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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03078-01

Fecha
13 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03078-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, amparar los derechos fundamentales de petición y acceso a la información y administración de justicia de Manuel Laverde Enciso. Segundo. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, otorgue una respuesta clara, concreta, de fondo, integral, congruente y suficiente a la pregunta 6 de la petición presentada por Manuel Laverde Enciso el 1.º de abril de 2025 Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03078-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso
Demandado: Consejo superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
Petición, información y acceso a la administración de justicia.
Información sobre exoneración u homologación en el IX Curso
de Formación Judicial
Decisión: Revocar la decisión del a quo para, en su lugar, amparar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Manuel Ricardo Laverde Enciso, en
contra de la sentencia proferida el 19 de junio de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Manuel Ricardo Laverde Enciso promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública
y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la falta de respuesta a la solicitud presentada el 1.º de abril de 2025 ante
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Ostenta un cargo de carrera en la Rama Judicial. Participó en el IX Curso de
Formación Judicial del Concurso de Méritos correspondiente a la Convocatoria 27,
adelantado por el Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. El 1° de abril de 2025 presentó una solicitud ante la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, en la que, en los numerales 5.º y 6.º pidió información sobre: i) la
exoneración u homologación del IX Curso de Formación Judicial de los aspirantes
con la calidad de funcionario o exfuncionario judicial, de acuerdo con el factor

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

sustitutivo de calificación del puntaje obtenido en un concurso de formación judicial
anterior; y ii) que en caso afirmativo le fuera informado el nombre completo del
aspirante, el acto administrativo por el que se adoptó dicha decisión y el radicado
del medio de control ejercido contra aquel.

2.3. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, mediante correo electrónico del 22
abril de 2025 le remitió el Oficio EJO25-1048 en el que le indicó, entre otras cosas,
que i) el beneficio de exoneración u homologación se aplicó por error a cuatro (4)
funcionarios o exfuncionarios judiciales; y ii) que la información solicitada se
encontraba disponible en su sitio web.

2.4. La respuesta otorgada vulneró sus derechos fundamentales pues, si bien una
respuesta de fondo no implica siempre otorgar lo solicitado por el interesado, y en
algunos casos se puede negar el acceso a la información pretendida por tener
carácter de reservada y clasificada, lo cierto es que, frente a su pedimento, la
autoridad administrativa «omitió entregar la información solicitada y, de manera evasiva,
se limitó a proporcionar un enlace electrónico al sitio web de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, donde se encuentran disponibles cientos de documentos de diversa índole,
como resoluciones, decretos, oficios y expedientes de tutela, entre otros. Esta contestación
resulta claramente violatoria del derecho fundamental de petición en la medida en que el
sitio web al cual remite el enlace electrónico contiene diferentes y variados documentos que
hacen imposible la obtención de la información solicitada que obra en poder de la entidad».

2.5. En los actos administrativos en los que se otorgó el beneficio se indicó de
manera categórica que los aspirantes cumplían con los requisitos, por lo que, en
ese contexto, era imposible establecer los casos en los que se cometió el error
manifestado, por lo que la respuesta de dirigirme al sitio web de la Escuela Judicial
no es acertada, en la medida en que la información se debe suministrar de manera
clara, precisa y concreta.

2.6. «[E]n eventos como el presente, en los que la administración responde a una solicitud
de información con un simple hipervínculo (o enlace electrónico al sitio web), sin especificar
los nombres de los beneficiarios de la homologación involucrados en el "error" ni identificar
los actos administrativos en los que esto tuvo lugar, se vulnera no solo el derecho de
petición, sino también el derecho fundamental a la información. Esta situación requiere una
respuesta integral por parte del juez constitucional, a fin de proteger ambos derechos, en
consonancia con los principios del Estado Social de Derecho y con la función de garantizar
los derechos fundamentales». (sic)

2.7. El hecho que la autoridad demandada se limitó a indicarle la existencia de unos
actos administrativos sin especificar cuáles, le impediría el ejercicio de su derecho
de acción y de acudir a los diferentes medios de control que puedan encontrarse en
curso como coadyuvante.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

«[…] Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura - escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla
que, a través de su directora, en el plazo máximo de 24 horas siguientes a la notificación
de la respectiva sentencia, otorgue una respuesta clara, concreta, de fondo, integral,
congruente y suficiente a la pregunta número 6 del derecho de petición incoado por el
suscrito actor el 1 de abril de 2025, y en estos términos informe, respecto de los cuatro
(4) beneficiarios a los cuales hace referencia en la respuesta a la pregunta número 5 del
mencionado derecho de petición, lo siguiente:

a. El nombre completo de él (o la) aspirante (s) beneficiario (s) de la exoneración u
homologación.
b. El acto administrativo (o actos administrativos) por medio del cual (o de los cuales) se
tomó la decisión de exoneración u homologación.
c. El número completo de radicado del medio de control contencioso administrativo
ejercido por la rama judicial contra tal acto administrativo (o tales actos administrativos)
y la autoridad judicial (o autoridades judiciales) correspondiente (s), o en su defecto
indicar que no se ejerció medio de control alguno […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La Unidad de Administración de Carrera Judicial1 pidió que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva por no tener competencia para emitir un
pronunciamiento sobre el objeto de la solicitud de tutela, y más, cuando la
controversia gira en torno al IX Curso de Formación Judicial Inicial que está a cargo
exclusivamente de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

5. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”2 mencionó que se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, por medio del Oficio
EJO25-1410 del 3 de junio de 2025, notificado en la misma fecha, se informó al
demandante acerca de los cuatro (4) beneficiarios -nombres, actos administrativos
y radicado del medio de control-, del beneficio de exoneración u homologación.

6. El demandante3 manifestó que la respuesta otorgada no supera la solicitud tutela
presentada, ya que no cambia la situación que motivó su presentación, pues el
asunto no gira en torno a una negativa de información por reserva legal, sino que
atiende a una obstaculización sistemática para impedir que se individualicen unos
actos administrativos que ya son públicos y respecto de los cuales se afirmó que se
encontraban en la página web de la entidad.

6.1. Con el Oficio EJO25-1410 del 3 de junio de 2025 derivó la controversia en una
«supuesta negativa sustentada en reserva legal resulta ser un argumento carente de
coherencia, se insiste, porque tal información ya es pública -en la medida en que, como
legalmente debe serlo, ya obra publicada en la página del concurso- y lo único que se pide
es que se individualice -tal y como se explicó en el escrito de tutela-». Se desconoció que,
al ser aspirante a igual cargo al de los homologados, le asiste un interés directo, por
lo que podría ver afectadas sus aspiraciones.

1 Ver índice 8 de Samai.
2 Ver índice 10 de Samai.
3 Ver índice 12 de Samai. Mediante memorial allegado el 9 de junio de 2025.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

1.3 Sentencia de primera instancia4

7. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 19 de junio de
2025 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que,
con la respuesta otorgada el 22 de abril de 2025, ampliada con oficio del 3 de junio
siguiente, relacionada con la información requerida en el numeral 6.º de la petición
que elevó el demandante el 1º de abril de 2025, se satisfizo las pretensiones de
amparo.

1.4. Escrito de impugnación5

8. Manuel Laverde Enciso impugnó la decisión del a quo, al considerar que se
equivocó al centrar el estudio en el hecho de que se diera respuesta a su petición,
pero sin verificar si aquella fue de fondo, clara, congruente y suficiente, pese a que:

«[…] a) En las circunstancias del presente caso la acción de tutela es único medio
adecuado para la protección de los derechos fundamentales invocados en el escrito de
tutela y, en consecuencia el recurso de insistencia no es eficaz ni procedente; b) La
respuesta dada en el Oficio EJO25-1410 de 3 de junio de 2025 por la entidad accionada,
no da lugar a que se declare una carencia de objeto ni hace que el presente litigio se
trasforme en una discusión sobre el acceso a información reservada, pues la
información sobre datos personales y actos administrativos que se requiere, ya está
publicada en la página web de la entidad, lo único que se pretende es la individualización
de los actos administrativos que la contienen y las personas beneficiarias, en otras
palabras el asunto debatido sigue siendo la obstaculización sistemática a individualizar
documentos e información que por su naturaleza es pública y ya está publicada, y c) No
puede perderse de vista que la protección constitucional que se pretende en este caso,
no solo gira entorno a la identificación de los actos administrativos y los nombres de las
personas que por “error” fueron acreedoras de un beneficio que, bajo las mismas
circunstancias fácticas y jurídicas le fue negado al suscrito - afectando con ello los
principios del mérito e igualdad-, sino también la indicación expresa de si se presentaron
o no medios de control contra los aludidos actos administrativos –lo cual aún no ha sido
contestado de fondo-. […]». (sic)

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico: iii) procedencia de la solicitud de tutela – derecho de petición; y iv) análisis
de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es

4 Ver índice 16 de Samai.
5 Ver índice 21 de Samai.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Problema jurídico

11. La Sala deberá definir: ¿si la entidad demandada vulneró los derechos
fundamentales de petición, de acceso a la información pública y de acceso a la
administración de justicia, al no resolver el requerimiento contenido en el numeral
6.º de la solicitud del 1.° de abril de 2025, relacionada con la información de los
beneficiarios de la exoneración u homologación del IX Curso de Formación Judicial?

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

12. El artículo 86 constitucional señala que, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispuso, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

13. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.2. Sobre el derecho de petición

14. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
petición, la Corte Constitucional ha señalado:

«[…] Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros
mecanismos de defensa judicial para exigir el cumplimiento del derecho de petición,
como lo es el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, luego de agotada la
vía gubernativa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que resulta muy oneroso
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el solo propósito de obtener la
respuesta a una petición formulada, corriendo el riesgo que, para la época en que se
adopte la decisión judicial, ningún interés represente ya para el accionante la solicitud
formulada o no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente pretendido por éste.

Por tanto, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, y con el fin de
evitar un desgaste innecesario del aparato judicial, atendiendo a su carácter de derecho
fundamental de aplicación inmediata, ha considerado esta Corporación que el derecho

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

de petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a través de la acción
de tutela cuya finalidad, como quedó expuesto, es satisfacer al particular con un
pronunciamiento frente a la solicitud por él realizada. […]».

15. En cuanto a los aspectos generales del derecho fundamental en estudio, de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, «[t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]», lo
cual no solo implica que la respuesta se produzca dentro de los términos de ley,
sino que esta sea suficiente, efectiva y congruente.

2.4. Análisis de la Sala

16. Manuel Ricardo Laverde Enciso acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales de petición y acceso a la información y a
la administración de justicia y, en consecuencia, se ordenara a la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» otorgar una respuesta clara, concreta, de fondo, integral,
congruente y suficiente a la pregunta 6 de la petición que radicó el 1. º de abril de
2025

17. Al respecto, de las pruebas obrantes en el expediente se observa:

17.1. El 1. º abril de 2025, el demandante radicó petición8 ante la Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” en la que, entre otros, solicitó:

«[…] 5. ¿En el concurso de méritos correspondiente a la convocatoria 27, a algún
aspirante con la calidad de funcionario o exfuncionario judicial, se le exoneró u homólogo
el IX Curso de Formación Judicial, teniendo como factor sustitutivo de calificación, el
puntaje obtenido en un concurso de formación judicial inicial anterior?

6. En caso de que la respuesta la pregunta anterior sea afirmativa sírvase indicar: a) el
nombre completo de él (o la) aspirante (s) beneficiario (s) de la exoneración u
homologación, b) el acto administrativo por medio del cual se tomó la decisión de
exoneración u homologación, así como señalar c) el número completo de radicado del
medio de control contencioso administrativo ejercido por la rama judicial contra tal acto
administrativo y la autoridad judicial correspondiente, o en su defecto indicar que no se
ejerció medio de control alguno? […]». (sic)

17.2. Con Oficio EJO-1048 del 22 de abril de 20259, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, en relación con los referidos interrogantes, señaló lo siguiente:

«[…] 5. […]

De conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la ley 270 de 1996, el acceso
por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa
aprobación del Curso de Formación Judicial Inicial en los términos que señala la ley.

8
escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co, convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 La anterior respuesta fue notificada a la dirección electrónica del accionante
(laverdemanuelr@gmail.commailto:azapataserna11@gmail.com) el 22 de abril 2025, según fue
manifestado por el actor.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

En concordancia con el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, los
discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera, pudieron solicitar
la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se tomó la última
calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre
que fuera superior a 80 puntos. Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un
cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un curso de formación
judicial inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias anteriores, pudieron
solicitar la homologación y se tomó la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación
fuera superior a 800 puntos. De haber cursado y aprobado más de un curso de formación
judicial inicial se tomó como sustitutiva la mayor calificación obtenida.

En consecuencia, la figura de homologación no era aplicable a funcionarios y
exfuncionarios, y el puntaje de cursos anteriores solo era válido para quienes no
hubieran ocupado un cargo de funcionario de carrera; sin embargo, tras una revisión de
la información pertinente, se identificó una situación en la que este beneficio se aplicó
por error a cuatro (4) funcionarios o exfuncionarios judiciales.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la
normativa vigente y la transparencia en el proceso, la Escuela Judicial "Rodrigo Lara
Bonilla" inició el procedimiento contemplado en el artículo 97 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual regula
la revocación directa de los actos administrativos con el consentimiento expreso y escrito
del titular.

Por consiguiente, se solicitó el consentimiento de los interesados para proceder con la
revocación los actos administrativos que dispusieron la homologación en los casos
identificados. Es preciso señalar que, no se obtuvo el consentimiento para la revocación.

6. […]

La información solicitada está disponible en el sitio web de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla. Puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/publicaciones-ix-cfji […]». (sic)

17.3. Respuesta complementada con el Oficio EJO25-1410 del 3 de junio de 2025,
en los siguiente términos:

«[…] En cuanto a la afirmación que “se identificó una situación en la que este beneficio
se aplicó por error a cuatro (4) funcionarios o exfuncionarios judiciales”, y la información
relativa a la identificación de estos funcionarios, es importante precisar que de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013
nos permitimos informarle que su solicitud no puede ser atendida toda vez que contravía
los principios para el tratamiento de datos personales, dado que la normatividad vigente
impide la divulgación de información de terceros a personas que no tengan interés
directo con la solicitud. El derecho a la información de acuerdo con la Sentencia C-748-
11 está ligado al derecho a la intimidad y es un mecanismo que confiere al titular “para
que, en ejercicio de la cláusula general de libertad, pueda controlar la información que
de sí mismo ha sido recopilada por una central de información”.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dentro de
los contenidos mínimos de habeas data está en otorgarles a las personas el derecho de
que puedan conocer “la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo
que conlleva el acceso a la base de datos donde se encuentra dicha información”. Dado
lo anterior no es posible acceder a su petición cómo quiera que es información detallada

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

de terceros, información que por su naturaleza solo podrá ser entregada con previa
autorización de los titulares de derechos.

Finalmente, se le informa al peticionario que la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” el
11 de septiembre de 2023, le remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
la solicitud para que se ejerciera el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de los 4 actos administrativos que reconocieron homologación y/o exoneración
mencionados al inicio del escrito […]». (sic)

18. Así pues, el juez de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, al considerar que con las respuestas brindadas se satisfizo el
derecho fundamental de petición del demandante y que, de ser el caso, el recurso
de insistencia era el mecanismo idóneo para discutir acerca del carácter público o
reservado de la información solicitada.

19. En concordancia con ello, el demandante agotó el respectivo recurso de
insistencia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A10, en providencia del 14 de julio de 2025 declaró su improcedencia al
considerar:

«[…] De conformidad con lo anterior, se tiene que la entidad sustentó la negativa a la
entrega de lo pretendido en razón a que no podía compartir información a terceros; es
decir que, la entidad no negó el acceso a la información por contar esta con calidad de
reserva legal o constitucional, sino que brindó una respuesta incompleta; situación que
a todas luces permite inferir la improcedencia del recurso de insistencia; en atención a
que este instrumento constitucional fue creado como mecanismo de protección al
derecho fundamental de petición en los escenarios en los cuales las entidades niegan el
compartir o acceder a cierto tipo de información por contar esta con calidad de reserva
legal, y no frente a los casos en los cuales la entidad no brinda una respuesta de fondo
o sin correspondencia entre lo pedido y lo resuelto; situación que desborda la
competencia del recurso de insistencia establecida en el artículo 24 de la Ley 1755 de
2015. […]». (sic)

20. Superado esto y de cara a la discusión planteada por el demandante, no es
posible desconocer que el numeral 6.º de la petición que presentó el 1.º de abril de
2025 ante la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” contiene una solicitud muy
precisa, en la medida en que partió de la premisa según la cual, de darse respuesta
afirmativa al numeral 5.º de la solicitud, debía determinarse a los beneficiarios de la
mencionada exoneración u homologación con el respectivo acto administrativo y,
en caso de ejercerse medio de control alguno contra esa decisión de la
administración, señalar el número de radicado o, caso contrario, indicar que este no
se promovió.

21. Al respecto, esta Sala de decisión debe comenzar por precisar que, si bien es
cierto una respuesta de fondo a una petición no implica acceder u otorgar lo
solicitado, no se puede desconocer que en aquellos casos en los que se inmiscuye
el derecho fundamental de acceso a la información pública, ocurre lo contrario, en
tanto la regla general consiste en que las autoridades tienen el deber constitucional

10 Radicado 25000234100020250105500.

8

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Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

de entregar a quien lo requiera, información clara, completa, oportuna, cierta y
actualizada sobre cualquier actividad del Estado11.

22. De tal manera, en tratándose de este tipo de solicitudes, las restricciones al
derecho de petición e información deben ser excepcionales y estar preceptuadas
de manera expresa en la ley, como ocurre en ciertos asuntos como los enunciados
en la Ley 1712 de 201412.

23. Ahora bien, tal como se verificó en primera instancia, la Escuela Judicial remitió
al demandante a un enlace de su página web para que verificara lo pertinente, sin
embargo, este tipo de contestación resulta insuficiente ya que ello, por sí solo, no le
garantizó que pudiera acceder de manera efectiva a la información requerida, pues,
al confrontar su contenido, se observó que allí se encuentran innumerables
adjuntos, sin que sea posible establecer con precisión aquellos que interesan al
asunto, lo cual configura la vulneración del derecho fundamental de petición
alegada.

24. Esto, debido a que, si bien en el portal se pueden descargar resoluciones que
niegan o conceden solicitudes de homologación y exoneración del IX Curso de
Formación Judicial resulta difícil, por no decir imposible, identificar cuáles de ellas
corresponden a los casos en que se otorgó la homologación o exoneración a
aspirantes en idéntica situación jurídica y fáctica a la del demandante. Lo anterior,
ya que en todos los actos que conceden el beneficio se afirma que cumplían los
requisitos, sin señalar elementos que permitan determinar el “error” denunciado. Por
tanto, la información solicitada no puede obtenerse del enlace suministrado y debe
ser entregada por la administración de manera directa, clara y específica.

25. Por su parte, en cuanto al número de radicado de los medios de control ejercidos
o la manifestación de su no ejercicio, la deficiencia en la respuesta es aún más
evidente, pues el sitio web al que remite la administración no contiene ni puede
contener esta información, ya que aquellos datos no figuran en los actos
administrativos de homologación o exoneración.

26. Sumado a esto, la información sobre el ejercicio o no de los medios de control
respecto de los actos administrativos que, por “error”, otorgaron el beneficio, se
encuentra en poder de la entidad demandada y sólo ella puede proporcionarla. Por
ello, tiene la obligación de entregarla de forma completa, precisa y comprensible.

27. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la Escuela Judicial, respecto del Oficio
EJO25-1410 del 3 de junio de 2025 (aportado con el informe rendido en sede de
tutela), la Sala considera que, si por regla general las autoridades deben garantizar
el derecho de acceso a la información pública, no resulta admisible argumentar que

11 Al respecto, consultar las sentencias C-491 de 2007, C-274 de 2013, C-491 de 2007, C-274 de

2013, T-487 de 2017, C-007 de 2018 y C-067 de 2018 de la Corte Constitucional.
12 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

lo solicitado por el demandante desconocería el derecho al habeas data, conforme
a la Ley 1581 de 201213, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, en tratándose
de actuaciones adelantadas en el marco de un proceso de mérito público que, como
bien lo mencionó en la respuesta inicial, «[l]a información solicitada está disponible en
el sitio web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Puede consultarse a través del
siguiente enlace: https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/publicaciones-ix-cfji […]».

28. Lo anterior, en tanto se trata de actuaciones y pronunciamientos de la
administración desarrollados, se insiste, en el marco de un concurso de méritos
regido por los principios de publicidad y trasparencia, que ya están publicados en la
página web de la entidad, según esta lo indicó, solo que, ante la dificultad que
representa la cantidad de información allí cargada, lo pretendido no es otra cosa
que la individualización de la información solicitada.

29. Por su parte, al acceso a la administración de justicia implica la existencia de
condiciones tanto materiales como jurídicas que garanticen al ciudadano el ejercicio
efectivo de su derecho de acción. En el sub examine, ello comprende el acceso a la
información indispensable para identificar con precisión los actos administrativos
que el demandante pretendiera coadyuvar y/o controvertir.

30. De tal forma, como garantía del debido proceso, para promover medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es imprescindible contar con
un conocimiento claro y completo del acto a impugnar, lo que incluye datos
esenciales como su fecha, número, contenido y destinatarios.

31. Ahora, es evidente y legítimo el interés del demandante frente a la puntual
información solicitada, en calidad de participante del Concurso de Méritos
correspondiente a la Convocatoria 27 —dirigida a la provisión de cargos de jueces
y magistrados de la Rama Judicial— y de funcionario judicial de carrera desde el
año 2018, como juez Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, a
quien la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” le ha rechazado de manera reiterada
su solicitud de exoneración y/o homologación.

32. En este contexto, la información requerida a través de la petición objeto de
amparo reviste carácter esencial para garantizar el ejercicio del derecho
fundamental de acceso material a la administración de justicia, el cual se podría ver
afectado por la respuesta de la entidad.

3. Conclusión

33. Así las cosas, se revocará la decisión del a quo para, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales de Manuel Laverde Enciso y, en consecuencia, ordenar al
Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que,
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, otorgue una

13 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03078-01
Demandante: Manuel Ricardo Laverde Enciso

respuesta clara, concreta, de fondo, integral, congruente y suficiente a la pregunta
número 6 de la petición presentada el 1. º de abril de 2025.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su lugar, amparar los derechos fundamentales de
petición y acceso a la información y administración de justicia de Manuel Laverde
Enciso.

Segundo. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, otorgue una respuesta clara, concreta, de fondo, integral, congruente y
suficiente a la pregunta 6 de la petición presentada por Manuel Laverde Enciso el
1.º de abril de 2025

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/ LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

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