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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03124-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03124-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de julio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03124-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03124-01
Accionante: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencias judiciales. Improcedencia de la
acción por no superar el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación
presentada por la parte actora en contra del fallo de 1. ° de julio de 2025, proferido
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ello, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 10 de junio de 20252, el a quo admitió la acción de tutela, y mediante
la providencia del 22 de julio del presente año concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, actuando por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia.

2. La accionante atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
sentencia de 25 de marzo de 2025, dictada por el tribunal demandado en el

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 En esta providencia, se ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección A, como accionado, y de los Juzgados Primero y Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, del señor Rodolfo Durán Rodríguez y «[de] los demás intervinientes dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 25269-33-33-001-2021-
00113-00/01, como terceros con interés en las resultas del proceso».

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Accionante: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03124-01

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 25269-33-33-001-2021-00113-01. Dicha providencia revocó la decisión
del 18 de octubre de 2024, por medio de la cual el Juzgado 4 Administrativo de
Facatativá negó las pretensiones de la demanda; y, en su lugar, accedió a ellas.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se admita la presente tutela por configurarse multiplex
defectos en la sentencia de fecha 25-03-2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección “A”
dentro del proceso radicado 25269-33-33-001-2021-00113-01.

SEGUNDO: Que se deje sin efecto la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección “A”
que revocó el fallo de primera instancia de fecha día 18 de octubre de 2024,
proferido a favor de la ALFM por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Facatativá.

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior se confirme en toda sus
partes la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Facatativá dentro del proceso 25269-33-33-001-2021-00113-00.

CUARTO: Que se ordene vinculara al señor RODOLFO DURAN
RODRIGUEZ al trámite de la presente tutela.

QUINTO: Que se notifique al juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Facatativá para que no expida auto de obedézcase y cúmplase o constancia
de ejecutoria de la sentencia cuestionada hasta tanto no se resuelva de
fondo la presente tutela y se ya se expidieron los referidos autos, se ordene
suspender sus efectos3.

1.2. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes del proceso de la
siguiente manera:

5. Por medio de Resolución 2210 del 30 de octubre de 2017, la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares nombró en provisionalidad al señor Rodolfo
Durán Rodríguez en el cargo de técnico para apoyo de seguridad y defensa –
TASD – código 5-1 – grado 24.

6. Mediante la Resolución 1054 de 6 de noviembre de 2018, la entidad
demandada «corrigió» el tipo de nombramiento a uno de libre nombramiento y
remoción.

7. Posteriormente, en virtud de la Resolución 137 de 19 de febrero de 2019,
la mencionada entidad declaró insubsistente el nombramiento del señor Durán
Rodríguez, con efectos a partir del 1. ° de marzo de 2019, sin enunciar motivación
alguna, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

3 Transcripción literal con posibles errores.

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8. Por lo anterior, el señor Durán Rodríguez presentó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho4, con el fin de que se declarara la nulidad
de: (i) la Resolución 137 de 2019 y, (ii) «del acto por medio del cual […] [se] negó
el derecho al actor del reconocimiento de viáticos». A título de restablecimiento,
solicitó su reintegro al mismo cargo o a uno similar, que se declarara que no hubo
solución de continuidad en su caso, el pago de las prestaciones y salarios
dejados de percibir, el reconocimiento de los viáticos, así como la indexación de
tales sumas.

9. El proceso fue repartido al Juzgado 1 Administrativo de Facatativá5, que,
mediante providencia del 4 de mayo de 2022, admitió las pretensiones
relacionadas con la nulidad de la declaratoria de insubsistencia, y rechazó las
referidas a los viáticos.

10. En sentencia de 18 de octubre de 2024, el Juzgado 4 Administrativo de
Facatativá6 negó las súplicas de la demanda, por cuanto no se probaron los vicios
de nulidad alegados por el demandante, a saber: falsa motivación, violación al
debido proceso y desviación de poder. Esto, «teniendo en cuenta que el cargo
que desempeñaba revestía la naturaleza del de los de libre nombramiento y
remoción».

11. Inconforme con tal decisión, el demandante del proceso ordinario
interpuso el recurso de apelación, el cual correspondió a la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante
fallo del 25 de marzo de 2025 revocó la decisión de primera instancia. En
consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 187 de 2019 y condenó a la
demandada a: (i) reintegrar al señor Durán Rodríguez a un cargo igual o
equivalente al que desempeñaba; (ii) pagar los salarios y demás emolumentos
dejados de percibir desde la desvinculación y hasta el reintegro; (iii) efectuar las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social dejadas de hacer durante el periodo
antes indicado; y (iv) ajustar tales sumas conforme al IPC.

12. Al respecto, el tribunal consideró que el acto enjuiciado adolecía del vicio
de falta de motivación. Esto, comoquiera que el cargo que desempeñaba el
demandante era un cargo de libre nombramiento y remoción, dado que no estaba
adscrito al despacho del director de la Agencia, sino a «servicios administrativos
– dirección administrativa», cuyas funciones eran de naturaleza eminentemente
técnicas (v.gr., transportar a directivos y correspondencia), por lo que la entidad
debió motivar la declaratoria de insubsistencia.

4 Al proceso le fue asignado el radicado núm. 25269-33-33-001-2021-00113-00.
5 El expediente fue repartido a dicha autoridad judicial en virtud de la remisión por competencia

efectuada por el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá por medio del auto de 27 de abril de 2021.
6 El proceso le fue remitido en virtud de los del Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de

2022 y el Acuerdo CSJCUA23-15 del 23 de febrero de 2023.

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1.3. Sustento de la vulneración

13. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares adujo que la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
los defectos fáctico, procedimental (absoluto y por exceso ritual manifiesto) y
sustantivo.

14. En términos generales, alegó que la autoridad judicial accionada «excedió
el límite de su competencia y violando el principio de congruencia» realizó un
estudio de legalidad «implícito» de la Resolución 1054 de 2018, que corrigió el
tipo de nombramiento del señor Durán Rodríguez. Ello, pese a que dicho acto
administrativo no fue demandado y, por tanto, se presumía legal.

15. En cuanto a los defectos específicos, la parte actora los expuso así:

(i) Defecto fáctico. El tribunal tuvo por cierto, de forma caprichosa y sin
fundamento probatorio alguno, que el demandante del proceso ordinario
«no conoció el contenido de la Resolución 1054 de 2018» y tampoco
consintió su expedición. Así mismo, tuvo por cierto que al señor Durán
Rodríguez le negaron unos viáticos, aun cuando las pretensiones relativas
al reconocimiento de esos valores fueron rechazadas desde la admisión de
la demanda, por lo que «no podía tener por acreditado algo que no hacía
parte del proceso».

(ii) Defecto procedimental absoluto. El tribunal omitió «etapas sustantivas del
procedimiento establecido legalmente», lo que afecta el derecho de defensa
de la entidad. Esto, por cuanto afirmó que la Agencia no se pronunció frente
a la apelación, a pesar de que descorrió el traslado del recurso el mismo día
en que fue admitido.

(iii) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. La autoridad judicial
accionada, de manera implícita, analizó la legalidad de la Resolución 1054
de 2018, que no fue demandada y, por ende, no hacía parte del objeto del
litigio. Esto «desborda en exceso las ritualidades del derecho procesal», en
tanto que, para poder revisar dicho acto debió integrarse la proposición
jurídica completa.

(iv) Defecto sustantivo. Nunca debió analizarse la naturaleza del cargo que
desempañaba el demandante, habida cuenta de que la resolución que
corrigió el tipo de nombramiento no fue demandada. En ese orden, el
tribunal analizó el caso concreto a la luz de normas y jurisprudencia que no
le eran aplicables, por estar referidas a empleos en provisionalidad, y no a
los de libre nombramiento y remoción.

1.4. Intervenciones

16. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

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Subsección A. En su criterio, debe negarse la acción de tutela, por cuanto la
decisión reprochada no incurrió en los defectos alegados. Por el contrario, en ella
se acogió «la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto» y se
valoraron todas las pruebas allegadas al proceso.

17. Al respecto, explicó los fundamentos de la sentencia de 25 de marzo de
2025 y concluyó que estos se sujetaron a la Constitución y a la ley. De allí que
no pueda concluirse que haya vulnerado derecho fundamental alguno de la
entidad accionante.

18. Juzgado 4 Administrativo de Facatativá. Hizo un recuento de las
actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho sub examine, y remitió el respectivo expediente.

19. Rodolfo Durán Rodríguez. Se opuso a las pretensiones de este
mecanismo constitucional y solicitó «mantener la validez y efectos» de la
sentencia cuestionada, pues, en este caso, no se configura alguno de los
defectos específicos de tutela contra providencia judicial, por lo que la actora
pretende reabrir un debate zanjado por el juez ordinario.

20. Lo anterior, porque: (i) la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reconocido la posibilidad de examinar la legalidad en conjunto de varios actos
administrativos, incluso si no todos ellos fueron demandados, siempre que exista
unidad funcional, causal y normativa, como ocurre en este caso; (ii) la declaratoria
de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción debe estar
motivada cuando no se trate de cargos de dirección, confianza o manejo; (iii) el
deber de motivación exigido no tiene por objeto otorgar una protección reforzada
inexistente, sino garantizar el debido proceso; y (iv) el tribunal actuó dentro de su
competencia como juez de segunda instancia, valoró debidamente todas las
pruebas, aplicó la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.

21. Otros sujetos vinculados. Pese a haber sido debidamente notificados,
guardaron silencio.

1.5. Sentencia de primera instancia

22. En la sentencia de 1. ° de julio de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción, por no
superar el requisito de subsidiariedad.

23. Para el a quo, los argumentos formulados por la accionante están referidos
a un presunto desconocimiento del principio de congruencia, en tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca habría excedido su competencia al analizar
aspectos que no fueron planteados ni discutidos en el proceso ordinario.

24. En tales términos, consideró que tales reproches podrían ser formulados
en el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal prevista en

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el artículo 250.5 del CPACA7. Destacó que esta corporación ha sostenido que la
incongruencia genera la nulidad de la sentencia «cuando esta trastorna
completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del
proceso».

1.6. Impugnación

25. La actora pidió que se revoque el fallo de primera instancia y se estudie
de fondo la acción. Para ello, debatió la procedencia del recurso extraordinario
de revisión en este caso, por las siguientes cuatro razones:

26. Primero, tal medio de impugnación solo procede cuando el proceso se vea
«afectado por situaciones exógenas, es decir que no tuvieron nada que ver con
el proceso», y lo debatido en la tutela son hechos y situaciones ventiladas al
interior del mismo. Segundo, en el escrito de amparo no se enuncia alguna
situación que pueda considerarse como una nulidad. Tercero, los defectos
alegados no pueden ser discutidos mediante el recurso extraordinario de revisión,
comoquiera que no procede para «corregir errores por falta de aplicación de
normas o por indebida aplicación de esta», que son los fundamentos de los
reproches formulados por la Agencia. Cuarto, el hecho de que en la demanda se
haya referido a la falta de congruencia no implica que ese sea el argumento
central de la acción.

II. CONSIDERACIONES

27. La Sala confirmará la decisión de 1. ° de julio de 2025, dictada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por cuanto en el
asunto sub examine no se acredita el requisito general de subsidiariedad.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

28. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún

7 «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede

recurso de apelación».
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza.

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defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

29. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

30. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito general de subsidiariedad, como pasa a explicarse.

31. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

32. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares está legitimada en la causa
por activa, por cuanto fue la entidad demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se dictó la providencia cuestionada
mediante esta acción constitucional. Así mismo, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está legitimada por
pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia controvertida
mediante esta vía.

33. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales12: (i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo13 y eficaz14; y (ii) como mecanismo de protección
transitorio.

34. Para la Sala, la tutela presentada por la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares no supera este requisito, comoquiera que el fundamento de los defectos
alegados sí se enmarca en al menos una de las causales de procedencia del

11 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)

defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
13 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
14 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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recurso extraordinario de revisión. En particular, la contenida en el artículo 250.5
del CPACA: «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».

35. Al respecto, el Consejo de Estado25 ha indicado que la vulneración del
principio de congruencia da lugar a la configuración de la referida causal, pues
ello constituye un «vicio grave o insanable que afect[a] [la] validez» de la
sentencia. En efecto:

[...] [la] nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones,
cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
la misma.

Circunstancia que también puede encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, cuando el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA […] es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o
la externa, pues en uno y en otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias
de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar15.

36. En tales términos, contrario a lo expuesto por la accionante en la
impugnación, los reproches formulados sí se encuadran en la causal previamente
analizada. Esto, por cuanto, con independencia de que haya alegado la
configuración de los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto
y sustantivo, el fundamento de todos ellos parte de la misma premisa: la falta de
competencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para pronunciarse sobre aspectos relativos a la
legalidad de la Resolución 1054 de 2018 y los viáticos solicitados por el señor
Durán Rodríguez.

37. Ciertamente, de la revisión de la solicitud de tutela y las demás pruebas
allegadas con ella, se advierte que todos los defectos suponen cuestionar la
incongruencia de la sentencia:

(i) El defecto fáctico reprocha que el tribunal tuviera por probados aspectos
relacionados con el conocimiento o el consentimiento del demandante del
proceso ordinario respecto de la expedición de la Resolución 1054 de 2018
o del reconocimiento de viáticos. Ello, pese a que ambos asuntos estaban
excluidos de su competencia, bien porque el acto administrativo no fue
demandado o porque la pretensión fue rechazada desde la admisión.

15 Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión. Sentencia del 28 de junio de 2021. Radicado

núm.: 11001-03-15-000-2020-03697-00. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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(ii) El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto apunta a cuestionar la
revisión «implícita» de la legalidad de la Resolución 1054 de 2018 que, a
juicio de la Agencia, llevó a cabo el tribunal con el fin de analizar la
naturaleza del cargo que desempeñaba el señor Durán Rodríguez. Esta
cuestión también estaría excluida de la competencia del tribunal, pues, se
reitera, el acto administrativo no fue demandado.

(iii) El defecto sustantivo sigue la misma línea argumentativa. Para la parte
actora, toda vez que la Resolución 1054 de 2018 no fue demandada, el
tribunal no podía analizar la naturaleza del cargo, la normativa aplicable
para establecer el tipo de funciones y los criterios jurisprudenciales sobre la
motivación de los actos de desvinculación de funcionarios en
provisionalidad.

38. Así las cosas, es innegable que todos esos cargos dan cuenta de una
posible incongruencia de la sentencia en el caso sub examine. Por tanto,
corresponde a la actora acudir al recurso extraordinario de revisión, por ser el
medio judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados.
Máxime cuando en este caso no se advierte la posible configuración de un
perjuicio irremediable.

39. Ahora bien, el único defecto que no está intrínsecamente relacionado con
la falta de competencia del tribunal accionado es el relativo al procedimental
absoluto. Sin embargo, respecto de este reproche tampoco se supera el requisito
de subsidiariedad.

40. Al respecto, la entidad accionante adujo que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, omitió valorar los argumentos
presentados en el escrito que corrió traslado de la apelación, el cual fue
presentado el mismo día en que se concedió el recurso.

41. Para la Sala, dicha discusión tampoco supera el requisito de
subsidiariedad, dado que la actora pudo solicitar la nulidad de la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del CGP y, en todo caso, cuenta
con la posibilidad de hacerlo mediante el recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal del artículo 250.5 del CPACA.

42. En cuanto a lo primero, el artículo 133.6 del CGP dispone que el proceso
es nulo, en todo o en parte, cuando «se omita la oportunidad para alegar de
conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado». La situación
expuesta por la Agencia da cuenta de que la omisión que se le atribuye al tribunal
conlleva que, materialmente, no se le haya permitido descorrer el traslado de la
apelación. Esto, pues, pese a haber sido presentado el respectivo memorial, el
Tribunal consideró que «la parte demandada no se pronunció sobre el mismo
hasta la ejecutoria de [la] providencia» que admitió el medio de impugnación.

43. Es más, tal situación puede ser cuestionada mediante el recurso

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03124-01

extraordinario de revisión, en virtud de la causal antes señalada. En efecto, la
jurisprudencia de esta corporación ha indicado que otro de los supuestos de la
causal del artículo 250.5 del CPACA es la configuración «de alguna de las
situaciones previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso que solo
pudieron ser advertidas en la sentencia»16.

44. Por lo anterior, es claro que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección
de sus derechos fundamentales.

2.2. Conclusión

45. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción sub examine, por las razones indicadas en este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1. ° de julio de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

16Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión. Sentencia del 26 de marzo de 2025.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2021-00983-00. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Accionante: Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03124-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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