Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03100-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03100-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03100-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03100-00
Accionante: SANTANA DISTRIBUCIONES MÉDICAS S.A.S
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la acción de
tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la Sociedad Santana Distribuciones Médicas S.A.S., de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución, el Decreto Ley 2591 de 1991 y el
Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 22 de mayo de 2025, la Sociedad Santana Distribuciones Médicas S.A.S.
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de La Guajira y el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, trabajo, mínimo vital y del principio constitucional de
buena fe.
Hechos relevantes
2. Mediante apoderado judicial, la Sociedad Santana Distribuciones Médicas
S.A.S. presentó una demanda ejecutiva en contra de la E.S.E. Hospital Santa Rita
de Cassia con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de
$98.457.170.16 por el concepto del capital adeudado en relación de la celebración
y ejecución del contrato de suministro No. CPS 20-239 del 2020.
3. La primera instancia le correspondió al Juzgado Primero Administrativo Mixto del
Circuito de Riohacha quien mediante auto del 27 de octubre de 2023 resolvió i)
abstenerse de librar mandamiento de pago a favor del ejecutante; ii) devolver los
anexos sin necesidad de desglose; iii) archivar el expediente y iv) reconoció
1 Que ingresó al despacho para fallo el 6 de junio de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03100-00
Accionante: Santana Distribuciones Médicas S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
personería al abogado Adel Abel Junco Castrillón. La anterior decisión se
fundamentó en que no se aportaron todos los documentos requeridos con el
propósito de integrar un título ejecutivo complejo, sin que se acreditara una
obligación clara, expresa y exigible de conformidad con el artículo 297 de la Ley
1437 de 201, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
4. Contra dicha decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso
de apelación. A través de providencia del 31 de marzo de 2025, Tribunal
Contencioso Administrativo de La Guajira confirmó en su integralidad la decisión de
primera instancia con fundamento en que los documentos aportados con la
demanda y los cuales conforman el título ejecutivo cuya ejecución se pretenden, no
lograron acreditar el cumplimiento de las condiciones contractuales para hacer
exigible la obligación que se reclama. Sumado a que en los procesos ejecutivos no
procede la inadmisión de la demanda para que la parte ejecutante conforme en
debida forma el mandamiento ejecutivo.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente [transcripción textual]:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de SANTANA
DISTRIBUCIONES MÉDICAS S.A.S. al debido proceso, acceso a la justicia
y buena fe.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto del 27 de octubre de 2023 del
Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha y el auto del 31 de marzo
de 2025 del Tribunal Administrativo de La Guajira.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado de primera instancia que, en el término
de 48 horas, admita la demanda ejecutiva, valore integralmente el título
ejecutivo complejo y decida de fondo conforme a los criterios
constitucionales y jurisprudencia vigente”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte accionante sostiene que se vulneraron los siguientes derechos
fundamentales i) al debido proceso, puesto que las decisiones imponen unas cargas
probatorias que son imposibles de cumplir por la parte ejecutante, al exigir
documentos cuya expedición depende de la entidad estatal que incumplió su
obligación de designar un supervisor; ii) el acceso a la administración de justicia
porque se niega una acción ejecutiva cuando la omisión no es atribuible al
accionante, más aún cuando se encontraba fundada en documentos y pruebas que
acreditaban la obligación pero que no fueron valorados de manera adecuada; iii)
principio de buena fe porque el contratista no contó con la certificación de
cumplimiento no hay una constancia de objeción por parte de la entidad y iv) trabajo
y mínimo vital debido a que el no pago injustificado a un contratista que ha cumplido
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03100-00
Accionante: Santana Distribuciones Médicas S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
afecta su validez, capacidad operativa y subsistencia de sus empleados así como
las obligaciones correspondientes.
7. A su vez, expresó que la Corte Constitucional2 ha reconocido la procedencia de
la acción de tutela para controvertir providencias judiciales de manera excepcional,
pero se deben cumplir con unos requisitos generales como ocurre en el presente
caso y unas causales específicas.
8. En consecuencia de lo anterior, precisó que se presenta i) un defecto fáctico,
dado que no se valoraron de manera adecuada los documentos que acreditaban la
ejecución del contrato; ii) defecto sustantivo porque se interpretó de forma restrictiva
el concepto de título ejecutivo complejo exigiendo situación que resultan imposibles
por culpa del deudor; iii) desconocimiento del precedente judicial, puesto que el
Consejo de Estado ha reconocido la ausencia del acta de liquidación no impide la
ejecución, siempre que existan pruebas equivalentes del cumplimiento y iv)
vulneración del principio pro actione porque se negó el acceso al proceso sin
permitir correcciones ni valorar el silencio administrativo positivo.
9. De otra parte, expresó que se presentó una omisión del deber legal de la entidad
y traslado de la carga probatoria al contratista por no considerar que la no
expedición del acta de liquidación y la falta de certificación de cumplimiento fue
consecuencia directa de una conducta omisiva de la entidad estatal, cuando fue la
que incumplió su deber de designar un supervisor o interventor, de acuerdo con el
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 80 de 1993. El Consejo de Estado 3
se ha pronunciado en varias ocasiones y ha señalado que no puede imputarse al
contratista el incumplimiento de las condiciones contractuales o legales.
10. Puso de presente que, el título ejecutivo complejo se puede integrar sin acta de
liquidación cuando existen otros documentos suficientes, de acuerdo con la
jurisprudencia contencioso-administrativa y expresó que en su momento, se
allegaron los siguientes documentos: i) contrato debidamente suscrito; ii) facturas
electrónicas no objetadas; iii) certificados de disponibilidad presupuestal; iv)
registros presupuestales; comunicaciones sin respuesta que configuran silencio
administrativo positivo; v) copia del acta de reconocimiento y acuerdo de pago de la
obligación y iv) copia del pago de la seguridad social, lo cual conforma un título
ejecutivo complejo, válido, exigible y suficiente de acuerdo con el artículo 297 del
CPACA y el artículo 488 del CGP.
11. De otra parte, se afecta el principio de proporcionalidad y razonabilidad
probatoria debido a que la Corte Constitucional ha advertido que no se deben
imponer cargas imposibles o desproporcionadas a los ciudadanos porque afectaría
el núcleo esencial del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Asimismo, se transgrede el precedente judicial del Consejo de Estado sobre la
2 Mencionó sentencias como la SU-961 de 1999, SU-1184 de 2001, T-949 de 2003, T-173 de 2013,
SU-640 de 1998, entre otros.
3 Transcribió algunos apartes de las sentencias 66001-23-31-000-2000-00291-01(30518) y 05001-
23-31-000-1997-03264-01(39391).
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Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“subsanabilidad” y rechazo de plano porque los jueces omitieron el deber de permitir
la subsanación de documentos (copias simples) de conformidad con el principio pro
actione4.
Trámite en primera instancia
12. A través de auto del 27 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de la Guajira y
al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha como accionado;
a la E.S.E. Hospital Santa Rita de Cassia como tercero interesado en las resultas
del proceso. Además, requirió al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
de Riohacha para que allegara copia digital del expediente del proceso ejecutivo
con radicado 4001-33-40-001-2023-00387-00/01 y reconoció personería adjetiva a
la abogada Anggi Carolina Orozco Mendoza.
Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo de la Guajira sostuvo que la parte actora solo se
limitó a señalar en qué consistía cada uno de los defectos, sin precisar o subsumir
los conceptos al caso concreto.
14. Sumado a lo anterior, adujo que, la jurisprudencia ha configurado que en ciertos
eventos se deben cumplir algunas carga por parte del extremo actor para que se
configure el defecto fáctico, para esto transcribió un aparte de la sentencia 11001-
03-15-000-2015-03442-00 del Consejo de Estado en la que se explican las
características de los eventos de i) omisión de decreto y práctica de pruebas
indispensables para fallar en el asunto; ii) Desconocimiento del acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii)
valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas y iv) dictar sentencia con
fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
15. Con base en lo anterior, expuso que no es recibido la argumentación de la parte
accionante porque la motivación de la providencia objeto de censura demuestra que
no se incurrió en ninguno de los eventos de configuración del defecto fáctico. Por el
contrario, la autoridad judicial demandada indicó que esta decisión fue producto de
una valoración adecuada e integral de los documentos que obran en el expediente.
Con base en la jurisprudencia relevante, se valoró cada prueba de manera individual
y en conjunto para determinar si existía o no el título ejecutivo cuya ejecución se
pretendía.
16. En cuanto al defecto material, el Tribunal cuestionado determinó que lejos de
aplicar e interpretar de manera restrictiva las normas que regulan la materia, la
Corporación eligió la decisión de acuerdo con la Ley 1437 del 2011 y el Código
General del Proceso en cuanto a la conformación del título ejecutivo. Esto también
4 Hizo alusión a sentencias como la T-1064 de 2006 de la Corte Constitucional y auto del 14 de junio
de 2019 (61805) del Consejo de Estado.
4
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
se sustentó en la interpretación jurisprudencial de las normas para determinar su
alcance y su aplicación al caso concreto.
17. En lo que se refiere al desconocimiento del precedente vertical, el Tribunal
expresó que basta con revisar la sentencia recurrida y evidenciar que está
fundamentada en precedente jurisprudenciales aplicables al caso. En efecto, en su
parecer, se apoyó en providencias del Consejo de Estado para determinar la
exigibilidad del título ejecutivo. Sumado a lo anterior, la accionante consideró que
se debía dar oportunidad de subsanar los yerros o defectos del título ejecutivo,
cuando lo cierto es que no procede la inadmisión de la demanda para que la parte
ejecutante conforme en debida forma el mandamiento ejecutivo, como reiterada y
pacíficamente lo ha entendido el máximo ente de lo contencioso administrativo5.
18. Concluyó que, la acción de tutela está instituida para la protección de los
derechos fundamentales y no para estructurarla como una nueva instancia procesal.
19. La ESE Hospital Santa Rita de Cassia indicó que si bien suscribió el contrato
de suministro No. CPS 20-239 de 2020 con la parte accionante, una vez revisados
los informes no presentó la documentación establecida por la entidad para realizar
los pagos correspondientes (seguridad social, certificación de cumplimiento de los
servicios prestados)6
20. De otro lado, la entidad de salud expuso que los requisitos del título ejecutivo
no cumplió con los requisitos establecidos en la jurisprudencia, como son los
requisitos de forma y de fondo.
21. Por último, precisó que la falta de designación del supervisor, existía la cláusula
décima del contrato en la que se indica que “DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISION.
La supervisión de este contrato será ejercida por el TECNICO ADMINISTRATIVO -
ALMACENISTA DEL HOSPITAL en lo que atañe a la oportunidad, calidad del
servicio, cantidad del servicio, eficiencia, satisfacción del usuario y los soportes de
la atención individual de cada paciente y efectuará las observaciones, siempre por
escrito, requerida para el óptimo cumplimiento de las obligaciones, igualmente
expedirá los informes, conceptos, certificaciones o autorizaciones derivadas del
proceso de auditoría o supervisión”. Además, en lo que se refiere a los recursos
contra el auto que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo es
importante traer a colación el artículo 438 del Código General del Proceso7.
5 Sección Tercera, Subsección A, auto del 14 de junio de 2019, expediente 61.805.
6 “SEXTA: FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA, en pagos equivalente al valor de
facturación presentada, que serán cancelados una vez se verifique el cumplimiento en el objeto del
presente contrato, previa certificación por parte del Supervisor. Para los efectos de pago el
Contratista deberá presentar la factura o cuenta de cobro anexando fotocopias de: Contrato con su
Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, Certificación de cumplimiento de los servicios
prestados por parte del Supervisor, pago de la seguridad social.”
7 “ARTÍCULO 438. RECURSOS CONTRA EL MANDAMIENTO EJECUTIVO. El mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo
revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se
tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados.”.
5
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
22. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha intervino
a través de diferentes memoriales. Inicialmente, en relación con el requerimiento de
enviar el expediente, el juzgado señaló que “su despacho”8 no puede remitir el
proceso ordinario porque, desde el 26 de febrero de 2024, se encuentra en poder
de la autoridad judicial que resuelve la apelación y esta no lo ha devuelto, a pesar
de que resolvió el recurso.
23. De manera posterior, el juzgado remitió el enlace del expediente y un informe
de tutela en el que indica que al momento de proferir la providencia impugnada fue
respetuoso y garante de los derechos que hoy considera conculcados el acto. La
autoridad judicial indicó que aplicó la jurisprudencia vigente al momento del
pronunciamiento judicial.
24. Además, precisó que tales documentos carecían de solemnidades, por lo que
impedían librar el mandamiento de pago deprecado de conformidad con lo
establecido en el artículo 245 y 246 del Código General del Proceso y la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Tanto así que la decisión fue confirmada por
el Tribunal accionado en todas sus partes la providencia recurrida al considerar que
no se habían acreditado por parte del ejecutante el haber cumplido con lo derivado
del contrato estatal para obligar al deudor de efectuar el pago pactado.
25. Por último, el juzgado consideró que resulta improcedente la acción de tutela
porque se presenta una falta de carga argumentativa respecto de sus causales
generales y específicas. A su juicio, la parte accionante busca reabrir el debate por
medio de una tercera instancia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
26. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
27. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, y en caso de resolver
positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.
28. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.
8 No precisa a quién se refiere.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente
29. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las
autoridades judiciales10- e inclusive de particulares 11. Con todo, la procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, precisa de un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que los acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto 12.
Causales genéricas de procedencia, reiteración de precedente.
30. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así13:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas”.
31. Toda acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación, se
7
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Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.
Si los satisface, se proseguirá con el examen dirigido a resolver el problema jurídico
de fondo.
32. En relación con el requisito de relevancia constitucional, las Sentencias SU-033
de 201814, SU-128 de 202115 y la SU-215 de 202216, la Corte Constitucional ha
indicado que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para
cuestionar providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya
fueron estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada
como una tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos 17. Se
indica que: “[e]ste enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
33. La Sentencia SU-128 de 2021 precisó que no es suficiente con que la parte
actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título
de ejemplo, se ha indicado que un asunto carece de relevancia constitucional
cuando: “la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos
fundamentales”.
34. Las providencias de unificación citadas han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
35. En el caso concreto, la acción de tutela interpuesta por Santana Distribuciones
Médicas S.A.S. no implica un asunto de relevancia constitucional, pues el objetivo
de la parte actora es que se admita la demanda ejecutiva y valore integralmente el
título ejecutivo complejo. En efecto, los argumentos del escrito de tutela, si bien
invocan normas constitucionales, se limitan a presentar disconformidades de la
demandante respecto de los autos cuestionados, es decir, se acude al medio
constitucional como si fuese una tercera instancia. Una muestra de ello es que la
parte actora indica que se desconocieron los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. En este sentido, el actor no demostró que
los juzgadores ordinarios hayan incurrido en yerros que afecten la validez de las
decisiones judiciales cuestionadas.
36. La Sala observa que el defecto fáctico alegado surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión. Para que se demuestre la ocurrencia de este vicio es necesario que el
8
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
error en el juicio valorativo de la prueba sea de tal entidad que resulta ser ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia. De tal suerte que los desacuerdos respecto
de la decisión tomada -como ocurre en este caso particular- no son relevantes
desde el punto de vista constitucional, sino que se trata de disensos propios de la
facultad de administrar justicia.
37. Resulta importante realizar un recuento del proceso del cual se deriva la
controversia con el fin de dilucidar que, lo que busca el accionante es reactivar el
debate jurídico del proceso ejecutivo, cuando lo cierto es que, el mecanismo judicial
de protección de los derechos fundamentales no comporta una instancia adicional.
En suma, en dicho proceso el 27 de octubre de 2023 el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, concluyó que:
“(…) Ahora bien, para efectos de dilucidar el caso concreto, es preciso indicar
que un título ejecutivo bien puede ser, entre otros, SINGULAR o COMPLEJO,
el primero de ellos debe estar contenido en un solo documento, como por
ejemplo un título valor —Letra de cambio, cheque, pagaré etc.—, y el último
referido se caracteriza porque se integra por un conjunto de documentos, como
por ejemplo un contrato o convenio; para que los mismos sean valorados en
conjunto, con miras a establecer si constituyen una obligación clara expresa y
exigible a favor del ejecutante como lo consagra el artículo 297, numeral 3 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
anteriormente aludido.
Atendiendo que el título ejecutivo que se pretende conformar en el presente
caso se deriva de facturas de venta derivadas de un contrato de prestación de
servicios suscrito entre el demandante y la empresa social del Estado que se
pretende ejecutar, es evidente que se subsume dentro de las características de
un contrato estatal, y por ende su exigibilidad no se constituye dentro de los
títulos simples; ya que por regla general los mismos se enmarcan dentro de un
título de carácter COMPLEJO, así lo ha expresado el Honorable Consejo de
Estado al esgrimir6:
(…)
En este orden de ideas, es claro que tanto en los contratos como en las órdenes
de prestación de servicios, es posible que se presenten incumplimientos
atribuibles a cualquiera de las entidades estatales que participen en la relación
contractual, y de allí surja el ejercicio de la acción ejecutiva contractual, casos
en los cuales el título ejecutivo no se integrará solamente con la copia auténtica
de los mismos; sino que la demanda deberá acompañarse, entre otros, —ya
que se debe examinar cada caso concreto y determinar sus particularidades—
de los siguientes documentos:
1) Copia auténtica del contrato u órdenes de prestación de servicios, si existen
actas adicionales, contratos que lo modifican y en ellos conste la obligación que
se pretende ejecutar, deberán igualmente anexarse con la demanda.
2) Copia auténtica del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal.
3) Las actas parciales de obra de servicios, facturas, cuentas de cobro etcétera.
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Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4) La acreditación del contratista de encontrarse a paz y salvo con el pago de
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como los propios del Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda.
5) Cuando quien haya celebrado el contrato, no sea el representante legal de la
entidad estatal respectiva, sino que la suscripción del contrato estatal se hizo
en virtud de la delegación, será necesario, además, acompañar la copia
autenticada del acto administrativo que confirió dicha delegación.
Descendiendo al asunto sub lite, sea lo primero reiterar que la obligación por
parte de la entidad ejecutada surgió como consecuencia de las distintas facturas
derivadas de la celebración del contrato de suministro No. CPS 20-239 DE
2020, cuyo objeto era “SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES, MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, DE ODONTOLOGÍA,
LABORATORIO, RAYOS X, SUMINISTROS DE EPP Y BIOSEGURIDAD, Y
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ESE HOSPITAL SANTA
RITA DE CASSSIA DE DISTRACCIÓN” .
Así las cosas, es dable advertir que los asuntos de contratación estatal están
sometidos a ciertas consignas y solemnidades estipuladas en la Ley 80 de
1993, y las mismas deben ser de obligatorio cumplimiento; por lo tanto, quien
pretenda la ejecución de un contrato estatal deberá acreditar el cumplimiento
cabal de cada una de las cláusulas a las cuales quedó sometida en virtud de
dicho contrato, para así poder determinar la existencia del incumplimiento de la
parte contraria.
Una de las solemnidades que se constituye en requisito sine qua non, consiste
precisamente en aportar los documentos que se pretendan ejecutar en original
o copia auténtica, tal y como se desprende de lo regulado en los artículos 245
y 246 del Código General del Proceso, y lo ha manifestado el Honorable
Consejo de Estado en distintas oportunidades al destacar8:
(…)
Tal hermenéutica venía dada de la posición asumida por la misma Corporación
en sala plena al manifestar9:
Así las cosas, no le es jurídicamente viable al Despacho, con fundamento en
los documentos aportados al proceso, a efectos de acreditar el título ejecutivo,
librar el mandamiento de pago deprecado, toda vez que, el contrato y las
facturas fueron aportados en copia simple.
Aunado a ello, se vislumbra del contrato aportado con el fin de constituir el título
ejecutivo complejo, que, en su cláusula sexta denominada “FORMA DE PAGO”,
se estipularon ciertos requisitos previos con los cuales debía cumplir el
contratista para efectos de obligar a la E.S.E. demandada a proceder con el
pago del mismo, de la siguiente forma10:
“SEXTA – FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA, en pagos
equivalente al valor de la facturación presentada, que serán cancelados una vez
se verifique el cumplimiento en el objeto del presente contrato, previa certificación
por parte del Supervisor. Para los efectos de pago el Contratista deberá presentar
la factura o cuenta de cobro anexando fotocopias: Contrato con su Certificado de
Disponibilidad y Registro Presupuestal, Certificación de cumplimiento de los
servicios prestados por parte del Supervisor, pago de la seguridad social...”
(Negrillas y subrayas fuera del texto)
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Conforme lo anterior, dentro del plenario no existe constancia o acreditación del
cabal cumplimiento del contrato para constituir a la entidad demandada en
deudora, ya que solo se aportaron al plenario el contrato, las facturas, los
registros presupuestales, los certificados de disponibilidad; sin embargo, brillan
por su ausencia la certificación de cumplimiento de los servicios prestados por
parte del Supervisor y la planilla de aportes de seguridad social.
Ahora bien, el pago de los aportes al Sistema General Integral de Seguridad
Social, se encuentra regulado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80
de 1993, en virtud de la modificación realizada por el artículo 23 de la Ley 1150
de 200711, con el objeto de combatir la evasión y la mora en el pago de esas
obligaciones por parte de los contratistas, para lo cual se consignó en su
parágrafo 1º que, para el pago de cada contrato estatal sería necesaria la
acreditación del estado al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Aporte de Riesgos
Profesionales).
En tal sentido, el profesor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo ha enunciado
que: “para iniciar la ejecución de un contrato estatal será menester que el
contratista pruebe encontrarse a paz y salvo por esos conceptos… No sucederá
lo mismo respecto a los pagos a las Cajas de Compensación Familiar y las otras
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, que siguen vigentes
y por lo tanto se constituyen en requisitos de ejecución del contrato estatal”; por
lo tanto, encuentra esta agencia judicial que tampoco es posible librar
mandamiento ejecutivo por la carencia de constancia o acreditación del pago
de aportes a salud, pensión etcétera, como se obligó al contratista en la cláusula
cuarta aludida up supra.
Por último, y no por ello menos importante, no se aportaron al plenario
constancias de presentación de la respectiva factura ante la entidad ejecutada,
en este caso, la E.S.E. Santa Rita de Cassia, situación que en efecto no integra
en debida forma el título ejecutivo complejo, teniendo en cuenta que como se
anotó anteriormente y se colige de las normas y jurisprudencias citadas, cada
contrato que se pretende hacer valer como parte del título complejo debe ir
acompañado de todos los documentos que le permitan al fallador tener certeza
de la existencia de la obligación que se reclama, y no puede este requisito
ostentarlo uno de los documentos, pues este hecho afecta la constitución del
título ejecutivo como en el presente caso.
Por tal motivo, se hace imperativo para esta agencia judicial abstenerse de librar
mandamiento de pago a favor del ejecutante, debido a que en el caso concreto
no se aportaron todos los documentos requeridos con el propósito de integrar
un título ejecutivo complejo, no acreditándose de esta manera una obligación
clara, expresa y exigible de conformidad con el artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…).”
38. Lo anterior fue confirmado por el Tribunal Contencioso Administrativo de la
Guajira mediante auto del 31 de marzo de 2025:
“(…) Descendiendo al caso concreto, se tiene que, la parte ejecutante se
encuentra en desacuerdo con la decisión proferida en primera instancia
mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de
Riohacha negó el mandamiento de pago solicitado dentro del medio de control
de la referencia.
En virtud de lo anterior, a esta Sala le compete determinar si, el conjunto de
documentos aportados por la parte demandante constituyen un título ejecutivo
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
complejo y en él consta una obligación clara expresa y actualmente exigible, a
la luz de las normas que rigen la materia.
Para ello, debe precisarse en primera medida que, El Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció en el capítulo
Título IX el proceso ejecutivo en materia contenciosa administrativa, sin
embargo, sólo reguló lo i) relativo a los actos jurídicos constituyentes del título,
encontrándose entre ellos, "1. Las sentencias debidamente ejecutoriada
proferidas por la jurisdicción de los contenciosos administrativo, mediante las
cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas de dinerarias", ii) el
procedimiento específico para los títulos ejecutivos prescritos en los numerales
1 y 2 del artículo 297 y iii) la ejecución en materia de contratos y condenas
impuestas a entidades públicas en el artículo 299, el cual impone el deber de
observar las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil – hoy
Código General del Proceso, y, en lo que tiene que ver, con los aspectos no
regulados en el CPACA se debe remitir a la normatividad procesal civil,
conforme a lo prescrito en el artículo 306 del ibídem.
En cuanto a los ejecutivos en materia contractual, El numeral 3 del artículo 297
CPACA establece que prestan mérito ejecutivo los contratos, los documentos
en que constan sus garantías, el acta de liquidación del contrato o cualquier otro
acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles. Una obligación es expresa cuando es
manifiesta en la misma redacción del título, es clara si está determinada en el
título y se entiende en un solo sentido, y es exigible cuando puede demandarse
su cumplimiento, porque no está pendiente de un plazo o condición o porque es
pura y simple3. El título ejecutivo puede ser simple cuando la obligación consta
en un solo documento o complejo cuando se deriva de varios documentos.
Además, es posible corregir los defectos formales de la demanda ejecutiva y,
por ello, el juez puede inadmitirla, pero cuando se trata de los requisitos del
título ejecutivo el demandante no puede completar, adicionar o mejorar este
título y por ello procede su rechazo y no su inadmisión4
.
En cuanto a los requisitos del título ejecutivo, el máximo ente de lo contencioso
administrativo, ha señalado recientemente lo siguiente:
(…)
En línea con lo anterior, se tiene que, la parte ejecutante allegó junto con la
demanda los siguientes documentos:
• Copia de las facturas FV-2-515 del 23/07/2020 FV-2-516 del 23/07/2020
FV-2-517 del 23/07/2020 FV-2526 del 5/08/2020 FV-2-555 del 26/08/2020 FV-2-
583 del 25/09/2020 FV-2-584 del 25/09/2020 DF-2-1 del 29/09/2020 FV-2-668 del
30/11/2020 FV-2-669 del 30/11/2020 FV-2-695 del 15/12/2020 FV-2-712 del
28/12/2020 FV-2-713 del 28/12/2020 FV-2-732 del 22/01/2021 FV-2-733 del
22/01/2021 FV-2-736 del 25/01/2021 FV-2-838 del 23/06/2021 FV-2-877 del
22/09/2021. (fl 37, 38, 39, 31, 32, 28, 23, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57 del
expediente.)
• Contrato No. CPS 20-239 de 2020, suscrito entre a E.S.E. Hospital Santa
Rita de Cassia y Santana Distribuciones Médicas S.A.S (fl 15-18 del expediente
digital)
• Registros Presupuestales de Compromisos de las facturas (fl 33, 29, 26,
21, 40, 45, 49, 54 del expediente digital)
• Certificados de Disponibilidad Presupuestal (fl 34, 30, 27, 22, 41, 46, 50,
55 del expediente digital)
• Certificado de existencia y representación legal de la sociedad
demandante (fl 50-54 del expediente digital).
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De las pruebas arrimadas al plenario, la Sala advierte que la parte demandante
pretende la ejecución de un título ejecutivo complejo, compuesto por el contrato
No.CPS 20-239 de 2020, las facturas derivadas del mismo, y sus respectivos
anexos, frente a los cuales debe analizarse si logran contener una obligación
clara expresa y exigible en contra de la entidad demandada.
En el recurso de apelación la parte demandante alegó que, los documentos que
conformaban el título ejecutivo demostraban la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible en favor de su representado, por lo que se tornaba
procedente librar mandamiento de pago, con fundamento en los argumentos
reseñados en el acápite respectivo.
Sin embargo, contrario a lo afirmado por el recurrente, los documentos
aportados como título ejecutivo no demuestran con certeza la exigibilidad de la
obligación que se pretende ejecutar, ello por cuanto, la misma, fue sometida a
un plazo o condición, cuyo acaecimiento no se demostró en el sub lite.
Es así, como del análisis del contrato No. CPS 20-239 de 2020, se advierte que,
la cláusula sexta estipuló en cuanto a la forma de pago del contrato, lo siguiente:
En cuanto a la exigibilidad de la obligación, el máximo ente de lo contencioso
administrativo en un caso de similares circunstancias fácticas señaló lo
siguiente:
(…)
Las consideraciones esbozadas por el Consejo de Estado en las providencias
en cita, permiten establecer que, cuando se pretenda la ejecución de un
contrato estatal dentro del cual se haya supeditado el pago o desembolso dentro
del mismo a una serie de plazos o condiciones, tal obligación no será exigible
hasta tanto se acredite la ocurrencia o cumplimiento de las mismas.
En el sub lite, está demostrado que el acuerdo contractual suscrito por las partes
supeditó o condicionó el desembolso final no solo a la prestación del servicio
objeto del contrato, sino a que tal aspecto hubiese sido certificado por el
supervisor de acuerdo contractual y se acreditara el pago de la seguridad social,
documentos que si bien reposan en el plenario, no fueron aportados en la
oportunidad probatoria respectiva, lo que no permite a esta sala otorgarles valor
probatorio, impidiendo tener certeza sobre la efectiva y completa ejecución
contractual a cargo del contratista, tal y como lo sostuvo el juez de primera
instancia.
Y es que, contrario a lo afirmado por el recurrente, si le está dado al juez
contencioso verificar el cumplimiento del objeto contractual, pues ello, como ha
sido decantado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, hace parte de la
exigibilidad del título, siendo un presupuesto necesario para que se torne
procedente ordenar el pago de la obligación reclamada.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
En ese escenario, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la alzada
en lo que atañe a la presunción de buena fe, pues el hecho de que se aporte el
contrato y las facturas, no implica per se, que se haya prestado efectivamente
el servicio, y mucho menos que esté probado en el proceso, pues se reitera, es
carga del ejecutante demostrar el carácter exigible de la obligación que cuya
ejecución pretende, lo que no ocurrió en el sub examine.
Las anteriores consideraciones permiten a la Sala establecer que en el presente
asunto, los documentos aportados con la demanda y los cuales conforman el
título ejecutivo cuya ejecución se pretenden no lograron acreditar el
cumplimiento de las condiciones contractuales para hacer exigible la obligación
que se reclama, por lo que, al no comprender el título ejecutivo puesto a estudio
del juez contencioso una obligación exigible en favor del ejecutante, se impone
confirmar la decisión de primera instancia.
Finalmente, no escapa a la Sala que, el recurrente sostuvo que, si el a quo
consideraba necesario que se aportaran con la demanda los documentos
originales o en copia autentica, debió dar oportunidad al ejecutante de subsanar
tal yerro, y no de rechazar de plano el mandamiento, sin embargo, tal argumento
no tiene asidero jurídico, puesto que, tratándose de procesos ejecutivos, no
procede la inadmisión de la demanda para que la parte ejecutante conforme en
debida forma el mandamiento ejecutivo.
La anterior afirmación encuentra sustento en las consideraciones expuestas por
el tratadista Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, quien en la sexta edición
de su libro la acción ejecutiva en la jurisdicción contenciosa administrativa
sostuvo que:
(…)
En virtud de todo lo expuesto, este Tribunal procederá a confirmar la decisión
de primera instancia que negó el mandamiento de pago solicitado, atendiendo
que la obligación cuya ejecución se pretende no contiene una obligación
exigible en favor de la parte ejecutante (…)”
39. Por lo anterior, la Sala colige que los argumentos planteados en primera y
segunda instancia fueron ampliamente discutidos y resueltos dentro de las dos
instancias del proceso ejecutivo. Por ejemplo, ello sucede con el contrato aportado
en el cual no se presenta ninguna constancia o acreditación de su cumplimiento
para constituir a la entidad demandada en deudora porque solo fue aportado junto
con las facturas, los registros presupuestales, los certificados de disponibilidad. Sin
embargo, no se encuentra la certificación de cumplimiento de los servicios
prestados por parte del Supervisor y la planilla de aportes de la seguridad social
documentos que sí reposaban en el plenario. A su vez, como lo indica el Tribunal
accionado, no fueron aportados en la oportunidad probatoria respectiva dichos
documentos, lo cual impide tener certeza sobre la ejecución contractual a cargo del
contratista, motivo por el cual sí se valoraron adecuadamente los documentos
aportados y no se presenta un defecto fáctico, ni sustantivo.
40. De otra parte, el actor sostiene que la orden judicial afecta sus derechos
fundamentales por desconocimiento del precedente, sin embargo, la parte actora
únicamente transcribió algunos apartes de diferentes sentencias, sin explicar de
manera concreta por qué resultan relevantes en su situación específica.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
41. Adicionalmente, la acción de tutela presentada por Santana Distribuciones
Médicas S.A.S. carece de relevancia constitucional, pues se limita a controvertir un
asunto de índole estrictamente legal, como lo es la configuración de los elementos
necesarios para conformar un título ejecutivo complejo en el marco de un proceso
contractual. La parte actora no demostró que las autoridades judiciales hubieran
incurrido en una violación de derechos fundamentales, sino que simplemente
manifestó su desacuerdo con la interpretación y valoración de las pruebas realizada
por los jueces naturales. En consecuencia, el asunto no plantea un problema
constitucional que justifique la intervención del juez de tutela, ya que no se acreditó
la existencia de un defecto fáctico, sustantivo ni una afectación grave al derecho al
debido proceso.
42. En este mismo sentido, el objeto de la tutela gira en torno a la exigibilidad de
una obligación derivada de un contrato estatal de suministro, lo cual constituye un
asunto económico de naturaleza privada, que debe resolverse a través de los
mecanismos judiciales ordinarios. El debate planteado por la parte actora se
restringe a verificar si se cumplieron las condiciones contractuales para el pago, lo
que no involucra el desarrollo o la interpretación de un derecho fundamental ni una
afectación desproporcionada de estos. Por ello, no es posible activar la tutela como
una tercera instancia ni como un escenario paralelo para reabrir controversias que
ya fueron resueltas en sede judicial.
43. En conclusión, la acción carece de relevancia constitucional, pues: (i) acude a
argumentos que fueron ampliamente discutidos dentro de las dos instancias del
proceso ordinario ejecutivo; (ii) la tutela se utiliza como una tercera instancia para
reabrir debates procesales y mostrar una inconformidad con la decisión atacada,
mas no para mostrar un yerro que afecte la validez de la misma; (iii) no se presenta
un debate de rango constitucional, o que verse sobre derechos fundamentales, sino
se propone un debate de índole legal y facetas infra constitucionales de derechos,
como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, mínimo vital
y principio de buena fe. Además, el debate versa sobre un asunto de índole
económico, lo que escapa a la competencia del juez de tutela. (iv) Respecto de los
defectos alegados, no se demostró una carga argumentativa que acreditara una
vulneración a sus derechos, sino que por el contrario, el Juzgado y Tribunal
accionado tomaron sus decisiones de conformidad con un amplio fundamento
jurídico y probatorio que conllevaron a abstenerse de librar el mandamiento del pago
solicitado.
44. Por consiguiente, la Subsección estima que es improcedente la petición de
amparo constitucional dirigida contra los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
de Riohacha.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Accionante: Santana Distribuciones Médicas S.A.S
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Sociedad Santana Distribuciones Médicas S.A.S en contra del Tribunal
Administrativo de La Guajira y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
de Riohacha.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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