Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03070-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03070-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
28 de agosto de 2025
Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
Demandante: ROMELIA NANCLARES VÉLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma negativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia de 3 de julio de 2025, por medio de la cual la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por la actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora Romelia Nanclares Vélez, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión, con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
seguridad jurídica, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo
vital y a la «situación más favorable al trabajador».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 21 de noviembre de 2024, dictada por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia que revocó la providencia expedida el 21 de
marzo de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Medellín, en la que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado 05001-33-33-001-2016-
00887-00/012 y, en su lugar, negó las súplicas del medio de control.
1 Con escrito presentado el 21 de mayo de 2025, a través del aplicativo web de recepción de tutelas y
habeas corpus en línea, remitido en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado.
2 Iniciado por la actora contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA: Se ordene AMPARAR los derechos fundamentales invocados al Debido
Proceso, Derecho de Defensa en armonía con el derecho a la Seguridad Jurídica de las
decisiones de cuerpos colegiados y los precedentes Judiciales, Derecho a la Igualdad
laboral, Irrenunciabilidad del derecho laboral, Acceso a la justicia. (artículo 48 de ley 153
de 1887), Remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad
de trabajo. (A trabajo igual-salario igual), Situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.-
(aplicación de la Analogía), principio de favorabilidad laboral de que trata el artículo 53
de la C.P. y aplicación de las normas que rigen el proceso en favor de la Sra ROMELIA
NANCLARES VÉLEZ.
En consecuencia, se deje sin efecto alguno la SENTENCIA S3- 232 proferida por la
sección segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia de 21 de noviembre de 2024,
siendo magistrada ponente la doctora, BEATRIZ ELENA JARAMILLO MUÑOZ,
integrantes de sala las Dr JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL y Dra HIRINA DEL ROSARIO
MEZA RHENALS.
SEGUNDA: Se ordene a la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia,
dictar la sentencia que en derecho corresponda aplicando los postulados
constitucionales esbozados en la sentencia de tutela dentro de las 48 horas siguientes
a la ejecutoria de la decisión adoptada en esta Acción de Tutela.
TERCERA: En lo sucesivo se advierta a las entidades Tuteladas, el deber que le asiste
de garantizar la primacía de los derechos constitucionales protegidos frente al tema
objeto del proceso, en atención a la referida sentencia y al requerimiento expuesto por
el mismo Consejo de Estado, en la sentencia, “…CONSEJO DE ESTADO - SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B -
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS - 27 de junio de dos mil
veinticuatro (2024). Radicación: 66001-23-33-000-2017-00523-01 - Interno: 5027-2019
• Demandante: Luz Beatriz Correa Noreña - Demandado: Nación – Rama Judicial -
Tema: Reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos…”3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
La señora Romelia Nanclares Vélez presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se
le negó el reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos laborados
al servicio de los Juzgados de Control de Garantías de Medellín y su centro de
servicios.
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
El proceso correspondió por reparto4 al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Medellín, que mediante sentencia de 21 de marzo de 2019
declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y le ordenó a la entidad
demandada que reconociera y pagara a partir del 12 de mayo de 2011 el «valor del
doble de los días efectivamente laborados las horas extras de los sábados, además
los días los domingos y festivos, con el correspondiente reajuste de las prestaciones
sociales a que tiene derecho y el pago en lo sucesivo de estos conceptos mientras
permanezca vinculado al servicio de la Rama Judicial».
Así mismo, ordenó la reliquidación de los aportes a la seguridad social en pensión a
los que hubiere lugar a partir, a partir del 2008.
Contra este fallo la parte demandada interpuso el respectivo recurso de apelación que
fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante proveído de 21 de noviembre de 2024, en el que revocó la decisión de primer
grado y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.
Ello, al considerar que no existe alguna norma que otorgue el derecho a la
remuneración de las horas extras, dominicales y festivos a los servidores de la Rama
Judicial, pero sí a descansos remunerados.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al expedir la sentencia de 21 de noviembre de 2024, puesto que incurrió
en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
Destacó que si bien la Ley 906 de 2004 estableció la prestación de un servicio público
de carácter permanente todos los días de la semana, no dispuso la remuneración
especial que se ha determinado en otras normas por las labores que se realizan los
domingos y festivos.
Además, criticó que aunque el fallo de segunda instancia se basó en esa norma para
revocar el reconcomiendo otorgado en primer grado, olvidó que ese servicio es
ofrecido por personas que lo humanizan y que como trabajadores requieren no solo el
descanso, sino también la remuneración que se encuentre ajustada a ley.
Alegó que en otras oportunidades la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia había reconocido el mismo derecho a otros empleados de
la Rama Judicial al aplicar el precedente judicial que extiende por analogía ese
beneficio, pero que en esta oportunidad decidió apartarse de ese criterio.
4 Proceso tramitado bajo el radicado 05001-33-33-001-2016-00887-00/01.
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Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
En ese sentido, destacó que la autoridad judicial dejó de aplicar el precedente de esa
misma corporación5, así como la de los juzgados administrativos, que aplican por
analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 a los funcionarios de la Rama Judicial.
Igualmente, citó como desconocida la sentencia de 27 de junio de 2024, dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, magistrado ponente
César Palomino Cortés, en el radicado 66001-23-33-000-2017-00523-01.
Expuso que ante la negativa de extenderse por analogía el mencionado decreto, se
debió aplicar el régimen general de compensación y pago de dominicales y festivos,
establecido en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad
Social, que prevé un recargo de hasta el 75 %. Particularmente, señaló:
La norma especial sobre el tema de días de descanso de domingos y festivos, religiosos,
data de 1978 conforme al decreto 717, no obstante, para el momento en que se dictó
dicho decreto, no estaba vigente el sistema de turnos planteado en la ley 906 de 2004,
por lo tanto, el tema remuneratorio en los días allí mencionados no quedo regulado en
la medida que no se trabajaban, por lo que bajo el principio de irrenunciabilidad de los
derechos laborales y favorabilidad laboral para el trabajador, se debe reconocer la
remuneración, ya sea por aplicación analógica del decreto 1042 de 1978 art 39, o por el
régimen general de prestaciones económicas a favor del trabajador, al no disponerlo el
régimen especial.
Dijo que es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura tiene prohibido alterar
el régimen salarial de la Rama Judicial para remunerar a los funcionarios y empleados
que laboren los domingos y festivos, por lo cual le corresponde a la jurisdicción
ordinaria o constitucional amparar los derechos de los trabajadores.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el defecto por violación
directa de la Constitución al desconocer que en otras oportunidades se ha aplicado
por analogía de las normas especiales que rigen para la Rama Ejecutiva, cuando el
demandante pertenece a la Rama Judicial. Para ello citó la providencia de 28 de abril
de 2010, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictada en el proceso
identificado con el radicado 5000-23-25-000-2002-05995-01, la sentencia de 6 de
marzo de 2008, dictada por el consejero Alejandro Ordóñez Maldonado, dentro del
radicado 05001-23-31-000-2001-00358-01 y el concepto 1254 de 9 de marzo de 2000
de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación.
Por último, destacó que el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de
la Constitución, debe aplicarse a todo trabajador para que se le retribuya el salario en
condiciones dignas y justas, puesto que actuar de manera contraria desconoce
derechos constitucionales.
5 Sentencias del Tribunal Administrativo de Antioquia y de los Juzgados Administrativos de Medellín,
dictada el 9 de septiembre de 2015, dentro del radicado 05001-3331-029-2011-00507-01, y las
siguientes sentencias sin fecha de expedición en los radicados: 05001-3331-020-2011-00510-01,
05001-3331-022-2014-00180-01, 05001-3331-004-2011-00516-00, 05001-3331-025-2015-01204-00,
05001-3333-027-2014-01234-00, 05001-3333-022-2015-01351-00, 05001-3333-017-2015-00688-00,
05001-3333-025-2016-00315-00, 05001-3333-027-2016-00793-00, 05001-3333-022-2014-00180-00,
05001-3333-084-2015-00489-00, 05001-3333-025-2017-00150-00, 05001-3333-012-2017-00016-00 y
05001-3333-015-2015-00985-00.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 23 de mayo de 2025, el magistrado ponente de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso tener
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia.
De otro lado, vinculó como terceros con interés a la Nación - Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura y al Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín. Además, requirió a este último despacho para que allegara en
medio digital el proceso 05001-33-33-001-2016-00887-00/01.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
La magistrada ponente de la decisión reprochada se opuso a las pretensiones de la
demanda, razón por la cual solicitó que se nieguen.
Señaló que, tal como quedó establecido en la sentencia enjuiciada, no existe alguna
disposición que conceda el derecho a la remuneración de las horas extras, dominicales
y festivos a los servidores judiciales, sino que únicamente se consagra el derecho al
descanso remunerado.
Igualmente, puso de presente lo siguiente:
Así pues, aunque es cierto lo indicado por la accionante en cuanto a que en decisiones
anteriores se había otorgado el derecho al reconocimiento y pago de las horas extras y
dominicales a favor de los funcionarios y empleados de los juzgados con funciones de
control de garantías, lo cierto es que, al realizar un nuevo análisis respecto de la
normatividad aplicable, se advirtió que de conformidad con el artículo 8° de la Ley 153
de 1887, debe aplicarse de manera preferente la norma especial sobre la general, razón
por la cual, no era acertado aplicar el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama
Judicial. Lo anterior, como se explicó en la providencia, se fundamentó en la norma y en
providencias del Consejo de Estado, de allí que no obedece a una decisión caprichosa
e infundada por parte de los miembros de esta Corporación.
Reiteró que no es cierto que se vulneraron los derechos fundamentales de la actora,
puesto que las horas extras y recargos que solicita la demanda no están consagrados
en las normas aplicables al caso concreto.
Destacó que no se violentó el principio de favorabilidad, dado que este se aplica en el
evento de que exista duda en la aplicación o interpretación de una norma, circunstancia
que no ocurre en este caso, puesto que la situación de la demandante se rige por la
normatividad aplicable a los empleados de la Rama Judicial.
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1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
La apoderada de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela.
Indicó que el artículo 39 del Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 está dirigido a regular
la prestación del servicio de empleados de la Rama Ejecutiva y no puede ser aplicado
a los servidores de la Rama Judicial, como lo dispuso el Consejo Superior de la
Judicatura a través de la Circular PSAC05-84 de 2005, que regula lo relacionado con
los compensatorios de los servidores judiciales.
Además, comentó que el artículo 1. ° ibidem determinó que el ámbito de aplicación de
ese decreto «regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas
categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales
del orden nacional» por lo que no es jurídicamente viable extenderlo más allá, según
lo entendió la Corte Constitucional en sentencia C-402 de 2013.
Señaló que el «legislador en ejercicio de sus competencias constitucionales determinó
en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 una situación especial para los jueces y
empleados de los juzgados penales con funciones de control de garantías,
determinando por la naturaleza de su labor, que todos los días y horas son hábiles
para su ejercicio».
De igual manera, citó la jurisprudencia6 del Consejo de Estado y el parágrafo tercero
del artículo 16 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009 que apoya la postura respecto
de la cual no existe norma expresa que autorice la remuneración de compensatorios
en la Rama Judicial ni la alteración del régimen salarial y prestacional vigente para
este sector.
Informó que así como existe sentencias en las que se accede a estas pretensiones,
también hay innumerables providencias en las que se niegan las súplicas de la
demanda en casos iguales.
1.6.3. Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Medellín
El despacho aportó el enlace del proceso 05001-33-33-001-2016-00887-00/01.
6 (i) Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. César Palomino Cortés, sentencia del 18 de junio de
2020, radicado 11001-03-15-000-2020-02073-00; (ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, sentencia del 27 de mayo de 2021, radicado 66001-23-33-000-
2017-00303-01; (iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo
Cueter, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado 17001-23-33-000-2017-00740-01; (iv) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia de 7 de julio de
2020, expediente 11001-03-15-000-2020-02273-00.
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1.7. Sentencia de primera instancia7
Con fallo de 3 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado resolvió:
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Romelia Nanclares Vélez en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Indicó que la acción de tutela superó todos los requisitos adjetivos de procedibilidad
contra una providencia judicial, razón por la cual realizó el estudio de fondo de los
reproches expuestos por la accionante en su demanda.
Luego de hacer un recuento sobre los argumentos expuestos por la autoridad
accionada para negar las pretensiones del medio de control, consideró que no se
incurrió en un defecto sustantivo, dado que el tribunal accionado fue preciso y
razonado al señalar que no existe un vacío legal para la regulación de la situación de
la tutelante y al descartar la aplicación por analogía del Decreto 1042 de 1978.
Ello, comoquiera que en ningún momento efectuó un examen equivocado de las
normas que regulan el régimen prestacional de los funcionarios y empleados judiciales,
sino que realizó una interpretación razonable del régimen aplicable a las personas que
hacen parte del Sistema Penal Acusatorio y que ejecutan la función de control de
garantías, lo cual se ampara en los principios de autonomía e independencia judicial.
Sobre el desconocimiento del precedente destacó que las sentencias citadas por la
actora no guardan similitud fáctica ni jurídica con la situación de la señora Romelia
Nanclares Vélez, para lo cual analizó cada una de las providencias, así:
38. En efecto, en la primera de las mencionadas, la gerente del Hospital General de
Medellín ESE solicitó el reconocimiento y pago de la totalidad de los domingos y festivos
laborados, el pago de horas extras por haber laborado jornadas semanales superiores
a 44 horas y la indexación correspondiente a dichos valores. La Subsección B de esta
Sección concluyó que la jornada ordinaria de trabajo de los empleados públicos del
orden territorial está contenido en el Decreto 1042 de 1978. Sin embargo, se declaró
inhibida para conocer de las pretensiones concretas del asunto, ante la insuficiencia
probatoria en el caso.
39. Por su parte, se observa que en la Sentencia del 28 de abril de 2010 se resolvió una
reclamación de un funcionario de la Rama Judicial del reconocimiento y pago en dinero
de las vacaciones proporcionales al tiempo laborado, por haber operado el retiro del
servicio. Caso en el cual se accedió a lo pretendido con fundamento en que, si bien el
régimen especial de la Rama Judicial no prevé el pago compensado de las vacaciones,
sí permite pagar fraccionadamente el derecho a la prima de vacaciones, prestación que
se causa de forma dependiente al reconocimiento de vacaciones. Igualmente, consideró
para tal efecto, el artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, que sí prescribe el pago
proporcional de vacaciones en términos específicos.
7 Notificada vía electrónica el 17 de febrero de 2025.
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40. Asimismo, se denota que el Concepto No. 1254 de Sala de Consulta y Servicio Civil
versó sobre la procedencia o no del reconocimiento y pago de horas extras, recargos
nocturnos, festivos y dominicales al personal del Hospital Militar Central,
estableciéndose que en materia salarial y prestacional los empleados públicos y
trabajadores oficiales vinculados al Hospital Militar Central debían regirse por el régimen
especial que habría de dictar el Gobierno Nacional, entre tanto, para efectos del
reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos,
debía acudirse a la aplicación de las normas generales contenidas en el Decreto 1042
de 1978.
41. Finalmente, en relación con la Sentencia proferida por la Subsección B de esta
Sección del 27 de junio de 2024, con radicado No. 66001-23-33-000-2017-00523-01
(5027-2019), se repara en que esta no constituye precedente judicial en los términos de
la Ley 1437 de 2011, por lo que mal podría exigírsele a la autoridad accionada aplicar
únicamente la postura allí asumida, especialmente cuando no existe un criterio unificado
al interior de esta Sección.
En cuanto al desconocimiento del precedente horizontal dispuso que la accionante no
allegó copia de las providencias que invocó como inobservadas. No obstante, aclaró
que, ante los diferentes criterios entre las salas del mismo tribunal, los magistrados
pueden optar por la posición que determinen, siempre que apliquen la Constitución, la
ley y la jurisprudencia vigente.
Finalmente, sobre el cargo de violación directa de la Constitución por el
desconocimiento del principio de favorabilidad, señaló que la autoridad judicial no
desatendió esta prerrogativa, por las siguientes razones:
[…] por cuanto en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, analizó las
particularidades del asunto, las pruebas que obraban en el expediente y la normativa y
jurisprudencia aplicable, determinó que no podían aplicarse, por analogía, las
disposiciones previstas para los funcionarios de la Rama Ejecutiva en el Decreto 1042 de
1978, puesto que la demandante contaba con un régimen salarial especial, en la cual no
estaban consagrados las horas extras ni los recargos solicitados, de manera que el cargo
de violación directa de la Constitución Política tampoco está llamado a prosperar.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 11 de julio de 20258, la accionante impugnó la
decisión de primera instancia y solicitó que se revoque para que, en su lugar se
amparen los derechos vulnerados que, a su juicio, también fueron desatendidos por el
a quo constitucional.
Señaló que se desconoció que como trabajadora tiene como derechos irrenunciables
no solo el descanso, sino además el de recibir una remuneración ajustada a ley. Es
decir que, en su consideración, al trabajar domingos y festivos, más allá de recibir un
descanso, lo que busca es que se le dé una compensación monetaria.
8 La notificación del fallo se realizó el 10 de julio de 2025.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
Refutó que en primera instancia se sobrepusiera el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial al artículo 53 de la Constitución, puesto que son derechos
disimiles que no pueden aplicarse con preferencia.
Alegó que el Consejo de Estado sustenta su decisión en normas que nacieron antes
de que se estructurara el Sistema Penal Acusatorio con la Ley 906 de 2004, con lo
cual se está dejando al trabajador sin una remuneración para los domingos y festivos,
que es el punto central de su debate y que no está regulada adecuadamente.
Resaltó que no se analizaron todos los derechos invocados en la presente acción de
tutela y reiteró lo relacionado con el defecto sustantivo. Además, citó la sentencia SU
310 de 2017 para mencionar la importancia de «no dejar burlados los derechos
constitucionales invocados en una acción de tutela, con independencia que los
defectos puedan o no enlistarse en la violación de un derecho».
Iteró que la sentencia reprochada desconoció abiertamente la aplicación de la analogía
cuando se presentan situaciones similares previstas en otra ley especial, como sucedió
cuando el Consejo de Estado, en sentencia de 28 de abril de 2010 9, aplicó normas
especiales de la Rama Judicial a un empelado judicial en materia de vacaciones.
Igualmente, indicó lo que se trascribe a continuación:
En este punto quiero ser reiterativo, pues el mismo Consejo de Estado, en sentencia
apenas del año pasado, siendo la misma sección Segunda del Consejo de Estado, en
caso similar, decidió ante la falta de normatividad que REMUNERARA el trabajo extra
en domingos y festivos de una empleada Judicial, decidió aplicar dicha excepción y
ordenó darle materialización a la analogía juris, mediante la cual ordenó aplicar para el
caso, el decreto 1042 de 1978 art. 39, la sentencia tiene el siguiente sentido
constitucional, trascendental para este tipo de acciones. CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B - Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS - 27 de junio de
dos mil veinticuatro (2024). Radicación: 66001-23-33-000-2017-00523-01 - Interno:
5027-2019 - Demandante: Luz Beatriz Correa Noreña - Demandado: Nación – Rama
Judicial - Tema: Reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos.
Por último, citó la sentencia C-369 de 2004 de la Corte Constitucional en la que se
extendieron «los efectos de una regulación general a una persona en virtud de la
formulación de cargos de igualdad por eventuales discriminaciones ocasionadas por
el régimen especial al que pertenece» e indicó que en este asunto que reviste de
relevancia constitucional lo que se debe observar es que no está adecuadamente
regulado el pago de los domingos y festivos para los empleados y funcionarios de los
Juzgados de Control de Garantías, puesto que resulta inverosímil aceptar que la
remuneración de un trabajador se dará a cambio de un día de descanso.
9 Sección Segunda en el radicado 25000-23-25-000-2002-05995-01.
9
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Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 3 de julio de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991
y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 3 de julio de 2025 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo solicitado por la parte
actora.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia y de encontrarse superados; (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. En el sub examine, la actora consideró que la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al expedir la
sentencia de 21 de noviembre de 2024, puesto que incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
El primero, lo sustentó en el hecho de que la autoridad judicial accionada se fundó en
la Ley 906 de 2004 para revocar el reconcomiendo otorgado en primer grado y olvidó
que el servicio que presta es ofrecido por personas que lo humanizan y que como
trabajadora requiere no solo el descanso, sino también una remuneración que se
encuentre ajustada a la ley.
Sobre el desconocimiento del precedente alegó que en otras oportunidades la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia había reconocido el
mismo derecho a otros empleados de la Rama Judicial al aplicar el precedente que
extiende por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978. Para ello citó sentencias
del mismo tribunal, de los juzgados administrativos y del Consejo de Estado.
Sobre el defecto de violación directa de la Constitución, explicó que la autoridad judicial
no aplicó el artículo 53 de la Constitución para que a los trabajadores se les retribuya
el salario en condiciones dignas y justas.
Para la Sala resulta necesario precisar que los 3 reproches se encuentran conectados,
toda vez que estos se centran en refutar la omisión de la autoridad judicial accionada
en aplicar por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 que regula a la Rama
Ejecutiva, al personal que labora en los Juzgados con función de Control de Garantías,
como es el caso de la actora. Por lo tanto, se estudiarán en conjunto.
En ese sentido, para esta Sección el caso objeto de estudio está revestido de
relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción
de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la
carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la seguridad
jurídica, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
«situación más favorable al trabajador», ante la posible configuración de los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
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Ello con fundamento en que el reproche planteado por la tutelante no es de mera
legalidad, puesto que no se limita a invocar la inadecuada aplicación de una norma de
rango legal, sino que puede implicar un desconocimiento del derecho a la igualdad
ante la omisión de la autoridad judicial accionada en aplicar su propio precedente, así
como el del Consejo de Estado, en el que se ha favorecido a los trabajadores de la
Rama Judicial que prestan sus servicios los domingos y festivos.
Así, en el caso concreto se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad
de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales alegados por la
parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad judicial incurrió en los
mencionados errores, por lo que se evidencia que trasciende un estudio de lo
meramente legal.
Por lo tanto, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas por
la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional.
En esta oportunidad, como quedó establecido, se involucra un debate jurídico que gira
en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la actora y no se
refiere a un asunto meramente legal y/o económico; pues aun cuando se trata de una
providencia en la que se negó el reconocimiento y pago de las horas extras,
dominicales y festivos laborados, lo cierto es que se está invocando el
desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que al parecer permiten extender
analógicamente a los funcionarios judiciales las normas que rigen a la Rama Ejecutiva.
2.5.2. En lo que se refiere al requisito de agotamiento de los mecanismos
judiciales, esta colegiatura encuentra que la providencia controvertida fue dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia el 21 de noviembre de 2024, mediante la cual
se revocó la decisión del Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto por la accionante, por lo que contra la
providencia controvertida no procede ningún recurso ordinario ni extraordinarios de
revisión y unificación de jurisprudencia.
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2.5.3. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que, como se
mencionó, la providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el
marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 05001-33-33-001-2016-00887-00/01.
2.5.4. Igualmente, en cuanto al presupuesto de la inmediatez, se observa que la
interposición de la acción de tutela se hizo en un término que a juicio de la Sala es
razonable, por cuanto esta se presentó el 21 de mayo de 2025, mientras que la
decisión que se reprocha fue notificada el 25 de noviembre de 2024 y quedó
ejecutoriada el 2 de diciembre de ese año. De manera que, se observa que su
radicación se hizo en un término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue
antes de transcurridos seis (6) meses desde que se dictó.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional16 ha explicado
que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»17.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente18 o porque ha sido derogada19, es inexistente20,
inexequible21 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador22.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma23.
c) La disposición aplicada es regresiva24 o contraria a la Constitución25.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición26.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma27 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.6.2. En relación con el defecto de desconocimiento del precedente, resulta
importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se
sinteriza en los siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe
pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye
la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido.28
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos29 explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al
número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique
una regla o subregla de derecho.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
29 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
14
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Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas
por las altas cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra su fundamento
en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía
de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del
ordenamiento jurídico.
2.6.3. Sobre el defecto de violación directa de la Constitución la Sala trae a colación
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de abril de
2013,30 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata
y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en
sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P[.], la Constitución es norma de normas
y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que
es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con
preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el sub examine, la tutelante censuró la decisión de 21 de noviembre de 2024
de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, comoquiera
que revocó la providencia del Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Medellín que había accedido a las pretensiones de la demanda que
interpuso contra la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se le reconociera y
pagaran las horas extras, dominicales y festivos laborados al servicio de los Juzgados
de Control de Garantías de Medellín.
Para fundamentar su dicho, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, por cuanto en otras oportunidades ya había reconocido el mismo derecho
a otros empleados de la Rama Judicial al aplicar el precedente judicial que extiende
por analogía el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
Además, indicó que omitió aplicar el precedente de ese mismo tribunal, de los juzgados
administrativos y del Consejo de Estado, que en esos casos ha privilegiado la
retribución del trabajo en dominicales y festivos.
30 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
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2.7.2. Pues bien, con el fin de determinar si se configuraron los defectos invocados por
la parte actora, para la Sala resulta necesario recordar las razones por las cuales la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión
del Juzgado Primero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín que
había accedido a las súplicas del medio de control.
En primer lugar, estableció que con la expedición de la Ley 4 de 1992 31 se fijó el marco
en el que el Gobierno Nacional determinaría el régimen salarial y prestacional de los
empleados de la Rama Judicial y de la Ejecutiva.
Así, trajo a colación los decretos que han sido expedidos con el fin de reajustar las
escalas salariales de los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal
Militar, en los cuales solo se previó el reconocimiento de horas extras para los
conductores, pero no para los funcionarios.
Luego de hacer el recuento normativo y jurisprudencial del caso, consideró que no
existe alguna norma que otorgue el derecho a la remuneración de las horas extras,
dominicales y festivos a los servidores de la Rama Judicial, pero sí a descansos
remunerados.
Además, explicó que la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal, determinó que todos los días de la semana y horas son hábiles,
razón por la cual entendió que no hay lugar a recargos y que ese es el horario habitual
en que se desarrollan las labores.
En ese sentido, indicó lo siguiente:
En consecuencia, debe entenderse que el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 consagra
una norma especial que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887,
se aplica de preferencia a las disposiciones generales, por lo que no es posible extender
el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama Judicial de
manera supletiva, tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado en sede de tutela en
los siguientes términos: […]
Así mismo, explicó que acogía la jurisprudencia32 del Consejo de Estado relacionada
con la imposibilidad de asimilar el régimen previsto para la Rama Ejecutiva, a la
Judicial.
31 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».
32 En el fallo citó a pie de página los siguientes fallos: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta, sentencia de 20 de noviembre de 2019. Radicación: 11001-03-15-000-
2019-04124-00, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate. En el mismo sentido: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 27 de mayo de 2019, radicación:
11001-03-15-000-201900149-01, magistrado ponente: Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2020, radicación:
11001-03-15-000-202003411-00, magistrado ponente: Ramiro Pazos Guerrero».
16
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En consecuencia, señaló que no era posible acceder a las pretensiones del
reconocimiento y pago de horas extras ni aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978
que regula a la Rama Ejecutiva, toda vez que el personal que labora en los Juzgados
con función de Control de Garantías debe prestar sus servicios de manera ordinaria
en dominicales y festivos y únicamente se les reconocen días de descanso
compensatorio.
Como se advierte, las razones invocadas por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia para negar las súplicas de la demanda, se resumieron en
señalar que no existe alguna norma que otorgue el derecho a la remuneración de las
horas extras, dominicales y festivos a los servidores de la Rama Judicial y que la
existente únicamente reconoce descansos remunerados.
Para fundamentar su decisión, trajo a colación algunas sentencias del Consejo de
Estado que han negado en sede de tutela el reconocimiento de las horas extras,
dominicales y festivos para funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Al respecto, es importante anotar que la interpretación realizada por la autoridad
judicial accionada está enmarcada en los principios de autonomía e independencia
que rigen la función judicial y aunque esta no fue favorable a los intereses de la
tutelante, lo cierto es que la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Antioquia
indicó las razones por las cuales no era procedente ordenar el reconocimiento y pago
de las horas extras, dominicales y festivos reclamados por la señora Nanclares Vélez.
En ese sentido, no se advierte que las conclusiones a las que arribó el citado tribunal
sean contrarias a las disposiciones constitucionales, particularmente el artículo 53 de
la Constitución que se invoca como desatendido, si se tiene en cuenta que con
fundamento en el principio de autonomía judicial el tribunal accionado definió su criterio
en la providencia reprochada y explicó los motivos por los cuales acogía la posición
jurisprudencial según la cual no es adecuado aplicar por analogía a los funcionarios
de la Rama Judicial el Decreto 1042 de 1978.
Ahora bien, la actora señaló que se desconoció el precedente judicial de los radicados
05001-3331-029-2011-00507-01, 05001-3331-020-2011-00510-01, 05001-3331-022-
2014-00180-01, 05001-3331-004-2011-00516-00, 05001-3331-025-2015-01204-00,
05001-3333-027-2014-01234-00, 05001-3333-022-2015-01351-00, 05001-3333-017-
2015-00688-00, 05001-3333-025-2016-00315-00, 05001-3333-027-2016-00793-00,
05001-3333-022-2014-00180-00, 05001-3333-084-2015-00489-00, 05001-3333-025-
2017-00150-00, 05001-3333-012-2017-00016-00 y 05001-3333-015-2015-00985-00.
Al respecto, es importante señalar que la mayoría de los procesos traídos a colación
por la parte actora son o fueron tramitados por los juzgados administrativos, cuyas
providencias no constituyen un precedente. De igual manera ocurre con aquellos que
fueron tramitados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que estos fueron
dirigidos por diferentes Salas de Decisión a la que se enjuicia en este caso.
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Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
De otro lado, la tutelante citó las siguientes sentencias y concepto del Consejo de
Estado: (i) providencia de 28 de abril de 2010, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dictada en el proceso identificado con el radicado 5000-23-25-000-2002-
05995-01; (ii) sentencia de 6 de marzo de 2008, dictada por el consejero Alejandro
Ordóñez Maldonado, dentro del radicado 05001-23-31-000-2001-00358-01, y (iii)
concepto 1254 de 9 de marzo de 2000 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporación.
Sin embargo, tal como lo señaló el a quo constitucional, tales pronunciamientos no
guardan similitud fáctica ni jurídica con la situación de la señora Romelia Nanclares
Vélez, dado que en ellas no se estudian las horas extras, dominicales y festivos de
empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
En cuanto al proveído de 27 de junio de 2024, dictado por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, magistrado ponente César Palomino Cortés,
en el radicado 66001-23-33-000-2017-00523-01, se evidencia que, en efecto, en este
se estudió un caso con similitud fáctica al de la señora Nanclares Vélez. Sin embargo,
la Sala no puede predicar el desconociendo de este fallo, comoquiera que no existe
un criterio unificado al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado en este
tipo de asuntos.
De igual manera, esta Sección en anteriores oportunidades33 negó el amparo
constitucional peticionado por los actores en casos similares a este, al considerar lo
que se transcribe a continuación:
72. En consecuencia, la Sala advierte que existe una norma que regula la compensación
para los funcionarios de la rama judicial que deben laborar los domingos y festivos. Por
ende, en las sentencias controvertidas en esta tutela no se podía acudir a la analogía,
interpretación extensiva, ni hacer uso de la figura del precedente y tomar como
referencia los fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia enunciados con
anterioridad. En efecto, el ordenamiento jurídico estableció supuestos diferentes para
los empleados y servidores vinculados a las diferentes ramas del poder público. En
algunos casos se compensa económicamente y en otros se decidió otorgar un día de
descanso remunerado.
Por lo tanto, esta Sala de Decisión no evidencia la vulneración de los derechos
constitucionales de la accionante por parte de la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que, como se dijo, con fundamento en los
principios de autonomía e independencia judicial, explicó razonadamente los motivos
por las cuales adoptaba esa postura.
33 Ver sentencia del 16 de marzo de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado 1001-03-15-000-
2023-00845-00. En esta providencia se citó la sentencia de 20 de noviembre de 2019, de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, M.P. Rocío Araújo Oñate, en el radicado 11001-03-15-000-2019-04124-
00, que también resolvió un caso con similitud fáctica.
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Demandante: Romelia Nanclares Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Segunda de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03070-01
Recuérdese que el juez constitucional no puede desplazar al juez natural del asunto ni
ordenarle que acomode su criterio a la forma en la que él le parece correcta, dado que
ello vulneraría el principio de autonomía judicial. Máxime cuando en asuntos como este
no existe un criterio unificado. Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de 3 de julio
de 2025, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado por la actora.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2025, por medio de la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado
por la señora Romelia Nanclares Vélez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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