Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03107-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03107-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03107-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03107-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03107-01
Accionante: BRAYAN ESTEBAN AGUILAR BERMÚDEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Tema: Tutela contra la providencia judicial – confirma parcialmente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 24 de junio de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025,
así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 28 de mayo de 20252, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 10 de septiembre de 2025 concedió
la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez, actuando por conducto de su
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión del auto
proferido el 5 de diciembre de 2024 por el tribunal accionado. Mediante esta
decisión confirmó el auto del 19 de julio de 2024, dictado por el Juzgado Tercero
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
en calidad de accionados al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Tercero
Administrativo de Ibagué. A su vez, ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, al
departamento del Tolima y al municipio de Ibagué.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
Administrativo de Ibagué, que rechazó la demanda del medio control de
reparación directa con radicado 73001-33-33-003-2024-00113-00/01, por haber
operado el fenómeno de la caducidad.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia
proferido por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 19 de julio
de 2.024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de
diciembre de 2.024, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de BRAYAN
ESTEBAN AGUILAR BERMÚDEZ, radicado No. 73001-33-33-003- 2024-00113-
00, así como también las actuaciones posteriores al fallo, tales como: auto de
obedézcase y cúmplase del 14 de marzo de 2.025, y subsiguientes, proferidas
por el Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
SERGUNDO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir sentencia, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin
de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.3
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez permaneció detenido en las
instalaciones de la Inspección Permanente Central de Ibagué desde el 21 de julio
de 2021 hasta el 23 de junio de 2022.
6. El 17 de enero de 2023, el actor presentó una petición ante la Policía
Metropolitana de Ibagué en la que solicitó que le informara si en dichas
instalaciones existía hacinamiento carcelario. Mediante la resolución GS-2023-
003124-METIB, expedida el 19 del mismo mes y año, la institución señaló que la
Inspección Permanente Central de Ibagué tenía un hacinamiento del 514%.
7. Por lo anterior, el señor Aguilar Bermúdez presentó demanda de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el departamento del Tolima y el municipio
de Ibagué, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables
por los perjuicios materiales y morales padecidos debido a las condiciones de
hacinamiento que soportó mientras se encontraba recluido.
8. Al proceso se le asignó el radicado 73001-33-33-003-2024-00113-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué que, mediante auto
del 19 de julio de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de
3 Transcripción literal que puede contener errores .
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
la caducidad.
9. Sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el término para interponer la demanda se debe contabilizar desde el momento en
que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento. En ese orden,
consideró que, desde el primer día de reclusión, el señor Aguilar Bermúdez
conoció dicha circunstancia, razón por la cual la demanda debió ser radicada
hasta el 22 de julio de 2023.
10. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación. Indicó
que se trató de un daño continuado y de carácter sucesivo, debido a que desde
su captura hasta que cesó la detención, padeció los perjuicios que le ocasionó el
hacinamiento carcelario. Al respecto, puso de presente diversas sentencias
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se estableció
que, hasta el último día de detención, cesa el perjuicio por causa del
hacinamiento.
11. El Tribunal Administrativo del Tolima, por auto del 5 de diciembre de 2024,
confirmó el rechazo de la demanda al concluir que, de conformidad con la
jurisprudencia que ha fijado el Consejo de Estado, en estos casos, aunque los
efectos del perjuicio perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad
para interponer la acción de reparación directa inicia desde que se produjo el
daño o se tuvo conocimiento de este.
12. Al respecto, precisó que, desde el primer día de reclusión, es decir, desde
el 21 de julio de 2021, el actor se percató del daño, razón por la cual tenía hasta
el 22 de julio de 2023 para interponer la demanda. No obstante, solo hasta el 6
de marzo de 2024 presentó la solicitud de conciliación prejudicial, razón por la
cual no se suspendieron los términos para interponer la demanda y operó el
fenómeno de la caducidad de la acción.
1.3. Sustento de la vulneración
13. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto sustantivo, violación directa de la constitución y
desconocimiento del precedente judicial, debido a que fueron desconocidas
diversas sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y
de los Tribunales Administrativos del Tolima, Antioquia y Quindío, entre ellas:
− Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
octubre del 2019, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01.
− Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-201.
− Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia del 5 de septiembre de 2024,
radicado 73001-33-33-001-2024-00124-01.
− Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, sentencia
del 29 de enero de 2024, radicado 63001-33-33-029-2019-00033-01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
− Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, sentencia
del 8 de noviembre de 2024, radicado 63001-33-33-005-2024-00227-01.
14. Al respecto, citó diversos extractos de las providencias en las que se
estableció que la caducidad del medio de control de reparación directa comienza
a contarse a partir del momento en que la víctima se percata del daño.
15. Insistió en que el término de caducidad debía contarse desde el 2 de marzo
de 2022 por ser un daño de carácter continuado y sucesivo. Además, sostuvo
que, de ser procedente el análisis de que el término para interponer la demanda
debe contarse desde que se tiene conocimiento del daño, tampoco habría
caducado la acción.
16. Lo anterior, debido a que solo fue consciente acerca de la situación de
hacinamiento que padeció tras la respuesta emitida por la Policía Metropolitana
de Ibagué el 19 de enero de 2023, en la que le informó que la Inspección
Permanente Central de la ciudad tenía un hacinamiento del 514%.
1.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo del Tolima, luego de hacer un recuento de
las actuaciones procesales surtidas, indicó que las decisiones adoptadas no
fueron arbitrarias ni infundadas. Por el contrario, resaltó que en ellas se realizó
un análisis riguroso de las normas y la jurisprudencia aplicable, especialmente lo
previsto en el artículo 164 del CPACA y en los pronunciamientos de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Por lo anterior, señaló que no fueron vulnerados
los derechos fundamentales alegados por el actor.
18. El Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué sostuvo que el auto de
rechazo de la demanda no fue dictado de forma arbitraria ni caprichosa, debido
a que realizó un estudio juicioso de la demanda, de sus anexos, de las normas y
de la jurisprudencia aplicable.
19. El INPEC refirió que no ha vulnerado las garantías fundamentales que el
accionante aduce como transgredidas, dado que la competencia para resolver la
inconformidad que plantea recae sobre las autoridades judiciales que conocieron
del proceso ordinario. Por lo anterior, solicitó su desvinculación por considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva.
20. Por último, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad no tiene la
idoneidad para pronunciarse frente a las pretensiones del accionante. Además,
resaltó que la solicitud de amparo es improcedente, debido a que no supera el
requisito de relevancia constitucional, pues el accionante pretende constituir una
tercera instancia del proceso ordinario.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
1.5. Sentencia de primera instancia
21. Mediante sentencia del 24 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.
Refirió que, si bien la tutela se dirigió contra el Juzgado Tercero Administrativo
de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, lo cierto es sus argumentos
guardan una unidad de materia, por lo que solo se iba a analizar la sentencia de
segunda instancia.
22. En ese sentido, concluyó que la decisión del tribunal se fundamentó en las
pruebas aportadas al expediente y en las normas aplicables al caso. Frente al
presunto defecto por desconocimiento del precedente, señaló que no existe una
postura unificada por parte de la Sección Tercera de esta corporación, órgano de
cierre en estos asuntos. Por un lado, existen pronunciamientos en los que se ha
determinado que el conteo del término de caducidad inicial desde que se tuvo
conocimiento del daño, y por otro, se evidencias posturas en las que se ha optado
por realizar el conteo desde el momento en el que cesó la situación de
hacinamiento.
23. Por lo anterior, concluyó que la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial reconocidos en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que
considerara más apropiada para resolver el asunto sometido a su conocimiento.
24. Finalmente, negó las solicitudes de desvinculación del INPEC y la Fiscalía
General de la Nación, debido a que su vinculación al proceso fue en calidad de
terceros con interés.
1.6. Impugnación
25. La parte accionante solicitó que se revoque el fallo de prima instancia, para
que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.
26. Indicó que no comparte el criterio del juez de primera instancia, dado que
«se encontraba en una temprana etapa procesal en la que aún no se tiene
certeza del momento a partir del cual el hacinado tuvo conocimiento de esa
situación de hacinamiento, arrogándose de esa manera una conclusión que no
tiene ningún soporte probatorio que le permitiera racionalmente denegar el
acceso a la administración de justicia».
27. Finalmente, insistió en que el hacinamiento en las cárceles y los centros
de detención es una violación grave y continua de los derechos fundamentales
de quienes las padecen, cuyo daño se prolonga en el tiempo.
1.7. Manifestación de impedimento
28. Encontrándose en sala el proyecto de fallo de primera segunda del
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
presente proceso, mediante escrito enviado el 8 de octubre de 2025, el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó impedimento para conocer
y decidir el presente mecanismo constitucional, con fundamento en la causal
contemplada en el numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
29. Al respecto, mediante auto del 9 de octubre de 2025, esta Sala de decisión
declaró infundado el impedimento, debido a que no se configuraron los elementos
de la causal alegada, dado que no se constató el elemento subjetivo: que el juez
o su cónyuge tenga interés en la actuación procesal.
II. CONSIDERACIONES
30. La Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida el 24 de junio
de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
negó la solicitud de amparo y, en su lugar, declarará su frente a los defectos
fáctico y sustantivo. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente, se
negará la solicitud de amparo.
31. Para ello, esta Sala de decisión explicará: i) las razones por las cuales el
asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de relevancia
constitucional de la acción de tutela contra providencias judiciales y, ii) los
motivos por los cuales no fue desconocido el precedente judicial.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
32. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6
(i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del
derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
34. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
35. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
36. La Sala advierte que el señor Brayan Esteban Aguilar Bermúdez está
legitimado en la causa por activa, porque fue la parte demandante dentro del
medio de control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta
vía.
37. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio
el presente trámite constitucional.
38. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional8, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales.
39. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
40. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la sentencia
proferida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Mediante esta providencia confirmó la decisión de primera instancia que rechazó
la demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno de la
caducidad.
41. El accionante formuló los siguientes cargos contra la providencia objeto de
estudio: i) defecto sustantivo, ii) violación directa de la constitución, y iii)
desconocimiento del precedente.
8
Sentencia SU-215 de 2022.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
42. Sobre el particular, la Sala precisa que los cargos por defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución no superan el requisito de relevancia
constitucional, debido a que el actor no desarrolló ni identificó cuáles fueron las
normas que se aplicaron de forma indebida o irracional, ni precisó cuál es la
incidencia que tienen respecto de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
43. En ese orden, resulta evidente que los dos cargos que aduce no cuentan
con la carga argumentativa mínima para ser estudiada de fondo. Por ende, la
Sala declarará la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
44. No obstante, frente al cargo por el presunto desconocimiento del
precedente, para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado, por cuanto la parte actora explicó que se le vulneraron los derechos al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, debido
a que la providencia reprochada desconoció el precedente fijado por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y de diferentes Tribunales Administrativos, al
rechazar la demanda reparación directa interpuesta por el señor Aguilar
Bermúdez, debido a la situación de hacinamiento que padeció en el
establecimiento carcelario en el que estuvo recluido.
45. Se destaca que la providencia que declaró la caducidad del medio de
control se profirió antes de que se trabara la litis, aspecto que, sin lugar a duda,
encuentra una mayor relevancia para realizar un estudio de fondo, ya que se trata
de una duda legítima sobre la presunta vulneración de principios constitucionales
como el de acceso de acceso a la administración de justicia, que ampara el
derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia para solicitar
a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la Ley.
46. Por lo anterior, se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una
posible transgresión de las garantías constitucionales del tutelante, cuya
controversia no se enfocó en un debato de orden legal, sino que se justificó en
una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de
reproche.
47. Tutela contra tutela. La Sala observa que no existe reparo alguno en
relación con este requisito de posibilidad, toda vez que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia reprochada fue
proferida al interior del trámite del medio de control de reparación directa con
radicado 73001-33-33-003-2024-00113-00/01.
48. Inmediatez. También se acredita el requisito de inmediatez, pues, sin que
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
sea necesario constatar la fecha de notificación, el auto que se reprocha fue
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de diciembre de 2024. Es
decir, el actor promovió la acción de tutela dentro de los seis meses que
estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo
razonable para ejercer la acción constitucional.
49. Subsidiariedad. La parte actora no cuenta con otros mecanismos
judiciales ordinarios ni extraordinarios para controvertir la providencia que
cuestiona mediante esta vía. Esto, debido a que, por tratarse de un auto que
confirma en rechazo de la demanda, no es susceptible de recurso alguno.
50. Identificación razonable de los hechos. En el escrito de tutela se
presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y argumentos por los
que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus derechos
fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las razones por
las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una vulneración de
las garantías.
2.1.2. La providencia controvertida no incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial
51. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias, que presentan
similitudes fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales
se desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga
al juez a fallar en el mismo sentido9. Cabe destacar que el acatamiento de la
ratio decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto
de discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o sub-regla de derecho10.
52. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
53. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el Tribunal
Administrativo del Tolima, al proferir el auto del 5 de diciembre de 2024, no
incurrió en el defecto aludido, por las razones que pasan a explicarse.
54. Resulta pertinente reiterar que, a juicio del actor, el tribunal accionado
desconoció el precedente judicial al no aplicar las decisiones del Consejo de
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 15 de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
10
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
Estado y de diferentes Tribunales Administrativos en las que se han establecido
que, en casos de reparación directa por hacinamiento carcelario, el daño debe
contarse desde el momento en que la víctima conoce del daño.
55. Alegó que, tratándose de un daño continuado, este debía contarse desde
el 19 de febrero de 2023, fecha en la que, mediante la resolución GS-2023-
003124-METIB expedida por la Policía Metropolitana de Ibagué, conoció la
situación de hacinamiento carcelario que padeció en la Inspección Permanente
Central de Ibagué.
56. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Tolima,
realizó un análisis normativo y procedimental mediante el cual puso de presente
que el daño padecido por el actor es de ejecución instantánea,
independientemente de que el mismo genere efectos en el tiempo, de
conformidad con la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
57. Al respecto, hizo referencia a las siguientes providencias: (i) Sentencia del
6 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, (ii) Sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, y, (iii) Sentencia del 5 de octubre de
2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
58. Señaló que, en dichas providencias, el máximo órgano de lo contencioso
administrativo ha indicado que respecto de la caducidad del medio de control en
asuntos de hacinamiento carcelario «aunque los efectos perduren en el tiempo,
el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo
la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño».
59. Por lo anterior, se considera que el Tribunal Administrativo del Tolima no
incurrió en un desconocimiento del precedente, ya que, tal como se puede colegir
de los antecedentes narrados por el accionante, no existe una posición unificada
en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa cuando
se alega el daño antijurídico por hacinamiento carcelario y no le corresponde a
esta Sección, en sede de tutela, definir el criterio imperante.
60. En efecto, se advierte que una de las sentencias alegadas por el
accionante acoge la tesis de que en asuntos de hacinamiento carcelario la
caducidad opera en los términos del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es
decir, cuando la víctima tiene conocimiento del daño, criterio diametralmente
opuesto al de la Subsección A en la sentencia de 6 de octubre de 2019 con
radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01, en la que se expuso que el daño en
estos eventos es continuado.
61. En ese orden ideas, luego de estudiar la decisión controvertida, esta
Sección considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, a partir de un
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
análisis integral de las pruebas aportadas, de las cuales se destaca la
constatación del porcentaje de hacinamiento que se estableció en el 514% en la
Inspección Permanente Central de Ibagué para la fecha de los hechos, no incurrió
en un desconocimiento del precedente, comoquiera que no existe tesis unificada
frente a la caducidad en casos de hacinamiento carcelario.
62. Sumado a lo anterior, se tiene que el tribunal sustentó su decisión en uno
de los criterios adoptados por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa, y
respaldó su decisión en una determinación que se encuentra acorde con el
material probatorio aportado, del cual concluyó que el accionante tuvo
conocimiento del daño desde el primer día que estuvo recluido en el centro
carcelario.
63. La anterior conclusión, que si bien se podría compartir o no, no resulta
arbitraria o caprichosa, ya que deviene de un ejercicio intelectual del juez natural
de la causa, el cual se enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su
labor de interpretación a un caso en específico, por ello, no le corresponde a la
autoridad judicial constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la
«correcta» o aquella que más conviene en un caso en concreto, pues se
vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que
conoce el trámite ordinario.
64. Ahora bien, el actor alegó un desconocimiento del «precedente horizontal»
de las siguientes sentencias del Tribunal Administrativo del Tolima: i) sentencia
del 8 de noviembre de 202411, proferida por la Sala Quinta de Decisión12 y, ii)
sentencia del 5 de septiembre de 202413, dictada por la Sala de Oralidad14. A su
vez, sostuvo que se desconoció el precedente de la sentencia del 29 de enero
de 202415, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión.
65. Al respecto, esta Sección considera que los argumentos no tienen
vocación de prosperidad, dado que pertenecen a salas de decisión que no
corresponden a la autoridad judicial accionada en el presente litigio, en la medida
en que están conformadas por distintos magistrados16. Aunado a lo anterior, la
sentencia del 29 de enero de 2024 fue proferida por otro tribunal administrativo,
cuyas decisiones no vinculan al cuerpo colegiado demandado en esta ocasión.
66. De igual forma, al no existir una postura unificada en la Sección Tercera
del Consejo de Estado como órgano de cierre en la materia objeto de esta acción
11 Expediente 63001-3333-005-2024-00227-01.
12 Conformada por los magistrados Luis Javier Rosero Villota, Luis Carlos Álzate Ríos y Juan
Carlos Botina Gómez.
13 Expediente 73001-3333-001-2024-00124-01
14 Conformada por los magistrados Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, José Andrés Rojas Villa y
Luis Eduardo Collazos Olaya.
15 Expediente 05001-3333-029-2019-00033-01
16 La Sala de Decisión demandada en el presente asunto estuvo conformada por los magistrados
John Libardo Andrade Flórez, Belisario Beltrán Bastidas y José Aleth Ruíz Castro.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
constitucional, en virtud del principio de la autonomía judicial, las salas de
decisión de los distintos tribunales administrativos pueden optar por una u otra
postura que han adoptado las distintas subsecciones de la Sección Tercera,
como sucede en el presente asunto. En tal medida, no es competencia del juez
constitucional decidir cuál es la postura que debe ser adoptada en cada caso en
concreto, pues ello implicaría transgredir dicho principio que rige a la
administración de justicia.
2.2. Conclusión
67. Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia proferida el 24 de junio de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para: i) negar el defecto del defecto por
desconocimiento del precedente; y ii) declarar la improcedencia respecto de los
defectos sustantivo y violación directa de la constitución.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 24 de junio de 2025
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B para: i)
NEGAR el defecto del defecto por desconocimiento del precedente; y ii)
DECLARAR la improcedencia improcedencia respecto de los defectos sustantivo
y violación directa de la constitución
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Brayan Esteban Aguilar Bermúdez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03107-01
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.