RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03130-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03130-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03130-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01 Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03130-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

28 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 28 de agosto de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandantes: IVORIS EMPERATRIZ RÍOS MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Tema:
Acción de tutela contra providencia dictada en el proceso de acción
de cumplimiento. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Ivoris Emperatriz Ríos Morales contra la
sentencia del 26 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera,
que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 23 de mayo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela Ivoris Emperatriz Ríos Morales
pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso
a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30 de
abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro de la acción de
cumplimiento con radicado No. 70001-33-33-002-2025-00035-01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
• Solicito, que se cumpla con la legalidad del archivo del proceso, sin generar apariencia de providencia, donde
se pone en Alto Riesgo mi buen nombre, mi honra y mi imagen IVORIS EMPERATRIZ RIOS MORALES,
creadora, fundadora y director de la FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE.
• Que se precise, la legitimidad legal mía IVORIS EMPERATRIZ RIOS MORALES, creadora, fundadora y
directora como representante, de la entidad FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE
y ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE, como lo indican las
Resoluciones No.030 del 23 de abril de 1996, Resolución No.0578 del 8 de abril de 2004 emanada de la
Gobernación de Sucre, lo cual también se soporta con el Acta 001 del 10 de marzo de 1986, personería jurídica
701 del 30 de julio de 1986, Nit #800006649-9 y el documento expedido por la Gobernación de Sucre con fecha
21 de marzo del 2025 y firmado por el Secretario del Interior Departamental, Dr. CARLOS ANDRES NAVARRO
CANO.
• Que se admita la demanda de Acción de Cumplimiento, por la acción jurídica, ya expresa y motivada en esta
acción de tutela y si se archiva que no se motive.
• Que se ordene a la Cámara de Comercio de Sincelejo, dejar sin efecto la Inscripción de la presunta
Representante Legal Yohanny Patricia Pérez Méndez y de su Junta Directiva, que se abstengan de realizar,
cualquier venta o negocio con la Sede de la FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE,
y donde Funciona también el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO DE REHABILITACION VIDA

1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00449-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

DIFERENTE.
• Que se ordene una medida cautelar, para proteger el Bien Inmueble ubicado en la Calle 33 No.15-181
urbanización Bethel, a nombre de la Persona Jurídica FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA
DIFERENTE.
• Téngase en cuenta la Inscripción ante cámara de comercio de Sincelejo, sobre la presunta representante
Legal y presunta Junta Directiva.(la única acta inscrita ante cámara de comercio de Sincelejo es el acta 03 del
12/05/2022, y en esta no se habla de ninguna elección).por lo tanto solicita se deje sin efecto todo el
procedimiento de inscripción ante cámara de comercio de Sincelejo, el cual dio nacimiento a una presunta
representante legal y presunta junta directiva, de manera ilegal, se puede demostrar, con la existencia de los
certificados DUPLEX ilegales.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante la Resolución No. 030 del 23 de abril de 1996, la Gobernación del Departamento
de Sucre otorgó licencia de funcionamiento de educación no formal al establecimiento
educativo Centro de Rehabilitación Vida Diferente, que se expidió por una sola vez y por
término indefinido.

Con Resolución No. 0578 del 8 de abril del 2004, la Gobernación del Departamento de
Sucre reconoció como representante legal de la Fundación Centro de Rehabilitación Vida
Diferente a la señora Ivoris Emperatriz Ríos Morales.

La señora Ivoris Emperatriz Ríos Morales, presentó petición ante la Gobernación de Sucre,
para que diera cumplimiento a las Resoluciones 030 del 23 de abril de 1996 y 0578 del 8
de abril del 2004, con el fin de que se reconociera como la representante legal del Centro
de Rehabilitación Vida Diferente. Además, solicitó copia del Acta de Constitución No. 001
del 10 de marzo de 1986 de la fundación.

La Gobernación de Sucre dio respuesta a la solicitud, en la que le señaló: «Por medio de la
presente archivo central de la gobernación de sucre informamos que revisado su solicitud
hasta la fecha se encontró PERSONERIA JURIDICA NUMERO 701 de JULIO 30 de 1986,
de igual manera se informa que no se encontró el ACTA NUMERO 001 de MARZO DEL
AÑO 1986, en los documentos que reposan en nuestras instalaciones de la fundación
centro rehabilitación VIDA DIFERENTE CEREVIDI». (sic para toda la cita)

3.1. De la acción de cumplimiento 70001-33-33-002-2025-00035-00/01:

El 11 de marzo de 2025, la señora Ivoris Emperatriz Ríos Morales presentó demanda en
ejercicio de la acción de cumplimiento de contra la Gobernación de Sucre, para que al
estimar que no le dio cumplimiento a las Resoluciones No. 030 del 23 de abril de 1996 y
0578 del 8 de abril del 2004 que otorgaron licencia de funcionamiento de educación no
formal a la fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente y la reconoció como su
representante legal, respectivamente. Solicitó que se le ordenara a la Gobernación de
Sucre ratificar dichos actos en el sentido de reconocerla con dicha calidad y que, además,
se le impusieran sanciones por su incumplimiento.

El proceso se adelantó bajo el radicado No. 70001-33-33-002-2025-00035-00 y
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, que mediante sentencia del
2 de abril de 2025 declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Explicó que esa acción no es el mecanismo idóneo para el reconocimiento de derechos de
carácter particular, sino que lo es para ordenar el cumplimiento de obligaciones claras,
precisas y exigibles, contenidas en normas generales o en actos administrativos,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

impersonales y abstractos. Que se trata de una acción residual y subsidiaria, que procede
excepcionalmente cuando no existe otro instrumento jurídico o se acredita un perjuicio
irremediable, que no encontró acreditado.

Al respecto, señaló que las Actas No. 1 del 30 de enero de 2019, con las que fueron
designados los miembros de la junta directiva, y No. 2 del 12 de mayo de 2022 que nombró
un nuevo representante legal y revisor fiscal de la fundación, fueron inscritas en debida
forma y gozaban de presunción de legalidad. Que, si la señora Ríos Morales pretendía la
nulidad de dichos actos, le correspondía interponer demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra estos.

Inconforme con la decisión, la señora Ríos Morales apeló. Sostuvo que las Resoluciones
No. 030 del 23 de abril de 1996 y 0578 del 8 de abril del 2004 se encuentran vigentes y son
de mayor jerarquía que las Actas No. 1 del 30 de enero de 2019 y No. 2 del 12 de mayo de
2022.

El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del 30 de
abril de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, por las mismas razones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante no se refirió a las causales generales ni específicas de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que el
Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en error ya que tuvo en cuenta el NIT
800066449-9, que pertenece a una empresa de asesorías llamada «Alberto Hurado y
Cía. Ltda», que está ubicada en Palmira (Valle del Cauca) y no al de la Fundación Centro
de Rehabilitación Vida Diferente. Afirmó que, al archivar el expediente con base en ese
dato, la decisión se adoptó respecto de una parte ajena a la demandante en el proceso
de acción de cumplimiento.

Insistió en la procedencia de la acción de cumplimiento, al considerar que el Acta No. 2
del 12 de mayo de 2022, mediante la cual se nombró un nuevo representante legal y
revisor fiscal de la fundación, contravino las Resoluciones No. 030 del 23 de abril de 1996
y 0578 del 8 de abril de 2004, que otorgaron la licencia de funcionamiento de educación
no formal a la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente y reconocieron a la
demandante como su representante legal, respectivamente.

5. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela porque no se
configura ninguno de los presupuestos generales y específicos contra providencia
judicial. Explicó que la decisión discutida respondió a una valoración adecuada de las
pruebas, a la aplicación de normas constitucionales y legales y al respeto del precedente
judicial y que, actuó conforme al debido proceso, se tramitó conforme a derecho, y no se
configuró ninguna vía de hecho.

La Cámara de Comercio de Sincelejo señaló que las decisiones cuestionadas gozan
de legalidad y que lo pretendido por la actora es resolver un conflicto que ya fue resuelto
en la acción de cumplimiento. Indicó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial
idóneo para controvertir o anular actos de inscripción y/o elección, pues ello implicaría la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

desnaturalización de la acción constitucional como mecanismo extraordinario de
protección.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 26 de junio de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que la actora no cumplió los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, ni
demostró afectación grave de sus derechos fundamentales en los términos exigidos por
la jurisprudencia constitucional. Además, consideró que la pretensión del amparó tenía
como finalidad reabrir un debate propio de la acción de cumplimiento, lo que
desnaturalizaba la acción de tutela.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara
y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Alegó que la autoridad judicial demandada no valoró de forma correcta las pruebas que
aportó, las cuales demostraban que ella era la legítima fundadora y representante legal
de la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente desde el año 1986. Afirmó que
contaba con actos administrativos que la reconocieron como tal durante muchos años y
que nunca hubo una elección válida que la reemplazara en ese cargo.

Aseguró que el Tribunal incurrió en error judicial, ya que la Gobernación de Sucre remitió
información equivocada que lo llevó a tener como válida la representación legal y el NIT
derivados del Acta No. 2 del 12 de mayo de 2022, cuando en realidad el acta que quedó
en firme y fue registrada en la Cámara de Comercio de Sincelejo es el Acta No. 3 de la
misma fecha. En este último documento no se designó a Yohanny Pérez Méndez como
representante legal de la fundación, contrario a lo que se pretende hacer pasar con el
Acta No. 2. Finalmente, manifestó que esta irregularidad se puso en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, al considerar que
constituye un hecho grave que afecta el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

También explicó que el tribunal no tuvo en cuenta aspectos relevantes del caso, como su
condición de persona con discapacidad y representante de una población vulnerable.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, revocar o modificar la decisión
dictada en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Ivoris Emperatriz Ríos
Morales, por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pues la acción de tutela
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. En cuanto al error en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

NIT que presuntamente corresponde a otra empresa, se advierte que no cuestiona de
manera directa la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Asimismo, se observa que la demandante insiste en los argumentos relacionados con la
procedencia de la acción de cumplimiento para su reconocimiento como representante
legal, lo que implica una reiteración de alegatos que ya habían sido resueltos por la
autoridad judicial demandada dentro de la acción de cumplimiento.

La Sala precisa que no se pronunciará sobre el argumento formulado por la demandante
relativo a la información errónea remitida por la Gobernación de Sucre al Tribunal acerca
de las actas emitidas por la Cámara de Comercio de Sincelejo, ni sobre la denuncia de
dicha irregularidad ante la Fiscalía y la Procuraduría, por tratarse de un planteamiento
nuevo frente al que la autoridad judicial demandada no tuvo oportunidad de ejercer el
derecho de defensa.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que
motivó la solicitud de protección»4.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que
dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué
el asunto reviste relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

Respecto, al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La Sala entiende que la inconformidad de la demandante contra la sentencia del 30 de
abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, radica en que, a su juicio,
incurrió en error al tener en cuenta el NIT 800066449-9, perteneciente a otra empresa
ubicada en Palmira – Valle del Cauca, y no el NIT de la Fundación Centro de
Rehabilitación Vida Diferente, por lo que archivó el expediente frente a una parte ajena a
la demandante.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

Además, reiteró la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir que la
Gobernación de Sucre rarificara las Resoluciones No. 030 del 23 de abril de 1996 y 0578
del 8 de abril de 2004, mediante las cuales se otorgó la licencia de funcionamiento de
educación no formal a la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente y se le
reconoció como su representante legal, respectivamente.

Para la Sala, el cargo relacionado con la procedencia de la acción de cumplimiento para
que se reiterara que la señora Ríos Morales es la representante legal de la Fundación
Centro de Rehabilitación Vida Diferente corresponde a una reiteración de los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación que presentó dentro la acción de
cumplimiento, los cuales ya fueron resueltos por la autoridad judicial demandada.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de 2 de abril de 2025, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo en la
acción de cumplimiento radicado No. 70001-33-33-002-2025-00035-00, se lee lo
siguiente:

“PRIMERO: No me hallo de acuerdo, con su decisión honorable Juez GISELLA MARÍA BUVOLI LARA,
debido a que desconoce usted, que tanto el ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO DE
REHABILITACION VIDA DIFERENTE, bajo Resolución No.030 del 23 de abril del 1996 y Resolución
No.0578 del 08 de abril del 2004, donde se demuestra que dichas resoluciones, se encuentran vigentes,
estas resoluciones son de mayor jerarquía, ante certificados que emita Cámara de comercio de
Sincelejo, es decir, los certificados de cámara de comercio, no son superiores a una Resolución.

Afecta su decisión honorable Juez, una pluralidad de personas y a la comunidad en general, debido a
que si no se protegen estos 2 actos administrativos, se pone en alto riesgo a la población con
Discapacidad, sobre sus Derechos a la Educación, a su atención Integral y al fortalecimiento de
capacidades y su autonomía, como colectividad, de igual manera me hallo en total desacuerdo con su
planteamiento en su decisión de sentencia, puesto que dice usted, que no hay un beneficio social, con
todo el respeto, su perspectiva equivocada, puesto que la FUNDACION CENTRO DE
REHABILITACION VIDA DIFERENTE, es una entidad sin ánimo de Lucro y que tiene como objeto social
la inclusión, Rehabilitación, Integración y protección a las personas con discapacidad, es decir, un
colectivo.

SEGUNDO: Ante el planteamiento suyo, honorable Juez, que estoy, agenciando un derecho particular,
no es así, entiéndase con el debido respeto, que he solicitado la protección de estos actos
administrativos, porque involucra, una colectividad históricamente marginada, como es la población de
personas con Discapacidad, familias y cuidadores representadas por mí la accionante, a través de estos
actos administrativos, por lo tanto insisto, que el no proteger dichos actos administrativos, viola derechos
humanos, fundamentales y colectivos de la población con discapacidad doblemente vulnerables con
derechos reforzados y enfoque diferencial con una normatividad convencional, por lo que es viable, el
requerimiento y protección de la figura de Acción de Cumplimiento que instauré, ante su honorable
despacho.

TERCERO: Es de anotar, que mi rol, en esta acción legal, no lo hago, como persona particular, sino en
representación de una colectividad, como lo indican ambas resoluciones.” (sic para todo el texto)

Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), la demandante insistió
en que la acción de cumplimiento si era procedente para ordenar a la Gobernación de
Sucre, la ratificación de las resoluciones que la reconocieron como representante legal
de la fundación. Lo que interesa se transcribe textualmente, así:

“[...] el propósito de este actuar doloso por parte de la Gobernación de Sucre, es con la presunta
Intención en complicidad con la Cámara de comercio de Sincelejo y la señora YOHANNY PATRICIA
PEREZ MENDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No.1.102.859.957, para querer desconocer
la legitimidad y legalidad que tengo yo IVORIS EMPERATRIZ RIOS MORALES, como creadora,
fundadora y directora de la FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE y del
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE, ubicada en
la calle 33 No.15-181 Urbanización Bethel, como se comprueba, con el Acta de Constitución No.001

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

del 10 de Marzo de 1986, Personería Jurídica No.701 del 30 de julio de 1986, Nit.800006649-9, la
legalidad de IVORIS EMPERATRIZ RIOS MORALES, creadora, fundadora y directora de la
FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE y del ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE, la cual represento a toda una
Institucionalidad, que fue ratificada por el Dr. CARLOS ANDRES NAVARRO CANO- con fecha de
21 de marzo de 2025 y recibido el día 30 de abril de 2025, por el Secretario del Interior
Departamental, que a continuación relaciono, documento que certifica la existencia del Acta No. 001
del 10 de marzo de 1986, donde convoque, para el Acto Fundacional de la Creación de la
FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE, al igual que el Nacimiento del
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRO DE REHABILITACION VIDA DIFERENTE, amparado
con la Resolución No. 030 del 23 de abril de 1996, […]

que vengo realizando desde el año 1986, a favor del Objeto Social, Población con Discapacidad,
familias y cuidadores, nótese que la exigencia que se le dé cumplimiento a los actos administrativos
y el acta 001 del 10 de marzo de 1986, porque es palpable, que se están usurpando y suplantando
mis derechos, prueba de esto es, como la Gobernación de Sucre y Cámara de Comercio de
Sincelejo, quieren evadir responsabilidades legales y administrativas […]

Queda demostrado, que no estoy alegando, ante la Gobernación de Sucre, sobre la Nulidad de Acto
Administrativo, que dio nacimiento a la FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION VIDA
DIFERENTE, lo que estoy solicitando, a través de la acción de cumplimiento, es que se obedezca y
cumpla los Actos administrativos que han sido objeto de este debate.”

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Sucre en la
decisión del 30 de abril de 2025, en la que se consideró:

“Así las cosas, de los contenidos normativos y jurisprudenciales precedentes, se desprende que la
acción de cumplimiento tiene como principal objeto, el hacerle frente a la inobservancia en que incurren
las autoridades en el ejercicio de sus competencias específicas. En efecto, la reseñada acción
constitucional, se erige dentro del ordenamiento jurídico, con el fin de materializar el cumplimiento de
las funciones del Estado ante la inacción o acción inadecuada de los agentes del mismo, debiendo el
operador jurídico al que se le ponga en conocimiento una situación particular en la cual se alegue el
incumplimiento de algún deber señalado por la ley o contenido en un acto administrativo, establecer en
primera medida si tal actuar positivo o negativo existe, porque de no ser así, la acción constitucional de
cumplimiento se torna abiertamente improcedente a la luz de la norma específicamente estudiada.

La parte actora formuló derecho de petición (constitución de renuencia) ante la Gobernación del
Departamento de Sucre en fecha del 28 de diciembre de 2023, a través de la cual solicitó al ente
territorial, el cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones No. 030 del 23 de abril de 1996 y la 0578
del 08 de abril del 2004 y, en consecuencia, se ordene medidas cautelares ante Cámara de Comercio
de Sincelejo y se emita una resolución ajustada a derecho para salvaguardar el objeto social.

-Los actos administrativos relacionados en la referida petición, se circunscriben a lo siguiente:

*Resolución No. 030 del 23 de abril de 1996, en la cual se ordenó: “ARTÍCULO 1° Modificar el artículo
1º de la Resolución No. 331 de agosto 24 de 1987, en el sentido de que se conceda licencia de
iniciación de Laboras al establecimiento educativo “CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA
DIFERENTE” que funciona en la calle 33 15-181 urbanización Bethel de Sincelejo. institución de
educación no formal, de carácter mixto naturaleza no oficial, de propiedad de la fundación Centro de
Rehabilitación Vida Diferente, con especialidad en el aprendizaje de invidentes y terapia de
rehabilitación a las que acusan trastornos en su tema de locomoción, institución está sin ánimo de
lucro amparada por la personería jurídica No. 701 del 30 de julio de 1986 y bajo la dirección de la
tecnóloga en promoción social IVORIS EMPERATRIZ RÍOS MORALES identificada con la cédula
de ciudadanía No. 64.549.567 de Sincelejo…”

*Resolución No. 0578 del 08 de abril del 2004, mediante la cual se decretó: “ARTÍCULO PRIMERO:
Acéptese como representante legal a IVORIS RIOS MORALES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 64.547.567 de Sincelejo - Sucre, y así será inscrito en los libros que para el efecto
se llevan en esta Gobernación, reputándose como tal mientras se solicite y obtenga una nueva
inscripción…”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

La parte actora en la ratificación de su demanda cuestiona unos actos administrativos expedidos por la
Cámara de Comercio de Sincelejo, relacionados con la representación legal de la Fundación “CENTRO
DE REHABILITACIÓN VIDA DIFERENTE”, puesto que aduce que la señora YOHANNY PATRICIA
PÉREZ MÉNDEZ pese a lo certificado por esa entidad, no ostenta la representación legal del centro de
dicho establecimiento de rehabilitación.

De su dicho, refiere haber formulado objeción contra el Acta de Asamblea General de Asociados No. 03
del 12 de mayo de 2022, la cual fue resuelta negativamente por la Cámara de Comercio de Sincelejo a
través de la Resolución No. 091 del 5 de julio de 2022.

La discrepancia que plantea la parte actora respecto del contenido de las Resoluciones No. 030 del 23
de abril de 1996 y la 0578 del 08 de abril del 2004 proferida por la Gobernación de Sucre, frente a los
actos de registro posteriores expedidos por la Cámara de Comercio de Sincelejo claramente escapan a
la órbita de la presente acción constitucional, pues su característica es netamente residual.

Estima la Sala, que visto lo anterior, la parte actora dispone de otros medios de acción judicial para
discutir la legalidad de las decisiones proferidas tanto por la Cámara de Comercio de Sincelejo, como
por la Gobernación de Sucre, aspecto que refiere el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad
de la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la acción de cumplimiento es de carácter subsidiario o residual porque solo procede ante
la ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, según la apreciación que en cuanto a su eficacia
haga el operador judicial en el caso concreto. Además, esta acción no procederá para la protección de
los derechos que puedan ser amparados por conducto de la acción de tutela, ni tampoco para perseguir
el cumplimiento de normas que establezcan gastos (art. 9 L 393/1997).

El control judicial de los actos de las Cámaras de Comercio en Colombia se realiza a través de la
Superintendencia de Sociedades, la cual ejerce inspección, vigilancia y control. Este control se
fundamenta en la ley y tiene por objetivo asegurar la legalidad y transparencia de los registros y trámites
que realizan las cámaras.

De igual manera, los actos o decisiones proferidos por la Gobernación de Sucre tienen control judicial
a través de los medios de control judicial ordinarios dispuestos en la Ley 1437 de 2011 ante esta
Jurisdicción. […]

En el caso bajo estudio, en síntesis la accionante pretende que se ordene a la Gobernación de Sucre
ratifique el contenido de unos actos administrativos relacionados con la existencia jurídica y
representación legal del CENTRO DE REHABILITACIÓN VIDA DIFERENTE, en contraposición de las
actuaciones adelantadas de forma posterior a dichos actos administrativos por la Cámara de Comercio
de Sincelejo, quien certifica la existencia de una nueva representante legal de acuerdo al registro del
Acta N.03 de la Asamblea General de Asociados del 13 de mayo de 2022, lo que sin lugar a dudas
refiere la existencia de una controversia jurídica que no es posible dirimir a través de la presente acción
constitucional; es decir, se exige una interpretación que excede las facultades del juez constitucional en
medio de control de cumplimiento, tal como se señaló anteriormente, esta observación resulta evidente
al analizar la pretensión aducida, la cual lleva a interpretar la petición del extremo accionante, tal y como
lo refirió el A quo.

Entonces, esta Colegiatura deduce que, la pretensión de la demanda resulta improcedente en la medida
en que se configura una inexistencia de un mandato imperativo e inobjetable; ya que, los actos
administrativos sobre los cuales exige cumplimiento no contienen la obligación pretendida, toda vez que
es necesario recurrir a otras normas para darle el alcance y sentido que pretende la actora.

La Sala advierte que, no comparte el razonamiento expuesto el accionante, toda vez que, como se
señaló anteriormente, en el presente caso, para que la pretensión de la demanda fuera procedente y
arribar a la conclusión/solución dada por la parte actora, es necesario realizar un estudio y
pronunciamiento que excede las facultades del juez constitucional en sede de medio de control de
cumplimiento, ya que se requiere fijar el alcance, la regulación aplicable y acudir por remisión a otras
disposiciones por fuera de las normas sobre las cuales se solicita su aplicación y además, hacer uso de
la jurisprudencia para establecer el sentido del conjunto normativo que regula la situación de la
accionante; es decir, el examen que se realiza a través de los medios de control judicial ordinarios.

Ahora bien, no se desconoce que el medio de control de Cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos - Acción de Cumplimiento (AC), eventualmente puede tener el carácter
de principal y directo, esto es ante la inexistencia de un mecanismo ordinario o que este no sea idóneo;

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

sin embargo, no se evidencia esos presupuestos en el presente caso, ya que, la Sala colige que la
actora puede adelantar un proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho contra las
decisiones proferidas por la Gobernación de Sucre o en su defecto discutir ante la Superintendencia de
Sociedades las decisiones proferidas por la Cámara de Comercio de Sincelejo; con lo cual, queda
establecido que la parte actora si cuenta con otros medios de defensa judicial, ordinarios, principales y
eficaces para lograr la materialización de sus pretensiones; es decir, el cumplimiento de los actos
administrativos que estima incumplidos.

En consecuencia, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró la improcedencia del presente
medio de control de cumplimiento conformidad con lo establecido en los artículos 5º, 6º y 9º de la Ley
393 de 1997.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que explicó que los actos administrativos demandados no
contenían un mandato claro e inobjetable y su alcance requería interpretaciones que
excedían las facultades del juez de cumplimiento. Además, señaló que la actora contaba
con otros medios judiciales ordinarios, como la nulidad o la nulidad y restablecimiento del
derecho, o acudir a la Superintendencia de Sociedades para que se declarara la nulidad
de las actas proferidas por la Cámara de Comercio de Sincelejo, por lo que no se
cumplían los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento.

En el escenario que propone la parte actora, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada, finalidad
para la que no está previsto este mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene
como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede utilizarse como instancia
adicional de la decisión que se dictó en el proceso de acción de cumplimiento.

Por otro lado, frente al argumento de la parte accionante relacionado con que la autoridad
judicial incurrió en error al señalar el NIT 800066449-9, perteneciente a una empresa de
asesorías ubicada en Palmira (Valle del Cauca) y no a la Fundación Centro de
Rehabilitación Vida Diferente, lo que condujo al archivo del expediente de acción de
cumplimiento respecto de una parte inexistente, sin embargo, la Sala advierte que tal
planteamiento no controvierte de manera directa la ratio decidendi de la sentencia dictada
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, ya que el debate se centró
en determinar si ese medio de control resultaba procedente para cuestionar actos que
involucran la representación legal de la Fundación. De hecho, el supuesto error en el
número del NIT era susceptible de solicitud de corrección, pero no está acreditado que la
accionante así lo hubiera solicitado.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión de primera instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03130-01
Demandante: Ivoris Emperatriz Ríos Morales

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.