales por producción intelectual y (ii) existían dos posturas
contrapuestas emanadas por Colciencias sobre el listado con el cual resolver
las solicitudes de asignación de puntos salariales por publicación de artículos
en revistas internacionales.
Por lo tanto, concluyó que la interpretación más favorable al trabajador era la
consistente en que las 33 solicitudes de asignación de puntos salariales por
publicación de artículos en revistas internacionales, durante los meses de
enero y agosto del 2018, debían ser resueltas con base en el listado Publindex
del año 2017.
En consecuencia, el tribunal accionado declaró la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se negaron las solicitudes de puntos
salariales a la señora Piedad Montero Castillo por publicaciones de artículos
científicos en revistas internacionales homologadas por Colciencias.
Como restablecimiento del derecho ordenó lo siguiente:
«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordena el reconocimiento de los puntos salariales por las 33 publicaciones de artículos
científicos en revistas especializadas internacionales homologadas durante la vigencia
Publindex 2017 que fueron desconocidos a la demandante por la Universidad de Cartagena
en los actos demandados, teniendo en cuenta las categorías y puntajes que correspondan de
conformidad con el Decreto 1279 del 2002 y el Acuerdo 10 bis expedido por el Consejo
Superior de la Universidad de Cartagena, así como el incremento consecuencial del salario
desconocido a la señora PIEDAD MONTENEGRO CASTILLO, con efectos fiscales a partir del
mes siguientes a la fecha en que la docente radicó las solicitudes de asignación de puntos
ante el Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad de Cartagena».
2.8. El 12 de diciembre de 2024, se remitió el mensaje de datos a las partes a
efectos de notificar la sentencia de segunda instancia.
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3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos por error inducido, sustantivo,
procedimental y fáctico, por las razones que a continuación se expondrán.
3.1. Error inducido: sostuvo que la señora Piedad Montero Castillo indujo a error
al tribunal accionado, puesto que las respuestas a derechos de petición que
allegó al expediente no son actos administrativos y tan solo son opiniones o
conceptos con «información contraria a la verdad»; e incluso aseveró que estos
carecen de autor conocido o funcionario redactor y algunos no tienen el logo
del entonces Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias. Tales respuestas no
oficiales son contrarias a los actos administrativos publicados por Colciencias
en el portal Publindex en la vigencia 2017 y 2018. De ahí que la demandante
logró que el tribunal desconociera documentos con efectos vinculantes
expedidos por Colciencias, en los que se relacionaron las revistas extranjeras
que en determinada anualidad contaban con clasificación y vigencia.
Lo anterior significa que el tribunal accionado dio por cierto que ciertas revistas
en las que publicó la accionante estaban clasificadas por Colciencias, pese a
que en realidad estas no se encontraban incluidas en la clasificación del año
2018.
3.2. Defecto sustantivo: se configura tal defecto, porque el tribunal accionado
desconoció los artículos 23 y 24 del Decreto 1279 de 2002. Respecto al
primero de estos, manifestó que se pasó por alto la autonomía universitaria,
en virtud de la cual se faculta a los consejos superiores de cada universidad a
determinar el trámite y procedimiento para la asignación de los puntos
salariales en concordancia con las decisiones de Colciencias.
En cuanto al artículo 24 del Decreto 1279 de 2002, que establece que «no se
reconocen puntos salariales en revistas que no estén clasificadas, indexadas u homologadas
por Colciencias», sostuvo que el tribunal accionado omitió verificar que las
revistas en las que la docente Piedad Montero Castillo realizó 33 publicaciones
en el año 2018 realmente estuvieran clasificadas y vigentes, según decisión
de Colciencias para el año 2018. Igualmente, consideró que se desconoció esa
norma, pues allí se le asignó exclusivamente a Colciencias la competencia
para determinar la vigencia, homologación y clasificación de revistas
extranjeras. Censuró, entonces, que el tribunal accionado se atribuyera la
facultad legal para determinar en la sentencia la vigencia, homologación y
clasificación de revistas extranjeras.
También consideró que se pasó por alto el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011
al desconocer que los conceptos emitidos como respuestas a derechos de
petición carecen de obligatoriedad, no son actos administrativos, no son
oponibles ni vinculan a los particulares o autoridad alguna, es decir no
producen efectos jurídicos.
A su vez, el tribunal accionado desconoció el artículo 213 de la Ley 1437 de
2011, al no decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad a
fin de resolver puntos oscuros o difusos en la contienda, es decir, para
esclarecer las dudas o disyuntivas.
A su juicio, se debió oficiar a Colciencias, hoy el Ministerio de Ciencias, con el
fin de precisar si las revistas con vigencias hasta el año 2017, se les
prorrogaba la vigencia hasta diciembre del año 2018, como erróneamente
entendió el Tribunal Administrativo de Bolívar.
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3.3. Defecto procedimental: consideró que el tribunal accionado incurrió en este
defecto, porque desconoció el derecho de contradicción, ya que
«involuntariamente al resolver el recurso de apelación (…) valoró prueba que no hacía parte
del proceso».
Esta prueba consistió en las «consultas realizadas por el accionado a la página Web
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01_modelo_de
_clas ificacion_de_ revistas_-_publindex_v02.pdf». Aseguró que jamás se le dio
traslado de esta última, a fin de que pudiera ejercer su derecho de
contradicción.
3.4. Defecto fáctico: se configura debido a que el Tribunal Administrativo de
Bolívar no acudió al portal Publindex de acceso público, para verificar si las
revistas extranjeras Advance Journal of Food Science and Technology,
Contemporary Engineering Sciences, Journal of ChemTech Research e
International Journal of Engineering and Technology fueron homologadas y
clasificadas por el Ministerio de Ciencias (antes Colciencias) en la vigencia
2018, anualidad en que la docente Piedad Montero realizó 33 publicaciones.
Esa omisión probatoria conllevó a que el tribunal accionado pasara por alto
que las revistas antes mencionadas no contaban con clasificación en el año
2018.
El tribunal, entonces, supuso que la vigencia de las revistas homologadas en
diciembre del año 2017 fue prorrogada hasta diciembre del año 2018. En virtud
de tal interpretación, a la docente Montero Castillo se le asignaron puntos
salariales, por 33 publicaciones, en revistas que para el año 2018 no estaban
homologadas para esa anualidad.
3.5. Otros cargos: en el acápite de aspecto previo de la acción de tutela, la parte
actora manifestó que con posterioridad a la notificación de la sentencia de
segunda instancia tuvo conocimiento de los documentos de 7 de enero de
2025 radicado 20250000132S, 3 de febrero de 2025 radicado 20250002273S,
1 de marzo de 2025 radicado 20250007418S y 27 de marzo de 2025 radicado
20250008736S expedidos por el director de Ciencias del Ministerio de
Ciencias, Tecnología e Innovación, antes Colciencias.
En estos documentos dicha autoridad sostuvo que «no es cierto que las revistas
homologadas en el año 2017 hayan tenido una prórroga o extensión en su vigencia, el listado
de homologación de revistas extranjeras del año 2017 corresponde únicamente al periodo
2017». También aseguró que «Para los listados de homologación de revistas científicas
extranjeras no se encuentra la posibilidad extender las vigencias, las vigencias corresponden
a lo que se encuentra registrado en el portal de Publindex en la parte inferior Listado de
revistas».
La parte actora insistió en que el Tribunal Administrativo de Bolívar no verificó
los actos administrativos publicados en el portal de Publindex del Ministerio de
Ciencias a fin de cotejar la vigencia y clasificación de las revistas en las que la
docente realizó 33 publicaciones. Por el contrario, censuró nuevamente que la
autoridad judicial «edificó su decisión en conceptos que fueron emitidos en respuesta a
derechos de petición que formuló, entre otros, la docente de la Universidad de Cartagena
Piedad Montero Castillo (...) los cuales contienen información QUE NO ES CIERTA, y la
particularidad de emitirse todos sin autor conocido y algunos sin el logo de la entidad que los
expidió, conceptos que no son actos administrativos».
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 28 de mayo de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la Universidad de Cartagena contra el Tribunal Administrativo
de Bolívar; se ordenó notificar como terceros con interés a la señora Piedad
Montenegro Castillo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al
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Ministerio Público y al Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena; y se
reconoció al abogado de la parte actora como su apoderado judicial.
4.2. La señora Piedad Montero sostuvo que no se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Además, subrayó que la argumentación de la Universidad de
Cartagena resultaba contradictoria, en la medida en que sostuvo que las
respuestas emitidas a las peticiones de los docentes no constituían actos
administrativos vinculantes y que por eso no debieron ser considerados
probatoriamente por el tribunal accionado. Pero al tiempo en el escrito de
tutela la Universidad de Cartagena argumentó que debía tenerse en cuenta
el oficio suscrito por el director de Ciencias del Ministerio de Ciencias,
Tecnología e Innovación que no participó en el medio de control y que no
constituye un acto administrativo.
Con relación al defecto por error inducido alegado por la universidad sostuvo
que las respuestas a las peticiones interpuestas por distintos docentes de la
Universidad de Cartagena por parte de Colciencias se encuentran
identificadas con un número radicado expedido por la citada entidad. Si la
universidad consideraba que estas pruebas no debían ser tenidas en cuenta,
como alegó en el escrito de tutela, debió tacharlas de falsedad en la
oportunidad procesal debida y solicitar que se oficiara a Colciencias para
certificar su autenticidad. Por lo tanto, sostuvo que la parte actora está
empleando la tutela como una tercera instancia para subsanar su propia
negligencia en la defensa judicial.
Asimismo, sostuvo que la incorporación de pruebas con información contraria
a la verdad implica la comisión de un delito que debe ser denunciado. De
manera que la universidad tenía el deber de agotar los medios judiciales
ordinarios y extraordinarios establecidos en el sistema judicial colombiano y
al no haber acudido a estos la tutela resulta improcedente.
En cuanto a los defectos sustantivo y fáctico alegados, la docente reiteró que
la tutela interpuesta se está empleando como una tercera instancia adicional,
pues se pretende reabrir el debate judicial surtido en primera y segunda
instancia. Respecto al último de estos defectos, agregó que las partes
presentaron todas las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para
sustentar sus posturas conforme lo establece el artículo 167 del Código
General del Proceso en las oportunidades procesales de ley. Resaltó que en
el expediente obran las actas del Comité de Asignación de Puntaje y la
resolución demandada en la cual la universidad desarrolló los mismos
argumentos expuestos en la presente acción constitucional.
Por otra parte, frente al defecto procedimental alegado sostuvo que «la
convocatoria modelo de clasificación de revistas – publindex» fue incorporada como
prueba por las partes en la demanda, contestación y sustanciación de
recursos, en primera y segunda instancia. Por lo tanto, aseguró que no es
aceptable la afirmación de la parte accionante según la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar incorporó y valoró una prueba que no hacía parte
del proceso refiriéndose a las consultas que este realizó en la página web del
Ministerio de Ciencias.
Ahora bien, la docente enfatizó que el listado Publindex 2018 fue expedido el
29 de noviembre de 2018. De forma que para el momento en que se
publicaron sus artículos científicos (enero a agosto de 2018) el listado vigente
era el Publindex 2017, ya que este aún no había sido derogado. Por ende,
sostuvo que el juzgado privilegió una interpretación retroactiva.
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Además, resaltó que de conformidad con el Decreto 1279 de 2002 el requisito
básico para la asignación de puntos salariales es que la respectiva revista se
encuentre indexada u homologada por Colciencias en el correspondiente
listado Publindex vigente para la respectiva anualidad. Por consiguiente, en
su caso se cumplió dicho requisito, puesto que todas las revistas
especializadas donde publicó sus 33 artículos científicos se encuentran
homologadas en el listado Publindex 2017 que, insistió, era el listado vigente
al momento de las publicaciones.
Finalmente, aseveró que Colciencias, hoy Ministerio de Ciencias, no puede
interferir con la autonomía universitaria ni en el proceso de reconocimiento de
puntos salariales y tampoco puede extralimitarse en sus funciones indicando
a las universidades cómo realizar sus procedimientos. Consideró que,
justamente, eso fue lo que sucedió en la orientación del “Modelo de
Clasificación de revistas” publicado en agosto de 2018, en el que se
estableció que las universidades deben esperar a que se expida un nuevo
listado. En su criterio, tal directriz es contraria al Decreto 1279 de 2002,
artículo 10, que simplemente le otorga competencias para publicar la
clasificación de las revistas en A1, A2, B y C, el cual lo hace a través del
listado de Publindex.
Con fundamento en los argumentos expuestos, solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción.
4.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar manifestó que la acción de tutela
interpuesta no cumple con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.
Sobre el primero, resaltó que la parte actora basó su argumentación en que
existieron errores en segunda instancia por la carencia de valoración de una
certificación emitida por Colciencias con posterioridad a la notificación del fallo
y por el hecho de que los documentos valorados no tienen validez por cuanto
no son auténticos. El tribunal aseguró que esa certificación no fue una prueba
aportada ni decretada y que no hizo parte del expediente y por esto el tribunal
no tenía por qué conocerla y menos aún valorarla.
En consecuencia, aseguró que tales circunstancias encajan en mínimo dos
causales de revisión contempladas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Sostuvo que según esa norma es posible cuestionar el fallo en sede de revisión
cuando después de dictada la sentencia se encuentran documentos decisivos
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente. Asimismo, tal
artículo establece que es causal de revisión que la sentencia se haya dictado,
como se aduce en este caso por la Universidad de Cartagena, con base en
documentos falsos.
Así las cosas, aseveró que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
dado que existen otros mecanismos alternativos de defensa a los que acudir
antes que a la acción de tutela.
Por otra parte, manifestó que tampoco se satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que el asunto versa sobre un debate eminentemente
legal. Sostuvo que «la solicitud de amparo está construida sobre lo que el accionante
considera es una mejor valoración probatoria». A su juicio, lo pretendido por la parte
actora es que el juez de tutela imponga al juez ordinario una lectura alternativa
del alcance del reglamento de la universidad y del Decreto 1279 del 2002, a
partir de un error inducido por valoración de pruebas espurias y no valoración
de otra sobreviniente. Sostuvo que el carácter eminente legal del debate
planteado se evidencia en que la parte actora está utilizando la tutela para
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complementar los razonamientos probatorios planteados en el medio de
control.
Asimismo, aseguró que la discusión es puramente económica, otra razón por
la que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. El litigio se
planteó sobre la base de unos puntos porcentuales adicionales de salario a los
que se tendría derecho por las publicaciones en revistas científicas indexadas
que le significaría a la docente un aumento de su salario y prestaciones. Llamó
la atención frente a que en el escrito de tutela la parte actora no argumentó
por qué el asunto trasciende la frontera económica.
Por otro lado, el tribunal se pronunció sobre los defectos alegados por la parte
actora. Frente al error inducido, sostuvo que en el medio de control Colciencias
no participó ni en calidad de parte, interviniente, ni de perito, menos aún aportó
concepto o certificación alguna que haya determinado que la clasificación y
vigencia del Publindex 2017 no podía prorrogarse hasta la actualización
siguiente realizada en el 2018.
La Universidad de Cartagena jamás aportó documento alguno que diera
cuenta de esa circunstancia y no formuló solicitud sobre el particular.
Indicó que la sentencia de segunda instancia se basó, desde el punto de vista
probatorio, en varios documentos de Colciencias en los que dicha entidad le
contestó derechos de petición a varios profesores de la Universidad de
Cartagena que se encontraban en la misma situación de la demandante.
Allí se informó que el aplicativo Publindex a tener en cuenta, a pesar de que
se trataba de publicaciones hechas en el año 2018, era el Publindex 2017,
puesto que este último no perdía vigencia sino hasta finales del 2018, cuando
se realizaba la actualización de ese año. Dichos documentos no fueron
cuestionados por la Universidad de Cartagena en el medio de control y menos
desconocidos o puestos en duda su autenticidad.
Explicó que en la sentencia de segunda instancia se optó por darle prevalencia
a lo expresado por Colciencias en las pruebas documentales originadas en
diversas peticiones, consideración a que (i) existía una laguna normativa en
tanto que el reglamento de la universidad no consagraba nada sobre la
materia; (ii) existía una pugna entre el modelo de clasificación de revistas
Publindex actualizado en el 2018 y el del 2016 presentado con la demanda; y
(iii) el modelo de clasificación del 2018 solo entró en vigencia hasta septiembre
de 2018, es decir, después de las publicaciones de la actora.
Subrayó que el modelo de clasificación del 2018 es el que expresamente
consagra que la vigencia de cada homologación es anual y no se puede
prorrogar. No obstante, el modelo de 2016, que fue el alegado en la demanda
y en el recurso de apelación, guardó silencio en cuanto a la posibilidad de
prórroga; es decir, no dispuso que los comités de asignación de puntaje debían
esperar a la actualización o publicación que Colciencias realiza anualmente.
En consecuencia, ante la posibilidad de dos interpretaciones de Colciencias
frente al mismo punto, se decidió aplicar el Publindex 2017 en virtud del
principio de favorabilidad.
En cuanto al defecto fáctico alegado, el tribunal sostuvo que la parte actora no
especificó cuáles son los actos administrativos que se dejaron de valorar. En
todo caso, agregó que el fallo se soportó en el material probatorio legal
oportunamente aportado.
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A su vez, indicó que la certificación suscrita por el director de Ciencias del
Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, según la cual el Publindex
2018 era el aplicable al caso, no fue aportada ni decretada en el medio de
control, no hizo parte del expediente. Consecuentemente, el tribunal no tenía
por qué conocer tal documento y menos aún tenía forma de valorarlo
probatoriamente. Insistió que esta es una prueba sobreviniente.
Respecto al defecto sustantivo, reiteró que las pruebas documentales
censuradas a través de la tutela, expedidas por Colciencias, no fueron
cuestionadas de ninguna manera en la instancia respectiva. Por lo tanto, se
mantuvo su presunción su autenticidad.
Afirmó, además, que las deficiencias en la valoración probatoria no son propias
del error sustantivo y por ello tampoco puede estimarse que este se erija a
partir del contenido de las obligaciones que dimanan del artículo 213 de la Ley
1437 de 2011. Ello constituiría un error fáctico. En todo caso, sostuvo que la
iniciativa oficiosa en materia probatoria debe entenderse como un medio
supletorio y no sustituto de los deberes de las partes.
Frente al defecto procedimental, manifestó que lo que la parte accionante
calificó como un documento valorado que no se incorporó al proceso
debidamente, no es tal. Se trató de una consulta en página web cuyo propósito
fue verificar la actualización del modelo de clasificación. Sostuvo que « A ese
documento se le dio el alcance de norma no nacional que por estar publicada en página web,
podía ser valorada sin su aportación en texto escrito al proceso según la regla 177 del CGP» .
Por las razones expuestas, solicitó la improcedencia de la acción de tutela o,
en su defecto, la negativa de las pretensiones por no existir vulneración de
derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
10
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Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en lo expuesto, y por tratarse de una acción de tutela contra
providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela
interpuesta por la Universidad de Cartagena cumple a cabalidad con los requisitos
generales de procedibilidad.
Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
de 31 de octubre de 2023, en el marco del medio de control de radicado 13001-33-
33-007-2019-00113-01 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión nro.
3 incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada incurrió en errores al declarar la nulidad de los actos
que negaron a la docente la asignación de puntos salariales por publicaciones de
artículos científicos realizadas en el 2018 en revistas internacionales.
Segundo, no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la defensa de
sus derechos fundamentales. La prueba de esta afirmación consiste en que la
sentencia controvertida se profirió el 31 de octubre de 2023 y el mensaje de datos
a efectos de surtir la notificación se envió el 12 de diciembre de 2024. La notificación
se entiende realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del
mensaje, conforme lo establece el artículo 2052 de la Ley 1437 de 2011 y, en ese
sentido, el conteo a efectos del análisis de inmediatez empezaría a computarse a
partir del día siguiente al de la notificación3, es decir desde el 18 de diciembre de
20244.
De manera que no transcurrió un lapso superior a los seis meses fijado como plazo
razonable por la jurisprudencia de esta corporación, puesto que entre la notificación
de la providencia cuestionada y la interposición del amparo constitucional (21 de
mayo de 2025) transcurrió un lapso de 5 meses y 3 días.
Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la
tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte
actora la que ejerció el recurso de apelación en el medio de control y la tutela
interpuesta persigue la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados por la configuración de los
defectos por error inducido, sustantivo, fáctico y procedimental.
Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que no
se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela.
2
Ley 1437 de 2011. Artículo 205: «NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas: (…) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación».
3
Al respecto, se pronunció esta corporación en auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, expediente nro. 68001-
23-33-000-2013-00735-02 (68177), con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
4
A tal conteo se adicionó el 17 de diciembre que constituye el día de la Rama Judicial.
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Al encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
nro. 3 incurrió en los defectos alegados por la parte actora.
5. Alcance de los defectos por error inducido, sustantivo, fáctico y
procedimental
5.1. El defecto por error inducido se presenta «cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales»5.
La Corte Constitucional ha precisado que tal defecto se configura cuando,
aunque el juez profiere la decisión judicial con fundamento en el marco
normativo aplicable al caso y atendiendo al principio de razonabilidad y debida
diligencia, hay un error en la providencia producto del engaño. De manera que
el equívoco no es atribuible al funcionario judicial que profiere la providencia
cuestionada, pues no proviene de la forma, argumentación o decisión
adoptada por la autoridad judicial, sino de la actuación inconstitucional de otros
que provocan el error en el juez6. En palabras de la Corte Constitucional: «se
juzga verdadero lo que es falso porque la situación fáctica o jurídica planteada dentro del
proceso no corresponde a la realidad como consecuencia del engaño, la manipulación de la
información o el suministro fraccionado de la misma al juez» 7.
Con base en las premisas mencionadas, la jurisprudencia constitucional ha
establecido como requisitos del defecto por error inducido, los siguientes:
«a) La providencia que contiene el error está en firme; b) La decisión judicial se adopta
siguiendo los presupuestos del debido proceso, de tal forma que no es consecuencia de una
actuación dolosa o culposa del juez; c) No obstante el juez haber actuado con la debida
diligencia, la decisión resulta equivocada en cuanto se fundamenta en la apreciación de
hechos o situaciones jurídicas en las cuales hay error; d) El error no es atribuible al funcionario
judicial si no al actuar de un tercero (órgano estatal u otra persona natural o jurídica); y e) La
providencia judicial produce un perjuicio ius fundamental» 8.
5.2. Por su parte, el defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la
interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede
predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto
material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con
fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso,
lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre
controversia o cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-863 de 2013.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-863 de 2013.
8
Corte Constitucional. Sentencia
12
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También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.
5.3. Ahora bien, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto9.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica 10, dicho
poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional11 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una
parte, la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso12; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo13.
La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i)
valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia14.
5.4. Finalmente, sobre el defecto procedimental la Corte Constitucional ha
explicado que, en principio, la relación existente entre el derecho al debido
proceso y la prevalencia del derecho sustancial es de complementariedad. No
obstante, en ocasiones, cuando la justicia material queda subordinada a los
procedimientos se presenta una tensión entre ambos15, de allí que el desarrollo
del defecto procedimental como causal específica de procedibilidad surgió con
el fin de romper esa «tensión aparente».
La Corte Constitucional ha señalado que «El defecto procedimental se causa por un
error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de una
controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de las formas
9
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-498 de 2016.
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propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización
de los derechos fundamentales»16.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura por
dos modalidades diferentes. La primera ha sido denominada defecto
procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcionario judicial actúa
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley. Esta situación
se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear
o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»17.
La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Modalidad que se configura cuando «cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia»18. La
jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe
tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de las
partes y que aquel no debe ser fruto del actor.
6. Análisis del caso
6.1. Como punto de partida, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia
de 31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión nro. 3 mediante el cual se revocó la sentencia proferida en
primera instancia.
De entrada, la autoridad judicial se refirió a los artículos 10, 24, 25 y 26 del
Decreto 1279 de junio 19 de 2002, «Por el cual se establece el régimen salarial y
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales» , que respectivamente
regulan (i) la productividad académica y definición de puntajes y topes según
la modalidad productiva, (ii) los criterios generales para los reconocimientos
por productividad académica, (iii) el Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje y (iv) la valoración y asignación de puntaje.
Asimismo, se refirió al Acuerdo 10-BIS del Consejo Superior de la Universidad
de Cartagena, publicado en su página web oficial, mediante el cual dicha
institución educativa reglamenta el reconocimiento de puntos salariales por
artículos publicados en revistas extranjeras indexadas. Puntualmente, aludió
al artículo 5 que regula el reconocimiento de puntos salariales por artículos
publicados en revistas indexadas. Agregó que tal norma desarrolla el artículo
23 del Decreto 1279 de 2002.
Seguido, dicha autoridad sostuvo que en varias respuestas, emitidas en virtud
de derechos de petición presentados por diferentes docentes, Colciencias
sostuvo que el listado de revistas homologadas contenido en el Publindex
2017 es el que rige en el año 2018 hasta la fecha en la que se publique el
listado en el 2018. En otras palabras, las revistas internacionales homologadas
en la última clasificación del 2017 lo estarían hasta la publicación de los nuevos
resultados del 2018, que ocurrió a finales de ese año.
De otra parte, sostuvo que en el acto demandado (resolución 2929 del 13 de
diciembre de 2018) se indicó que la decisión de aplazar el estudio de las
solicitudes de homologación presentadas por la docente se fundamentó en
una comunicación recibida por Colciencias, en la cual se estableció que «los
Comités de Asignación de Puntajes deben esperar a la actualización o publicación que realice
Colciencias para cada año, dado que la homologación de revistas extranjeras es de un (1)
año, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; es decir, que no se prorroga».
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
14
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En ese acto administrativo también se indicó que en el «Modelo de Clasificación
de Revistas Publindex» de 2018 se estableció que «La vigencia de homologación de
las revistas extranjeras es de un (1) año entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año;
es decir que no se prorroga. Razón por la cual los Comités de Asignación de Puntaje deben
esperar a la actualización o publicación que realice Colciencias para cada año».
Con fundamento en lo anterior, en el acto administrativo demandado
(resolución 2929 del 13 de diciembre de 2018) se concluyó que las solicitudes de
asignación de puntos salariales por publicación de artículos en revistas
internacionales presentadas por la docente debían resolverse con el listado de
revistas homologadas por Colciencias para la vigencia de 2018, puesto que
dichas publicaciones se efectuaron en ese año.
Una vez expuestas las motivaciones del acto demandado, el tribunal resaltó
que las normas que reglamentan la asignación de puntos salariales por
producción intelectual de los docentes en el rubro específico de revistas
especializadas no contemplan una normativa que defina el punto concreto de
la controversia, que no es otra que la vigencia o término de duración del listado
anual de revistas extranjeras homologadas; tampoco existe regulación
específica frente a la prórroga de dicho término. Por ende, dado el vacío
normativo sobre la materia, el tribunal sostuvo que debía acudirse a la
autoridad especializada competente en estos asuntos, esto es al entonces
Colciencias.
Seguido, el tribunal indicó que existían dos interpretaciones emanadas por
Colciencias. Antes del 2018 la postura que había adoptado dicha autoridad
consistía en que «hasta que se emitiera la última actualización de la publicación del año
2018, que para el caso lo fue en el mes de noviembre del 2018 se entendía vigente la
publicación del 2017». Sin embargo, a partir de la activación del Modelo de
Clasificación de Revistas de 2018 se acogió otra interpretación diferente,
según la cual «la vigencia de homologación de las revistas extranjeras es de 1 año entre el
1 de enero al 31 de diciembre de cada año; es decir que no se prorroga. Razón por la cual los
Comités de Asignación de Puntaje deben esperar a la actualización o publicación que realice
Colciencias para cada año».
Ante tal disyuntiva el tribunal indicó que, por tratarse de un conflicto laboral
relacionado directamente con el salario de una trabajadora, la controversia
debía resolverse con base en las disposiciones consagradas en la
Constitución Política. Por lo tanto, aseguró que, de conformidad con la
favorabilidad consagrada en el artículo 53 constitucional, la interpretación que
debía acogerse era que las solicitudes de asignación de puntos salariales por
publicación de 33 artículos en revistas internacionales durante los meses de
enero y agosto del 2018 debían resolverse con el listado Publindex de revistas
homologadas del año 2017.
Por las anteriores razones, se revocó la decisión apelada. En su lugar, se
declaró la nulidad de la resolución 02929 del 13 de diciembre de 2018
expedida por el rector de la Universidad de Cartagena y la nulidad parcial del
acta 16 del 12 de diciembre de 2018 suscrita por el Comité Extraordinario de
Asignación de Puntaje de la Universidad de Cartagena. Lo anterior porque el
Tribunal Administrativo de Bolívar encontró acreditada la falsa motivación de
tales actos respecto a la asignación de los puntos salariales que corresponden
por las 33 publicaciones hechas por la docente en revistas internacionales
homologadas por Colciencias.
Consecuentemente, se ordenó como restablecimiento del derecho «el
reconocimiento de los puntos salariales por las 33 publicaciones de artículos científicos en
revistas especializadas internacionales homologadas durante la vigencia Publindex 2017».
15
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6.2. Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad
judicial accionada, la Sala es del criterio que no se configuran los defectos
propuestos por la parte actora.
No se considera que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
nro. 3 haya incurrido en el defecto por error inducido. A juicio de la parte
actora, este yerro se configuró porque dicha autoridad basó su decisión en las
respuestas a derechos de petición en los que funcionarios sin nombre de
Colciencias aseveraron que el listado de revistas homologadas contenido en
el Publindex 2017 es el que rige en el año 2018 hasta la fecha en la que se
publique el nuevo listado en el 2018. La parte accionante recalcó que dichas
respuestas no son actos administrativos, no tienen efectos vinculantes y, por
ende, la decisión judicial no debió basarse en el contenido de tales respuestas.
La Sala considera que no se configura el error inducido, porque no se advierte
artimaña alguna proveniente de las partes a fin de engañar al tribunal
accionado y hacerlo cometer un error.
Además, no podría aceptarse la tesis de que se indujo a error a la autoridad
judicial accionada frente a la naturaleza de las respuestas emitidas por
Colciencias en el marco del derecho de petición, pues este es un punto de
derecho susceptible de interpretación. A la luz del principio iura novit curia el
juez conoce el derecho y tiene la responsabilidad de aplicarlo correctamente
al caso. En principio, el engaño al que hace referencia la jurisprudencia
constitucional al referirse al error inducido alude a engañar al juez frente a
supuestos fácticos o probatorios susceptibles de ser manipulados.
En consecuencia, es desacertado argumentar que se indujo a error a la
autoridad judicial frente a la naturaleza de tales respuestas, pues sobre estas
no hubo engaño y el tribunal accionado tenía el conocimiento y las
herramientas para determinar si estas eran o no actos administrativos.
En todo caso, se encuentra que el tribunal accionado no basó su decisión en
las respuestas emitidas por Colciencias en el marco del derecho de petición,
tan solo hizo alusión a estas para evidenciar que esta última autoridad tenía
dos posturas divergentes sobre el listado que debía emplearse para verificar
las revistas homologadas. La postura de la autoridad judicial accionada,
realmente, se fundamentó en que, al tratarse de una controversia de índole
laboral, debía aplicarse la interpretación más favorable al trabajador, más aún
en consideración a que existían dos interpretaciones distintas provenientes de
Colciencias frente a un punto que no estaba expresamente regulado por las
normas aplicables.
Entonces, al margen de que dichas respuestas tuvieran o no la naturaleza de
actos administrativos, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión nro. 3 no basó su decisión en estas, simplemente las tuvo en
consideración para dar cuenta de la existencia de interpretaciones contrarias
entre sí al interior de Colciencias.
Por lo tanto, se corrobora que en el caso no se configura el defecto por error
inducido.
En cuanto al defecto sustantivo, la parte actora aseguró que este se
configura, porque el tribunal accionado desconoció los artículos 23 y 24 del
Decreto 1279 de 2002. Sobre el primero, consideró que se desconoció la
autonomía universitaria, pues dicha norma faculta a los consejos superiores
de cada universidad a determinar el trámite y procedimiento para la asignación
de los puntos salariales en concordancia con las decisiones de Colciencias.
16
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Además, sostuvo que se pasó por alto el artículo 24 del Decreto 1279 de 2002,
según el cual «no se reconocen puntos salariales en revistas que no estén clasificadas,
indexadas u homologadas por Colciencias », porque no se verificó si las revistas en
las que la docente Piedad Montero Castillo realizó 33 publicaciones en el año
2018 realmente estuvieran clasificadas y vigentes según decisión de
Colciencias para el año 2018. Igualmente, consideró que se desconoció esa
norma, pues allí se le asignó exclusivamente a Colciencias la competencia
para determinar la vigencia, homologación y clasificación de revistas
extranjeras. Censuró, entonces, que el tribunal accionado se atribuyera la
facultad legal para determinar en la sentencia la vigencia, homologación y
clasificación de revistas extranjeras.
Al respecto, la Sala considera que ninguna de estas dos normas fue
transgredida por el tribunal accionado. En la sentencia controvertida el tribunal
accionado hizo alusión los artículos 10, 23, 24, 25 y 26 del Decreto 1279 de
junio 19 de 2002, «Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los
docentes de las Universidades Estatales»; y al artículo 5 del Acuerdo 10-BIS del
Consejo Superior de la Universidad de Cartagena. Estas normas versan sobre
(i) la productividad académica y definición de puntajes y topes según la
modalidad productiva, (ii) los criterios generales para los reconocimientos por
productividad académica, (iii) el Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje, (iv) la valoración y asignación de puntaje y (v) el
reconocimiento de puntos salariales por artículos publicados en revistas
indexadas.
Tras su transcripción, el tribunal expresó que dichas normas no regulan
expresamente lo relativo a la vigencia del listado que establece cuáles son las
revistas homologadas. Así lo expresó la autoridad judicial accionada: «las
normas esbozadas en el marco normativo de esta providencia, que reglamentan la asignación
de puntos salariales por producción intelectual de los docentes más calificados de la
Universidad de Cartagena, en el rubro específico de “revistas especializadas”, no contemplan
normativa que defina el punto concreto de la vigencia o término de duración de la publicación
de la homologaciones o indexaciones y menos la posibilidad o no de prórroga de dicho término
(mal se haría pues es asunto de competencia privativa de Colciencias)». Por ende, indicó
que existía un vacío sobre ese aspecto y que, por consiguiente, se debía acudir
a la autoridad especializada competente en estos asuntos, es decir a
Colciencias. Autoridad que, de acuerdo con el análisis efectuado por el tribunal,
tenía dos posturas diferentes contrarias entre sí.
Con base en lo anterior, no podría afirmarse que la autoridad judicial accionada
desconoció los artículos 23 y 24 del Decreto 1279 de junio 19 de 2002 pues,
no solo hizo referencia a estas y a otras normas relevantes de dicho decreto
sobre la materia, sino que a partir de su interpretación concluyó que no existía
una regla específica que regulara el punto central del caso, esto es: la vigencia
de los listados que contienen las revistas extranjeras homologadas, a fin de
establecer cuál de los dos listados, si el del año 2017 o el del 2018, era el
aplicable para resolver las solicitudes de asignación de puntos salariales por
publicación de artículos en revistas internacionales radicadas por la docente.
Y al no existir una norma puntual sobre la vigencia de tales listados, la
autoridad judicial accionada indicó que debía acudirse a lo expresado por
Colciencias, pero a renglón seguido advirtió que dicha autoridad había
expresado dos interpretaciones diferentes sobre el mismo punto.
En consecuencia, se desestima el argumento de la parte actora consistente en
que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3 no verificó si las
revistas en las que la docente Piedad Montero Castillo realizó 33 publicaciones
en el año 2018 realmente estuvieran clasificadas y vigentes según decisión de
Colciencias para el año 2018. Justamente, todo el ejercicio argumentativo que
el tribunal efectuó estaba encaminado a resolver ese punto y por esto se refirió
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a la regulación contenida en el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 y, ante el
vacío normativo, a las distintas interpretaciones desarrolladas por Colciencias.
La parte actora encasilló el mismo argumento bajo el defecto fáctico. Es decir,
a la luz de este último defecto, aseguró que el tribunal accionado no verificó si
las revistas en las que la docente Piedad Montero Castillo realizó 33
publicaciones estaban incluidas en el listado Publindex 2018, lo cual conllevó
a que el tribunal accionado pasara por alto que varias de las revistas antes
mencionadas no estaban incluidas en tal lista. Por ende, la parte actora
aseguró que a la docente Piedad Montero Castillo se le asignaron puntos
salariales por publicaciones en revistas que para el año 2018 no contaban con
clasificación.
Por tratarse de uno de los cargos también desarrollados en el ámbito del
defecto sustantivo que no prosperó, la Sala lo desestima. Como se explicó
previamente, el ejercicio argumentativo del tribunal, justamente, tenía como fin
determinar qué listado se debía consultar, si el del 2017 o el del 2018, a fin de
definir por cuáles publicaciones de artículos en revistas internacionales se le
asignarían puntos salariales a la docente. En suma, se trata materialmente del
mismo argumento expuesto tanto en el defecto sustantivo como en el fáctico.
Adicionalmente, la parte actora sostuvo que «tuvo conocimiento con posterioridad a
la notificación de la sentencia censurada, de la expedición de los documentos de fecha 2025-
01-07 (radicado 20250000132S), 2025-02-03 (radicado No 20250002273S), 2025-03-1
(radicado 20250007418S), y 2025-03-27 (radicado 20250008736S) expedidos por (...) [la]
Dirección de Ciencias del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (antes Colciencias)».
Aseguró que estos eran determinantes en la decisión, porque allí se indicó que
era falso que el listado de 2017 de revistas extranjeras homologadas haya
estado vigente en otras anualidades.
La Sala no encuentra que tal circunstancia configure un defecto fáctico, pues
la obligación del juez, desde el punto de vista probatorio, es tomar una decisión
con las pruebas decretadas y practicadas en el curso del proceso judicial,
dentro de las oportunidades de ley previstas para esto. No hay lugar, entonces,
a exigirle al juez fallar con base en medios probatorios que no hicieron parte
del acervo.
Por ende, se desestima el cargo de la parte actora relacionado con las pruebas
en mención obtenidas luego de proferida la sentencia de segunda instancia,
por considerar que tal situación de manera alguna implica la configuración de
un defecto fáctico.
Ahora bien, continuando con los demás cargos que fundamentaron el defecto
sustantivo, la Sala considera que tampoco se desconoció la competencia de
Colciencias referente a la determinación de la vigencia, homologación y
clasificación de revistas extranjeras. Como ya se ha reiterado, la autoridad
judicial sí tuvo en consideración las interpretaciones expuestas por
Colciencias, otro asunto es que tal autoridad haya desarrollado dos lecturas
contrarias entre sí. Contexto por el cual el tribunal accionado optó por resolver
la tensión generada por la propia Colciencias con el principio de favorabilidad
en materia laboral, consagrado en la Constitución Política.
En cuanto a la autonomía universitaria, que en criterio de la parte actora se
desconoció, se observa que en la providencia controvertida el tribunal, además
de hacer una lectura integral sobre el Decreto 1279 de junio 19 de 2002, se
refirió al Acuerdo 10-BIS del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena,
mediante el cual tal institución educativa reglamenta el reconocimiento de
puntos salariales por artículos publicados en revistas indexadas. La
interpretación conjunta de estos dos compendios le permitió al tribunal concluir
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que sobre la materia específica existía un vacío normativo. De ahí que en su
decisión la autoridad judicial sí tuvo en consideración la facultad de
autorregulación en cabeza de la universidad. Pero simplemente del estudio del
mencionado reglamento de la universidad no encontró norma aplicable sobre
el punto central de debate.
A su vez, se considera falso asegurar, como lo indicó la parte actora, que el
tribunal se atribuyó «la facultad legal para determinar en la sentencia censurada, la
vigencia, homologación y clasificación de revistas extranjeras» , competencia que en su
criterio le corresponde exclusivamente a Colciencias. Al respecto, se enfatiza
que el ejercicio efectuado por el tribunal tan solo responde a su labor
hermenéutica, en virtud de la cual le corresponde interpretar el ordenamiento
jurídico en conjunto con las pruebas obrantes en el proceso, a fin de arribar a
una conclusión.
Por otra parte, la universidad accionante también sostuvo que se pasó por alto
el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que se desconoció que los
conceptos emitidos como respuestas a derechos de petición carecen de
obligatoriedad, pues no son actos administrativos, no son oponibles ni vinculan
a los particulares o autoridad alguna, es decir no producen efectos jurídicos.
Como se advirtió previamente, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión nro. 3 no fundamentó su decisión en tales medios probatorios,
simplemente hizo alusión a estos para demostrar que Colciencias tenía dos
posturas diferentes que se contradecían entre sí.
El tribunal llamó la atención frente a que en dichas respuestas se indicó que
debía tenerse en cuenta el listado de 2017 «hasta que se emitiera la última
actualización de la publicación del año 2018, que para el caso lo fue en el mes de noviembre
del 2018». En cambio, en el Modelo de Clasificación de Revistas de 2018
Colciencias acogió la interpretación según la cual «la vigencia de homologación de
las revistas extranjeras es de 1 año entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; es
decir que no se prorroga. Razón por la cual los Comités de Asignación de Puntaje deben
esperar a la actualización o publicación que realice Colciencias para cada año».
Lo anterior denota que, al margen de si dichas respuestas eran o no actos
administrativos vinculantes, en la sentencia controvertida el tribunal llamó la
atención frente a que Colciencias expuso por diferentes vías dos lecturas
distintas sobre un mismo aspecto de debate. Esto, sin embargo, no constituye
la razón de su decisión, sino tan solo una de las premisas que fundamentaron
su conclusión final.
Realmente, el motivo central por el cual el tribunal revocó lo dispuesto en
primera instancia fue porque consideró que ante el vacío normativo y dada la
contradicción de posturas emanadas por la autoridad en la materia, para
resolver el asunto debía darse aplicación al principio de favorabilidad
consagrado en la Constitución Política.
Así lo explicó el tribunal:
«De ahí que, según se pudo establecer que, se está en presencia de 2 interpretaciones
realizadas por la misma entidad respecto a un mismo punto de derecho (...) Ante semejante
disyuntiva y dado que estamos en presencia de un conflicto de carácter laboral; nada más y
nada menos que el salario de la demandante, la respuesta debe darse desde la Constitución
Política, para de allí definir, según lo consagrado en su artículo 53 que, debe darse
preeminencia en este caso, a la situación que más convenga al trabajador en caso de duda
en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho; de ahí que, a juicio de la
Sala, lo más razonable es admitir que a la fecha en que se impetraron las 33 solicitudes de
asignación de puntos salariales por publicación de artículos en revistas internacionales (meses
de enero y agosto del 2018), la fuente vigente era la publicación del año 2017».
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Por lo tanto, no se considera que se haya vulnerado el artículo 28 de la Ley
1437 de 2011 según el cual «los conceptos emitidos por las autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de
obligatorio cumplimiento o ejecución», pues la decisión del tribunal no se basó ni en
la naturaleza de las respuestas mencionadas ni en tales pruebas
exclusivamente.
Por último, con relación a los argumentos planteados en el marco del defecto
sustantivo, tampoco se advierte la transgresión del artículo 213 de la Ley 1437
de 2011, que regula las pruebas de oficio. Contrario a lo mencionado por la
parte actora, no se advierte la necesidad de decretar pruebas de oficio, ya que
con los elementos probatorios obrantes en el expediente bastaba para acoger
una de las dos tesis en pugna. En todo caso, las facultades oficiosas del juez
en materia probatoria no sustituyen la actividad de las partes y su deber de
solicitar el decreto de las pruebas que se consideren necesarias para
robustecer su teoría del caso.
Ahora bien, frente al defecto procedimental la parte actora manifestó que se
configuró porque el tribunal accionado desconoció el derecho de contradicción,
ya que «involuntariamente al resolver el recurso de apelación (…) incorporó y valoró prueba
que no hacía parte del proceso».
La prueba referida consistió en las «consultas realizadas por el accionado a la página
Web:https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/m304pr03an01modelo
_de_clasificacion_de_ revistas_-_publindex_v02.pdf». Aseguró que jamás se le dio
traslado de esta última, a fin de que pudiera ejercer su derecho de
contradicción.
Frente a este cargo, no se advierte la configuración de ese defecto, pues no
se encuentra un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a
seguir, tampoco se encuentra que el tribunal accionado haya actuado
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley, ni que haya
aducido razones formales que hayan conllevado a una denegación de justicia.
En todo caso, no se advierte reparo alguno sobre el cargo planteado por la
parte actora, ya que el “Modelo de Clasificación de Revistas Publindex” fue
decretado como prueba documental como consta en acta de la audiencia inicial
de 29 de septiembre de 2020; de ahí que, ante una actualización, era deber de
la autoridad judicial verificar en la web las modificaciones de este.
Adicionalmente, se trae a colación el artículo 177 del Código General del
Proceso, según el cual «El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el
de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. (...)
Sin embargo, no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web
de la entidad pública correspondiente».
Por lo tanto, no se configura el defecto procedimental alegado al no advertirse
un equívoco ni en las normas de trámite empleadas, ni en este último; y al
evidenciar que la prueba mencionada por la parte actora sí fue decretada y que
lo censurado únicamente alude a una consulta web. En suma, no se acreditó
un error de procedimiento que tenga la entidad suficiente para negar la
materialización de los derechos fundamentales de la parte actora.
7. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas por la
parte actora, por considerar que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión nro. 3 no incurrió en los defectos alegados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Universidad de Cartagena
FALLA
1. Negar las pretensiones formuladas por la Universidad de Cartagena, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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