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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03076-00

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03076-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora María del Carmen Rodríguez Malaver contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 32 Corte Constitucional, sentencia SU-078 de 2022. 33 Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D. C., (Colombia) www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03076-00 Accionantes: María del Carmen Rodríguez Malaver Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03076-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03076-00
Accionante: María del Carmen Rodríguez Malaver
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Prescripción.
Subtema 3: defectos sustantivo y fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la señora María del Carmen Rodríguez Malaver
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María del Carmen Rodríguez Malaver, a través de su apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-42-
048-2019-00366-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de amparo1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2.
La señora María del Carmen Rodríguez Malaver se vinculó a la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE como auxiliar de enfermería, mediante
contrato de prestación de servicios, desde el 18 de mayo de 2009 hasta el 31 de enero
de 2016.

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03076-00, índice 2, certificado EAAB4CBB2E3A57D9 05F7E7AF2E96C6F7

A5DAC5ECAE2B1A27 9E587EC3874947D9.

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3.
El 6 de febrero de 2019, radicó petición ante la referida entidad, a través de la cual
solicitó que se declarara la existencia de la relación laboral y el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales y laborales no devengadas.

4.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, por medio del
Oficio núm. 20192100031961 del 25 de febrero de 2019, negó el requerimiento de la
accionante.

5.
La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se
declarara la existencia de la relación laboral encubierta y se ordenara el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y laborales correspondientes.

6.
El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 24
de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. De esta
manera: i) declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado; ii) declaró la
prescripción de los valores causados por el periodo comprendido entre el 18 de mayo
de 2009 y el 31 de enero de 2016; y iii) ordenó pagar los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión de la actora, por el tiempo referido. Contra dicha decisión,
la parte demandante interpuso recurso de apelación.

7.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a
través de sentencia del 13 de diciembre de 2024, confirmó parcialmente la providencia
de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Se TUTELE el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL
TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, de la accionante ya identificada al ser
víctima de una Vía de Hecho, por tanto:

2. Solicito comedidamente a la Alta Magistratura que, como consecuencia del amparo a
los derechos fundamentales mencionados en el numeral primero de las peticiones, se
sirva ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Sección Segunda —
Subsección “B”, subsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la justicia al
omitir aplicar una norma inapropiada lo que conlleva a declarar la prescripción.

3. Solicitó respetuosamente se ordene por razones de economía procesal y de
manera definitiva; REVOCAR el numeral tercero de la [providencia] de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Sección
Segunda — Subsección “B”, el 13 de diciembre de 2024, dentro del Proceso N.°
11001-33-42-048-2019-00366-01, y en su lugar se revoque la sentencia de primera
instancia emitida por el JUZGADO (48) CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, proferida el 21 de junio de 2024,
reconociendo la existencia de una relación de carácter laboral, sin declaración de
la prescripción […]2.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo porque no realizó una

2 Se transcribe incluso con errores.

2

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interpretación integral de los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 52 del
Decreto 2127 de 1945, para determinar con certeza el momento a partir del cual era
exigible el derecho, y con ello, definir la procedencia de la prescripción de las
prestaciones económicas reclamadas por la demandante.

10.
En este sentido, explicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del
Decreto 2127 de 1945, el término de prescripción debe iniciar «90 días después de
que se haya hecho efectivo el despido o el retiro del trabajador». Esto significa que, si
el último contrato de prestación de servicios finalizó el 31 de enero de 2016, la
demandante contaba desde el 30 de abril de 2016 hasta el 30 de abril de 2019 para
presentar la reclamación de las acreencias laborales y sociales derivadas de la
relación encubierta.

11.
De esta manera, precisó que en el caso de la accionante no se configuró la
prescripción porque radicó la petición el 6 de febrero de 2019, es decir, dentro del
término legal para requerir a la administración.

12.
Adicionalmente, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
puesto que no se valoró en debida forma las pruebas documentales aportadas al
proceso ordinario, particularmente, los contratos de prestación de servicios con los
cuales se podía establecer la fecha en la que operó la prescripción.

2.3. Trámite procesal

13.
El despacho ponente, mediante auto del 26 de mayo de 20253, admitió la
demanda, ordenó la notificación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente ESE y del Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá, en su
condición de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

14.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B4
pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque, en su criterio, no
se presentó en un plazo razonable, toda vez que la sentencia del 13 de diciembre de
2024 fue notificada el 13 de enero de 2025 a las partes y la tutela se interpuso el 21
de mayo de 2025.

15.
Por otro lado, afirmó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales de la tutelante, ya que la decisión fue expedida con fundamento en las
normas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, sin que se haya efectuado una
indebida interpretación del asunto.

16.
Además, refirió que la accionante pretende insistir en un debate jurídico que se
surtió al interior del proceso ordinario, únicamente para que, a través de este
mecanismo excepcional, se le ordene al Tribunal emitir una nueva providencia en la
que se acceda al reconocimiento de la existencia de una relación de carácter laboral,

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03076-00, índice 4, certificado D4918135E8B5B06E 2AA3589E6698AD2F

C7F6D3277254D3E0 DB6D4390BAB54F07.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03076-00, índice 12, certificado 7089CD3A055C163C D4BDE25A13C91011

41FFE1F9D0C030FF F077DCAC727FDEE4.

3

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sin que se declare la prescripción. Por lo anterior, solicitó que se niegue el amparo de
tutela.

17.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE5 pidió que se
nieguen las pretensiones de amparo porque la autoridad judicial accionada realizó una
valoración adecuada de los hechos, las pruebas y la normativa aplicable, con lo cual
encontró acreditada la figura de la prescripción.

18.
Asimismo, indicó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
hiciera necesaria la intervención del juez de tutela.

19.
El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora María del Carmen Rodríguez
Malaver contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.

3.2. Legitimación en la causa

21.
La legitimación en la causa por activa de la señora María del Carmen Rodríguez
Malaver está acreditada porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

22.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, debido a que fue
la autoridad que profirió la sentencia objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

23.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional7.

24.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.

5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03076-00, índice 10, certificado 88B0F7939F5AC3D6 EC333D984B28C3E4

2A5C7E97E005A4C8 DD8D4CEDFF8E3E79.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

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ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

25.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

26.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

27.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, en torno a las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

28.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
29.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.

30.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B fue notificada el 13 de enero de

8 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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202511, y la demanda de tutela se presentó el 21 de mayo siguiente12, esto es, dentro
del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional13 y del Consejo
de Estado14 como razonable.

31.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de
la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

32.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

33.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad con relación a los defectos sustantivo y fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

34.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social de la señora María del Carmen Rodríguez
Malaver.

35.
En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al
proferir la sentencia del 13 de diciembre de 2024, que confirmó parcialmente la
providencia del 24 de junio de 2024, expedida por el Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo de Bogotá, por medio de la cual se declaró la prescripción de las
prestaciones económicas reclamadas por la demandante, por el período comprendido
entre el 18 de mayo de 2009 y el 31 de enero de 2016.

36.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii)
el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

37.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado15.

11 Samai, exp. núm. 11001-33-42-048-2019-00366-01, índice 22.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-03076-00, índice 1.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

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38.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.

39.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]16.

40.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

41.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)17.

3.4.2. El defecto fáctico

42.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»19 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

43.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa

16 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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una valoración por “completo equivocada”»20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»21.

44.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso22.

45.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»24.

46.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.

20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.

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52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.

3.5. Caso concreto

47.
En el asunto bajo estudio, la señora María del Carmen Rodríguez Malaver
presentó escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con la
pretensión de que se declarara la existencia de la relación laboral encubierta y se
ordenara el reconocimiento y pago de conceptos salariales y prestacionales
correspondientes.

48.
En primera instancia, el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo de Bogotá,
mediante providencia del 24 de junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en cuanto reconoció la existencia de la relación laboral, pero declaró
la prescripción de los valores causados por el periodo comprendido entre el 18 de
mayo de 2009 y el 31 de enero de 2016, salvo los porcentajes correspondientes a las
cotizaciones a pensión de la actora, por el tiempo referido, respecto de los que ordenó
su pago.

49.
Apelada la anterior decisión, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia el 13 de diciembre de 2024 con la
que confirmó la providencia proferida por el a quo en lo que respecta a la procedencia
de la prescripción de los conceptos reclamados por la demandante, y modificó la
decisión en cuanto a la inclusión de los periodos de interrupción y el ingreso base de
cotización para calcular los porcentajes de pensión correspondientes.

50.
Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, al proferir la
sentencia del 13 de diciembre de 2024, incurrió en defecto sustantivo porque no dio
aplicación al artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 para definir el momento en el que
debía iniciar el término de prescripción.

51.
En concreto, indicó que la autoridad accionada omitió efectuar un análisis
sistemático de la mencionada norma con el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968
para concluir que el término de prescripción debía iniciar «90 días después de que se
haya hecho efectivo el despido o el retiro del trabajador».

52.
De esta manera, afirmó que, si el último contrato de prestación de servicios finalizó
el 31 de enero de 2016, la demandante contaba desde el 30 de abril de 2016 hasta el
30 de abril de 2019 para presentar la reclamación de las acreencias laborales y
prestacionales derivadas de la relación laboral encubierta. Así pues, como la petición
se radicó el 6 de febrero de 2019, no se configuró la figura de la prescripción.

53.
Por otro lado, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico porque
no se valoró en debida forma las pruebas documentales aportadas al proceso
ordinario, especialmente, los contratos de prestación de servicios con los cuales se
podía establecer la fecha en que operó la prescripción.

25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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54.
Al respecto, se observa que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el fallo objeto de tutela realizó un estudio de la
figura de la prescripción, a partir del criterio definido por la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado26, con el cual advirtió que «las prestaciones derivadas
del reconocimiento de una relación laboral, en aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formalidades, opera el fenómeno prescriptivo si no fueron
reclamadas dentro del término de los tres años, contados a partir de la terminación de
su vínculo contractual».

55.
Asimismo, precisó que esta corporación, en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202127, indicó que las interrupciones que ocurran entre los contratos de
prestación de servicios no pueden exceder los 30 días hábiles en aplicación del
principio de solución de continuidad.

56.
De este modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al analizar los
contratos de prestación de servicios aportados por la accionante al proceso ordinario,
evidenció que «no existieron interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles entre
contrato y contrato, por lo que no existió solución de continuidad».

57.
No obstante, aclaró que, según lo expuso el juez de primera instancia, «la parte
actora no ejerció, dentro de los tres años de que trata la norma [artículo 41 del Decreto
Ley 3135 de 1968], el reclamo ante la administración en aras de interrumpir el
fenómeno prescriptivo». Al respecto, planteó las siguientes consideraciones:

Se recuerda que la prescripción es el fenómeno jurídico que encuentra sustento en el
principio de la seguridad jurídica28, la medida en que «busca impedir la perpetuidad de
las reclamaciones referentes a reconocimientos de índole laboral, que pudieron quedar
pendientes entre los extremos de la relación de trabajo al momento de su finalización,
pues de lo contrario, resultaría desproporcionada la situación en la que se permitiera que
el trabajador exigiera de su empleador (o exempleador) la cancelación de emolumentos
que con el trascurrir de los años implicarían un desmedro excesivo del patrimonio de
este (en atención a las indemnizaciones o intereses moratorios que se podrían causar)
y le impediría la conservación de los elementos probatorios tendientes a desvirtuar lo
demandado»29

Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se
excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la «…primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales», se
extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha
situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su
condición de empleador.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, radicación número: 23001-23-33-

000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado

núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
28 En similares términos, también se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia T-084 de 2010, al afirmar que

«En primer lugar respecto de las finalidades de la interpretación, podría decirse que son esencialmente dos: la
seguridad jurídica y la recta administración de justicia. Efectivamente, tanto la doctrina universal como la
jurisprudencia colombiana han señalado, por una parte, que la prescripción extintiva de las acciones persigue
garantizar la seguridad jurídica, entendida como la orden que deben cumplir las autoridades de la República de
evitar que permanezca abierta indefinidamente la posibilidad de someter los conflictos sustanciales ante los
jueces».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 15 de agosto de 2016, magistrado ponente Carmelo

Perdomo Cueter.

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Dicho lo anterior, observa la Sala de Decisión que, el último contrato suscrito entre las
partes culminó el 31 de enero de 2016, por lo cual la señora MARÍA DEL CARMEN
contados como fecha máxima para elevar la solicitud de reconocimiento de la relación
laboral y el consecuente pago de los derechos laborales a los que tenía derecho, hasta
el 1° de febrero de 2019; no obstante fue hasta el 6 de febrero de ese mismo año que
elevó el requerimiento ante la administración, por lo cual se encuentra acreditada la
configuración del fenómeno jurídico de prescripción extintiva del derecho reclamado.

58.
En efecto, para el Tribunal era un hecho probado que el último contrato de
prestación de servicios suscrito entre la señora María del Carmen Rodríguez Malaver
y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE finalizó el 31 de enero
de 2016, y la demandante solicitó el 6 de febrero de 2019 el reconocimiento y pago de
los derechos derivados de la relación laboral, por lo que consideró que se encontraba
acreditada la figura de la prescripción de los emolumentos reclamados.

59.
Ahora bien, esta Sala observa que la providencia objeto de tutela también se
pronunció sobre el argumento expuesto por la señora Rodríguez Malaver en el recurso
de apelación relacionado con la aplicación del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 y
la posibilidad de extender el término de prescripción, con las siguientes
consideraciones:

En este punto, y conforme el argumento planteado por el recurrente, es claro para la
Corporación que el artículo 52 del Decreto 2127 de 194530 no resulta aplicable en el
presente asunto. Lo anterior si se tiene en cuenta que, en primera medida este Decreto
es reglamentario de la Ley 6ª de 1945 “en lo relativo al contrato individual de trabajo”,
situación que no se configura en el presente asunto, pues si bien se declara la existencia
de la relación laboral entre las partes, esta determinación no configura la existencia de
un contrato de trabajo, ni mucho menos una relación legal y reglamentaria, como se ha
señalado en párrafos que preceden.

De otro lado, se evidencia que el artículo en mención trata de la terminación del contrato
de trabajo, el cual se reitera no existe ni existió en el presenta asunto; y de otro lado no
hace relación alguna a periodo de tiempo (90 días), ni mucho menos que este tenga
incidencia en el fenómeno jurídico de la prescripción. Por lo que se evidencia que la parte
demandante, en el afán de enderezar la falencia u omisión en solicitar en el término el
reconocimiento de la relación laboral entre las partes, menciona una norma que nada
tiene que ver con el asunto que hoy nos ocupa.

Dicho lo anterior, evidencia la Sala que en el presente asunto se confirmará la
prescripción decretada en la primera instancia, esto es de todos los emolumentos
solicitados por la parte actora, excepto en lo que se refiere a los aportes destinados para
pensión, en atención «a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con
los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad»31.

60.
Así pues, se advierte que para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
artículo 52 del Decreto 2127 de 1945 no era aplicable al caso de la actora porque se

30 ARTÍCULO 52. Salvo estipulación expresa en contrario, no se considerará terminado en ningún caso el contrato

de trabajo antes de que el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaciones e
indemnizaciones que le adeude, salvo las retenciones autorizadas por la ley o la convención; si no hubiere acuerdo
respecto del monto de tal deuda, bastará que el patrono entregue o consigne la cuantía que confiese deber,
mientras la justicia del trabajo decide la controversia.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 15 de agosto de 2016, con ponencia del magistrado Carmelo

Perdomo Cueter.

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trataba de una norma reglamentaria de la Ley 6 de 1945, cuyo contenido regula las
situaciones ocurridas en el marco de un contrato individual de trabajo, lo cual no era el
escenario en el que se encontraba la demandante, pues, si bien se declaró la
existencia de la relación laboral, ello no implicaba el reconocimiento de un contrato de
trabajo en los términos de la referida ley ni una relación legal y reglamentaria. Además,
explicó que la norma no se refiere a un periodo de 90 días ni tenía determinación
alguna para extender el término de prescripción.

61.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la señora María del
Carmen Rodríguez Malaver mantuvo una relación laboral con la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, por el periodo comprendido entre el 18 de
mayo de 2009 y el 31 de enero de 2016; sin embargo, como radicó la reclamación
administrativa el 6 de febrero de 2019, es decir, por fuera del término de tres años
contados a partir de la finalización de su vínculo contractual, según lo establecido en
el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, se configuró la prescripción de sus
acreencias laborales, salvo los aportes a seguridad social en pensiones, frente a los
cuales procedía su reconocimiento y pago.

62.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 13 de diciembre de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, realizó un análisis adecuado de la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al asunto, en conjunto con los documentos aportados al
proceso, lo que le permitió concluir que la tutelante no actuó oportunamente, pues
presentó la reclamación de reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales una
vez superado el término previsto en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, lo
que dio lugar a que se configurara la prescripción.

63.
En efecto, para esta Subsección es claro que el Tribunal no incurrió en un defecto
sustantivo por indebida o falta de aplicación del artículo 52 del Decreto 2127 de 1945,
pues del contenido de la providencia acusada resulta evidente que la autoridad judicial
explicó las razones de hecho y de derecho por las cuales dicha norma no regía la
situación de la tutelante ni tenía la condición suficiente para desconocer la procedencia
de la prescripción de las acreencias laborales reclamadas.

64.
En este sentido, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
desconocer el ejercicio hermenéutico y probatorio desarrollado por la autoridad judicial
accionada, con base en una interpretación particular del conteo de los términos de
prescripción que resulta contraria a la norma que regula la materia.

65.
De igual manera, se advierte que el Tribunal efectuó una valoración apropiada de
los contratos de prestación de servicios para definir el momento en que finalizó la
relación laboral entre la señora María del Carmen Rodríguez Malaver y la entidad
demandada, por lo que no se puede inferir que la autoridad judicial haya efectuado un
defectuoso o inexistente análisis probatorio.

66.
Conviene mencionar que la accionante, en el escrito de tutela, tampoco desarrolló
una carga argumentativa para explicar las razones de hecho y de derecho por las
cuales consideraba que los contratos de prestación de servicios tenían la fuerza
probatoria suficiente para modificar el conteo del término de prescripción y con ello el
sentido de la decisión objeto de tutela. Por este motivo, no es posible inferir que la

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omisión que la parte actora pretende atribuirle a la autoridad accionada pueda
constituir un defecto fáctico.

67.
Al respecto, la Corte Constitucional32 precisó que la intervención del juez de tutela
ante una posible valoración defectuosa del material probatorio se permite cuando el
error es ostensible, flagrante, manifiesto y es determinante en la decisión adoptada. En
este supuesto, la configuración del defecto requiere que la providencia judicial se
adopte sin «respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que resultaba
determinante para la solución del problema jurídico sometido a su consideración»33. Sin
embargo, estas circunstancias no se acreditaron con la solicitud de tutela objeto de
estudio.

68.
Por lo expuesto, la Sala considera que la sentencia del 13 de diciembre de 2024
estuvo soportada en un estudio razonable y coherente de los hechos, las normas y los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, conforme a los principios de
autonomía e independencia judicial y sana crítica. De esta manera, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales.

69.
Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario,
con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses y pretensiones.

IV. CONCLUSIONES

70.
Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en
su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos
de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo invocada por la accionante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora María del Carmen
Rodríguez Malaver contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

32 Corte Constitucional, sentencia SU-078 de 2022.
33 Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV/DACJ

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