RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03085-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03085-00

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03085-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Roosvelt Rodríguez Rengifo y Gisselle Carolina Martínez Freiter, en sus calidades de Superintendente y jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, respectivamente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto de 7 de febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el incidente de desacato de tutela con Rad. 05001-33-33-020-2024-00310-02. En consecuencia, ORDENAR que, en el término de 10 días, contados desde la notificación de esta providencia, dicha autoridad judicial profiera una nueva decisión, en el marco del grado de consulta de desacato, que atienda lo expuesto en la presente sentencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 15. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03085-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C. 19 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado
y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite del incidente de desacato|
Sanción por desacato – ampara

Síntesis del caso: Los accionantes cuestionaron las decisiones judiciales que les impusieron
sanciones por desacato, al considerar que no se acreditó el elemento subjetivo de la
responsabilidad ni se valoró adecuadamente el material probatorio.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Roosvelt Rodríguez
Rengifo, Superintendente de Notariado y Registro, y Gisselle Carolina
Martínez Freiter, jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro, contra el Juzgado 20 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados. 1.3. Trámite relevante en primera instancia.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 21 de mayo de 2025, Roosvelt Rodríguez Rengifo y Gisselle Carolina
Martínez Freiter presentaron una acción de tutela con solicitud de medida
provisional contra el Juzgado 20 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de su derecho al
debido proceso (defensa), con ocasión de los Autos de 4 y 7 de febrero de
2025, proferidos en el marco de un incidente de desacato por
incumplimiento de la Sentencia de tutela de 13 de diciembre de 2024 Rad.
05001-33-33-020-2024-00310-01/02.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):

“Primera. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
derecho de defensa del Doctor Roosvelt Rodríguez Rengifo, en su calidad de
Superintendente de Notariado y Registro y de la Doctora Gisselle Carolina
Martinez Freiter, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Superintendencia de Notariado y Registro, conculcados en las providencias del
4 y 7 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Veinte (20) Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
respectivamente.

Segunda. Se declare que las providencias del 4 y 7 de febrero de 2025,
proferidas por el Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito de Medellín y
el Tribunal Administrativo del Circuito de Antioquia, incurrieron en defectos
generales y particulares que permiten la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

Tercera. Se revoque la medida de multa adoptada en el marco del incidente
de desacato contra el Doctor ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO, en su calidad
de Superintendente de Notariado y Registro y de la Doctora GISSELLE
CAROLINA MARTINEZ FREITER, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, en las providencias del
4 y 7 de febrero de 2025, proferidas por el Juzgado Veinte (20) Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cuarta. Se ordene la compulsa de copias a la Comisión de Disciplina Judicial
de los funcionarios judiciales que participaron en el caso concreto, para que
se revise la conducta desplegada por ellos en el caso concreto”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 30 de mayo de 2023, Armith Moreno Torres solicitó a la
Superintendencia de Notariado y Registro los documentos relacionados con
su inscripción en el concurso de notarios de 2015.

5. 2) El 6 de noviembre de 2023, Armith Moreno Torres presentó acción
de tutela contra dicha entidad por falta de respuesta. El 19 de noviembre
de 2024, el Juzgado 20 Administrativo de Medellín declaró improcedente la
acción por hecho superado, ya que la entidad, el 13 de noviembre de 2024,
dio respuesta al remitir 25 documentos cargados por el participante en la
etapa de inscripción.

6. 3) Armith Moreno Torres presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión. Afirmó que la entrega de la información por vía
electrónica había sido manipulada, por lo que solicitó que se allegara en
CD, y sostuvo que la respuesta era incompleta, ya que, a pesar de haber
entregado 4 constancias de experiencia laboral, la entidad únicamente
remitió 3. Adujo que ese error en la información le restó 13 puntos dentro del
concurso.

2 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

7. 4) El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó el fallo de primera instancia, ya que, de la respuesta de la entidad,
comprobó que las constancias de experiencia laboral no estaban
completas. En el aplicativo Alephsa, Armith Moreno Torres registró 4
experiencias, entre ellas, el cargo de asesor administrativo de Municipios
Asociados de Urabá (MADU). Sin embargo, la entidad no entregó la
constancia correspondiente a dicho cargo, a pesar de que se afirmó que
fue aportada el 25 de mayo de 2015. Por esta razón, se amparó el derecho
fundamental de petición y se ordenó a la “Superintendencia de Notariado
y Registro que emita respuesta de fondo en la que se otorgue de manera
completa la información pretendida en la solicitud del 30 de mayo de 2023,
y/o se justifiquen suficientemente las razones por la cuales se origina la
inconsistencia en la información”.

8. 5) En cumplimiento de la orden dada, el 18 de diciembre de 2024, la
Superintendencia reiteró su respuesta. Precisó que, al revisar el sistema
Alephsa, entregado por la Universidad Nacional de Colombia, como
operador logístico del concurso de méritos, se observó que en el módulo de
experiencia se relacionaban tres instituciones: la Superintendencia, la
Contraloría Municipal de Turbo y MADU. Indicó que, al examinar el
certificado cargado en esta última, se evidenció que en una única página
se encontraba la certificación correspondiente al cargo de director
ejecutivo. Señaló que no reposaba una certificación laboral del cargo de
asesor administrativo en MADU.

9. También señaló que Armith Moreno Torres presentó un recurso de
reposición contra el Acuerdo 4 de 2015, que publicó la lista preliminar de los
admitidos e inadmitidos, por no haberse calificado la experiencia en el
cargo de asesor administrativo en MADU. Sin embargo, la Superintendencia,
mediante la Resolución 456 de 2015, sostuvo que, al verificar el sistema, se
pudo corroborar que, si bien inscribió la experiencia como asesor
administrativo en MADU, esta nunca fue acreditada ya que el documento
que se encontraba en el aplicativo no certificaba dicha experiencia.

10. 6) Armith Moreno Torres presentó incidente de desacato, y el Juzgado
20 Administrativo de Medellín lo abrió, al considerar que la respuesta de la
Superintendencia no cumplía con la orden de tutela ni justificaba de
manera clara la omisión.

11. 7) El 24 de enero de 2025, la Superintendencia solicitó, con carácter
urgente, a la Universidad Nacional que explicara por qué no se avaló en el
concurso de notarios 2015 la experiencia registrada por Armith Moreno Torres
como asesor administrativo en MADU.

3 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

12. 8) El 27 de enero de 2025, la Superintendencia se pronunció sobre la
apertura del incidente de desacato. Alegó que realizó todas las gestiones
necesarias para cumplir la orden con la información que poseía, por lo que
no se configuró el elemento subjetivo de responsabilidad. Asimismo, se refirió
a la solicitud urgente que presentó ante la Universidad Nacional y pidió su
vinculación. Además, mencionó que Armith Moreno Torres ya había
promovido una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante
el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá, la cual fue desestimada el 9 de
noviembre de 2023 por falta de prueba idónea sobre la experiencia en
MADU ni que evitó el error de cargar 2 veces el mismo archivo en el sistema2.

13. 9) El 4 de febrero de 2025, el Juzgado 20 Administrativo de Medellín
impuso sanción de 1 salario mínimo mensual legal vigente a los accionantes.
Concluyó que no justificaron adecuadamente la inconsistencia ni
cumplieron la orden de tutela. Si bien, la entidad le solicitó una certificación
a la Universidad Nacional, no es procedente limitar el cumplimiento de la
orden de tutela a un trámite interadministrativo, ni puede ser utilizado como
pretexto para justificar su cumplimiento, especialmente cuando la
Superintendencia tuvo la posibilidad de ejercer todas las acciones
necesarias para obtener la información antes de abrirse el incidente. Ese
retardo, a su juicio, reflejó una falta de diligencia.

14. 10) El 7 de febrero de 2025, la Superintendencia solicitó la nulidad del
incidente por indebida integración del contradictorio al no vincularse a la
Universidad Nacional. Reiteró la inexistencia del elemento subjetivo de la
responsabilidad. Además, en oficio separado, ese mismo día, la entidad le
informó al accionante que, en el sistema operativo entregado por la
Universidad Nacional de Colombia, una vez liquidado el contrato
interadministrativo suscrito para el desarrollo del concurso de notarios de
2015, no reposaba una certificación laboral correspondiente al cargo de
asesor administrativo en MADU. Por esta razón, le indicó que se escapaba
de su competencia entregar un documento que no poseía y que no fue
suministrado por el responsable de su custodia y archivo. Además, remitió un
CD con los documentos que fueron cargados y puso a disposición la
posibilidad de verificar presencialmente los documentos.

15. 11) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Auto de 7 de
febrero de 2025, al resolver el grado de consulta, confirmó la sanción
impuesta y ordenó devolver el expediente. Citó la Sentencia SU-034 de 2018

2 Rad. 11001333503020210036000. “el actor allegó un CD, con el que prometió demostrar que si subió a la web del

concurso el archivo que consta su trabajo como asesor administrativo, empero el despacho verificó que contenía
un PDF en el que incide con los anexos impresos visibles a folio 2 y siguientes de los cuales se verifica que el
accionante registró cuatro experiencias laborales, lo cual no descarta que haya adjuntado el mismo documento
para dos de ellas”. No obstante, se negaron las pretensiones porque “las pruebas que presentó el acto dentro del
trámite de tutela son insuficientes para acreditar que, si aportó el certificado de experiencia como asesor
administrativo del MADU, esto es que no incurrió en el error de subir al aplicativo dos veces el mismo archivo (…)”.

4 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

de la Corte Constitucional y destacó los componentes del factor objetivo y
subjetivo que configuraban la sanción en el trámite de desacato. Sobre el
elemento objetivo, concluyó que se configuró el incumplimiento de la
orden. Respecto del elemento subjetivo, señaló que no existía justificación
válida para haber demorado su cumplimiento, pese a que la entidad
explicó las razones por las cuales no aparecía la constancia que acreditaba
la experiencia en el cargo de asesor administrativo. Indicó que dicha
respuesta no constituía una respuesta de fondo, pues, aunque la entidad
insistió en que solo se registraron 3 experiencias, en el aplicativo obraban 4,
cada una acompañada de su respectivo archivo en formato PDF.

16. 12) El 11 de febrero de 2025, la Superintendencia interpuso recurso de
reposición, en el que señaló que no se resolvió la solicitud de nulidad, se
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional (SU-034 de 2018) y
se aplicó indebidamente la responsabilidad objetiva.

17. 13) El 14 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
indicó que no era competente para pronunciarse sobre el recurso, ya que
correspondía al juzgado de primera instancia estudiar la inaplicación de la
sanción.

18. 14) El 17 de febrero de 2025, el Juzgado 20 Administrativo de Medellín
negó la solicitud de inaplicación de la sanción. Indicó que el incidente no
permitía la vinculación de terceros y que la solicitud no se planteó
oportunamente durante el proceso de tutela. Reiteró que la entidad no
había cumplido la orden ni ofrecido una justificación adecuada.

19. 15) El 19 de marzo de 2025, el Juzgado 20 Administrativo de Medellín
requirió nuevamente a la Superintendencia tras recibir nueva manifestación
de incumplimiento. La entidad explicó que la respuesta de la Universidad
Nacional era indispensable y, dado su silencio, la Superintendencia presentó
acción de tutela. El Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, mediante
Sentencia de 18 de marzo de 2025, amparó el derecho de petición y le
ordenó a la Universidad Nacional responder3. El 2 de abril de 2025, se ordenó
la apertura de un segundo incidente de desacato porque seguía sin
cumplirse integralmente la orden.

3 Rad. 11001-33-42-052-2025-00080-00. “revisada las pruebas obrantes en el plenario, este Despacho observa que,

la accionada no ha dado una respuesta clara, precisa, coherente y oportuna a la petición de la accionante, pues
solo se limita a indicar que no podía brindar información del concursarte Armith Moreno Torres o de cualquier otro,
debido a que por sus obligaciones derivadas del contrato interadministrativo No. 998 de 2014, entregó la totalidad
de la documentación presentada por los aspirantes al concurso notarial a la Superintendencia de Notariado y
Registro, sin tener copia de ello. Si bien es cierto que la entidad accionada remitió toda la información del concurso
de méritos a la Superintendencia de Notariado y Registro, no es de recibido el argumento que debido a eso no
puede resolver de fondo la petición de la actora pues como operador logístico debió conservar alguna copia de
los criterios que utilizó para evaluar y/o validar los requisitos de los concursantes, y como quiera que, en el presenta
caso, la universidad tampoco asumió una actitud proactiva en la búsqueda de la información y, adicional a ello,
trasladó la carga de prueba a la peticionaria, lo que conlleva a la trasgresión del derecho fundamental de
petición”.

5 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

20. 16) Mediante Auto de 11 de abril de 2025, el Juzgado 20 Administrativo
de Medellín impuso una segunda sanción a los accionantes por el presunto
desacato del fallo de tutela de 13 de diciembre de 2024. Consideró que, a
pesar de la acción de tutela presentada contra la Universidad Nacional, la
entidad no había obtenido información concreta que justificara la
inconsistencia detectada en la documentación. Ese mismo día, la
Superintendencia comunicó al solicitante su imposibilidad de entregar el
documento requerido e intervino en el grado de consulta reiterando dicha
posición.

21. 17) El 22 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante providencia revocó la sanción impuesta mediante Auto de 11 de
abril de 2025. Concluyó que la Superintendencia había cumplido con la
orden judicial, al justificar debidamente las razones por las cuales no
contaba con la certificación solicitada. Precisó que, aunque el accionante
registró experiencia como asesor administrativo de MADU, el documento
cargado en el sistema no acreditaba dicha experiencia.

22. El Tribunal destacó que la entidad presentó un memorial explicando
todas las gestiones adelantadas, incluida la petición a la Universidad
Nacional y la posterior acción de tutela por la falta de respuesta. Señaló que
la Superintendencia actuó con diligencia y agotó los medios jurídicos
disponibles. Por tanto, se acreditó una imposibilidad fáctica para el
cumplimiento total de la orden judicial, al encontrarse la información en
poder de un tercero, lo que constituía una causal eximente de
responsabilidad.

23. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte
accionante alegó que el Juzgado 20 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al imponer sanción por desacato en los Autos
de 4 y 7 de febrero de 2025, incurrieron en defectos sustantivo y fáctico.

24. Respecto del defecto sustantivo, afirmó que las providencias
enjuiciadas desconocieron el régimen legal aplicable y la jurisprudencia4
sobre la imposición de sanciones en incidentes de desacato. En particular,
advirtió la ausencia de análisis del componente subjetivo de la
responsabilidad, ya que no se acreditó ni justificó la existencia de dolo o
culpa. Reiteró que la entidad activó todos los mecanismos institucionales
para cumplir la Sentencia de 13 de diciembre de 2024 y, por ende, no podía
atribuírsele responsabilidad subjetiva.

4 Las Sentencias SU-34 de 2018, T-744 de 2003 y T-939 de 2005 de la Corte Constitucional y el Auto de 12 de diciembre

de 2006, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Auto de 12 de diciembre de 2006,
Rad. 68001-23-15-000-2004- 02993-01 y Sección Primera, Auto de 27 de mayo de 2010, Rad.
44001233100020040066901.

6 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

25. Manifestó que las providencias no valoraron adecuadamente el rol
de la Universidad Nacional en la conservación de la información requerida,
ni reconocieron que la Superintendencia había cumplido con sus
competencias. Afirmó que imponerle el cumplimiento exclusivo de la orden
superó sus atribuciones legales. La sanción fue desproporcionada y
contraria a la finalidad del incidente de desacato, que no busca castigar,
sino asegurar la ejecución de los fallos.

26. Por último, manifestó que no podía exigirse a la entidad el
cumplimiento de una obligación imposible, dado que no contaba con el
documento requerido, el cual estaba bajo custodia de la Universidad
Nacional. Además, las autoridades judiciales ignoraron las acciones
positivas emprendidas por la Superintendencia para cumplir con la orden.

27. En relación con el defecto fáctico, señaló que las decisiones judiciales
desconocieron arbitraria y abiertamente las pruebas allegadas sobre el
cumplimiento del fallo. Recordó que el juez de tutela ordenó emitir una
respuesta de fondo y completa, o justificar las razones de la inconsistencia.
Afirmó que la Superintendencia cumplió esa instrucción, tal como lo explicó
en sus informes y en los hechos relatados en la demanda.

28. Añadió que los jueces no realizaron una revisión adecuada de los
informes y soportes presentados oportunamente. La entidad no solo justificó
la inexistencia de la certificación, sino que agotó el alcance de la orden
judicial. Además, desplegó múltiples acciones para comunicar su respuesta
al accionante.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

29. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 indicó que la Superintendencia
no solicitó oportunamente la vinculación de la Universidad Nacional ni
gestionó actuaciones ante esa institución para obtener la información
requerida, ni durante la acción de tutela ni en su respuesta al incidente.
Consideró improcedentes las solicitudes de nulidad y de vinculación, y
aclaró que no debía confundirse el trámite de tutela con el incidente de
desacato.

30. Sobre el primer incidente de desacato, sostuvo que la gestión
insuficiente de la Superintendencia justificó la confirmación de la sanción.
En contraste, en el segundo incidente se acreditó que la entidad carecía de

5 Mediante Auto de 26 de mayo de 2025, el despacho ponente 1) admitió la acción de tutela, 2) tuvo como

demandado al Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 20 Administrativo de Medellín, 3) vinculó a Armith
Moreno Torres como tercero interesado, y 4) negó la medida provisional solicitada.
6 Índice 11 de Samai.

7 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

la información solicitada y había desplegado múltiples gestiones, incluidas
acciones judiciales contra la Universidad Nacional. Esto evidenció una
imposibilidad fáctica real y una actuación diligente, lo que justificaba la
inaplicación de la nueva sanción, sin revocar los autos previos que
respetaron el debido proceso.

31. El Juzgado 20 Administrativo de Medellín7 afirmó que la Universidad
Nacional no podía ser vinculada al incidente, ya que no fue parte en la
tutela ni tuvo oportunidad de ejercer su defensa. Señaló que la
Superintendencia solo empezó a actuar tras la imposición de la primera
sanción, pues inicialmente se limitó a declarar que no tenía el documento
solicitado, sin ofrecer una explicación suficiente sobre la inconsistencia. Las
acciones posteriores fueron consecuencia directa de las órdenes impartidas
por el juzgado.

32. Armith Moreno Torres8 insistió en que la Superintendencia no ha
cumplido el fallo de tutela. Afirmó que la omisión de una de sus constancias
laborales afectaba el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y
denunció que dicha omisión habría tenido fines políticos.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

33. En cumplimiento del Auto de 31 de julio de 20259, la Secretaría General
de esta Corporación, el 4 de agosto siguiente, llevó a cabo el sorteo de
conjuez para integrar la Sala de Decisión en la acción de tutela de la
referencia, y, en dicha diligencia, resultó designado el consejero de Estado
William Barrera Muñoz.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato. 2.4. Verificación de defectos
alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

34. El análisis de la presente acción de tutela se centrará en el Auto de 7
de febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
resolvió el grado jurisdiccional de consulta y confirmó la sanción impuesta a

7 Índice 10 de Samai.
8 Índice 12 de Samai.
9 Mediante el cual se dispuso (se trascribe) “Habida cuenta de que no se alcanzó la mayoría frente al proyecto de

sentencia presentado por el suscrito, en la Sala de la Subsección de 28 de julio de 2025, se hace necesario que,
por Secretaría General, se proceda a sortear y designar un conjuez para que integre la Sala de Decisión en la
acción de tutela de la referencia y, en esa medida, se complete el quórum requerido (…)”.

8 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

los accionantes. Esta delimitación obedece a que, si bien la parte
accionante también cuestionó la providencia que impuso la sanción en
primera instancia, fue la decisión del tribunal la que resolvió de forma
definitiva la controversia planteada en el trámite incidental de desacato.
Además, en caso de un eventual fallo favorable, correspondería a dicho
tribunal dar cumplimiento a la orden de tutela.

2.2. Fijación de la controversia

35. Le corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
dictadas en el marco de los incidentes de desacato, si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta,
vulneró el derecho al debido proceso al confirmar la sanción por desacato
impuesta a los accionantes, e incurre en un defecto sustantivo y/o fáctico,
al imponer la sanción sin valorar los elementos de la responsabilidad
sancionatoria, conforme a la ley, la jurisprudencia y a las actuaciones y
respuestas presentadas por la Superintendencia de Notariado y Registro
durante el trámite incidental.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato

36. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018,
estableció que para la procedencia de la acción de tutela frente a
decisiones adoptadas en el trámite de un incidente de desacato, deben
cumplirse los siguientes requisitos: (1) que se acreditaran los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de una de las
causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada en el trámite
de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela
era improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, y (3) que los
argumentos del promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con
lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato.

37. En este caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, porque no existe medio de defensa judicial idóneo y
eficaz que permitiera a la parte accionante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que las decisiones de
desacato, únicamente, son objeto de grado de consulta, según el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991, y no se admiten recursos ordinarios ni

9 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

extraordinario ni solicitud de nulidad. Por esta razón, la acción de tutela es
el único mecanismo de defensa disponible10.

38. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación del Auto de 7
de febrero de 2025 (13/2/202511) y la interposición de la presente acción de
tutela (21/5/2025)12. No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una providencia que confirmó la sanción impuesta en un
incidente de desacato de tutela. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.

39. Por último, la controversia tiene relevancia constitucional por las
siguientes razones: (1) conlleva una aparente afectación a derechos
fundamentales, con ocasión al posible desconocimiento normativo y
jurisprudencial y a la indebida valoración de pruebas; (2) no discute un tema
simplemente económico o de legalidad, ni pretende reabrir un pleito ya
zanjado o debatido, sino que por el contrario se busca evitar una afectación
inminente ante el desconocimiento de garantías fundamentales con
ocasión de la consulta de un incidente de desacato de tutela; (3) la
providencia enjuiciada se encuentra ejecutoriada y (5) los argumentos de
la parte actora fueron consistentes con los planteados en el trámite del
incidente de desacato.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales

40. La Sala amparará el derecho al debido proceso, al haberse
acreditado la existencia de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional13 y un defecto fáctico por omisión en el análisis
del elemento subjetivo requerido para imponer la sanción.

10Corte Constitucional, Auto-55 de 2020 “en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión que decide el

desacato únicamente es objeto de grado de consulta y no se prevé ningún recurso adicional contra las
providencias que sean emitidas en este trámite.[32] De manera que no es procedente el recurso de reposición, ni
la solicitud de nulidad. También ver, Sentencia C-243 de 1996 y T-553 de 2002. “es por ello que la correcta
interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad,
no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es
decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso
de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta,
cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la sanción, pero que en
sí mismo no se erige como un medio de impugnación”.
11 Según la información el índice 11 de SAMAI se envió la comunicación el 11 de febrero de 2025.
12 Según acta Individual de reparto.
13 La Corte Constitucional ha sostenido que “el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente ocurre

cuando, «por vía judicial, se ha establecido una regla para solucionar un asunto determinado y esta es
inobservada por el juez al resolver un asunto similar”. Asimismo, la Corte Constitucional ha advertido el defecto
sustantivo también se configura cuando se “efectúa una interpretación que, en principio, parece razonable, «pero
que en realidad es contraria a los postulados constitucionales o conduce a resultados desproporcionados»”.
Sentencias SU 138 de 2024 y SU 213 de 2022.

10 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

41. Las Sentencias SU-34 de 2018, T-939 de 2005 y T-744 de 2003 de la Corte
Constitucional, citadas por el accionante, constituían precedente aplicable
a la providencia enjuiciada. En ellas se exige la acreditación de los
elementos objetivo y subjetivo para imponer sanción por desacato, lo cual
fue ignorado en la providencia enjuiciada, que se sustentó únicamente en
el elemento objetivo.

42. En la Sentencia SU-34 de 2018, la Corte Constitucional precisó que,
para imponer una sanción en el trámite de desacato de una acción de
tutela, es indispensable acreditar tanto el elemento objetivo como el
subjetivo, a fin de garantizar el respeto del debido proceso de las personas
involucradas (se trascribe):
“De lo expuesto, se colige que al momento de resolver un incidente de
desacato, la autoridad judicial debe tomar en consideración si
concurren factores objetivos y/o subjetivos determinantes para valorar el
cumplimiento de una orden de tutela por parte de su destinatario.

Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta variables como (i) la
imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la
ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas
inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la capacidad funcional
de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo
dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución
de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento.

Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias
como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió
allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas
orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados son
enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela”.

43. En la Sentencia T-939 de 2005, la Corte Constitucional analizó la
diferencia entre el incumplimiento y el desacato, y destacó la naturaleza
subjetiva de este último. Además, señaló que la ausencia del elemento
objetivo o subjetivo justificaba la procedencia de la acción de tutela (se
trascribe):

“Conforme a la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida
proveniente de éste debe estar soportada por la garantía del debido proceso
respecto de cada uno de los disciplinados y precedida por la comprobación
probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la
orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no
reunirse cualquiera de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento
que rige la acción de tutela y la jurisprudencia de esta Corporación, no será
posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a ocurrir, procederá el
examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales”.

11 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

44. En la Sentencia T-744 de 2003, la Corte Constitucional reiteró su
jurisprudencia sobre la exigencia de responsabilidad subjetiva en el trámite
de desacato. Destacó, en particular, los alcances de la Sentencia T-458 de
2003 y la obligación del juez de verificar la culpabilidad antes de imponer
una sanción. Asimismo, citó la Sentencia T-763 de 1998 para resaltar el poder
correccional del juez de tutela para garantizar el cumplimiento de sus
órdenes (se trascribe):

“Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es
decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento. Y, si se trata del superior inmediato del funcionario
que ha debido cumplir la orden, tratándose de la tutela, adicionalmente ha
debido existir una orden del juez requiriéndolo para que hiciere cumplir por el
inferior el fallo de tutela, dándosele un término de cuarenta y ocho horas
porque así expresamente lo indica el artículo 27 del decreto 2591 de 1991”.

45. La Sala advierte que, si bien la acción de tutela no hace referencia
expresa a la Sentencia C-367 de 2014, la Corte Constitucional examinó de
forma similar la materia objeto de análisis en el marco del control abstracto
de constitucionalidad (se trascribe):

“El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad
de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener
consecuencias en diversos ámbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el
incumplimiento obedece a una situación objetiva, dada por los hechos y sólo
por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva,
en la cual es relevante la culpabilidad de su autor.

En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la
voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que
responde a una situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una
imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de
manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la
satisfacción material del derecho involucrado “es procedente acudir a otros
medios que permitan equiparar la protección del derecho fundamental (…) o
que mitiguen los daños causados a la persona afectada”, valga decir, se
puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo. (…)

46. A partir de la jurisprudencia constitucional consolidada, la ausencia
de análisis del elemento subjetivo en el incidente de desacato vulnera el
derecho al debido proceso, dado que se prohíbe la responsabilidad
objetiva en estos casos. Para imponer la sanción, es necesario demostrar
que el incumplimiento fue producto del dolo o la negligencia del obligado.

47. En el caso bajo estudio, el Tribunal Administrativo de Antioquia
desconoció la jurisprudencia constitucional al no agotar un juicio de
responsabilidad subjetiva que permitiera establecer si el desacato se originó
en una actuación negligente o dolosa atribuible a los accionantes, a pesar
de que estos, en el trámite incidental, reiteraron la necesidad de acreditar

12 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

tanto el elemento objetivo como el subjetivo para imputar responsabilidad
sancionatoria.

48. Por el contrario, la decisión enjuiciada que confirmó la sanción se
fundamentó en que los accionantes no lograron demostrar el cumplimiento
de la orden judicial, consistente en emitir una respuesta de fondo, en la
“medida en que la Supernotariado insiste en que solo se registraron 3
experiencias, por más de que en el trámite de tutela se lograra demostrar
que en el aplicativo Alepsha fueron 4 las experiencias registradas”. Asimismo,
se sostuvo que no se “presentó ninguna justificación valida” que permitiera
exonerar de responsabilidad por el incumplimiento de la orden de tutela.

49. El Tribunal adoptó una interpretación que, en apariencia, resultaba
razonable, pero que en realidad contraviene los postulados
constitucionales, dado que la responsabilidad objetiva está proscrita en la
imposición de sanciones. La confirmación de la decisión conlleva resultados
desproporcionados, al sancionarse sin que exista certeza sobre cómo la
conducta contribuyó al incumplimiento de la orden judicial emitida en el
marco de la acción de tutela.

50. Aunque el fallo hace alusión al principio de culpabilidad que orienta
el debido proceso en el trámite de un incidente de desacato, el Tribunal no
explicó cómo la conducta concreta de los accionantes contribuyó al
incumplimiento de la orden judicial. Tampoco examinó si estos desplegaron
acciones orientadas a dar cumplimiento a lo ordenado, dentro del marco
de sus competencias y de sus posibilidades fácticas y jurídicas. La
providencia se limitó a enunciar el principio, sin aplicar realmente un juicio
de responsabilidad subjetiva conforme a los estándares exigidos por la
jurisprudencia constitucional, es decir, sin valorar las circunstancias fácticas
que explicaban la falta de una respuesta completa. Por lo tanto, esta
omisión impidió un verdadero juicio de responsabilidad razonable y
proporcional a la conducta desplegada.

51. En relación con el defecto fáctico, la Sala evidenció que la autoridad
judicial demandada no valoró de manera integral los documentos
aportados durante el trámite incidental para determinar la responsabilidad
de los accionantes.

52. Para llegar a esa conclusión, debe considerarse que el Tribunal valoró
únicamente la respuesta entregada por la entidad al ciudadano el 18 de
diciembre de 2024 para analizar los elementos objetivo y subjetivo del juicio
de responsabilidad. Sin embargo, omitió valorar la gestión desarrollada por
la Superintendencia mediante el oficio SNR2025EE005153 de 24 de enero de
2025, dirigido a la Universidad Nacional (se trascribe):

13 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

“(…) Respetuosamente solicitamos: certificar a esta Oficina Asesora Jurídica las
razones por las cuales la experiencia del concursante Armith Moreno Torres,
identificado con documento 8428090 y UNIP 001794, correspondiente al cargo
de Asesor Administrativo en Municipios Asociados de Urabá “MADU”, la cual se
encuentra registrada en el aplicativo ALEPHSA, no fue avalada en el concurso
de Méritos para el nombramiento de Notarios 201514”.

53. La autoridad judicial tampoco determinó si las órdenes eran fáctica y
jurídicamente posibles de cumplir, de conformidad con las competencias
de la entidad frente a la información solicitada y el contexto en el cual la
Superintendencia accedía a dicha información a través del operador
logístico del concurso de notarios de 2015, que era la Universidad Nacional.

54. El Tribunal, a pesar de contar con pruebas suficientes para evaluar los
elementos objetivo y subjetivo de la responsabilidad de los accionantes,
omitió las gestiones adelantadas por la Superintendencia y no consideró
cuál era la verdadera posibilidad fáctica y jurídica de emitir una respuesta
de fondo al ciudadano. La Sala reafirma que, para imponer una sanción por
desacato, el juez de tutela debe valorar integralmente el contexto en que
se desarrolló la conducta de los involucrados y examinar el material
probatorio en su totalidad. Esta obligación fue desconocida en el presente
caso, lo cual constituyó una trasgresión al debido proceso.

55. Acreditada la configuración de los defectos sustantivo y fáctico, la
Sala concederá el amparo solicitado, dejará sin efectos el Auto de 7 de
febrero de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y
ordenará que adopte una decisión de reemplazo en la que, con arreglo a
la jurisprudencia, la ley y las pruebas aportados, determine si los accionantes
son responsables por el desacato de la orden de tutela.

2.5. Conclusiones

56. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala amparará
el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, dejará sin
efectos la providencia enjuiciada y ordenará rehacer la actuación
conforme con los lineamientos establecidos en la parte motiva de esta
sentencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

14 Índice 11 de Samai.

14 de 15

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03085-00
Demandante: Roosvelt Rodríguez Rengifo – Superintendente de Notariado y Registro y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Roosvelt
Rodríguez Rengifo y Gisselle Carolina Martínez Freiter, en sus calidades de
Superintendente y jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia
de Notariado y Registro, respectivamente, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto de 7 de febrero de 2025, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el incidente de desacato de tutela
con Rad. 05001-33-33-020-2024-00310-02. En consecuencia, ORDENAR que,
en el término de 10 días, contados desde la notificación de esta
providencia, dicha autoridad judicial profiera una nueva decisión, en el
marco del grado de consulta de desacato, que atienda lo expuesto en la
presente sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 15.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

15 de 15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.