Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03128-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03128-011
Demandante : Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado : Tribunal Administrativo de Córdoba
Vinculado : Registraduría Nacional del Estado Civil y Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Montería
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y trabajo
Tema : Tutela contra providencia judicial, carrera especial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, delegado
departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la accionante contra el fallo
del 24 de julio de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta2, que negó
las pretensiones de la acción constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Mónica Liliana Lorduy Corrales, quien actúa por medio de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y trabajo, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
Por consiguiente, solicitó:
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Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03128-01
Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
[…] [dejar] sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por [el] Tribunal
Administrativo de Córdoba de fecha 19 de diciembre de 2024, disponiendo que emita
una nueva sentencia de alzada, teniendo en consideración y como fundamento el
precedente jurisprudencial y constitucional y normativo aquí explicado.
Hechos3.
La accionante relató que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin
de que, se declarara la nulidad de la Resolución núm. 005 del 2 de enero de 2020,
expedida por el entonces Registrador Nacional del Estado Civil, mediante la cual fue
declarada insubsistente en el cargo de delegada departamental 020-04, y, como
restablecimiento del derecho se ordenara su reintegro y el pago de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que fue retirada del
cargo hasta el reintegro.
Adujo que, el acto administrativo fue expedido con infracción de las normas en que se
debía de fundar, en forma irregular, con falsa motivación y con desviación de poder.
El conocimiento del asunto correspondió por reparto al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Montería, bajo el radicado núm. 23001-33-33-001-2020-
00121-00, quien en sentencia del 2 de febrero de 2024 declaró la nulidad de la
mencionada resolución, ordenó el reintegro de la accionante al cargo de delegada
departamental 020-04, sin solución de continuidad, y condenó a la entidad demandada
al pago de salarios y prestaciones causados desde la fecha de retiro hasta cuando se
produzca el reintegro.
Inconforme con lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil interpuso
recurso de apelación, resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante
sentencia del 19 de diciembre de 2024, en la que revocó el fallo de primera instancia
y negó las pretensiones de la demanda. Para ello, estimó que el cargo desempeñado
por la tutelante es de libre remoción y que el acto administrativo estuvo debidamente
motivado.
La accionante refiere que, la sentencia del Tribunal vulneró sus derechos al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, dado que
la providencia incurrió en varios defectos (i) un defecto fáctico, porque ignoró pruebas
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 2.
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
que demostraban que el cargo pertenece a la carrera administrativa especial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; (ii) un defecto sustantivo, al aplicar normas
inaplicables sobre libre nombramiento y remoción y desconocer la interpretación
constitucional del artículo 266 de la Carta Política; además, señaló (iii) una violación
directa de la Constitución, porque la decisión desconoció el régimen especial previsto
para la entidad y la doctrina constitucional que lo desarrolla; finalmente, (iv) advirtió el
desconocimiento del precedente, ya que el Tribunal ignoró sentencias de la Corte
Constitucional como la C-230A de 2008 y la C-533 de 2010, que establecen que los
cargos de la Registraduría, salvo excepciones, hacen parte de la carrera especial y
requieren motivación para su retiro.
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 La Registraduría Nacional del Estado Civil4 manifestó que la acción de
tutela es improcedente, por cuanto la parte accionante pretende convertir el amparo
en una tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto por el juez ordinario.
En relación con la insubsistencia, sostuvo que el empleo de delegada departamental
es de libre remoción y que la decisión obedeció a la pérdida de confianza,
motivación suficiente en este tipo de cargos. Apoyó su postura en las sentencias C-
230A de 2008 y C-553 de 2010 y en el inciso tercero del artículo 266 de la
Constitución, que consagra la libre remoción para los cargos con responsabilidad
administrativa o electoral. Igualmente, invocó los artículos 61 y siguientes de la Ley
1350 de 2009 que reafirman la libre remoción en empleos directivos.
De otra parte, resaltó que a la demandante le fueron reconocidas prestaciones
propias de cargos directivos y que su evaluación se efectuó mediante «acuerdos de
gestión», lo que refuerza la naturaleza directiva del empleo y la exigencia de
confianza «intuitu personae».
Adicionalmente, precisó que, conforme al Decreto Ley 1014 de 2000, la carrera
especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil prevé excepciones para
empleos de libre nombramiento y remoción, dentro de los cuales se encuentra el de
delegado departamental por tratarse de funciones de dirección, conducción,
asesoría y orientación.
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Índice 10 del expediente de Samai de primera instancia.
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
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Por último, mencionó que el Acto Legislativo 01 de 2003 modificó el artículo 266 de
la Constitución y estableció el ingreso por concurso de méritos, sin perjuicio de un
retiro flexible atendiendo a las necesidades del servicio; de ahí que los cargos con
responsabilidad administrativa o electoral sean de libre nombramiento y remoción y
que, tratándose de delegados departamentales, el nominador conserve la facultad
discrecional de la libre remoción, debidamente motivada.
1.2.2 Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Montería guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
1.3 Providencia impugnada5.
Mediante fallo del 24 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, negó
las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, al considerar que la
providencia cuestionada no había incurrido en defecto sustantivo. Con base en el
acervo probatorio, observó que el cargo de delegada departamental había sido
provisto mediante concurso de méritos y pertenecía a los empleos de
responsabilidad administrativa o electoral.
Precisó que, conforme a la sentencia C-553 de 2010, tales cargos no eran de libre
nombramiento, pero sí de libre remoción y debían ser ocupados mediante concurso
de mérito; y, así ocurrió en el caso. Destacó que, por tratarse de un empleo del nivel
directivo, el Registrador Nacional conservaba la facultad discrecional de remover a
su titular, siempre que mediara motivación suficiente, lo cual se satisfizo al fundarse
la desvinculación en la pérdida de confianza. Por ello, el Tribunal no había calificado
el cargo como de libre nombramiento y remoción, sino de libre remoción, y la
decisión de retiro resultaba jurídicamente viable.
De otro lado, indicó que, aunque la providencia reprochada no examinó de manera
pormenorizada las etapas del concurso, sí valoró el acto de nombramiento y efectuó
un recuento normativo y jurisprudencial sobre la Ley 1350 de 2009 y el artículo 266
de la Constitución. Manifestó, además, que la Corte Constitucional había exhortado
al Congreso de la República a regular las condiciones del retiro en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, pero que, a falta de regulación específica, el registrador
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Índice 15 del expediente de Samai de primera instancia.
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
conservaba la potestad de libre remoción respecto de quienes ocupaban cargos de
responsabilidad administrativa o electoral, siempre mediante acto motivado.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada apoyó su decisión en un precedente
reciente de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, mediante el
cual se resolvió un caso con contornos fácticos similares, sin desconocer las
sentencias C-230A de 2008 y C-553 de 2010 ni el alcance del artículo 266 superior.
1.4 La impugnación6.
Inconforme con la anterior decisión, la tutelante la impugnó, para cuyo propósito
sostuvo lo manifestado en el escrito de tutela, y agregó, que el fallo de primera
instancia reprodujo los yerros de la providencia demandada y perpetuó la
vulneración de sus derechos fundamentales alegados, al encasillar el cargo de
delegado departamental como de gerencia pública y equiparar la facultad del
Registrador Nacional para remover libremente dicho cargo, al que se suele ejercer
frente a los que son nombrados en cargos de libre nombramiento y remoción,
desconociendo así el marco constitucional, legal y el precedente de la Corte
Constitucional (C-230A de 2008 y C-553 de 2010). Por último, solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos
fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
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Índice 21 del expediente de Samai de primera instancia.
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«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
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Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de este mecanismo constitucional,
examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que pueda
comportar la providencia del 19 de diciembre de 2024, mediante la cual, el Tribunal
Administrativo de Córdoba revocó la decisión del 2 de febrero de 2024, proferida
por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería que había accedido
a las pretensiones de la demanda; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías constitucionales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y trabajo invocados en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencia judicial.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera
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calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
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hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales11, rectificó su posición
11
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
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mediante sentencia de 31 de julio de 201212, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos13.
2.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia e igualdad
de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno,
en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 29 de enero de 202514 y la
solicitud de amparo se presentó el 22 de mayo siguiente, es decir, dentro del término
de los 6 meses; y (v) el proveído acusado no fue dictado en una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, dado que,
aunque la actora alegó también el defecto fáctico, violación directa de la
constitución, y desconocimiento del precedente, se advierte que la inconformidad
de la demandante se centra en la indebida interpretación normativa y
jurisprudencial que realizó el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que, en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
12
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
13
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 22 de enero de 2025, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 del mismo mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
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manera extensiva el escrito inicial15, resulta procedente analizar este trámite a partir
de la aludida causal de procedencia de tutela contra providencia judicial.
2.5.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional16 ha estimado que, la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales. 17
En el presente caso, la demandante, sostiene que la decisión reprochada incurre
en defecto sustantivo, por cuanto el Tribunal fundamentó su decisión en la
sentencia del 27 de junio de 202418 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y encuadró el cargo de delegado departamental
como uno de gerencia pública (artículo 61 de la Ley 1350 de 2009) y, con ello,
justificó su libre remoción. Tal entendimiento, en criterio de la accionante,
desconoce la naturaleza constitucional y legal del cargo —de responsabilidad
administrativa o electoral— prevista en el artículo 266 de la Constitución Política, al
15
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de
2024, proceso núm. 20001-23-33-000-2020-00701-02 (4752-2023) M.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03128-01
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cual, se accede por concurso de méritos y cuyo retiro es flexible mediante acto
debidamente motivado; régimen que resulta incompatible con el de libre
nombramiento y remoción.
Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente caso,
resulta oportuno anotar que, las formas de vincularse con el Estado están previstas
en el artículo 125 superior19, en el que se indicó que, por regla general, los empleos
en el Estado colombiano son en carrera, y que, excepcionalmente serán de libre
nombramiento y remoción, de elección popular o trabajadores oficiales, pero, dejó
abierta la posibilidad de crear más denominaciones de acuerdo con lo que llegue a
determinar la Ley.
De otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene un régimen de carrera
especial, establecido a partir de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 2003 al artículo 266 de la Carta Política20. Este modelo combina
tres ejes: i) el ingreso por concurso público de méritos a todos los empleos de la
entidad; ii) la previsión de un retiro flexible conforme a las necesidades del servicio;
y iii) la libre remoción para los cargos de responsabilidad administrativa o electoral,
de conformidad con la ley.
A partir del mencionado acto, se expidió la Ley 1350 de 2009 «Por medio de la cual se
reglamenta la Carrera Administrativa Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
dictan normas que regulen La Gerencia Pública» que, en su artículo 6.°, literal a), estableció
de manera excepcional que, entre otros, el cargo de delegado departamental es de
libre nombramiento y remoción, atendida la responsabilidad administrativa y
electoral propia de la adopción de políticas y del ejercicio de funciones de dirección,
conducción, asesoría y orientación institucional; no obstante, su asequibilidad fue
condicionada.
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“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público.
[…]”.
20
«[…]
La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial
a la cual se in gresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las
necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de
conformidad con la ley».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03128-01
Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
La Corte Constitucional, en sentencia C-553 de 201021 —en armonía con la C-230A
de 200822— declaró exequible dicha regulación en el entendido de que el cargo de
delegado departamental es de libre remoción (no de libre nombramiento) y, por
ende, debe proveerse por concurso público de méritos.
Ahora bien, en el presente asunto, se observa que la autoridad accionada, en la
providencia objeto de reproche, apoyó su decisión en la sentencia del 27 de junio
de 202423 proferida por esta Subsección, en la cual se concluyó:
[…]
Así las cosas, interpretados de manera armónica tanto el Acto Legislativo 01 de 2003,
como el Decreto Ley 1014 de 2000 y la Ley 1350 de 2009, el empleo de Delegado
Departamental es considerado de responsabilidad electoral y/o administrativa cuyo
ingreso al ser mediante concurso, para efectos de su desvinculación el nominador
cuenta con la facultad discrecional de la libre remoción, particularidad connatural que
existía inclusive antes de la referida enmienda constitucional, pero que luego del año
2010 a partir del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, exigió de
motivación.
Acorde con lo anterior, se observa que el empleo que desempeñaba el demandante
implicaba un nivel de responsabilidad administrativa y electoral, por tanto, las funciones
llevadas a cabo por parte del señor […] cuyo ejercicio comportan la adopción de
políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y orientación
institucionales, implican también la confianza respecto del Registrador Nacional del
Estado Civil.
A través de la Resolución 1070 de 4 de febrero de 2020, el Registrador Nacional del
Estado Civil, declaró insubsistente el nombramiento del señor […] en el cargo de
Delegado Departamental, decisión que se profirió en ejercicio de la facultad
discrecional, es decir que el nominador acudió precisamente a la potestad legal de la
cual estaba investido en virtud de la naturaleza del cargo al ser de libre remoción, tal
como lo dispone el artículo 6° de la Ley 1350 de 2009.
Por consiguiente, tratándose de empleados que ocupan cargos como los de libre
remoción para los cuales, el ejercicio de la facultad discrecional permite al nominador
contar con personas de su absoluta confianza cuya capacidad, idoneidad y eficiencia
se adecúen a los requerimientos institucionales, procede el retiro discrecional, que
deberá está precedido de los intereses generales del artículo 2º de la Carta Política y
del mejoramiento del servicio público.
Por tanto, si bien el nombramiento por parte del Registrador Nacional del Estado Civil
del empleo denominado Delegado Departamental está precedido del mérito, ello no le
desnaturaliza su ubicación como un empleado del nivel directivo y de confianza del
nominador, al punto que para su desvinculación tal decisión deberá estar precedida de
motivación, pero no de aquella que se predica para el retiro de un empleado de carrera
administrativa, que sólo puedan ser declarados insubsistentes por una calificación
insatisfactoria del servicio o porque su retiro deba obedecer a la imposición previa de
una sanción disciplinaria como la destitución.
En este orden, se advierte que a pesar de que el proceso de selección donde participó
el actor, tuvo en cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño
21
Corte Constitucional. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
Corte Constitucional. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de junio de
2024, proceso núm. 20001-23-33-000-2020-00701-02 (4752-2023) M.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03128-01
Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
del empleo, dicho proceso per se no significaba que el demandante se encuentre
protegido por normas de estabilidad especial, por cuanto si bien el demandante accedió
al cargo mediante concurso de méritos, dicha circunstancia no le otorga derechos de
carrera administrativa, toda vez que tal empleo es de confianza y dirección que permiten
el retiro mediante resolución motivada al considerársele un empleo de libre remoción.
Sobre el particular, se advierte que el alto Tribunal Constitucional en sentencia C-553
de 2010, exhortó al Congreso para que en desarrollo del artículo 266 de la Constitución
Política regule las condiciones para la libre remoción de los servidores públicos de la
Registraduría Nacional del Estado que ejercen cargos de autoridad administrativa o
electoral, y a su vez destacó que mientras la respectiva ley es promulgada por el
Congreso, el Registrador Nacional del Estado Civil conservaba la facultad para ejercer
la libre remoción de los servidores públicos que ejerzan cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, puesto que dicha competencia se deriva del citado artículo
constitucional.
En tal sentido, como a la fecha no existe regulación por parte del Congreso de la
República en tal aspecto, es claro que el Registrador Nacional del Estado Civil en virtud
del artículo 266 de la Carta Política, cuenta con la facultad de ejercer la libre remoción
de aquellos servidores que ejercen cargos de responsabilidad administrativa o electoral
como lo es el de Delegado Departamental, mediante acto motivado.
A partir de lo expuesto en el referido fallo, el Tribunal manifestó:
[…] la Sala acoge el análisis jurisprudencial del Consejo de Estado en el precedente
aplicable al caso particular, conforme al cual, comoquiera que a la fecha no existe
regulación por parte del Congreso de la República en tal aspecto, es claro que el
Registrador Nacional del Estado Civil, en virtud del artículo 266 de la Carta Política,
cuenta con la facultad de ejercer la libre remoción de aquellos servidores que ejercen
cargos de responsabilidad administrativa o electoral como lo es el de delegado
departamental, desde luego, mediante acto motivado.
Lo anterior, habida cuenta que «la finalidad que se persigue con la autorización de la
libre remoción respecto de los empleos que comportan responsabilidad administrativa
o electoral, tiene por objeto asegurar la permanencia de la confianza que supone el
ejercicio del cargo, por lo que dicha facultad de libre remoción implica cierto margen en
la órbita funcional del Registrador Nacional, para decidir por aquellos funcionarios con
quienes puede enaltecer la prestación del servicio y los fines encomendados a la
entidad electoral.
Precisado que el Registrador Nacional del Estado Civil, en virtud del artículo 266 de
la Constitución Política, cuenta con la facultad de libre remoción respecto de los
cargos de responsabilidad administrativa o electoral, como, en este caso, el del
delegado departamental, siempre y cuando sea mediante acto administrativo
debidamente motivado, el Tribunal realizó un análisis respecto de la Resolución
núm. 005 del 2 de enero de 2020, por medio de la cual fue declarada insubsistente
la demandante, para ello, expuso dicho acto, así:
[…] Que, mediante Resolución No. 3294 del 27 de Mayo de 2009, se resolvió nombrar
con carácter ordinario en la Planta de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
establecida mediante Decreto Ley 1012 de 2000, a la Dra. MÓNICA LILIANA LORDUY
CORRALESO identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.893.877, para
desempeñar el cargo de DELEGADO DEPARTAMENTAL 0020-04, de la Planta Global
de la Sede Central, empleo del Libre Remoción del Nivel Directivo de la Entidad,
tomando posesión del cargo el 01 de junio de 2009.
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Que, el empleo de Delegado Departamental 0020-04 pertenece al Nivel Directivo de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo establecido en los
artículos 4° y 5° del Decreto Ley 1011 de 2000, y por tal le corresponden funciones de
dirección general, de formulación de políticas y adopción de planes, programas y
proyectos.
Así mismo, la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009, dispone que los cargos que conllevan
ejercicio de responsabilidad directiva tienen el carácter de empleos de gerencia pública,
y son de libre nombramiento y remoción conforme lo establece el Artículo 61, así:
"(...) ARTÍCULO 61. EMPLEOS DE NATURALEZA GERENCIAL. 1. Los cargos que
conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la Registraduría Nacional del
Estado Civil tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de empleos de
Gerencia Pública. Estos cargos son los pertenecientes al nivel directivo de la planta
de personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil diferente al de Registrador
Nacional del Estado Civil. 2. Los cargos de Gerencia Pública son de libre
nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin
perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los
nominadores deberán sujetarse a las previsiones establecidas en el presente
Título. (.. )"
Que, en relación con la discrecionalidad del nominador para el retiro de servidores
públicos que desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción, la Corte
Constitucional mediante Sentencia T-317/13 […] señaló:
"(…) De otra parte, con relación a la facultad discrecional que tiene la
administración para desvincular a funcionarios que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción en los que se exige una especial confianza, el Consejo
de Estado ha señalado en reiteradas ocasiones lo siguiente:
"Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en manifestar que las
facultades discrecionales no son omnímodas, sino que tienen que estar
encaminadas a la buena prestación del servicio público, por lo cual cabe estudiar
el vicio de ilegalidad del acto demandado frente al cargo del uso indebido que hace
el nominador de tal potestad. Así mismo, ha insistido la jurisprudencia que cuando
se trate de cargos que implican una especial responsabilidad y dignidad, como era
el caso de la demandante, las exigencias para ejercer la potestad discrecional se
tornan más amplias.
"(...) la situación en la que se encuentran los empleados que gozan de fuero de
relativa estabilidad laboral, no es igual a la de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción, pues respecto de estos se predica un grado de
confianza que no se requiere en aquellos. La finalidad que se persigue con la
autorización de removerlos libremente es razonable, pues consiste en asegurar la
permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo".
En similar sentido, manifestó: "(...) según lo ha reiterado esta Corporación, constituye
razón de buen servicio para declarar la insubsistencia del nombramiento de un
empleado público, pues para lograr la buena prestación del mismo, se requiere que
quien tiene a su cargo la dirección del equipo de gobierno, tenga en cada uno de sus
colaboradores absoluta confianza y credibilidad en su comportamiento, pues sólo así
se puede lograr la armonía necesaria para cumplir los objetivos y cometidos de la
administración, cuestión que debe ser prevalente para quienes son responsables de
conducir o dirigir los organismos e instituciones oficiales. (...)".
Por lo anterior, concluyó que la resolución enjuiciada estuvo debidamente motivada
y sustentada «[…] en razones fácticas y jurídicas que se acompasan con la realidad […]» .
Como se observa, en la sentencia atacada se consignaron las razones legales y
jurisprudenciales que justificaron la decisión tomada, contrario a lo manifestado por
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Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
la tutelante al indicar que, el cargo de delegado departamental fue equiparado con
uno de gerencia pública al que hace alusión el numeral 2.° del artículo 61 de la Ley
1350 de 2009. Para la Sala, dicho argumento no es de recibo, por cuanto, el Tribunal
reconoció que el cargo está sometido a un régimen especial —responsabilidad
administrativa o electoral, acceso por mérito y retiro discrecional condicionado—,
conforme al artículo 266 de la Constitución y al precedente de la Corte
Constitucional en las sentencias C-230A y C-553 de 2010.
De otro lado, la sentencia del 27 de junio de 2024 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado se citó para resaltar la naturaleza directiva del
cargo y la necesidad de conducción institucional, sin equipararlo al régimen de libre
nombramiento y remoción.
Tampoco se advierte yerro en la motivación del acto. El Tribunal verificó que la
resolución de desvinculación estuvo suficientemente motivada, al exponer razones
fácticas y jurídicas acordes con las funciones del empleo. En particular, verificó que
la demandante accedió al cargo por concurso, que el empleo se ubica en el nivel
directivo dentro de un régimen de responsabilidad administrativa o electoral y que
la remoción se fundó en la pérdida de confianza.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha exhortado al Congreso a regular de
forma específica las condiciones de remoción de los servidores de la Registraduría
Nacional del Estado Civil conforme al artículo 266 de la Constitución. Mientras esa
regulación no exista, permanece vigente la potestad discrecional del Registrador
Nacional para separar del servicio a quienes ocupan cargos de responsabilidad
administrativa o electoral, por medio de acto administrativo motivado. A partir de lo
anterior la autoridad judicial negó las pretensiones, sin apartarse del precedente.
En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto sustantivo alegado por la
tutelante, puesto que, se reitera, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con el
criterio jurisprudencial, actual y vigente sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
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Demandante: Mónica Liliana Lorduy Corrales
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba
intervención.
III. DECISIÓN
Una vez estudiado el fondo del asunto, la Sala confirmará la sentencia del 24 de
julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la acción constitucional de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta, de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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