Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03099-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03099-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03099-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de agosto de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03099-00
Demandante: Hunza Coal SAS
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: El accionante cuestionó las providencias que denegaron las pretensiones
de una demanda de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la sociedad Hunza
Coal SAS contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de mayo de 2025, la sociedad Hunza Coal SAS, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá y la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos al acceso
a la administración de justicia, igualdad y debido proceso, con ocasión de
las Sentencias de 22 de marzo de 2023 y 11 de diciembre de 2024, proferidas,
respectivamente, en el proceso de reparación directa Rad. 15001-23-33-000-
2015-00041-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó (se
trascribe):
“1. Que se protejan los derechos fundamentales de los cuales se solicita Tutela.
2. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Consejo de Estado,
que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de Tutela,
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03099-00
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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procedan a revocar las sentencias dictada dentro del proceso de acción de
reparación directa cuyo demandante es Hunza Coal S.A.S. en contra de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, departamento de Boyacá y otros
radicado 15001233300020150004100.
3. Que se les ordene a las autoridades judiciales mencionadas, se proceda a
dictar nueva sentencia, teniendo en cuenta los amparos de tutela solicitados y
que sean decretados”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) Hunza Coal SAS desarrollaba desde 2009 un proyecto de minería de
carbón en Tasco (Boyacá), amparado por 3 títulos mineros y sus respectivas
licencias ambientales, otorgadas el 30 de diciembre de 2009.
5. 2) En noviembre de 2011, la demandante solicitó a Corpoboyacá
modificar 2 licencias y expedir permisos para emisión de gases y uso de
aguas. La autoridad accedió, pero condicionó la actividad a la realización
de estudios y obras. A finales de 2012 y durante 2013, la empresa suspendió
operaciones debido a bloqueos comunitarios, lo que le impidió avanzar en
el estudio hidrogeológico, a pesar de haberlo propuesto y no ser obligatorio.
6. 3) La sociedad presentó acción de reparación directa contra
Corpoboyacá, el departamento de Boyacá, el municipio de Tasco, la
Defensoría del Pueblo, la Nación – Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, en la que alegó la falla
del servicio por omisión en el control del orden público, falta de
acompañamiento institucional, presentación de acciones populares que
decretaron la suspensión temporal de la actividad y generación de un
ambiente adverso por parte de Corpoboyacá y otras entidades, lo que
habría imposibilitado el desarrollo de la minería legal.
7. 4) El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó
las pretensiones al considerar inexistente el daño antijurídico. Concluyó que
la licencia ambiental estaba sujeta a la aprobación previa de un sistema de
captación hídrica y su construcción, condiciones que la sociedad no había
cumplido al momento de intentar operar. Por lo tanto, pese a la
obstaculización de la comunidad, no podía atribuirle responsabilidad al
Estado cuando la empresa no había cumplido los requisitos legales para
ejercer la actividad minera. Además, indicó que, con base en los hechos de
la demanda, la sociedad reconoció que ingresó al terreno un taladro para
las perforaciones y el resto de los equipos necesarios para adelantar el
estudio hidrogeológico, pese a que estaba prohibido el ingreso de
maquinaria pesada que afectara la vegetación.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03099-00
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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8. Concluyó que la sola existencia de la licencia ambiental no probaba
la configuración de un daño antijurídico. Era necesario acreditar el
cumplimiento de los condicionamientos exigidos para ejercer legalmente la
actividad, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, la empresa no podía alegar su
propio incumplimiento para exigir responsabilidad estatal.
9. 5) Contra la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y presentó un escrito de complementación. Alegó que la
decisión confundió el daño antijurídico con su imputación, lo cual
desconocía el artículo 90 de la Constitución. Afirmó que se acreditó el daño
que sufrió la empresa y que no estaba obligado a soportarlo, debido a la
omisión de las entidades demandadas frente a actos de terceros (“grupos
ambientalistas”) que impidieron cumplir las condiciones de la licencia
ambiental. Argumentó que la presencia de las autoridades no fue suficiente
para garantizar el ejercicio de la actividad minera formalizada.
10. Reprochó que se negara la existencia de un interés jurídicamente
protegido, al considerar que la empresa no ejecutó ciertas obras exigidas
en la licencia ambiental ni cumplió obligaciones, sin precisar cuáles. Señaló
que su derecho surgía de los títulos mineros y la licencia, y que la ejecución
material era posterior. Afirmó que la comunidad impidió el ingreso de
maquinaria y la realización de estudios y, con ello, el cumplimiento de los
requisitos para iniciar la explotación de carbón. De manera que el tribunal
no valoró sus efectos sobre la empresa ni el rompimiento del equilibrio frente
a las cargas públicas.
11. Negó que la licencia ambiental estuviera condicionada a la
aprobación y ejecución del sistema de captación, y manifestó que tal
exigencia aplicaba únicamente a la concesión de aguas superficiales.
Aseguró que la empresa cumplía los requisitos conforme con los títulos y
licencias, y que no se negó a asumirlos, pero los bloqueos le impidieron
hacerlo. Además, puso de presente que la Resolución 1501 de 2018
estableció una delimitación temporal, que ubicó el proyecto en una zona
excluida de la restricción, por lo que no se prohibía la actividad minera
12. 6) Mediante Sentencia de 11 de diciembre de 2024, la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la denegación de las
pretensiones. Argumentó que no se probó el daño alegado “ausencia de
explotación de actividad minera”, porque “aunque la demandante
demostró ser titular de la habilitación legal para extraer carbón metalúrgico
dentro del área de los contratos de concesión suscritos, en jurisdicción del
municipio de Tosca, Boyacá, (i) la autoridad ambiental le impuso el lleno de
unos requisitos para intervenir y usar los cauces hídricos en una de las zonas
destinadas a la explotación, (ii) una decisión judicial, dentro de un proceso
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de acción popular, decretó una medida de suspensión a esa actividad, y
(iii) la sociedad demandante no acreditó que los instrumentos para ejecutar
los estudios, diagnósticos y obras hídricas se sujetaban a las directrices de la
Resolución que ordenó las obras por mayor impacto ambiental. Las
anteriores circunstancias impiden demostrar la afectación de un interés
legítimo en cabeza de la sociedad demandante”.
13. En consecuencia, concluyó que no se demostró la afectación de un
interés legítimo, pues la inactividad minera obedecía al cumplimiento de
requisitos ambientales y a una medida cautelar de suspensión, derivada de
un proceso de acción popular.
14. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
argumentó que las providencias enjuiciadas incurrieron en los siguientes
defectos:
15. Defecto sustantivo, al realizar una interpretación irrazonable.
Manifestó que en primera instancia se desconoció el artículo 90
constitucional al valorar el daño antijurídico como parte de otros elementos
de responsabilidad, y en segunda instancia, se priorizó el derecho a la
protesta sin contemplar la posibilidad de indemnización por daño
antijurídico.
16. Desconocimiento del precedente sobre daño antijurídico y los títulos
de imputación como la falla del servicio y el daño especial. Cuestionó que
el tribunal analizara el daño a partir de la actuación estatal para determinar
la antijuridicidad, y contrariara la jurisprudencia2. Reprochó también que, en
ambas instancias, aunque se demostró la omisión del deber de protección,
no se aplicó el título de imputación correspondiente. Además, sostuvo que
se priorizó el derecho a la protesta, sin aplicar el daño especial, según el
desarrollo jurisprudencial3.
17. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria. La sentencia de
primera instancia afirmó, sin respaldo probatorio, que no se cumplieron los
requerimientos de la autoridad ambiental, cuando los testimonios
demostraban lo contrario. Señaló que por eso se otorgó la licencia
ambiental Resolución 1865 de 30 de diciembre de 2009 y que “respecto de
2 Se trascribe: “lo cual es totalmente contrario a los preceptuado en los criterios jurisprudenciales de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, que desde largo tiempo lo concibe de esta manera, como lo hace
en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencias de Unificación
Jurisprudencial de 19 de abril de 2012; exp. 21515; y 23 de agosto de 2012, exp. 23492, entre otras”.
3 Se trascribe “El Consejo de Estado en múltiples sentencias ha reconocido este principio, como lo hace la Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2021, exp. 20001-23-31-000-2011-
00333- 01, M.P. Alberto Montaña Plata, cuando expresa; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de 18 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-26-000-2007-00294-01, M.P. Martin Bermuez; Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 08 de noviembre de 2021, exp. 76001-23-31-000-2011-
01395-01, M.P. José Roberto Sáchica Méndez; entre muchas otras”.
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las exigencias de estudios hidrogeológicos y obras previstas en la Resolución
0099 de 12 de enero de 2012 fue Hunza Coal quien los propuso y que
concurrió con los equipos y el personal para realizarlos, pero por causa de
los bloqueos y las consecuentes amenazas no le fue posible realizarlos”. En
consecuencia, el Tribunal no podía afirmar que se obviaron los
requerimientos ni que hubo aprovechamiento de su propia culpa, ya que
siempre intentó cumplir con lo exigido, siendo los bloqueos un hecho
probado.
18. También sostuvo que no se “valorar[on] adecuadamente” las pruebas
que demostraban el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
ambientales, frustrado por los bloqueos. De esas pruebas, refirió:
certificación del alcalde de Tasco de 28 de febrero de 2013 sobre los
bloqueos; certificación “sin fecha” del comandante de policía José
Gregorio Ortega Rojas que los confirma; oficio de 20 de febrero de 2013
dirigido al Ministerio de Defensa Nacional por parte del asesor del Ministerio
de Minas y Energía; oficio de 4 de abril de 2013 en el que se solicitó
intervención de la Defensoría del Pueblo; oficio de 16 de abril de 2013 a la
viceministra de minas pidiendo apoyo y seguridad; y certificado de 24 de
julio de 2014 del alcalde de Tasco sobre las protestas de 2013 y 2014.
19. Violación directa de la Constitución, “por cuanto se vulneran las
normas que contienen los derechos fundamentales a que se ha hecho
referencia en la presente acción de tutela”.
20. Además, puso de presente que se desconoció el principio de
congruencia, porque el Consejo de Estado no resolvió conforme con los
reparos expuestos en el recurso de apelación. Cuestionó que la providencia
hubiera descrito superficialmente el recurso y reconociera los bloqueos, pero
que desviara su análisis hacia la posibilidad de exigir requisitos más estrictos
para la explotación, sin atender que Hunza Coal propuso los estudios
requeridos y que los bloqueos, no su negligencia, impidieron su
cumplimiento. Asimismo, señaló que se configuró una falacia argumentativa
al afirmar el ingreso de maquinaria prohibida, pese a la existencia de
bloqueos. Agregó que las medidas cautelares derivadas de la acción
popular eran temporales. Enfatizó que el derecho a la protesta no podía
justificar daños a particulares ni sustituir el deber judicial de hacer un análisis
riguroso del recurso de apelación.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
4 Mediante Auto de 27 de mayo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandado a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Sala de Decisión 4 del Tribunal
Administrativo de Boyacá y (3) vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional,
Ministerio de Minas y Energía, Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá), Agencia Nacional de Minería,
Defensoría del Pueblo, departamento de Boyacá y al municipio de Tasco, como terceros interesados en el asunto.
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21. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado5
defendió la congruencia de su decisión. Señaló que no se acreditó el daño,
razón por la cual no era procedente avanzar en el estudio de la falla del
servicio, ya fuera por acción u omisión. Indicó que la suspensión de
actividades mineras ordenada en el marco de una acción popular para la
protección de recursos hídricos y de páramos era de obligatorio
cumplimiento y constituyó un factor determinante en la interrupción de las
labores de explotación y exploración. Agregó que se acreditó el ingreso de
taladros, en contravía de la orden contenida en el parágrafo del artículo 4
de la Resolución 99 de 2012 expedida por Corpoboyacá, y que el retiro de
dicha maquinaria influyó en el levantamiento de los bloqueos. Sostuvo que
la acción de tutela cuestionaba la forma en que se resolvió el problema
jurídico, aspecto reservado al juez natural, de manera que la parte
accionante buscaba reabrir el debate ya resuelto.
22. El Tribunal Administrativo de Boyacá6 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Alegó que los argumentos relativos a la obstaculización de la actividad
minera fueron analizados en ambas instancias judiciales. Además, afirmó
que la segunda instancia examinó lo relacionado con el supuesto
desconocimiento del daño antijurídico y con las razones por las que no se
cumplieron las exigencias impuestas por Corpoboyacá, asuntos que ya
habían sido objeto del recurso de apelación.
23. La Agencia Nacional de Minería7, el Ministerio de Defensa Nacional8,
la Policía Nacional9 y la Defensoría del Pueblo10, en escritos separados, pero
con argumentos comunes, solicitaron declarar improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Señalaron
que la tutela no podía utilizarse como una tercera instancia y que no se
acreditó la vulneración de ningún derecho fundamental.
24. Corpoboyacá11 también pidió declarar improcedente la acción, al
considerar incumplido el requisito de subsidiariedad, dado que la parte
actora contaba con el recurso extraordinario de revisión para alegar lo
pretendido en el amparo. Añadió que tampoco se cumplió con el requisito
de inmediatez respecto de la sentencia de primera instancia.
5 Índice 15 de Samai.
6 Índice 21 de Samai.
7 Índice 19 de Samai.
8 Índice 14 de Samai.
9 Índice 17 de Samai.
10 Índice 23 de Samai.
11 Índice 13 de Samai.
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25. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía, el Ejército Nacional, el
departamento de Boyacá y el municipio de Tasco, pese a haber sido
debidamente notificados12, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio y de derechos. 2.2.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusiones.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio y de derechos
26. El análisis de la presente acción de tutela se centrará únicamente en
la Sentencia de 11 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que resolvió en segunda instancia
el proceso de reparación directa. Lo anterior, porque a pesar de que la
parte accionante también enjuició la providencia de primera instancia, fue
la decisión del Consejo de Estado la que resolvió de forma definitiva la
controversia, así como el hecho de que, ante un eventual fallo favorable,
sería el juez de segunda instancia el llamado a cumplir con la respectiva
orden de tutela.
27. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como violados distintos derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la
vulneración de los derechos constitucionales invocados surge como
consecuencia de la misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en
el evento de encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para
conceder el amparo.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. En este caso, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones que pasan a explicarse:
29. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
30. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.
31. Bajo este entendimiento, la Sala considera que, el debate propuesto
en la acción de tutela se centra en la inconformidad de la parte accionante
con la interpretación jurídica y probatoria realizada por el juez de la
reparación directa al analizar los elementos de la responsabilidad y concluir
que no se probó la existencia de un daño jurídicamente protegido.
32. Si bien la parte actora alegó los defectos sustantivo, desconocimiento
del precedente y fáctico, se evidencia que los planteamientos de cada uno
revelan la intención de ampliar el debate sobre el reconocimiento de
perjuicios, pero bajo una consideración jurídica distinta a la adoptada en la
providencia enjuiciada, de buscar una reinterpretación de los elementos de
responsabilidad, concretamente, los títulos de imputación, lo cual excede la
competencia del juez constitucional, y de insistir y centrarse en una supuesta
omisión probatoria sobre el cumplimiento de requisitos y la imposibilidad
para cumplirlos, para, en realidad, reiterar la interpretación planteada en la
demanda y en la apelación, según la cual la empresa no pudo desarrollar
la actividad minera autorizada debido a la omisión de las autoridades
demandadas.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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33. Todo lo anterior obedece a que, desde el recurso de apelación y su
escrito de complementación, la parte accionante centró su argumentación
en demostrar que su situación era susceptible de protección jurídica, dado
que las pruebas acreditaban el daño alegado en la demanda
(“imposibilidad de explotación de actividad minera que cuenta con títulos
legales”). Alegó que el ejercicio de la actividad minera, bajo el
cumplimiento de los requisitos legales, fue impedido por terceros y por la
omisión de las entidades demandadas. Asimismo, cuestionó que no se
hubiera reparado el rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas,
al haber soportado la protesta realizada por los “ambientalistas”. Frente a
ambos aspectos, el Consejo de Estado confirmó la decisión de primera
instancia al señalar que no se acreditó el daño alegado y determinó que,
con independencia de las protestas, la actividad minera no habría podido
ejercerse por el incumplimiento de los condicionamientos legales y
administrativos, así como por el indebido de maquinaria pesada y las
órdenes temporales emitidas en el marco de la acción popular.
34. Sobre la violación directa de la Constitución, la parte accionante no
cumplió con la carga argumentativa mínima requerida, porque se limitó a
afirmar genéricamente que se vulneraron las “normas que contienen los
derechos fundamentales a que se ha hecho referencia en la presente
acción de tutela”. En consecuencia, resultaría innecesario reiterar las
razones que ya se expusieron, porque esos derechos invocados se
enmarcaron en los otros defectos planteados en la acción de tutela.
35. Finalmente, en relación con el desconocimiento del principio de
congruencia, aunque la parte accionante sostuvo que la providencia de
segunda instancia no resolvió de manera integral el recurso de apelación,
abordó aspectos ajenos al debate e incurrió en una falacia argumentativa,
la Sala evidenciar que la finalidad de la acción de tutela fue extender el
debate propio del proceso ordinario para intentar revalidar argumentos de
defensa ya examinados, lo cual también hace improcedente este reparo.
36. Lo anterior se sustenta en el criterio que la Corte Constitucional ha
empleado en algunos casos, en los que pese a haberse invocado el
principio de congruencia, concluyó que existía una intención evidente del
accionante de ampliar el debate17, y en que, en este caso, la acción de
17 Corte Constitucional, Sentencia SU – 317 de 2023 “. Es menester recordar que quien acude a la acción de tutela
para controvertir una providencia judicial debe satisfacer una carga argumentativa cualificada, enfocada en
demostrar la vulneración de un derecho fundamental, máxime cuando lo que se pretende enervar es una decisión
de una alta corte, pues el mecanismo de amparo no es un escenario para expresar divergencia de criterios,
reabriendo a voluntad las discusiones respecto de las materias legales que ya zanjó juez natural de cada causa.
Tal carga no fue debidamente satisfecha por los aquí accionantes, puesto que sus aserciones en torno al presunto
desconocimiento del principio de congruencia no ponen de relieve un debate en torno a la afectación de un
derecho constitucional o fundado en la necesidad de reivindicar la garantía del debido proceso, criterio dispuesto
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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tutela es utilizada, igualmente, como medio para reiterar los argumentos
expuestos a lo largo del proceso ordinario, especialmente en relación con
la imposibilidad de desarrollar la actividad minera, a causa de los bloqueos
y la medida de adoptada en el marco de la acción popular, y el
cumplimiento de los requisitos legales. Con lo que pretende reabrir el debate
con argumentos ya planteados en otros cargos.
37. Es más, la parte accionante sustentó el desconocimiento del principio
de congruencia en su insistencia respecto a que el daño alegado se
encontraba acreditado y que el juez de responsabilidad podía aplicar
alguno de los títulos de imputación invocados en la demanda. La intención
del accionante de controvertir y que el juez de tutela corrija el razonamiento
del juez de segunda instancia se evidencia de manera explícita en su escrito
de tutela, al afirmar: “no es para nada acertado, decir como lo dice la
sentencia, que no existe daño antijurídico, porque mi mandante tenía que
soportar el derecho a la protesta, lo cual se ha de cumplir si no se rompe el
equilibrio frente a las cargas públicas, pero como en este caso sí existió dicha
ruptura, ya que se hizo más gravosa la situación de Hunza Coal, lo cual
determina la existencia del daño antijurídico, derivado de la actuación del
Estado y con ello la obligación de reparar”.
38. En esa medida, debe recordarse que las diferencias interpretativas
que existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de carácter excepcional18.
2.3. Conclusiones
39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
por la Sala para identificar si una tutela es de relevancia constitucional. Por el contrario, se dirigen, en realidad, a
mostrar su descontento con el tratamiento que se le dio al referido asunto en el fallo atacado y a pretender abrir
una instancia adicional para exponer una visión jurídica alternativa sobre el asunto”.
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03099-00
Demandante: Hunza Coal S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la empresa Hunza Coal S.A.S, por las razones aquí señaladas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.
TERCERO: De no se impugnada esta providencia, por Secretaria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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