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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03128-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03128-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa a través de apoderada judicial. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03128-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

24 de julio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03128-00
Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03128-00
Demandante: MÓNICA LILIANA LORDUY CORRALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra acto administrativo que declaró
la insubsistencia del cargo de Delegado Departamental. Naturaleza
mixta de los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Libre remoción y deber de motivación. Defectos fáctico, sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa por intermedio
de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de mayo de 2025, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al trabajo y de acceso a la administración de justicia.

En el escrito de tutela formuló la siguiente:
“Con fundamento en la situación fáctica antes descrita y los fundamentos de derecho
expuestos, solicito muy comedidamente al H. Consejo de Estado, declarar que el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Despacho accionado, vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al trabajo, de la señora MÓNICA LILIANA LORDUY CORRALES, con ocasión de la
expedición de la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de diciembre de 2024
notificada el 22 de enero de 2025, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería, de fecha 02 de febrero de 2024, que en su momento acogió la pretensión de
nulidad de la Resolución No. 005 del 2 de enero de 2020, emitida por el Registrador
Nacional del Estado Civil, por medio de la cual declaró la insubsistencia de la actora en
el cargo de delegada departamental 002-04, a partir del 2 de enero de 2020, ordenando
como consecuencia el reintegro de la accionante junto con el reconocimiento a obtener
el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de su retiro, hasta la fecha
de su reintegro, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, se sirva amparar dichos derechos, dejando sin efecto la sentencia de
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segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo de Córdoba de fecha 19 de
diciembre de 2024, disponiendo que emita una nueva sentencia de alzada, teniendo en
consideración y como fundamento el precedente jurisprudencial y constitucional y
normativo aquí explicado”.

2. Hechos

La accionante relató que el 1° de junio de 2009 tomó posesión en el cargo de
delegada departamental 020-04 y por Resolución n.° 005 del 2 de enero de 2020
expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil fue declarada insubsistente.

Señaló que, como consecuencia de lo anterior, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil (en adelante RNEC), con el fin de que: (i) se declarara la
nulidad del acto administrativo que la declaró insubsistente, (ii) se procediera con
su reintegro al cargo que venía desempeñando y, (iii) se ordenara el pago de los
emolumentos dejados de percibir actualizados.

Afirmó que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería por sentencia
de 2 de febrero de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reintegro al cargo de delegada departamental 020-04, sin solución de continuidad,
y condenó a la entidad demandada al pago de los salarios y prestaciones causados
desde la fecha de su retiro.

Por último, sostuvo que con ocasión del recurso de apelación presentado por la
RNEC, el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia de 19 de
diciembre de 2024 revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el cargo que desempeñaba la
demandante al corresponder a aquellos de gerencia pública es considerado de libre
nombramiento y remoción, sumado a que el acto administrativo acusado fue
motivado con suficiencia y con sustento en razones fácticas y jurídicas.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora indicó que la decisión reprochada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia. Hizo un recuento sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y
expuso que se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa a la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial, así:

(i) Defecto fáctico: “(…) tenemos que el mismo se configura porque parte de un hecho
nugatorio, relativo en que el cargo de delegado departamental en la RNEC corresponde o
pertenece a un empleo de libre nombramiento y remoción. El Tribunal llegó a esa conclusión
como consecuencia de haber ignorado de forma directa el material probatorio, como lo era
la sentencia C-230 de 2008, la convocatoria No. 3 del 6 de diciembre de 2008, las
publicaciones de prensa en los sitios web de la RNEC sobre el concurso y la Resolución
No. 3294 de mayo de 2.009”.

(ii) Defecto sustantivo: indicó que si bien la decisión objeto de reproche
constitucional estudió el marco normativo y jurisprudencial de la naturaleza del
empleo de la accionante, tomó como fundamento de su decisión un análisis distante
y contrario a las sentencias C-230 de 2008 y C-533 de 2010 proferidas por la Corte
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Constitucional, al punto que justificó lo resuelto con base en la sentencia de 27 de
junio de 2024 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en un caso
similar.

Para demostrar la configuración del anterior defecto, la parte actora señaló que el
cargo de delegado departamental no es un empleo de gerencia pública, sino de
responsabilidad administrativa y/o electoral, que comporta el ejercicio de una
responsabilidad directiva propia, sin que ello signifique que su naturaleza varíe a la
categoría de libre nombramiento y remoción. Por ende, consideró que la motivación
del acto administrativo que declaró la insubsistencia no se encuentra debidamente
soportada y precisó que:

“Admitir una interpretación como la ofrecida por la entidad nominadora en su acto
administrativo de insubsistencia avalada a su vez, por la autoridad judicial
accionada, representaría un exceso o abuso del poder de variación en la
denominación de los empleos de aquella entidad, que ni el mismo legislador
pudo ejercer sobre los cargos de responsabilidad administrativa y electoral al
intentar percibirlos como de libre nombramiento y remoción, encontrándose con
una restricción de linaje constitucional, que le impide alterar la esencia misma
que el constituyente quiso impregnarle a este tipo de cargos dentro del sistema
de especial de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tal y como
la Corte Constitucional en sentencia C-533 de 2010.

(…)

Finalmente, resulta menester advertir que, si bien resulta cierto que el artículo 61
de la Ley 1350 de 2009, en estricto sentido no vino a ser declarado inexequible
por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-533 de 2010, esto tampoco
significa que el mismo pueda ser invocado por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, como argumento de motivación para declarar la insubsistencia de
la accionante”.

Sostuvo que el retiro flexible consagrado en el artículo 266 de la Constitución
Política es diferente a la facultad funcional de libre remoción ejercida por el
nominador en la carrera administrativa, en virtud de lo establecido en la Ley 1350
de 2009, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional que al realizar
el ejercicio de control sobre dicha disposición precisó que los cargos de
responsabilidad electoral y administrativa quedan incorporados en la carrera
administrativa especial, por lo que su retiro debe estar mediado por criterios de
motivación.

Aludió que, el Consejo de Estado en el expediente n.º 4752 de 2020 al realizar un
análisis armónico de las normas que integran lo relativo a los empleos en la RNEC
concluyó que “el empleo de Delegado Departamental es considerado de responsabilidad
electoral y/o administrativa cuyo ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su
desvinculación el nominador cuenta con la facultad discrecional de la libre remoción”.

(iii) Violación directa de la Constitución: consideró que este defecto se configuró
por los siguientes aspectos:

“i). Desconoció la tipología especial que el artículo 266 de la Constitución Política
y las sentencias C-230A/08 y C-533 de 2010, vinieron a conferir a los cargos de
responsabilidad administrativa y electoral, a través de una errada interpretación
que buscó asimilar o equiparar estos con los empleos de naturaleza gerencial
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dispuestos en el artículo 61 de la Ley 1350 de 2009, cuya denominación
pertenece a una tipología de empleos de libre nombramiento y remoción.

ii). Efectuó una asociación o equivalencia de dichos empleos, reproduciendo el
error de exceso de facultad constitucional en el que incurrió el legislador a la hora
de promulgar la Ley 1350 de 2009, y que la Corte Constitucional en sus
decisiones de constitucionalidad restableció́ , agravado aún más por el hecho de
permitir o consentir el ejercicio de dicho actuar por parte de una autoridad
administrativa, en donde su decisión desdibujó la combinación o mixtura de
ingreso y retiro de los empleos responsabilidad administrativa y electoral dentro
del sistema especial de carrera de la RNEC, y enlistó bajo otra categoría de
empleo, aquel cargo para convertirlo o percibirlo como un empleo de Gerencia
Pública cuya naturaleza corresponde a la categoría excepcional de un empleo
de libre nombramiento y remoción.

iii). Aunado a lo anterior, aquella autoridad judicial ignoró o negó expresamente
la pertenencia de los empleos de responsabilidad administrativa y electoral a la
carrera especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, advertida así por
la misma H. Corte Constitucional en las sentencias C-230A/08 y C-533 de 2010,
negando las garantías y la protección legal de estabilidad laboral, aplicable a
dichos empleos de carrera.

iv. La decisión cuestionada ignoró la advertencia anunciada por la Corte
Constitucional frente al vacío legislativo existente para poder ejercer el retiro
flexible de los empleos de responsabilidad administrativa y electoral, así como
también, las reglas provisionales que impartió aquel alto tribunal constitucional
para permitirle al Registrador Nacional del Estado Civil ejercer dicha facultad,
consintiendo una aplicación analógica de normas de retiro de la carrera ordinaria
o de cargos de libre nombramiento y remoción, ignorando las disposiciones
legales especiales pertinentes de la carrera especial de la RNEC.

v. La interpretación desplegada por la autoridad judicial, además de quebrantar
el ordenamiento jurídico vigente, lesiona los derechos fundamentales de la
accionada al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y al trabajo, ya que legitima una desvinculación producida por medios
ilegales, cercenado la estabilidad laboral a la que goza por pertenecer a la
carrera administrativa especial de la RNEC, que resultan ser transversales al
sistema jurídico ...”.

iv) Desconocimiento del precedente judicial: expuso que al invocarse el
precedente vertical contenido en la sentencia de 27 de junio de 2024 proferida por
el Consejo de Estado, se pasó por alto el precedente obligatorio de carácter
prevalente y vinculante de la Corte Constitucional en las sentencias C-230A de 2008
y C-533 de 2010 por el que fijó el alcance e interpretación del artículo 266 de la
Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003.

Por último, señaló que la sentencia cuestionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y al trabajo, al revocar la decisión que accedió a las pretensiones.

4. Trámite procesal

Por auto de 29 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo de Córdoba-. Asimismo, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
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(RNEC) y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería, como terceros
interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios n.° 73036 a 73040 del
30 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

El apoderado judicial de la entidad solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
al considerar que fue interpuesta como una instancia adicional para debatir aspectos
que ya fueron analizados por el juez natural.

En cuanto al fundamento del acto administrativo que declaró insubsistente a la
demandante, señaló que procede la libre remoción sin condicionamientos, y que
resulta válida la motivación basada en la pérdida de confianza. Además, indicó que,
conforme a las sentencias C-230A de 2008 y C-553 de 2010 -las cuales se alegan
como desconocidas-, respecto de los delegados departamentales opera la figura de
la libre remoción, en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 y siguientes de la Ley
1350 de 2009.

Expuso que, en el ejercicio del cargo, a la demandante le fueron reconocidas
prestaciones económicas propias de los cargos directivos, y que fue evaluada
mediante “acuerdos de gestión” y no bajo la figura de la carrera administrativa.

Indicó que, mediante la Ley 1014 de 2000, se reglamentó la carrera administrativa
especial en la RNEC, y se estableció que algunos cargos dentro de la entidad son
de libre nombramiento y remoción, entre ellos, el de delegado departamental.

Sostuvo que el Acto Legislativo 01 de 2003 modificó el artículo 266 de la
Constitución Política y dispuso que el ingreso a los cargos de la entidad debía
realizarse mediante concurso de méritos. No obstante, también estableció que el
retiro de ciertos empleos podía ser flexible, en atención a las necesidades del
servicio, y que los cargos con responsabilidad administrativa y/o electoral son de
libre nombramiento y remoción.

Señaló que, de conformidad con la normatividad antes referida el empleo de
delegado departamental “es considerado de responsabilidad electoral y/o administrativa,
cuyo ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su desvinculación el nominador
cuenta con la facultad discrecional de la libre remoción”.

5.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Montería no rindieron informe.

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Índice 8 Samai
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por la
accionante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se
cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, por violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial con ocasión de la sentencia
de 19 de diciembre de 2024, que revocó la providencia que accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su lugar, las negó.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

Para la Sala la acción de tutela atiende (i) el requisito de relevancia constitucional
porque debe definirse si a la accionante se le vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia, con la sentencia de 19 de diciembre de 2024, proferida
por la autoridad judicial accionada.

En el presente caso, se observa que los reparos planteados no constituyen una
discusión de índole legal ni reabren el debate litigioso. Esto se debe a que, dado el
sentido favorable del fallo ordinario de primera instancia, la accionante no tuvo la
oportunidad procesal de exponer los argumentos que ahora formula en contra de la
decisión objeto de tutela. Por ello, este escenario constitucional se configura como
el medio judicial idóneo para resolver la controversia planteada, con el propósito de
determinar si la decisión cuestionada afecta el contenido, alcance y disfrute de las
garantías fundamentales invocadas. Lo anterior, además, se ve reforzado por el
hecho de que la solicitud cumple con una carga argumentativa mínima que permite
su estudio de fondo.

Por otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad, porque la parte
accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que
se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 2 de febrero de 2024,
proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería, (iii) se
cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue
notificada mediante correo electrónico enviado el 22 de enero de 2025,
entendiéndose surtida el 27 del mismo mes y año y la acción de tutela se presentó
el 23 de mayo de 2025, esto es, dentro del término prudencial precisado por esta
corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la
supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra
un fallo de tutela.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo

La Sala observa que la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la
administración de justicia. Lo anterior, con ocasión de la sentencia proferida el 19
de diciembre de 2024, mediante la cual se revocó la decisión emitida por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Montería el 2 de febrero del mismo año, que
había accedido a las pretensiones de la demanda.

En ese contexto, la parte actora alegó que la decisión adoptada por la autoridad
judicial incurrió en: (i) defecto fáctico, al asumir que el cargo de delegado
departamental era de libre nombramiento y remoción, desconociendo lo establecido
en la sentencia C-230A de 2008, en la convocatoria n.º 3 de 2008, en las
publicaciones del concurso para la provisión del empleo y en la Resolución n.º 3294
de 2009; (ii) defecto sustantivo, al otorgar un alcance distinto a las sentencias C-
230A de 2008 y C-533 de 2010, y fundamentar su decisión en una sentencia de 27
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de junio de 2024 que carece del mismo peso vinculante, además de omitir que se
trata de un cargo amparado por la carrera administrativa especial, cuya remoción
exige una motivación suficiente, no limitada a la pérdida de confianza; (iii) violación
directa de la Constitución, al desconocer la naturaleza especial de los cargos de
responsabilidad administrativa conforme al artículo 266 de la Constitución Política,
e ignorar el vacío legislativo existente respecto de su remoción; y (iv)
desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de lo establecido por la
Corte Constitucional en las sentencias C-230A de 2008 y C-533 de 2010, y aplicar
en su lugar un precedente inferior y no vinculante del Consejo de Estado.

De conformidad con lo expuesto por la parte actora, la Sala precisa que abordará el
caso a partir de la caracterización del defecto sustantivo, por ser al cual se ajustan
los argumentos planteados en la demanda, los cuales están relacionados con el
desconocimiento de las sentencias C-230A de 2008 y C-533 de 2010 de la Corte
Constitucional, en las que se fijó el alcance e interpretación de las normas sobre la
provisión del cargo de Delegado Departamental de la RNEC, así como el deber de
motivación del acto de desvinculación y la naturaleza del empleo.

En torno al defecto sustantivo, la Corte Constitucional17 ha considerado que se
configura cuando “la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió
vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el
contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo
que la Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error
en la interpretación de la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias
con efectos erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
contraria a la Constitución. Igualmente se considera defecto sustantivo (v) el hecho que la
providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; o (vi)
cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer el mínimo razonable de
argumentación que hubiese permitido una decisión diferente si se hubiese acogido la
jurisprudencia; entre otros. Cuando la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales sin atender unos requisitos mínimos, demostrando que la decisión tomada
variaría si hubiera atendido a la jurisprudencia, se puede aducir que el fallo carece de
suficiente sustentación o justificación, lo que constituye una vulneración del debido proceso
y la igualdad”.

En sentencia SU-304 de 2024, la Corte Constitucional precisó el alcance de este
defecto cuando se alega el desconocimiento de sentencias de control abstracto para
lo cual unificó que “se configura un defecto por desconocimiento del precedente cuando
se advierta la violación de la razón de la decisión de una providencia judicial que cumple
las condiciones para calificarse como precedente. No obstante, el desconocimiento del
significado reconocido o atribuido a las disposiciones objeto de juzgamiento (ley, decreto,
resolución, entre otras) en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad o legalidad,
configura un defecto sustantivo”.

De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente ordinario, la Sala encuentra
demostrado que la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales fue nombrada en el cargo
de Delegada Departamental 0020-04 por medio de la Resolución n.º 3294 del 27 de
mayo de 2009, en el cual tomó posesión el 1º de junio de 2009 y a través de la
Resolución n.º 005 del 2 de febrero de 2020 fue declarada insubsistente.
17
Sentencia T-416 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió demanda contra la RNEC con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento en el cargo de
Delegado Departamental, y a título de restablecimiento pidió el reintegro en el
empleo que venía desempeñando o a uno de igual categoría y solicitó el
reconocimiento de los sueldos y prestaciones dejados de percibir hasta la fecha de
reintegro.

El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Montería, que mediante sentencia de 2 de febrero de 2024 accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó el reintegro al cargo que venía
desempeñando sin solución de continuidad y condenó a la entidad demandada al
pago de los salarios y prestaciones sociales que devengaba desde la fecha de retiro,
hasta que se produzca el reintegro, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

“Así las cosas, es muy evidente que la Administración erró al asimilar el cargo de
Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ocupado por la
señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, como de libre nombramiento y remoción, cuando
realmente es un empleo de naturaleza mixta cuyo ingreso se hace por concurso público
de méritos y su retiro, si bien es flexible al permitir la libre remoción del servidor que lo
ocupa, como mínimo debe corresponder a una necesidad del servicio o a la provisión
luego de un nuevo concurso de méritos.

Por lo demás, el acto se expidió sin atender lo dispuesto en la sentencia C-553 de 2010,
que exige el deber de motivar el acto de retiro de manera coherente y razonable cuando
el servidor ha ingresado por el sistema de méritos; sentencia que se erige como un
precedente judicial constitucional al producir efectos erga omnes y, por ende, constituye
precedente de obligatorio acatamiento para las autoridades judiciales, administrativas y
los particulares.

(...)

La Administración justificó superficialmente su decisión de retirar del servicio a la
demandante, como si se tratara de una funcionaria de libre nombramiento y remoción,
aduciendo únicamente la facultad discrecional que le asiste a los nominadores frente al
vínculo legal y reglamentario con que cuentan esta clase de servidores. Es así como los
motivos que sirvieron de fundamento al acto administrativo no justificaron válidamente la
decisión de remover del servicio a la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, existiendo
una discrepancia considerable entre los hechos que debieron tenerse en cuenta para
justificar válidamente la decisión, con aquellos que en efecto se consignaron en el acto
que plasmó la voluntad del nominador.

En otras palabras, la justificación empleada por la demandada, asimilando que el cargo
ocupado por la actora era de libre nombramiento y remoción, no guardó identidad
objetiva con la naturaleza de la vinculación de la señora Lorduy Corrales con la entidad
y, por esa razón, se obvió motivar en debida forma su retiro siendo ello necesario para
la validez del acto; sumado a que desatendió las reglas jurisprudenciales respecto a la
provisión por medio de concurso de méritos establecidas por la Corte Constitucional en
las sentencias de control abstracto de constitucionalidad referidas anteriormente”.

Contra la anterior decisión, la RNEC interpuso recurso de apelación que fue
desatado por el Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia de 19 de diciembre
de 2024, por medio de la cual decidió revocar la decisión que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.

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Para efectos de fundamentar esa determinación, la autoridad judicial accionada
resolvió el asunto con el fin de establecer si “la naturaleza de libre remoción del empleo
de delegado departamental que ostentaba la actora en la Registraduría Nacional del Estado
Civil permitía la declaratoria de insubsistencia de aquella, a partir de la facultad discrecional
del nominador”.

A partir del problema jurídico hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre los
empleos de libre nombramiento y remoción, así como de la naturaleza del cargo de
delegado departamental de la RNEC y explicó que el artículo 266 de la Constitución
Política estableció que la naturaleza de los empleos de la RNEC será de carrera
administrativa especial y preverá el retiro flexible de conformidad con las
necesidades del servicio.

Expuso que a través de la sentencia C-230A de 2008 la Corte Constitucional al
estudiar la constitucionalidad del Decreto 2241 de 1986 -Código Electoral-, y
Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto-, exhortó al Congreso de
la República para que antes del 16 de diciembre de 2008 expidiera una ley que
armonizara el Código Electoral con el modelo adoptado por la Constitución Política
de 1991, con la reforma realizada mediante Acto Legislativo 01 de 2003 y la
reglamentación de la carrera administrativa especial señalada en el artículo 266 de
la Carta.

Mencionó que en cumplimiento de lo anterior se profirió la Ley 1530 de 2009, que
en el artículo 6º indicó que los empleos de la RNEC tendrán el carácter del sistema
de carrera especial, con excepción de los de libre nombramiento y remoción, dentro
de los que se indicó el de delegado Departamental, por tratarse de un cargo que
ejerce funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación.

Adujo que la Corte Constitucional en sentencia C-553 de 2010, al dirimir una
demanda de inconstitucionalidad declaró exequible condicionalmente el literal a) del
artículo 6º de la Ley 1350 de 2010, en el entendido que los cargos de autoridad
administrativa o electoral allí regulados son de libre remoción y no de libre
nombramiento, por lo que deben ser provistos por concurso de méritos. Y en ese
orden, sostuvo que “el Registrador Nacional del Estado Civil conserva la facultad para
ejercer la libre remoción de los servidores públicos que ejerzan cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, puesto que esa competencia se deriva del artículo 266 C.P. y es
reiterada en la norma objeto de análisis. Sin embargo, es necesario advertir que tal facultad,
según se ha expuesto, debe ser compatible con la pertenencia a la carrera administrativa
especial de la RNEC que la Constitución ha conferido a dichos cargos, lo que implica que
el acto de desvinculación, a pesar de recaer en la órbita funcional del Registrador Nacional,
debe hacer explícita su motivación”.

Adicionalmente, indicó que en un reciente pronunciamiento al resolver un caso con
contornos similares fácticos, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró
que “el empleo de Delegado Departamental es considerado de responsabilidad electoral
y/o administrativa cuyo ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su desvinculación
el nominador cuenta con la facultad discrecional de la libre remoción”, y valoró que “a
pesar de que el proceso de selección donde participó el actor, tuvo en cuenta criterios de
mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo, dicho proceso per se no
significaba que el demandante se encuentre protegido por normas de estabilidad especial,
por cuanto si bien el demandante accedió al cargo mediante concurso de méritos, dicha
circunstancia no le otorga derechos de carrera administrativa, toda vez que tal empleo es

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de confianza y dirección que permiten el retiro mediante resolución motivada al
considerársele un empleo de libre remoción”.

En el caso de la accionante, la referida autoridad judicial procedió a valorar la
motivación de la Resolución nº. 005 del 2 de febrero de 2020, a través de la cual se
declaró la insubsistencia de la demandante en el cargo de delegada Departamental
0020-04, para lo cual citó el contenido del mismo de la siguiente manera:

“(...) Que, mediante Resolución No. 3294 del 27 de Mayo de 2009, se resolvió
nombrar con carácter ordinario en la Planta de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, establecida mediante Decreto Ley 1012 de 2000, a la Dra. MÓNICA LILIANA
LORDUY CORRALESO identificada con la cédula de ciudadanía No. ***, para
desempeñar el cargo de DELEGADO DEPARTAMENTAL 0020-04, de la Planta
Global de la Sede Central, empleo del Libre Remoción del Nivel Directivo de la
Entidad, tomando posesión del cargo el 01 de junio de 2009.

Que, el empleo de Delegado Departamental 0020-04 pertenece al Nivel Directivo de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo establecido en los
artículos 4° y 5° del Decreto Ley 1011 de 2000, y por tal le corresponden funciones
de dirección general, de formulación de políticas y adopción de planes, programas y
proyectos.

Así mismo, la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009, dispone que los cargos que
conllevan ejercicio de responsabilidad directiva tienen el carácter de empleos de
gerencia pública, y son de libre nombramiento y remoción conforme lo establece el
Artículo 61, así:

"(...) ARTÍCULO 61. EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL.

1. Los cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la Registraduría
Nacional del Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de
empleos de Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes al nivel directivo
de la planta de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil diferente al de
Registrador Nacional del Estado Civil.

2. Los cargos de Gerencia Pública son de libre nombramiento y remoción. No
obstante, en la provisión de tales empleos, sin perjuicio de las facultades
discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse a las
previsiones establecidas en el presente Título. (.. )"

Que, en relación con la discrecionalidad del nominador para el retiro de servidores
públicos que desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción, la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-317/13 (…), señaló:

"(...) De otra parte, con relación a la facultad discrecional que tiene la administración
para desvincular a funcionarios que ocupan cargos de libre nombramiento y
remoción en los que se exige una especial confianza, el Consejo de Estado ha
señalado en reiteradas ocasiones lo siguiente:

"Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las
facultades discrecionales no son omnímodas, sino que tienen que estar
encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar el
vicio de ilegalidad del acto demandado frente al cargo del uso indebido que hace el
nominador de tal potestad. Así mismo, ha insistido la jurisprudencia que cuando se
trate de cargos que implican una especial responsabilidad y dignidad, como era el
caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad discrecional se
tornan más amplias.

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"(...) la situación en la que se encuentran los empleados que gozan de fuero de
relativa estabilidad laboral, no es igual a la de los funcionarios de libre nombramiento
y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de confianza que no se
requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la autorización de removerlos
libremente es razonable, pues consiste en asegurar la permanencia de la confianza
que supone el ejercicio del cargo".

En similar sentido, manifestó: "(...) según lo ha reiterado esta Corporación, constituye
razón de buen servicio para declarar la insubsistencia del nombramiento de un
empleado público, pues para lograr la buena prestación del mismo, se requiere que
quien tiene a su cargo la dirección del equipo de gobierno, tenga en cada uno de sus
colaboradores absoluta confianza y credibilidad en su comportamiento, pues sólo así
se puede lograr la armonía necesaria para cumplir los objetivos y cometidos de la
administración, cuestión que debe ser prevalente para quienes son responsables de
conducir o dirigir los organismos e instituciones oficiales. (...)".

Bajo ese contexto, consideró que el acto administrativo acusado “fue motivado con
suficiencia y con sustento en razones fácticas y jurídicas que se acompasan con la realidad,
de ahí que no se configuran las causales de nulidad de falsa motivación y falta de
motivación. Prospera la apelación”.

Así las cosas, la Sala observa que la autoridad judicial, a partir del análisis
probatorio, logró establecer que el cargo en el que fue nombrada la demandante
como Delegada Departamental fue provisto mediante concurso de méritos y que
pertenece a los cargos de responsabilidad administrativa o electoral. Sobre este tipo
de empleos, la jurisprudencia ha precisado que no ostentan la condición de libre
nombramiento y remoción; sin embargo, al tratarse de un empleo de nivel directivo,
el nominador cuenta con la facultad discrecional de removerlo libremente. En el caso
concreto, dicha remoción se sustentó en la pérdida de confianza, razón por la cual
la autoridad judicial concluyó que el acto estuvo debidamente motivado y, en
consecuencia, revocó la decisión que había accedido a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar negarlas.

En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial no valoró
adecuadamente las pruebas relacionadas con el concurso de méritos mediante el
cual se ofertó la vacante de Delegada Departamental, cargo para el cual fue
nombrada mediante la Resolución n.º 3947 del 27 de mayo de 2009. Según la
actora, dicha omisión llevó a concluir erróneamente que se trataba de un cargo de
libre nombramiento y remoción, que como se expuso no tiene asidero por cuanto en
la decisión reprochada se reconoció que se trataba de un cargo de naturaleza mixta
por ser de responsabilidad administrativa o electoral, pero de libre remoción.

En ese sentido, la Sala precisa que, aunque en la decisión objeto de reproche no
se valoraron expresamente las etapas del concurso de méritos, sí se hizo alusión al
acto administrativo de nombramiento de la demandante, contenido en el acto
acusado. De su análisis, la autoridad judicial accionada concluyó que si bien la Corte
Constitucional, en la sentencia C-553 de 2010, declaró exequible el artículo 6º de la
Ley 1350 de 2009 en el entendido de que los cargos de autoridad administrativa o
electoral allí regulados son de libre remoción y no de libre nombramiento, estos
deben ser provistos mediante concurso de méritos, como efectivamente ocurrió en
el caso de la accionante.

No obstante, al tratarse de un cargo de libre remoción, el Registrador Nacional
contaba con la facultad discrecional para desvincular a la demandante,
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fundamentando su decisión en la pérdida de confianza. En consecuencia, la
autoridad judicial no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues no afirmó que
se tratara de un cargo de libre nombramiento y remoción, sino de libre remoción,
aunque el cargo fue provisto mediante concurso de méritos, dada su naturaleza
directiva, su desvinculación resultaba jurídicamente viable.
En hilo con lo anterior, la Sala advierte que la decisión cuestionada realizó un
recuento normativo y jurisprudencial para explicar las razones por las cuales el
legislador reguló los cargos de la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante
la Ley 1350 de 2009, norma que posteriormente fue objeto de control constitucional.
De dicho análisis se concluyó que el cargo de delegado Departamental es de libre
remoción y tiene la naturaleza de responsabilidad administrativa o electoral, en
concordancia con lo sostenido por la parte actora.
En cuanto a la exigencia de motivación para la desvinculación, conforme a lo
dispuesto en las sentencias C-230A de 2008 y C-553 de 2010, la Sala observa que
el Tribunal accionado sí se pronunció al respecto. A partir del análisis del acto
administrativo concluyó que, tratándose de un cargo directivo, el Registrador
Nacional podía ejercer su facultad discrecional de remoción con fundamento en la
pérdida de confianza. Ello sin desconocer lo señalado por la Corte Constitucional,
que, si bien exhortó al Congreso de la República a regular las condiciones para la
remoción de los servidores de la RNEC conforme al artículo 266 de la Constitución
Política, lo cierto es que actualmente no existe una regulación específica sobre el
particular. Por tanto, el Registrador conserva la facultad de ejercer la libre remoción
respecto de quienes ocupan cargos de responsabilidad administrativa o electoral.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada fundamentó su decisión de no
acceder a las pretensiones de la demanda, en tanto se trató de un cargo de
responsabilidad administrativa o electoral, de libre remoción, con fundamento en la
falta de confianza alegada por el registrador nacional en el acto acusado.
Adicionalmente, la decisión tuvo en consideración una reciente postura de la
Sección Segunda del Consejo de Estado18, en la que se analizó un caso con
contornos similares fácticos y en el que se indicó lo siguiente:
“Así las cosas, interpretados de manera armónica tanto el Acto Legislativo 01 de 2003,
como el Decreto Ley 1014 de 2000 y la Ley 1350 de 2009, el empleo de Delegado
Departamental es considerado de responsabilidad electoral y/o administrativa cuyo
ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su desvinculación el nominador cuenta
con la facultad discrecional de la libre remoción, particularidad connatural que existía
inclusive antes de la referida enmienda constitucional, pero que luego del año 2010 a
partir del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, exigió de motivación.
Acorde con lo anterior, se observa que el empleo que desempeñaba el demandante
implicaba un nivel de responsabilidad administrativa y electoral, por tanto, las funciones
llevadas a cabo por parte del señor (…) cuyo ejercicio implican también la confianza
respecto del Registrador Nacional del Estado Civil.
A través de la Resolución 1070 de 4 de febrero de 2020, el Registrador Nacional del
Estado Civil, declaró insubsistente el nombramiento del señor (…) en el cargo de
Delegado Departamental, decisión que se profirió en ejercicio de la facultad discrecional,
es decir que el nominador acudió precisamente a la potestad legal de la cual estaba
investido en virtud de la naturaleza del cargo al ser de libre remoción, tal como lo dispone
el artículo 6° de la Ley 1350 de 2009.

18
Sentencia de 27 de junio de 2024. Radicado interno n.º 4752-2023. Exp. N.º 2020-00701-02.
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Por consiguiente, tratándose de empleados que ocupan cargos como los de libre
remoción para los cuales, el ejercicio de la facultad discrecional permite al nominador
contar con personas de su absoluta confianza cuya capacidad, idoneidad y eficiencia se
adecúen a los requerimientos institucionales, procede el retiro discrecional, que deberá
está precedido de los intereses generales del artículo 2o de la Carta Política y del
mejoramiento del servicio público.
Por tanto, si bien el nombramiento por parte del Registrador Nacional del Estado Civil del
empleo denominado Delegado Departamental está precedido del mérito, ello no le
desnaturaliza su ubicación como un empleado del nivel directivo y de confianza del
nominador, al punto que para su desvinculación tal decisión deberá estar precedida de
motivación, pero no de aquella que se predica para el retiro de un empleado de carrera
administrativa, que sólo puedan ser declarados insubsistentes por una calificación
insatisfactoria del servicio o porque su retiro deba obedecer a la imposición previa de
una sanción disciplinaria como la destitución.
En este orden, se advierte que a pesar de que el proceso de selección donde participó
el actor, tuvo en cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño
del empleo, dicho proceso per se no significaba que el demandante se encuentre
protegido por normas de estabilidad especial, por cuanto si bien el demandante accedió
al cargo mediante concurso de méritos, dicha circunstancia no le otorga derechos de
carrera administrativa, toda vez que tal empleo es de confianza y dirección que permiten
el retiro mediante resolución motivada al considerársele un empleo de libre remoción.
Sobre el particular, se advierte que el alto Tribunal Constitucional en sentencia C-553 de
2010, exhortó al Congreso para que en desarrollo del artículo 266 de la Constitución
Política regule las condiciones para la libre remoción de los servidores públicos de la
Registraduría Nacional del Estado que ejercen cargos de autoridad administrativa o
electoral, y a su vez destacó que mientras la respectiva ley es promulgada por el
Congreso, el Registrador Nacional del Estado Civil conservaba la facultad para ejercer
la libre remoción de los servidores públicos que ejerzan cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, puesto que dicha competencia se deriva del citado artículo
constitucional.
En tal sentido, como a la fecha no existe regulación por parte del Congreso de la
República en tal aspecto, es claro que el Registrador Nacional del Estado Civil en virtud
del artículo 266 de la Carta Política, cuenta con la facultad de ejercer la libre remoción
de aquellos servidores que ejercen cargos de responsabilidad administrativa o electoral
como lo es el de Delegado Departamental, mediante acto motivado”.

En virtud del citado precedente, la Sala observa que la autoridad judicial lo aplicó al
caso de la accionante, sin que ello configure el defecto sustantivo alegado, toda vez
que no se desconocieron las sentencias C-230A de 2008 y C-533 de 2010, mediante
las cuales se fijó el alcance e interpretación del artículo 266 de la Constitución
Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003.
En este punto, se destaca que la decisión proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado que tuvo en consideración la autoridad judicial accionada para
resolver el caso de la accionante fue analizada en el marco de la acción de tutela
con radicado n.° 11001-03-15-000-2024-04868-01, en la que la Sección Cuarta de
esta corporación resolvió confirmar la providencia que negó el amparo de lo
solicitado, tras advertir que “las consideraciones de la sentencia acusada fueron
suficientes y razonables para concluir que el acto de retiro del actor estuvo debidamente
motivado, sin desconocer que el ingreso al empleo fue resultado de un concurso de méritos,
que en el caso particular de los delegados departamentales de la Registraduría Nacional
del Estado Civil no implica que deban ser considerados empleados de carrera
administrativa de aquellos que deben ser evaluados periódicamente, en la medida que,
pese a la forma de ingreso al empleo, este no perdía su condición de cargo directivo y de
gerencia pública”.

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En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso no se configura el
defecto sustantivo invocado, por cuanto la autoridad judicial accionada analizó el
asunto conforme a la normatividad vigente y al precedente jurisprudencial aplicable
a los empleos de Delegado Departamental provistos en la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Como se indicó en líneas anteriores, dicha autoridad concluyó que
el empleo ocupado por la accionante tenía una naturaleza mixta, en tanto fue
provisto mediante concurso de méritos, lo que lo califica como un cargo de
responsabilidad administrativa y/o electoral. En ese sentido, se trata de un empleo
de libre remoción, lo que facultaba al Registrador Nacional para disponer su
desvinculación con fundamento en la pérdida de confianza, en ejercicio de su
discrecionalidad.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por la señora Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa a través de
apoderada judicial.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa a través de apoderada judicial.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (Firmado electrónicamente)
Presidente MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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