Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03099-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03099-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03099-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03099-01
Accionante: Hunza Coal S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Explotación actividad minera.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 4 de agosto de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
Hunza Coal S.A.S. pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuatro, y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, con las sentencia del 22 de marzo de 2023 y 15 de enero
de 2025 proferidas en el medio de control de reparación directa, al que se le asignó
el radicado 15001-23-33-000-2015-00041-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La parte actora señaló que instauró demanda de reparación directa en contra de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, del departamento de Boyacá, del
municipio de Tasco, de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional,
del Ejército Nacional, de la Agencia Nacional de Minería, de la Nación-Ministerio de
Minas y Energía y de la Defensoría del Pueblo, por los perjuicios causados por la
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imposibilidad para efectuar la explotación carbonífera, para la cual contaba con las
licencias y autorizaciones respectivas, debido a omisiones administrativas.
Que el 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
Cuatro, dictó sentencia, en la que declaró probada la excepción denominada
inexistencia del daño antijurídico propuesta por el Ministerio de Minas y Energía, y
negó las pretensiones porque determinó que el daño alegado no tenía la calidad de
antijurídico, en tanto no cumplió con los requisitos impuestos en la licencia
ambiental.
Que el 10 de abril de 2023, interpuso recurso de apelación; el 18 de ese mes y año,
lo complementó y el 15 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, confirmó la sentencia recurrida bajo el entendido que no se demostró
el daño alegado, pues la ausencia temporal de explotación de la actividad minera
no constituyó una vulneración a un interés legítimo protegido en el ordenamiento
jurídico.
Considera que las autoridades judiciales valoraron indebidamente las pruebas, con
lo cual incurrieron en defecto fáctico, pues dieron por probadas circunstancias
fácticas sin que los medios probatorios fueran adecuados, pertinentes y
conducentes, y dejaron de tener por acreditados hechos que debieron entenderse
demostrados.
Indicó que el Tribunal dio por acreditado que no cumplió con los requerimientos de
la autoridad ambiental, sin respaldar probatoriamente esa afirmación, y pese a que
con las pruebas documentales, como el acta del 12 de febrero de 2013, la
certificación del alcalde municipal de Tasco del 28 de febrero de 2013, la
certificación sin fecha del comandante de la estación de Policía de Tasco, el oficio
del 20 de febrero de 2013 dirigido a la directora de Seguridad Pública y de
Infraestructura del Ministerio de Defensa Nacional, el oficio del 4 de abril de 2013
dirigido al defensor del pueblo en Boyacá, el oficio del 16 de abril de 2013 dirigido
a la viceministra de Minas y la certificación del 24 de julio de 2014 suscrita por el
alcalde de Tasco, y los testimonios rendidos, demostró que sí observó dichas
exigencias; tanto así que se le otorgó la licencia ambiental (Resolución 001865 del
30 de diciembre de 2009), y respecto a los requisitos de estudios hidrogeológicos y
obras previstos en la Resolución 0099 del 12 de enero de 2012 fue ella misma quien
los propuso y acudió a realizarlos, pero no los pudo materializar, por bloqueos y
amenazas, los cuales fueron reconocidos en las sentencias.
Que la autoridad judicial de segunda instancia transgredió el principio de
congruencia porque no tuvo en cuenta los argumentos consignados en el recurso
de apelación, en la medida que efectuó razonamientos totalmente alejados de lo
consignado en la decisión de primera instancia y en la alzada, pues al analizar el
caso concreto especificó inicialmente que efectivamente se presentaron los
bloqueos de las vías y de su trabajo, lo que llevó a levantar su maquinaria, y que el
alcalde del municipio de Tasco certificó la existencia de los bloqueos por parte de la
comunidad, pero inexplicablemente encaminó la fundamentación a que la autoridad
ambiental podía exigir requisitos más estrictos para la explotación del carbón en
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aras de proteger el medio ambiente, alejándose de lo esencial de la demanda, la
sentencia y el recurso.
Que existió una falacia en la argumentación consignada en la sentencia, pues se
expuso que ingresó una maquinaria que estaba prohibida, lo cual no es cierto y no
existe evidencia de ello, con el agravante de que los bloqueos no permitían
ingresarla y mucho menos de proporciones significativas, sin que el derecho a
protesta justifique el daño causado, el cual debe ser indemnizado.
Que también existió un pronunciamiento incongruente en la sentencia respecto a la
suspensión de actividades ordenadas por la medida cautelar de la acción popular,
ya que se olvidó que las acciones populares fueron decididas a su favor y además
fueron temporales, aspecto que no fue objeto de la sentencia de primera instancia
ni del recurso.
Que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo porque efectuaron
una interpretación del artículo 90 constitucional que no se encuentra dentro de un
margen razonable, en tanto cada uno de los tres elementos de la responsabilidad
estatal allí previstos tiene existencia propia, por lo cual el daño antijurídico no se
encuentra inmerso en otro de ellos.
Que también se configuró dicho defecto cuando el juez colegiado de segunda
instancia concluyó que el derecho a la protesta primaba sobre sus derechos y no
reconoció la indemnización de los perjuicios que le fueron causados.
Indicó que en las sentencias discutidas se estructuró una violación directa de la
Constitución, pues se vulneraron las normas que prevén los derechos
fundamentales reclamados; así como un desconocimiento del precedente judicial
respecto al daño antijurídico y los títulos de imputación de la falla en el servicio y el
daño especial, en tanto el Tribunal analizó el daño desde la actuación de las
entidades demandadas para determinar la antijuricidad, lo cual es contrario a la
posición del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Al respecto, citó las
sentencias del 19 de abril de 2012 (exp. 21515), 23 de agosto de 2012 (exp. 23492),
19 de noviembre de 2021 (exp. 20001-23-31-000-2011-00333-01), 18 de noviembre
de 2021 (exp. 25000-23-26-000-2007-00294-01), 8 de noviembre de 2021 (exp.
76001-23-31-000-2011-01395-01) y C-1184 de 2008.
PRETENSIONES
Solicitó que se ordene a las autoridades judiciales accionadas que, en el término de
48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, revoquen las sentencias
dictadas en el proceso de reparación directa que instauró y dicten una nueva
decisión, teniendo en cuenta la salvaguarda constitucional.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 27 de mayo de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, Ministerio de Minas y Energía,
Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá), Agencia Nacional de Minería,
Defensoría del Pueblo, departamento de Boyacá y al municipio de Tasco, como
terceros con interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, afirmó que en la decisión
adoptada se tuvo en cuenta el marco fáctico y jurídico del proceso para formular el
problema jurídico y efectuar la argumentación, por lo cual no puede calificarse de
incongruente una decisión que tuvo por objeto estudiar los elementos de la
responsabilidad en atención al recurso de apelación.
Que una vez se descartó el daño resultaba innecesario e improcedente el análisis
de la falla del servicio en el actuar de las entidades demandadas, sin que ello
implique una incongruencia, en la medida que estuvo en consonancia con las
pretensiones y se ajustó a los cargos de la apelación.
Adujo que, si bien la sociedad demostró ser titular de la autorización legal para
extraer carbón metalúrgico dentro del área de los contratos de concesión suscritos
en la jurisdicción del municipio de Tasco, lo cierto es que i) la autoridad ambiental
le impuso la satisfacción de unos requisitos para intervenir y usar los cauces hídricos
en una de las zonas destinadas a la explotación; ii) dentro de una acción popular,
se decretó la medida cautelar de suspensión a esa actividad y iii) la demandante no
acreditó que los instrumentos empleados para ejecutar los estudios y obras hídricas
se sujetaban a las directrices de Corpoboyacá por mayor impacto ambiental en zona
de páramo y en cuerpos de agua; situaciones que impidieron demostrar la
afectación de un interés legítimo de la demandante protegido en el ordenamiento
jurídico.
Expuso que en la decisión no se encontró la ausencia de un daño antijurídico porque
la sociedad debía soportar el derecho a la protesta ni mucho menos se justificó el
ejercicio de esta como acto de presión.
Que la sociedad demandante ingresó taladros para perforaciones en
desconocimiento de la orden contenida en el parágrafo del artículo 4 de la
Resolución 099 del 12 de enero de 2012 emitida por Corpoboyacá, maquinaria que
posteriormente fue retirada e incidió en el levantamiento de los bloqueos en la zona.
Que los argumentos de la actora muestran la impertinencia de la acción de tutela
utilizada para pretender una indebida injerencia en la autonomía e independencia
que caracteriza al juez ordinario en la resolución de sus casos, sin que se haya
demostrado una afectación de los derechos fundamentales alegados.
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Concluyó que no existe una controversia constitucional relevante, sino un intento
por emplear la tutela como una instancia adicional del proceso de reparación directa
que ya finalizó, especialmente en la forma en que el juez ordinario realizó la
valoración probatoria, y que la sentencia discutida se profirió con estricto apego al
ordenamiento jurídico y a las pruebas aportadas al proceso, como se evidencia en
sus consideraciones.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 1, sostuvo que la decisión
adoptada está conforme al marco de los principios constitucionales, sin que se
hayan afectado derechos fundamentales de la parte actora, en la medida que la
providencia se sustentó debidamente, por lo cual el hecho de que la accionante no
esté de acuerdo no puede llevar a que se utilice este mecanismo para reabrir el
debate jurídico.
Expresó que los argumentos esgrimidos relativos a que la comunidad del sector
obstaculizó su actividad fueron expuestos en la demanda y revisados en las
sentencias proferidas en el medio de control, así como también fueron analizados
en la sentencia de segunda instancia el supuesto desconocimiento del daño
antijurídico y las razones por las cuales no cumplió con las exigencias de
Corpoboyacá para la explotación minera señaladas en la apelación.
Que la accionante busca utilizar la acción para debatir asuntos sobre los que ya se
pronunció la jurisdicción, pese a que esta no puede ser empleada como una
instancia adicional, por lo que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia.
Manifestó que frente a los defectos alegados se remitía a la sentencia que profirió
en el proceso de reparación directa, en la que evidenció que la parte demandante
incumplió con la carga que le asistía de demostrar el daño antijurídico aludido y, en
cambio, quedó demostrado que omitió cumplir los parámetros ambientales exigidos
para operar y pretendió desarrollar su objeto social y comercial sin la formalización
total de la licencia ambiental.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto,
desestimar las pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Corpoboyacá dijo que no está demostrada la vulneración de derechos
fundamentales alegada y que, por el contrario, dentro del proceso actuó acorde con
las obligaciones impuestas en el marco de sus competencias y el debido proceso.
Que en la sentencia de segunda instancia controvertida en esa sede se abordaron
los temas objeto de apelación, con fundamento en la jurisprudencia sobre la materia,
por lo cual no se configuraron los defectos invocados, y lo que se evidencia es que
la accionante está planteando nuevamente sus desacuerdos.
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Consideró que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que las
presuntas irregularidades alegadas encajan en las causales de revisión
establecidas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y no se presenta un perjuicio
irremediable, y tampoco se cumple la exigencia de la inmediatez, pues la decisión
confirmatoria de la negativa de las pretensiones se notificó el 15 de enero de 2025,
por lo que esperar 6 meses para instaurar la acción no resulta razonable. Por lo
tanto, solicitó declarar improcedente la acción.
El Ministerio de Defensa Nacional indicó que la acción no cumple con los
requisitos que habilitan su estudio, pues no se acreditó la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados y el propósito de la solicitante del amparo
es crear una tercera instancia, con el fin de reprochar una interpretación normativa,
por lo cual pidió negar las pretensiones.
La Policía Nacional expuso que no se han vulnerado los derechos fundamentales
de la actora porque en las decisiones debatidas se tuvo en cuenta la igualdad entre
las partes y se decidió de acuerdo con lo solicitado y lo argumentado.
Que en el proceso se concluyó que la ausencia temporal de explotación minera
alegada por la sociedad demandante no constituía un daño antijurídico, debido a
que esa suspensión obedeció a causas legítimas y justificadas en el marco
normativo vigente, esto es, la exigencia de requisitos adicionales por la autoridad
ambientes y la medida cautelar decretada en una acción popular, por lo que no se
configuró una transgresión a un interés legítimo protegido que diera lugar a la
responsabilidad estatal.
Manifestó que en lo que a esa institución respecta, en la decisión de segunda
instancia del proceso de reparación directa no se efectuó alguna referencia
específica tendiente a analizar su actuación como responsable y la parte
demandante no cumplió con la carga probatoria para acreditar que el daño le fuera
atribuible.
Afirmó que la acción es improcedente, ante la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a la accionante, derivado de la determinación adoptada
por la Rama Judicial y que no estuviere obligada a soportar, por lo que solicitó no
conceder las pretensiones.
La Agencia Nacional de Minería señaló que la acción carece de relevancia
constitucional, ya que la controversia recae sobre un asunto meramente legal y se
pretende reabrir un debate que ya fue zanjado debidamente, pues la autoridad
judicial accionada se ciñó a los preceptos constitucionales y legales, valorando las
pruebas existentes en el proceso, por lo cual la acción no resulta arbitraria. En
consecuencia, solicitó desestimar las pretensiones.
La Defensoría del Pueblo afirmó que en el proceso de reparación directa se
llevaron a cabo todas las etapas procesales y que la acción de tutela no es una
tercera instancia para debatir las decisiones adoptadas respecto a su valoración
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probatoria o consideraciones jurídicas, pese a lo cual la parte actora se limitó a esos
aspectos.
Sostuvo que no se cumplen los requisitos generales ni específicos de procedencia,
especialmente, las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, por lo cual solicitó
declarar la improcedencia.
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 4 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo porque determinó que no se
cumplió el requisito de relevancia constitucional, en tanto el debate propuesto se
centró en la inconformidad de la parte accionante con la interpretación jurídica y
probatoria realizada por el juez de la reparación directa, al analizar los elementos
de la responsabilidad y concluir que no se probó la existencia de un daño
jurídicamente protegido.
Que, si bien la parte actora alegó varios defectos, los planteamientos que expuso
revelan la intención de ampliar el debate sobre el reconocimiento de los perjuicios,
pero bajo una consideración jurídica distinta a la adoptada por la autoridad judicial
para buscar una reinterpretación de los elementos de la responsabilidad,
puntualmente de los títulos de imputación, y de las pruebas, lo que excede la
competencia del juez constitucional.
Precisó respecto a la violación directa de la Constitución, que la parte actora no
cumplió con la carga argumentativa mínima requerida, en la medida que se limitó a
afirmar que se vulneraron las normas relativas a los derechos fundamentales.
Que en el caso la tutela es utilizada como medio para reiterar los argumentos
expuestos a lo largo del proceso ordinario, especialmente en relación con la
imposibilidad de desarrollar la actividad minera a causa de los bloqueos y las
medidas adoptadas en el marco de la acción popular, así como el cumplimiento de
los requisitos legales.
Concluyó que las diferencias interpretativas entre la parte demandante y el juez
natural no constituyen, por sí mismas, una justificación para que el juez de tutela
revise las decisiones de este último.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que la argumentación no fue
adecuada ni atendió a lo consignado en el escrito de tutela, lo cual no puede
desligarse de lo ocurrido en el proceso, pues fue dicha actuación lo que generó la
vulneración de los derechos fundamentales y la solicitud de protección.
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Indicó que la relevancia constitucional del asunto se evidencia en las indebidas
valoraciones probatorias del juez de instancia, lo que llevó a la transgresión del libre
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso e
igualdad.
Que no es cierto que pretenda reabrir el debate probatorio, sino solamente
identificar la forma en que se valoraron incorrectamente las pruebas, lo que llevó a
que se dictara una sentencia contraria a derecho y a lo demostrado en el medio de
control, por lo cual la acción sí es procedente, pues de no ser así nunca podría
controlarse el indebido análisis de los elementos probatorios.
Afirmó que en el escrito de tutela se justificó por qué se estructuraba la violación
directa de la Constitución, esto es, porque se vulneraban las normas que contenían
los derechos fundamentales aludidos, lo que debía ser analizado en esta sede en
conjunto con los demás argumentos de la tutela.
Que el juez colegiado de primera instancia no realizó un análisis de los demás
defectos ni de los derechos fundamentales vulnerados, pese a existir una carga
argumentativa suficiente.
Solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, despachar
favorablemente las súplicas.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los
requisitos generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional
que no se encontró superado en primera instancia, pues solo de ser así, habría lugar
a realizar un estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por la parte
accionante, consistentes en la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Analizados los argumentos de inconformidad expuestos por la parte actora se
advierte que ciertamente no se cumplen las finalidades de la exigencia de la
relevancia constitucional, esto es, mantener la independencia y autonomía judicial,
así como evitar que la tutela se convierta en una instancia adicional y que la
controversia verse sobre un asunto de mera legalidad.
En efecto, aunque la sociedad accionante identificó los defectos en que consideró
incurrieron las autoridades judiciales aquí accionadas, se limitó a discutir de forma
general las conclusiones a las que llegaron, con el fin de que se efectúe un nuevo
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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estudio de los elementos de la responsabilidad estatal, especialmente, el daño y la
imputación, para lo cual no está prevista esta acción.
La solicitante del amparo invocó un defecto fáctico y de forma general afirmó que
en las sentencias se dieron por acreditadas circunstancias fácticas sin que los
medios probatorios fueran los adecuados, pertinentes y conducentes, y dejaron de
tenerse acreditados hechos que estaban probados.
Además, al especificar los elementos probatorios que, a su juicio, fueron
indebidamente valorados, aludió principalmente a la providencia adoptada en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, pese a que esa
determinación fue objeto de apelación y la decisión definitiva frente a la controversia
fue adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
frente a quien únicamente aludió a desacuerdos genéricos.
Igualmente, la accionante alegó un defecto sustantivo porque, en su criterio, las
autoridades judiciales confundieron el estudio del daño antijurídico con la
imputación y dieron prevalencia al derecho a la protesta; sin embargo, se observa
que se trata de desacuerdos meramente legales con la decisión adoptada y no están
fundamentados en que una norma legal hubiera sido inaplicada o interpretada
incorrectamente; de manera que permita un estudio a la luz de la causal específica
alegada.
Ahora, aun si se efectuara el estudio conforme al artículo 90 constitucional, lo cual
podría encajar en el defecto de violación directa de la Constitución, mas no un
defecto sustantivo, lo cierto es que se observa que la pretensión de la sociedad
accionante es continuar con el debate frente a la responsabilidad estatal, con el fin
de que se adopte la decisión que estima es la adecuada a su caso, sin que esté de
por medio la afectación de un derecho fundamental.
Así mismo, frente al desconocimiento del precedente judicial, se advierte que este
también se fundamentó en el estudio efectuado en las sentencias discutidas frente
al primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y el título de
imputación, pero sin que se explique debidamente cuál es la regla o subregla que
fue desatendida en el caso y que dio lugar a la vulneración ius fundamental.
En ese entendido, lo que se observa es que la parte accionante más que demostrar
la conculcación de los derechos fundamentales reclamados, lo que busca es que
se realice un nuevo estudio del caso como si se tratara de una instancia adicional
al proceso ordinario y en últimas lograr la declaratoria de responsabilidad estatal por
la imposibilidad de ejercer la actividad minera temporalmente.
Por último, se observa que también se alegó la transgresión del principio de
congruencia porque, según la actora, no se resolvió el litigio conforme a la demanda
ni al recurso de apelación, aspecto frente al cual aquella cuenta con el recurso
extraordinario de revisión con fundamento en la causal contenida en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
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de apelación, la cual resulta procedente para alegar la vulneración de dicho
principio.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU026/21, luego de referirse a las causales
del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las irregularidades que
apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia contencioso-administrativa, al
mencionado recurso en un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración
del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra
ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable
semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca
proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a
los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto
que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de
tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que
no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes […]».
De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección
del derecho que se invoca como conculcado, la acción de tutela, respecto al
mencionado cargo, resulta también improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad, máxime cuando no se advierte la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable o alguna situación que impida que la
accionante haga uso del medio referido.
En ese entendido, se confirmará la sentencia del 4 de agosto de 2025 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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